Armando Quintana Hipolito

Expediente 126/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
126/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Armando Quintana Hipolito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el sobreseimiento dictado en este juicio) haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA REFERIDA SENTENCIA; hágase ello del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, conforme a los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, dese cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 113, 117 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Archivo del expediente Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devolución de tomo Por lo anterior, carece de relevancia documental, la permanencia en este Juzgado del tomo de pruebas deducido del expediente ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, por ello, devuélvase dicha documental, sin que sea necesario el acuse correspondiente. Notifíquese por lista electrónica."

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con quince minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 126/2023, el licenciado Víctor Manuel Jaimes Morelos, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido del licenciado Bernabé Lalito Hernández Flores, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el secretario dio lectura a la demanda y demás constancias de autos, asimismo, comunica que no existe documento o circunstancia con la que se deba dar cuenta; además CERTIFICA: Que durante la tramitación de este juicio de amparo, ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto continuo el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto a la falta de oposición de las partes para la publicación de sus datos personales, resuélvase lo procedente al dictarse la sentencia respectiva. A continuación, abierto el período probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales las que adjuntó la parte quejosa en su demanda de amparo, mismas que se tomarán en consideración al dictado de la sentencia correspondiente. Asimismo, se tienen como pruebas documentales las exhibidas por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Oaxaca de Juárez, consistentes en un cuadernillo de copias certificadas deducidas del expediente 4568/19-15-01-6 de su índice, y las remitidas por la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, documentales que serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto. Por otra parte, respecto a la prueba de informe que solicitó la parte quejosa en su demanda inicial con la cual pretende demostrar los antecedentes del acto reclamado; se estima que aun cuando la quejosa solicita que se remita "vía informe", ese medio de convicción en los términos en que lo expone, tiene la naturaleza de una prueba documental; por tanto, dígasele que ya obran en autos los informes justificados de las autoridades responsable, así como copia certificada de las constancias necesarias para el dictado de la sentencia correspondiente. En tanto que, se hace constar que no existe prueba pendiente por admitir ni desahogar, por lo que se cierra esta etapa. Acto posterior, abierto el periodo de alegatos, el secretario CERTIFICA: Que las partes no formularon alegatos, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento alguno; por lo que, el Juez acuerda: se tiene por efectuada la certificación que antecede para los efectos legales conducentes, con lo cual se ordena cerrar este período y, se procede a emitir la siguiente sentencia. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 126/2023, que promovió Armando Quintana Hipólito por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Armando Quintana Hipólito, por propio derecho, mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este Municipio, el trece de febrero del año en curso, y turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: Autoridades responsables: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL DEL SURESTE, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. B) C. DELEGADO Y/O RESPONSABLE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA. C) RESPONSABLE DE LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.". Actos reclamados: "IV.-ACTOS RECLAMADOS.- DE LOS INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL DEL SURESTE, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS LOS SIGUIENTES: LA OMISIÓN DE REALIZAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA ASEGURAR Y HACER CUMPLIR ÌNTEGRAMENTE LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RADICADO BAJO EL NÙMERO: *********, EMITIDA CON FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE NINGUNA FORMA QUEDE INCUMPLIDA O SE EJECUTEN EN PLAZOS PROLONGADOS E INCIERTOS COMO LOS SUCEDE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTES CITADO. B) DE LAS DOS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES DELEGADO Y/O RESPONSABLE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA Y SUBDELEGADO DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA, SEÑALO AMBAS AUTORIDADES, COMO ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE ACATAR EN EL TÉRMINO LEGALMENTE ESTABLECIDO CON EL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LA RESOLUCIÒN Y/O SENTENCIA FIRME Y EJECUTORIADA DICTADA POR LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL DEL SURESTE, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, RADICADO BAJO EL NÙMERO: ************, Y SENTENCIA DE FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Y DE REALIZAR ACTOS POR DEMÀS DILATORIOS Y PROLONGADOS, NEGLIGENTES E INJUSTIFCADOS QUE ME GENEREN DE MANERA CONTINUA PERJUICIOS A MIS DERECHOS HUMANOS". Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1º 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el 126/2023; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos General 23/2018 y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, y por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio e informes justificados, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La omisión de agotar el procedimiento para cumplir con la sentencia dictada el uno de diciembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad número 4568/19-15-01-6. 2. Del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Oaxaca en Oaxaca, y Encargado o Titular de la Subdelegación de Prestaciones de dicho Instituto: La omisión de cumplir la sentencia dictada el uno de diciembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad número ********. Sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en Oaxaca, al rendir su informe justificado, por conducto de la representante legal de dicho Instituto, convino en la existencia del acto que se le atribuye. Por su parte, el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que de la lectura de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme a su numeral 2º, se advierte que no ha culminado el procedimiento establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. Asimismo, el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en Oaxaca, al rendir su informe justificado, por conducto la representante legal de dicho Instituto, negó la existencia del acto que se le atribuye, indicando que, mediante oficio REPOAX/UJ/0976/2023 de diecisiete de febrero del año en curso, se remitió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad de origen, para su cumplimiento, por ser el facultado para tal efecto. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que de la lectura de la sentencia cuya omisión de cumplimiento se reclama en esta instancia, se conoce que la misma se emitió en contra del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en Oaxaca. Por lo que, los requerimientos de la Sala responsable en relación al cumplimiento de dicha resolución, se han realizado a dicho Delegado; por lo que es inconcuso que le corresponde el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen. En consecuencia se tiene por cierto el acto que se la atribuye en esta instancia. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto de los actos reclamados, se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) El principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y que se encuentra contemplado en la fracción transcrita, dispone que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente del amparo debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, ante la autoridad competente. Cabe precisar que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino carga procesal que debe atender. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Materias(s): Común, Registro digital: 187016, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora, los actos reclamados en este juicio, esencialmente consisten en el incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo 4568/19-15-01-6, acto que se reclama a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades. Al efecto, se debe destacar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 58, dispone lo siguiente: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La sala regional, la sección o el pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la sala regional, la sección o el pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la sala regional, la sección o el pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la sala regional, la sección o el pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la sala regional, la sección o el pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la sala regional, la sección o el pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El magistrado instructor o el presidente de la sección o el presidente del tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la sala regional, la sección o el pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la sala regional, la sección o el pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la sala regional, la sección o el pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la sala regional, la sección o el pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la sala regional, la sección o el pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la sala regional, la sección o el pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. [.]". De su contenido se advierte que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla un mecanismo específico para lograr el pleno cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual está compuesto, por un lado, por un procedimiento oficioso mediante el cual la Sala respectiva requerirá a la demandada que informe sobre el cumplimiento de algún fallo, pudiendo, en caso de contumacia, multar a la autoridad o incluso requerirla por conducto de su superior jerárquico; comisionar a algún funcionario para que dé cumplimiento directo a la resolución, cuando la naturaleza del acto lo permita; y eventualmente poner en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento; y por otro, contempla, como parte de la etapa de cumplimiento de una sentencia de nulidad dictada en un juicio administrativo, la posibilidad para el actor de promover un recurso de queja en los casos siguientes: a. Contra la resolución que repita la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. b. En los casos en que la sentencia de nulidad haya obligado a la autoridad demandada a reponer un procedimiento o a emitir una nueva resolución en una instancia oficiosa, contra la resolución emitida y notificada después de concluido el plazo que al efecto les otorga la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus artículos 52 y 57, fracción I, inciso b). c. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. d. Contra el incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. Así, en la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, el tribunal ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento que rinda un informe dentro del plazo de cinco días, en el que justificará el acto que provocó la queja; hecho lo cual la sala regional, la sección o el pleno que corresponda, resolverá dentro de los cinco días siguientes, pudiendo multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, informar a su superior jerárquico e, incluso, llegar a declarar el cumplimiento sustituto del fallo en caso de que sea procedente. Así, se aprecia que el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, forma parte del procedimiento para lograr el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional. Sin que obste a lo anterior que el incumplimiento a una sentencia de nulidad sea un acto atribuible de manera directa a la autoridad -desde luego, a la que fungió como demandada en el juicio administrativo o a aquélla con facultades para ejecutarla-, ya que lo cierto es que se trata de un acto que ocurre en una instancia jurisdiccional, específicamente, en la etapa de cumplimiento. Por lo que resulta razonable que el actor queda obligado a recorrer todas y cada una de sus instancias, tanto para obtener la suspensión de lo impugnado como para conseguir la ejecución de la sentencia que evidenció su ilegalidad; sobre todo porque no es viable abandonar la vía ordinaria en la etapa de cumplimiento y saltar de manera inmediata, para lograr éste, a la vía extraordinaria -juicio de amparo-. Por tanto, frente a la omisión de incumplimiento de una sentencia de nulidad, la parte quejosa debió interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque constituye un medio de defensa por virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias: Administrativa, Común, de rubro y contenido siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo". En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es evidente que no se agotó el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo para la procedencia del juicio constitucional, por lo que, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la citada legislación. No pasa inadvertido para quien resuelve, que mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Sala responsable el tres de agosto de dos mil veintidós, el ahora quejoso interpuso queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte, por la autoridad demandada, el cual fue desechado por improcedente mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós por la Sala responsable, con el argumento de que, por auto de uno del mismo mes y año citados, había requerido de oficio el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Sin embargo, la parte quejosa no impugnó dicha determinación, por lo que la consintió tácitamente, siendo que, si el recurso de queja es el medio por virtud del cual se puede lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, estaba obligado a impugnar dicha determinación, para dar cumplimiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. QUINTO. Ley de transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 6, párrafo segundo, apartado A, fracción II y, 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los diversos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." SEXTO. Anotaciones y firma de oficios. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se faculta a la actuaria adscrita para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación Por lo expuesto, fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo conforme al considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dese cumplimiento a los considerandos quinto y sexto. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades correspondientes.En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con quince minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 126/2023, el licenciado Víctor Manuel Jaimes Morelos, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido del licenciado Bernabé Lalito Hernández Flores, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el secretario dio lectura a la demanda y demás constancias de autos, asimismo, comunica que no existe documento o circunstancia con la que se deba dar cuenta; además CERTIFICA: Que durante la tramitación de este juicio de amparo, ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto continuo el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto a la falta de oposición de las partes para la publicación de sus datos personales, resuélvase lo procedente al dictarse la sentencia respectiva. A continuación, abierto el período probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales las que adjuntó la parte quejosa en su demanda de amparo, mismas que se tomarán en consideración al dictado de la sentencia correspondiente. Asimismo, se tienen como pruebas documentales las exhibidas por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Oaxaca de Juárez, consistentes en un cuadernillo de copias certificadas deducidas del expediente 4568/19-15-01-6 de su índice, y las remitidas por la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, documentales que serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto. Por otra parte, respecto a la prueba de informe que solicitó la parte quejosa en su demanda inicial con la cual pretende demostrar los antecedentes del acto reclamado; se estima que aun cuando la quejosa solicita que se remita "vía informe", ese medio de convicción en los términos en que lo expone, tiene la naturaleza de una prueba documental; por tanto, dígasele que ya obran en autos los informes justificados de las autoridades responsable, así como copia certificada de las constancias necesarias para el dictado de la sentencia correspondiente. En tanto que, se hace constar que no existe prueba pendiente por admitir ni desahogar, por lo que se cierra esta etapa. Acto posterior, abierto el periodo de alegatos, el secretario CERTIFICA: Que las partes no formularon alegatos, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento alguno; por lo que, el Juez acuerda: se tiene por efectuada la certificación que antecede para los efectos legales conducentes, con lo cual se ordena cerrar este período y, se procede a emitir la siguiente sentencia. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 126/2023, que promovió Armando Quintana Hipólito por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Armando Quintana Hipólito, por propio derecho, mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este Municipio, el trece de febrero del año en curso, y turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: Autoridades responsables: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL DEL SURESTE, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. B) C. DELEGADO Y/O RESPONSABLE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA. C) RESPONSABLE DE LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.". Actos reclamados: "IV.-ACTOS RECLAMADOS.