Armando Ramírez Barrera
Expediente 357/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 34 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Armando Ramírez Barrera
- Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Agréguese el escrito del autorizado en términos amplios del quejoso, como lo solicita y con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica en el escrito de demanda, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 357/2022, promovido por *** contra actos de la Octava Sala y Juez Sexagésimo Quinto, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, la demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, así se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. Posteriormente la parte accionante formuló ampliación por lo que hace a los actos que atribuye a la Sala responsable, misma que se admitió con el trámite legal correspondiente. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de *** seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. La lectura integral de la demanda, en concordancia con el estado procesal que guarda el asunto de origen (remate con orden de escrituración) permite concluir que el presente juicio se insta a fin de controvertir "la última resolución" en el procedimiento de remate, a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, así como las violaciones procesales correspondientes. En esta tesitura, se tiene como acto reclamado, el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de esta ciudad, en el Juicio Especial Hipotecario ***, por el cual tuvo designado al Notario Público número 54 de esta ciudad, para el tiraje de la escritura correspondiente a la venta judicial. Y como violación procesal el quejoso destacó: El acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitido por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dentro del toca ***, por el cual la Alzada desechó la apelación que el quejoso interpuso contra la sentencia interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, aprobatoria del remate a favor del hoy quejoso. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado las responsables aceptaron el acto que se les reclama; lo que se corrobora con las constancias certificadas remitidas, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º. CUARTO. Improcedencia. El presente juicio es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del ordinal 61, en relación con la fracción IV, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo. Del último numeral, se aprecia que contra actos que se reclamen derivados de un procedimiento, el juicio biinstancial procede contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido, y tratándose de actos en ejecución de sentencia o de convenio, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y en caso de remates la que ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y la entrega de bienes. Así, tratándose de remates, la última resolución es aquélla que indistintamente ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en donde se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Salvo los casos de excepción, cuando se rematan bienes en el periodo de ejecución de sentencias, el juicio de amparo indirecto procede al momento de emitir cualquiera de esas órdenes, conjunta o independientemente (la de escrituración o entrega), pues ambas son consecuencias connaturales del acto de adjudicación. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, registro: 2011474. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1066, que dispone: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En el caso, el accionante reclama el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós emitido en el expediente ***, por el Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil en esta ciudad, que en su literalidad establece: "Agréguese a sus autos, tomo II, el escrito del mandatario judicial del adjudicatario; se tiene al promovente designando al Notario Público número Cincuenta y cuatro de la Ciudad de México, para el tiraje de la escritura correspondiente. Póngase a disposición del indicado Fedatario los autos y documentos base de la acción. -NOTIFÍQUESE.- Como se ve, este acuerdo aún no ordena en definitiva la escrituración del bien litigioso, pues para llegar a ese momento procesal, de acuerdo a las constancias que con se cuenta, sigue pendiente que los autos del juicio y constancias sean enviadas al fedatario correspondiente para que elabore el proyecto de escritura y que éste sea aprobado por el juez de la causa, pues solo entonces es que se hace saber a las partes que ya está preparada para su otorgamiento y firma voluntaria, como se desprende de las reglas establecidas en el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, que establece: "Artículo 517.-Si la sentencia condena a hacer alguna cosa, el juez señalará al que fue condenado a un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias del hecho y de las personas. Si pasado el plazo el obligado no cumpliere, se observarán las reglas siguientes: I. Si el hecho fuere personal del obligado y no pudiere prestarse por otro, se le compelerá empleando los medios de apremio más eficaces, sin perjuicio del derecho para exigirle la responsabilidad civil; II. Si el hecho pudiere prestarse por otro, el juez nombrará persona que lo ejecute a costa del obligado en el término que le fije; III. Si el hecho consiste en el otorgamiento de algún instrumento o la celebración de un acto jurídico, el juez lo ejecutará por el obligado, expresándose en el documento que se otorgó en rebeldía. Si el documento consiste en una escritura pública el juez previamente pondrá los autos a disposición del notario que designe la parte en cuyo favor se dictó la sentencia. Al devolver el notario el expediente haciendo saber que se encuentra preparada la escritura para su otorgamiento, el juez fijará el plazo en que deberá comparecer el obligado a firmarla, apercibido que de no hacerlo el propio juez la firmará según lo antes dispuesto. Luego, para estar frente a la determinación que da procedencia a la acción constitucional, el ejecutante no solo debió designar al fedatario, pues es necesario que el documento de la escritura esté listo para otorgarse y firmarse; siendo el primer momento en que se requiere ese acto de manera voluntaria al ejecutado (que se apersone a firmar el documento preparado de la escritura), el que sirve para determinar la procedencia del juicio constitucional, como se sostuvo en la Contradicción de tesis 29/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció: 45. En efecto, si bien hay actos procesales cuyo cumplimiento está sujeto a la voluntad del sujeto al que se dirigen, como puede ser la orden de desocupar un inmueble, en donde la imposibilidad material de cumplir con lo requerido da lugar a que el Juez emita otra orden adicional para que de manera coactiva la persona obligada lo lleve a cabo, ese supuesto no se presenta en el presente caso, pues no se actualiza una imposibilidad material auténtica (derivada de la contumacia) dado que, ante el incumplimiento de la parte requerida, es el Juez quien llevará a cabo el acto de formalización de la venta judicial con el que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario (conforme a la mecánica y regulación propia del procedimiento de remate y con el pago o satisfacción del valor del bien objeto del mismo), en la medida que jurídicamente con ese acto se actualiza la incorporación de la cosa embargada al patrimonio del ejecutante adjudicatario. 46. Por lo anterior, en respuesta a la pregunta formulada para la resolución de la presente contradicción de tesis, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, tratándose de la escrituración en el procedimiento de remate, la última resolución para efectos del juicio de amparo indirecto es la que ordena requerir al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por la venta judicial." Lo anterior obedece a la secuencia lógica y jurídica de los actos en el remate, ya que no puede extenderse una orden de escriturar, si el fedatario aún no tiene el documento final preparado para formalizar la venta judicial. Entonces, no puede considerarse que con la determinación de veintiocho de marzo de dos mil veintidós se esté procesalmente ante la última resolución, pues no ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, dado que el efecto del reclamo, es un mecanismo preparatorio para obtener el documento que eventualmente será firmado (ya sea voluntariamente por el ejecutado, o bien, en su rebeldía por el juez de la causa), siendo ese primer momento el que puede considerarse como la última resolución en el procedimiento de remate en observancia a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, si el acto reclamado no puede ser considerado en este momento como la última resolución dictada en el procedimiento de remate y respecto del cual, el quejoso no es tercero extraño (ya que es el adjudicatario), entonces, es evidente que el presente amparo es improcedente, ya que el reclamo aún no constituye la última resolución dictada en esa fase del procedimiento. Entonces, al no existir excepción al principio de definitividad en la etapa de ejecución, el juicio que se intenta es improcedente conforme a las reglas previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo; ya que la última resolución será aquella que una vez que el documento de la escritura esté listo para ser otorgado, requiera al ejecutado para que voluntariamente comparezca en presencia del fedatario público para su firma. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, registro: 2020631. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 110, que dispone: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Por lo cual, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del ordinal 61, en relación con la fracción IV, del artículo 107, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es SOBRESEER de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma legislación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 79 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 357/2022, promovido por *** contra actos de la Octava Sala y Juez Sexagésimo Quinto, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el diverso último de esta sentencia.".
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 357/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y su ampliación; B) Oficios por los que las responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de los terceros interesados. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que no se formularon y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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