Armando Quiroz Guerrero

Expediente 1200/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1200/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Armando Quiroz Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; mediante el cual, el secretario de acuerdos de la Octava Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, anexa el proveído de veinticinco de febrero pasado, del que se advierte en esencia que acusa de recibo del diverso 4318/2022 del propio registro, a través del cual este Juzgado de Distrito devolvió los autos de la carpeta de antecedentes y copias certificadas, ambos del expediente del juicio administrativo EJA 64/2021 del registro de la autoridad oficiante, así como del testimonio de la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno dictado dentro del recurso de revisión RR/169/2021 y las copias certificadas del citado recurso del índice de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de dicho Tribunal; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma nota.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. se remite al archivo

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1200/2021-III, promovido por ***, en contra de actos del Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ***, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Se señalan con el doble carácter de ordenadora y ejecutora, a las siguientes: 1. El SECRETARIO DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE MAGISTRADO DE LA OCTAVA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADÒ DE MEXICO. En su calidad de ordenadora. 2. EL ACTUARIO ADSCRITO A LA OCTAVA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO. En su calidad de ejecutora. Todas las autoridades responsables tienen su domicilio ubicado en Ignacio Allende, Número 112, colonia Centro en esta Ciudad de Toluca, Estado de México." "IV. ACTO RECLAMADO.- De las responsables se reclama el acuerdo y/o auto de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual se declaró improcedente la nulidad de notificación promovida por el suscrito, en atención a las consideraciones que de manera equivoca y errónea tuvo señaladas" Actos reclamados que el promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Terceros interesados. En el presente sumario, le recae la calidad de terceros interesados al Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México y al Director del Instituto de Salud del Estado de México, los cuales fueron emplazados el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno y el cuatro de enero de dos mil veintidós, respectivamente. 4. Informes justificados. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, y con su contenido se dio vista a las partes. 5. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo el veintiuno de enero del año en curso, en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, en virtud de que el acto que se reclama fue emitido por una autoridad judicial con residencia en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, así como de la lectura íntegra de las demandas de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: El acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual se declaró improcedente la nulidad de notificación promovida por el quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Magistrada y el Actuario de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto que se reclama a dichas autoridades; siendo aplicable a lo anterior la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las documentales que, como complemento de su informe justificado, se adjuntaron al informe justificado, entre otras, consistentes en copias certificadas del juicio administrativo EJA 64/2021; documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de actuaciones judiciales. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada bajo el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, se estima que, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo (estos últimos interpretados a contrario sensu), como a continuación se expone. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A su vez, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Contextos normativos que, para efectos de la procedencia de la acción constitucional, permiten advertir que los actos dentro de juicio a que se refieren los numerales en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues, cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III, del artículo 107 Constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de 1992, que prevé: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Precisado lo anterior, debe ahora señalarse que, en el presente caso, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual se declaró improcedente la nulidad de notificaciones promovida por el quejoso; respecto del cual, se estima se actualiza la causal de improcedencia aludida, en razón de que dicho acto no se considera como de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional biinstancial. Esto es así, porque, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto que en esta vía se reclama tienen el carácter de intraprocesal, y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa; pues los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos cuyas consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la vida, la libertad, la propiedad, entre otras, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana por medio de los derechos fundamentales y humanos; por lo que, en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio, porque, tratándose del acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual se declaró improcedente la nulidad de notificaciones promovida por el quejoso, se advierte que no deja sin defensa a la parte agraviada, ni afecta sus derechos sustantivos, y de estimarlo violatorio, por contrariar los intereses del impetrante de amparo, debe reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, y 172, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, donde podrán hacerse valer las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad, y que hayan sido motivo de la determinación que considere violatoria de sus derechos fundamentales. Sobre manera que, en el presente caso, del estudio de las constancias remitidas por las autoridades señaladas como responsables, se advierte que en el procedimiento de origen (juicio administrativo EJA 64/2021) ya se dictó la sentencia correspondiente, e incluso, dada la interposición del medio de impugnación en su contra por la parte quejosa, materia de la resolución del recurso de revisión. Y en ese sentido, será por medio del amparo directo que, en su caso llegase a promoverse por la parte quejosa, en el que debe hacer valer las violaciones procesales de las que se aqueja en esta vía constitucional; pues, como ya se expuso, si se reclama el auto que determina improcedente la nulidad de notificaciones contra determinaciones dictadas antes de haberse emitido la sentencia definitiva del juicio administrativo EJA 64/2021, así como todas las posteriores, incluidas esta última; entonces, no puede destruirse la firmeza que ha adquirido el juicio de origen, a través de un simple incidente de naturaleza accesoria al pleito principal. Orienta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 30/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Materia Civil, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, Octubre de 1994, página 12, de texto y rubro siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. NO PROCEDE CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que la cosa juzgada constituye la verdad legal y que por ende, en su contra no cabe admitir recurso ni prueba alguna, porque de aceptarse lo contrario se destruiría la firmeza que corresponde a la sentencia ejecutoria. De lo que se sigue que en toda controversia jurisdiccional que ha concluido con dicha sentencia cierra toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, respecto de las practicadas con anterioridad a la emisión de dicho fallo, ya sea en primera instancia, en segunda o durante la tramitación de la etapa de ejecutorización; y que así mismo las actuaciones de una fase del proceso sólo se pueden impugnar mediante dicho incidente, mientras no se concluya cada periodo procesal, pues no puede destruirse la firmeza que ha adquirido el juicio a través de un simple incidente de naturaleza accesoria al pleito principal, toda vez que la única manera de atacar ese tipo de resoluciones es a través de los recursos que establece la ley o del juicio de amparo, en su caso." Luego, el acto reclamado no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en tanto que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado o derechos humanos tutelados en los tratados internacionales, protegidos por las garantías consagradas en la Norma Fundamental, que deban impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V del ordinal 107 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu. Sino por el contrario, el auto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales, los cuales, en su caso, se traducen en violaciones a derechos de carácter adjetivo o procesal; que debe combatirse, en su caso, cuando se impugne la sentencia definitiva, por ser una violación al procedimiento, en términos de los artículos 172, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo; pues los efectos que trae consigo la determinación asumida por la autoridad responsable, respecto de negar el trámite al incidente de nulidad de notificaciones que le fue planteado, no puede considerarse que tenga sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, dado que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, que haga jurídicamente imposible el resarcimiento con una actuación posterior, pues, como en el caso acontece, ya se emitió sentencia definitiva en el juicio de origen e indefectiblemente podrá hacerlo valer, como una violación procesal en el amparo directo que en su caso se promueva. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 37/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 685, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES IMPUGNADAS COMO VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EL AGRAVIADO NO ESTÁ OBLIGADO A SU PREPARACIÓN ANTES DE PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De la interpretación literal, sistemática y teleológica de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 161 de la Ley de Amparo, se concluye que las violaciones procesales derivadas de juicios seguidos ante tribunales administrativos pueden plantearse en la demanda de amparo directo, sin necesidad de agotar los recursos previstos en la ley que rija el procedimiento contencioso administrativo, en virtud de que dichos numerales no exigen su preparación antes de combatirlas en la demanda de garantías, pues este requisito sólo debe satisfacerse en algunos casos, dentro de los juicios civiles, en los que debe impugnarse la violación procesal que causa indefensión en el curso mismo del procedimiento a través del medio ordinario de defensa que la ley prevé, para poder después reclamar aquélla en el amparo directo promovido contra la sentencia. Así, en el amparo directo planteado contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio contencioso administrativo, es posible analizar como violación a las leyes del procedimiento, los conceptos de violación en los que se impugnan las notificaciones realizadas durante la sustanciación del juicio ordinario, que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, sin necesidad de que hayan sido preparadas las violaciones alegadas mediante un incidente de nulidad, siendo incorrecto declarar aquéllos como inoperantes por este motivo, en virtud de que eso significaría soslayar el espíritu del Constituyente y del legislador en lo relativo a hacer más expedito el procedimiento contencioso administrativo y así cumplir con el principio de justicia establecido en el artículo 17 constitucional." Así como, por su contenido, la jurisprudencia VI.2º.C.J/11 (10ª.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, Materias Común y Civil, página 1993, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo (estos últimos interpretados a contrario sensu), con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la última ley invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo por el acto y autoridades de que se trata. Cabe señalar que lo anterior no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos fundamentales del impetrante del amparo, pues no es la obligación de este tribunal de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a sus intereses, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales debe apegarse la accionante de amparo, y entre las que se encuentran la causa de improcedencia advertida en el presente fallo. Es aplicable sobre el tema, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2006, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Y, en lo conducente, la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo; lo que encuentra apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia 509, publicada en la página 335, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. SEXTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra del acto y autoridades señaladas en los Considerandos Segundo y Tercero de este fallo, por los motivos expresados en el diverso Cuarto del mismo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente asunto, se advierte que no ha trascurrido el plazo de ocho días, respecto del proveído de veintisiete de diciembre del año en curso, en que se ordenó dar vista a las partes con las copias certificadas del recurso de revisión RR/169/2021 del índice de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En ese sentido y vista la certificación de cuenta, se desprende que la audiencia constitucional, fue fijada para las el día de hoy; sin embargo, con la finalidad de que se cumpla lo expuesto, la audiencia constitucional se difiere y para su verificativo se fijan las diecisiete horas con treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidós. Notifíquese.

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