Armando Reyes Toscano

Expediente 1404/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1404/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2016

Partes del expediente

  • Armando Reyes Toscano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Intégrese a los presentes autos el escrito de la parte quejosa ARMANDO REYES TOSCANO, con ocho copias simples de la misma, por el que da cumplimiento a la prevención formulada en auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, por tanto se procede a acordar lo conducente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito por el que da cumplimiento a la prevención formulada en auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis se advierte que el quejoso concurre ante este Juzgado Federal a reclamar, por una parte, del Juez Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, el auto de formal prisión de nueve de septiembre de dos mil dieciséis dictado en su contra dentro del auto del proceso 10/2015 del índice del juzgado de su adscripción, así como la ejecución material de dicho auto de término constitucional atribuido al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla. Así como, el diverso auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis dictado dentro del proceso 10/2015 del índice del Juzgado Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, por el cual fija los montos que debía exhibir el quejoso ARMANDO REYES TOSCANO para gozar de su libertad provisional bajo caución. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, se advierte que el auto de formal prisión de nueve de septiembre de dos mil dieciséis dictado en contra de ARMANDO REYES TOSCANO dentro de los autos del proceso 10/2015 del índice del Juez Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, bajo protesta de decir verdad le fue notificado al aquí quejoso el doce de septiembre de dos mil dieciséis, tal como lo manifiesta el citado quejoso en su escrito aclaratorio. Respecto del diverso auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis dictado dentro del proceso 10/2015 del índice del Juzgado Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, por el cual fija los montos que debía exhibir el quejoso ARMANDO REYES TOSCANO para gozar de su libertad provisional bajo caución, fue notificado al citado quejoso el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, tal como lo manifiesta el citado quejoso en su escrito aclaratorio. En mérito de lo anterior, resulta indudable que el quejoso conoció de la existencia del auto de formal prisión de nueve de septiembre de dos mil dieciséis dictado en su contra dentro de los autos del proceso 10/2015 al menos a partir del doce de septiembre de dos mil dieciséis (fecha en que tuvo conocimiento del auto de término constitucional), y respecto del diverso auto de siete de septiembre del año en curso, dictado dentro de la misma causa penal, en el cual fueron fijados los montos para poder gozar de su libertad provisional bajo caución al menos a partir del ocho de septiembre de dos mil dieciséis (fecha en que tuvo conocimiento del citado auto), por lo que el aquí quejoso tuvo conocimiento del contenido de los citados autos que por vía de amparo pretende combatir desde esas fechas. De lo anterior, el suscrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar por tal acto la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo , cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo cuando se trate de: 1.- Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; 2.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; 3.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; 4.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales Supuestos que en la especie no se actualizan por tratarse el acto reclamado de un auto de formal prisión y un diverso auto en el cual le han sido fijados los montos para gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución, cuyos efectos si bien traen como consecuencia la privación de la libertad del impetrante, dicha privación no es fuera de procedimiento, pues dicha medida se dictó en un proceso penal. Aunado a lo anterior, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. De igual forma, se hace necesario precisar que los plazos se contarán por días hábiles mismos que comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento y correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para él hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. Ahora bien, de una recta interpretación de artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el inciso 1) y dado que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de amparo que se provee respecto de los citados autos de siete de septiembre y nueve de septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente, es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Como se dijo con antelación, el quejoso reclama del Juez de lo Penal Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, los autos de siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual le fueron fijados los montos para gozar de su libertad provisional bajo caución y el auto formal prisión de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, e identificación administrativa contenida en dicho auto, ambos dictados dentro de los autos del proceso 10/2015 del índice del juzgado de su adscripción, del cual el quejoso, atendiendo a su manifestación tuvo conocimiento el ocho de septiembre y doce de septiembre de la anualidad en curso, respectivamente (escrito aclaratorio). Bajo ese contexto, la demanda de amparo propuesta por cuanto hace a los actos reclamados que hace consistir en el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis; auto de formal prisión de nueve de septiembre de dos mil dieciséis; la identificación administrativa como consecuencia del citado auto, así como la ejecución material de dicho auto de término constitucional atribuido al Director del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla, resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que, como se dijo, el quejoso tuvo conocimiento de los mismos el ocho y doce de septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente, por lo que conforme a las reglas que para plazos establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (cuatro de noviembre de dos mil dieciséis) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si fue notificado de los actos reclamados el ocho y doce de septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente, a partir del día siguiente del que se tuvo por hecha su notificación, empezó a correr el término respectivo (nueve y trece de septiembre de dos mil dieciséis) ello, en términos de los artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, feneciendo el cuatro y seis de octubre de dos mil dieciséis, respectivamente, sin contar los días diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, todos de septiembre de dos mil dieciséis; uno y dos de octubre de dos mil dieciséis, por cuanto al auto de siete de septiembre del año en curso se refiere; respecto del auto de término constitucional no se cuentan los días catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, todos de septiembre de dos mil dieciséis; uno y dos de octubre de dos mil dieciséis, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, es claro que por cuanto hace a dichos actos reclamados en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados ya que no obstante haber sido notificado de los autos de siete de septiembre de dos mil dieciséis en el cual se fijan los montos para gozar de su libertad provisional bajo caución, así como del auto de formal prisión de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en su contra, desde el ocho y doce de septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente, pretende promover juicio de amparo mediante demanda que fue presentada hasta el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, según la data que obra en el sello fechador de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un período mayor a quince días hábiles. Así las cosas y toda vez que se tiene certeza de que el quejoso conoció la existencia de los autos que reclama de siete y nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictados dentro de los autos del proceso 10/2015 del índice del Juzgado Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, atento al cómputo antes realizado, se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, el criterio del PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN al resolver la contradicción de tesis 248/2014 contenido en la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), publicada en la página 38, del Libro 18, correspondiente al mes de Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." También sirve de apoyo el criterio de la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 48/2015 (10a.), publicada en la página 297 del Libro 22, correspondiente al mes de Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009860, de rubro y texto siguientes: "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA. De la interpretación conforme de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como el auto de formal prisión, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y que existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda respecto al acto o resolución que reclame el quejoso, una de ellas es a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. En ese sentido, a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la legislación adjetiva aplicable posibilita que una determinación adversa al inculpado, pueda impugnarse por él o por su defensor, cuando la notificación de un auto de formal prisión al inculpado y a su defensor se llevó a cabo en diversas fechas, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas, esto con la finalidad de maximizar la protección a favor del procesado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona. De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de este Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: ... Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano