Armando Razo Hernández

Expediente 86/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
86/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
18/02/2016

Partes del expediente

  • Armando Razo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el ocho de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído dictado e en la fecha referida, que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en el artículo 14, 16, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 86/2016-V, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Nueva Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107.- El amparo indirecto es procedente: (.) V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" En relación a lo anterior, es conocido que a través del juicio de amparo se reclama todo acto de autoridad que viole las garantías individuales del gobernado, según lo dispuesto en el artículo 1°, fracción I, de la ley de la materia; en tanto que en el diverso 107 de la misma legislación, se precisan los casos específicos en que resulta procedente el juicio de amparo indirecto y, cuya hipótesis establecida en la fracción V, refiere que los actos dentro de juicio, deben ocasionar sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio de garantías por la vía bi-instancial. Por tanto, para la procedencia del amparo indirecto es necesario que el acto que se reclama de la autoridad responsable, cause en la esfera jurídica del quejoso un daño que tenga una ejecución de imposible reparación de conformidad con el artículo 107, en su fracción V la Ley de la Materia. En ese contexto, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación deben entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio, cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien haga imposible la prosecución del procedimiento; es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender como aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, alguna orden de privación de la libertad, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento quedan ser reparadas con la emisión de una resolución posterior que llegue a pronunciarse. Bajo ese contexto, es necesario precisar que el concepto de irreparabilidad, para la procedencia del juicio de amparo indirecto ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de tal manera que esa afectación no pueda enmendarse aun con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio. Por tanto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. b) Por el contrario, son actos de posible reparación, los que sólo tienen como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los cuales son reparados si se obtiene una resolución acorde a los intereses del inconforme, dado que las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora, al analizar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de cuatro de diciembre de dos mil quince, dictada en el expediente laboral ***, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, promovido en contra de la notificación de nueve de septiembre de dos mil quince, relativa al acuerdo en que se fijó fecha y hora para la audiencia de desahogo de pruebas. Por tanto, tomando de soporte lo anterior, este juzgador de amparo estima que el acto reclamado, no es de imposible reparación, y por tanto, no es de los considerados como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con la emisión de la resolución definitiva (laudo) que en el asunto se dicté; lo anterior, al tratarse de una violación a las leyes del procedimiento, lo cual a todas luces pone de manifiesto que la cuestión alegada no encuadra en el supuesto para que en primer plano pueda ser analizada por este juzgador Federal; lo anterior, porque de dictarse un laudo favorable dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo, con fundamento en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Por lo que al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, aplicada a contrario sensu y 170 y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, se autoriza en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo a las personas que indica en su ocurso de cuenta, toda vez que no cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por así haberlo solicitado el promovente. Ahora bien, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

  3. Principal

    CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, la resolución dictada el ocho de febrero de la presente anualidad , que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ---, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en el artículo 14, 16, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 86/2016-V, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Nueva Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107.- El amparo indirecto es procedente: (.) V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" En relación a lo anterior, es conocido que a través del juicio de amparo se reclama todo acto de autoridad que viole las garantías individuales del gobernado, según lo dispuesto en el artículo 1°, fracción I, de la ley de la materia; en tanto que en el diverso 107 de la misma legislación, se precisan los casos específicos en que resulta procedente el juicio de amparo indirecto y, cuya hipótesis establecida en la fracción V, refiere que los actos dentro de juicio, deben ocasionar sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio de garantías por la vía bi-instancial. Por tanto, para la procedencia del amparo indirecto es necesario que el acto que se reclama de la autoridad responsable, cause en la esfera jurídica del quejoso un daño que tenga una ejecución de imposible reparación de conformidad con el artículo 107, en su fracción V la Ley de la Materia. En ese contexto, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación deben entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio, cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien haga imposible la prosecución del procedimiento; es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender como aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, alguna orden de privación de la libertad, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento quedan ser reparadas con la emisión de una resolución posterior que llegue a pronunciarse. Bajo ese contexto, es necesario precisar que el concepto de irreparabilidad, para la procedencia del juicio de amparo indirecto ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de tal manera que esa afectación no pueda enmendarse aun con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio. Por tanto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. b) Por el contrario, son actos de posible reparación, los que sólo tienen como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los cuales son reparados si se obtiene una resolución acorde a los intereses del inconforme, dado que las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis aislada P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004, Novena Época, consultable bajo el rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Ahora, al analizar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de cuatro de diciembre de dos mil quince, dictada en el expediente laboral---, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, promovido en contra de la notificación de nueve de septiembre de dos mil quince, relativa al acuerdo en que se fijó fecha y hora para la audiencia de desahogo de pruebas. Por tanto, tomando de soporte lo anterior, este juzgador de amparo estima que el acto reclamado, no es de imposible reparación, y por tanto, no es de los considerados como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con la emisión de la resolución definitiva (laudo) que en el asunto se dicté; lo anterior, al tratarse de una violación a las leyes del procedimiento, lo cual a todas luces pone de manifiesto que la cuestión alegada no encuadra en el supuesto para que en primer plano pueda ser analizada por este juzgador Federal; lo anterior, porque de dictarse un laudo favorable dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo, con fundamento en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Por lo que al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, aplicada a contrario sensu y 170 y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Sexto Circuito, visible en la página 1993, tomo 3, Libro XIX del mes de abril de dos mil trece del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley.". De igual forma, sirve de sustento la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 77, tomo VII del mes de enero de mil novecientos noventa y uno del Semanario judicial de la Federación que versa: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. NO ES DE IMPOSIBLE REPARACION. La resolución de la Junta responsable que declara procedente el incidente de nulidad de actuaciones, no es un acto de imposible reparación en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino se trataría en su caso de una violación a las leyes del procedimiento en términos de la fracción V del artículo 159 del mismo ordenamiento legal, reclamable únicamente en la vía de amparo al promoverse la demanda contra el laudo, como lo señala el artículo 161 de la propia Ley Reglamentaria." Asimismo, sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1981, Tomo XCVIII, del Semanario judicial de la Federación que versa: "NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA A DECLARARLA. El artículo 158, fracción III, (relacionada con lo previsto en la fracción I), de la Ley de Amparo, establece que en los juicios seguidos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las violaciones procesales sólo pueden ser reclamadas en el amparo directo que se enderece contra el laudo definitivo, por violaciones a las leyes del procedimiento o cometidas durante el curso del juicio arbitral, cuando se hayan afectado las partes sustanciales de él y de manera que su infracción, precisamente, haya dejado sin defensa al quejoso; y no pertenece a otra categoría el acuerdo que desecha un incidente de nulidad, como resulta de conjugar las fracciones V y XI del artículo 159 de la propia ley. La primera de dichas fracciones no distingue, por cierto, entre la nulidad absoluta y la relativa. Por tanto, este amparo es prematuro porque el acuerdo que desechó la demanda de nulidad de actuaciones en el procedimiento laboral, no puede reputarse definitivo, ni causa gravamen de imposible reparación, mientras no se pronuncie el laudo que ponga fin al conflicto de trabajo, por lo que debe confirmarse el auto del Juez de Distrito, que desechó de plano la demanda de garantías." En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, se autoriza en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo a las personas que indica en su ocurso de cuenta, toda vez que no cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por así haberlo solicitado el promovente. Ahora bien, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano