Armando Reyes Vergara
Expediente 1203/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Trinidad del Rocío Jiménez Peña
- Armando Reyes Vergara
- Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por Trinidad del Rocío Jiménez Peña, en su calidad de tercera interesada, en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se le otorgó en auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por hechas sus manifestaciones y respecto a que se le haga entrega del billete N918570, por la cantidad $909.25 (novecientos nueve pesos 25/100 moneda nacional). En tales condiciones, dígase que no ha lugar a proveer de conformidad, puesto que deberá promover el incidente respectivo conforme al artículo 156 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del signado por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo de los oficios 32918 y 35666 en los cuales se le hace del conocimiento sobre la suspensión definitiva y que ha dejado de surtir efectos la suspensión definitiva, y, por ende, han quedado expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar el acto reclamado. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito de la tercera interesada TRINIDAD DEL ROCÍO JIMÉNEZ PEÑA; atento a su contenido, dígasele a la promovente que diecinueve de enero del año en curso, se levantó la audiencia constitucional en el presente asunto, el cual se encuentra en estudio, haciendo de su conocimiento que en algunos casos dado el cúmulo de trabajo en los juzgados de Distrito las sentencias se emiten en el término que así deba dedicárseles, a efecto de no perjudicar a las partes emitiendo un fallo de manera apresurada y se deje de atender algún punto importe de la litis. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio que dice: Época: Quinta Época Registro: 325552 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXIV Materia(s): Común Tesis: Página: 39 SENTENCIAS DE LOS JUECES DE DISTRITO, RETARDO EN SU ENGROSE. Es infundado el agravio que se haga consistir en la demora con que hubiera pronunciado su fallo un Juez de Distrito, contraviniendo con ello el artículo 84 de la Ley de Amparo, ya que sin duda por el cúmulo de trabajo, el juzgador no estaba en aptitud de dar cumplimiento estrictamente al precepto invocado, sin que esto perjudique al agraviado, cuando se encuentre justificada la aparente dilación, acreditada por una certificación que figura en el acta de la resolución respectiva, donde se expresa: "Así lo resolvió y firma el C. Juez de Distrito, hasta hoy, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe". Finalmente, se ordena formar cuaderno de antecedente y una vez que se dicte dicho fallo, agréguese a los autos del expediente original, sin necesidad de previo acuerdo. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el seis de mayo de dos mil veintiuno, por una parte, se sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Alma Silvia Ochoa Villa. Inconforme con la citada resolución la parte tercero interesada Enrique de Jesús Navarrete Mejía, interpuso recurso de revisión el cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia en la cual se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto siguiente: " 1). Deje insubsistente la resolución reclamada, única y exclusivamente por lo que hace a la parte en que se modificó el auto de vinculación emitido en el proceso penal 100/2017 contra Enrique de Jesús Navarrete Mejía por el hecho con la apariencia del delito de sustracción de menores y, decretó a su favor AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. 2). En su lugar, con libertad de jurisdicción, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo, dicte una nueva en la que tome en cuenta el contenido de la declaración del imputado Enrique de Jesús Navarrete Mejía rendida ante la jueza de control del conocimiento en la audiencia inicial de dieciséis de junio de dos mil dieciocho y, resuelva nuevamente lo que en derecho corresponda respecto del recurso de apelación con que se formó el toca 657/2018-A. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución de la resolución de segundo grado reclamada, atribuidos a la 3. Jueza de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, al no haber sido combatidos por vicios propios, sino como consecuencia de la aludida determinación." Seguidamente, en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante proveído de dieciséis de noviembre siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que mediante oficio 2704 signado por la secretaria de acuerdos adscrita a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, informó el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, donde ordenó dejar insubsistente la resolución de veintiuno de enero dos mil diecinueve, dictada en autos del toca 657/2018-A de su índice. Posteriormente, mediante oficio 2747 la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno, de la cual se aprecia la valoración de los agravios expresados por la defensa de los inculpados, los cuales una vez analizados resultaron infundados. Asimismo, se aprecia el análisis de los audios y videos de la audiencia inicial, de los cuales destacó los datos de prueba aportados por la Fiscalía resultando ser idóneos, suficientes y pertinentes para establecer razonadamente el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores, previsto y sancionado por el artículo 241 de Código Penal del Estado de Veracruz. Igualmente, destacó que la conducta ilícita en cuestión implica que una persona que ostente una relación de parentesco con un menor o incapaz pero que no ejerce la guarda y custodia sobre el mismo, lo sustraiga sin causa justificada o sin orden de autoridad competente que faculte a efectuar la sustracción, la acción de apartar o separar a los menores de quien ejerce la guarda y custodia de hecho o por derecho. Sentado lo anterior, la Sala responsable consideró que los datos de pruebas aportados por la Fiscalía en audiencia resultaron idóneos y pertinentes para establecer la existencia de un hecho delictivo y la probable participación, para considerar que se cometió el delito previsto y sancionado en el 241 de Código Penal del Estado de Veracruz; toda vez, que los sujetos activos Luis Manuel Gerardo Navarrete Ponce de León y Enrique de Jesús Navarrete Mejía, mantienen una relación de parentesco con los menores involucrados y sin causa justificada u orden de autoridad competente, sustrajeron de la guarda y custodia de quien por derecho la ostenta, lo anterior en términos de articulo 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Seguidamente a fin de robustecer lo anterior analizó las siguientes pruebas: Entrevista de Alma Silvia Ochoa Villa, madre de los menores de identidad reservada. Actas de nacimiento de los menores de edad que advierte que contaban con trece y diez años, así como que ambos son hijos de la denunciante y del imputado y que Enrique de Jesús Navarrete Mejía es abuelo paterno de los pasivos. Constancias del expediente civil 1937/2016 del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar en Veracruz, Veracruz, entre las que destacan la diligencia de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, en donde se decretó de plano el depósito de los menores aludidos a favor de su madre denunciante y, el instructivo de notificación de dicha diligencia al padre de los menores. Oficio 1231/2017 de los agentes policiacos, del cual se advierte que en el lugar de los hechos se entrevistaron con Bryan Isaías Luna Pereyra, quien se percató de los hechos ocurridos el uno de enero de dos mil diecisiete. Pases de abordar y boletos de autobús a nombre de la aquí quejosa Alma Silvia Ochoa Villa y de los infantes. Dictamen de trabajo social, en el que la experta adscrita al órgano investigador se constituyó en el domicilio ubicado en calle Antón de Alaminos, número 148, departamento 4, del fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, Veracruz y verificó la existencia de enseres que se presume pertenecen a los menores sustraídos. Declaración que el imputado Luis Manuel Gerardo Navarrete Ponce de León, quien narró los hechos ocurridos el uno de enero de dos mil diecisiete. Ahora, al analizar la declaración del diverso imputado Enrique de Jesús Navarrete Mejía, destacó que por referencia de su hijo, sabía que los infantes se encontraban en depósito judicial de su progenitora en el domicilio ubicado en Agustín de Iturbide, número 206, entre Xicoténcatl y 16 de Septiembre, en Veracruz, Veracruz. Con lo anterior, determinó que la declaración del imputado Enrique de Jesús Navarrete Mejía, guarda relación con los hechos expuestos por la Fiscalía, así como con los datos de prueba exhibidos en el proceso penal de origen, resultando evidente que su actuar violento la prohibición de la norma dirigida a los parientes del menor, en el entendido de que no existe prueba que evidencie que la madre de los menores Alma Silvia Ochoa Villa, haya dado su consentimiento para que los activos efectuaran el acto verificativo como delito. Asimismo, argumentó que el actuar de los imputados al interrumpir la guarda y custodia que disfrutaba la aquí quejosa, no se encuentra justificada con lo declarado, en el sentido que dicha acción se debió al auxilio que solicitaron los infantes, los cuales argumentaron haber sido sometidos a violencia psicológica por parte de sus abuelos maternos. Igualmente, consideró lo narrado por el padre de los infantes en audiencia, esto es, que acudió al domicilio de la madre de los menores con la finalidad de llevárselos, lo cual se corroboró con lo manifestado por el coimputado Enrique de Jesús Navarrete Mejía, es decir, los menores subieron a la unidad motora a orden expresa y deseo del progenitor, lo que constituye la conducta ilícita y sancionada por la ley, sin que pase inadvertido que tenía conocimiento de la existencia del mandamiento judicial que le impedía separar a los menores de su madre. Con base en lo anterior, la valorar los datos de pruebas de forma individual, integral, armónica y en conjunto, en términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolvió que en efecto se acreditó razonadamente el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores, previsto y sancionado por el artículo 241 de Código Penal del Estado de Veracruz. Por otra parte, una vez asentado lo anterior, procedió al análisis de la probable responsabilidad de los imputados, lo cual consideró acreditado ante el señalamiento firme y directo de la madre de los infantes, confirmando lo anterior con lo argumentado en la declaración de los imputados Luis Manuel Gerardo Navarrete Ponce de León, y Enrique de Jesús Navarrete Mejía, a las cuales concedió validez jurídica habida cuenta que fue rendida a solicitud de los propios imputados. En ese orden de ideas el Tribunal de Alzada arribó a la conclusión que los imputados cometieron el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores, cometido en agravio de los menores de identidades resguardadas identificados como N24/2017 y N25/2017, representados por su progenitora, bajo el siguiente argumento: ".resultó que alrededor de las dieciséis horas con treinta minutos de uno de enero de dos mil diecisiete (circunstancias de tiempo) el imputado se trasladó al domicilio ubicado en la calle Antón de Alaminos, número 148, departamento 4, del fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, Veracruz, (circunstancias de lugar) los imputados sustrajeron a los dos menores, sin el consentimiento de la progenitora, quien era la que ejercía la guarda y custodia de los referidos menores, así como tampoco se evidencio alguna causa que justificara dicho actuar, ni que existiera orden de autoridad competente (circunstancia de modo)." En ese sentido la Sala responsable concluyó que se acreditó el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores previsto y sancionado en el 241 de Código Penal del Estado de Veracruz, arribando a la conclusión que se justificó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo que permitió llegar a la probabilidad de que Luis Manuel Gerardo Navarrete Ponce de León, y Enrique de Jesús Navarrete Mejía, cometieron el multicitado ilícito, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 37 de la citada legislación. Por otro lado, destacó de los datos de pruebas no se aprecia alguna evidencia que justifique la conducta de los imputados, es decir, que se haya ejecutado sin la voluntad de los mismos, por el contrario, los imputados con plena conciencia de su actuar ejecutaron la conducta que se les atribuye, toda vez que de manera voluntaria decidieron sustraer a los dos menores de quien ostentaba la guarda y custodia. Igualmente, no se acreditó que hayan actuado en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho o contra lo dispuesto por una norma de naturaleza penal incumpliendo su mandato por tener un impedimento legítimo. Ahora bien, respecto a las exigencias que prevé el artículo 19 Constitucional, en relación con el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que manifiesta la necesidad de analizar la existencia de figura jurídica tipificada como delito, así como la probabilidad de que se cometió; las mismas se tuvieron por satisfechas. Haciendo alusión que para efectos de la vinculación a proceso, basta establecer que la información aportada por la Fiscalía, a través de los datos de prueba, de manera lógica y razonable, constituyan indicios que conforme a una abstracción intelectual sustentada en la experiencia, son probables con el fin de establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En la relatadas consideraciones, los integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, confirmaron el auto de vinculación a proceso de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictado por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Veracruz, Veracruz, dentro de los autos del proceso penal 100/2017 que se instruye en contra de Luis Manuel Gerardo Navarrete Ponce de León, y Enrique de Jesús Navarrete Mejía, por el hecho que la señala como sustracción de menores previsto y sancionado en el 241 de Código Penal del Estado de Veracruz, cometido en agravio de los menores de identidad reservada identificados como N24/2017 y N25/2017, representados por su progenitora Alma Silvia Ochoa Villa. Sin que pase inadvertido el oficio 1547/2021 signado por la Juez de Control y enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, con el cual informó que en cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional y por la Sala responsable, ordenó dejar sin efectos los proveído de veinticinco de enero y veinte de marzo de dos mil diecinueve, así como la comunicación oficial 78/2019 dirigida al Juez de Control y Enjuiciamiento comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Ponencia "B" en Veracruz, Veracruz; con los cuales se ordenó en su momento la inmediata libertad del imputado Enrique de Jesús Navarrete Mejía, en atención al auto de no vinculación a proceso confirmado por la Sala responsable en ese entonces, lo anterior dentro del proceso penal 100/2017 de su índice. En ese sentido se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo, se llevaron a cabo por las responsables, toda vez que se dejó sin efectos la resolución veintiuno de enero dos mil diecinueve, dictada en los autos del toca 657/2018-A, asimismo; con libertad de jurisdicción, atendiendo lo declarado por el imputado Enrique de Jesús Navarrete Mejía, ante la jueza de control del conocimiento, remitió copia certificada de la resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno, de la cual se advierte que confirmó el auto vinculación a proceso de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Veracruz, Veracruz. Igualmente, la Juez de Control y enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, en su carácter de autoridad ejecutora ordenó dejar sin efectos las actuaciones realizadas en su momento en cumplimiento a lo informado por la Primera Sala, al confirmar el auto de no vinculación a proceso, el cual se dejó insubsistente por la misma la referida Sala, lo anterior en dentro de los autos del proceso penal 100/2017 del su índice. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
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