- DE LOS INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL DEL SURESTE, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS LOS SIGUIENTES: LA OMISIÓN DE REALIZAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA ASEGURAR Y HACER CUMPLIR ÌNTEGRAMENTE LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RADICADO BAJO EL NÙMERO: 4568/19-15-01-6, EMITIDA CON FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE NINGUNA FORMA QUEDE INCUMPLIDA O SE EJECUTEN EN PLAZOS PROLONGADOS E INCIERTOS COMO LOS SUCEDE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTES CITADO. B) DE LAS DOS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES DELEGADO Y/O RESPONSABLE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA Y SUBDELEGADO DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA, SEÑALO AMBAS AUTORIDADES, COMO ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE ACATAR EN EL TÉRMINO LEGALMENTE ESTABLECIDO CON EL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LA RESOLUCIÒN Y/O SENTENCIA FIRME Y EJECUTORIADA DICTADA POR LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL DEL SURESTE, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, RADICADO BAJO EL NÙMERO: 4568/19-15-01-6, Y SENTENCIA DE FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Y DE REALIZAR ACTOS POR DEMÀS DILATORIOS Y PROLONGADOS, NEGLIGENTES E INJUSTIFCADOS QUE ME GENEREN DE MANERA CONTINUA PERJUICIOS A MIS DERECHOS HUMANOS". Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1º 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el 126/2023; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos General 23/2018 y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, y por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio e informes justificados, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La omisión de agotar el procedimiento para cumplir con la sentencia dictada el uno de diciembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad número ***********. 2. Del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Oaxaca en Oaxaca, y Encargado o Titular de la Subdelegación de Prestaciones de dicho Instituto: La omisión de cumplir la sentencia dictada el uno de diciembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad número 4568/19-15-01-6. Sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en Oaxaca, al rendir su informe justificado, por conducto de la representante legal de dicho Instituto, convino en la existencia del acto que se le atribuye. Por su parte, el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que de la lectura de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme a su numeral 2º, se advierte que no ha culminado el procedimiento establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. Asimismo, el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en Oaxaca, al rendir su informe justificado, por conducto la representante legal de dicho Instituto, negó la existencia del acto que se le atribuye, indicando que, mediante oficio REPOAX/UJ/0976/2023 de diecisiete de febrero del año en curso, se remitió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad de origen, para su cumplimiento, por ser el facultado para tal efecto. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que de la lectura de la sentencia cuya omisión de cumplimiento se reclama en esta instancia, se conoce que la misma se emitió en contra del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en Oaxaca. Por lo que, los requerimientos de la Sala responsable en relación al cumplimiento de dicha resolución, se han realizado a dicho Delegado; por lo que es inconcuso que le corresponde el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen. En consecuencia se tiene por cierto el acto que se la atribuye en esta instancia. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto de los actos reclamados, se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) El principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y que se encuentra contemplado en la fracción transcrita, dispone que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente del amparo debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, ante la autoridad competente. Cabe precisar que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino carga procesal que debe atender. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Materias(s): Común, Registro digital: 187016, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora, los actos reclamados en este juicio, esencialmente consisten en el incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo 4568/19-15-01-6, acto que se reclama a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades. Al efecto, se debe destacar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 58, dispone lo siguiente: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La sala regional, la sección o el pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la sala regional, la sección o el pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la sala regional, la sección o el pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la sala regional, la sección o el pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la sala regional, la sección o el pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la sala regional, la sección o el pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El magistrado instructor o el presidente de la sección o el presidente del tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la sala regional, la sección o el pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la sala regional, la sección o el pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la sala regional, la sección o el pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la sala regional, la sección o el pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la sala regional, la sección o el pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la sala regional, la sección o el pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. [.]". De su contenido se advierte que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla un mecanismo específico para lograr el pleno cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual está compuesto, por un lado, por un procedimiento oficioso mediante el cual la Sala respectiva requerirá a la demandada que informe sobre el cumplimiento de algún fallo, pudiendo, en caso de contumacia, multar a la autoridad o incluso requerirla por conducto de su superior jerárquico; comisionar a algún funcionario para que dé cumplimiento directo a la resolución, cuando la naturaleza del acto lo permita; y eventualmente poner en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento; y por otro, contempla, como parte de la etapa de cumplimiento de una sentencia de nulidad dictada en un juicio administrativo, la posibilidad para el actor de promover un recurso de queja en los casos siguientes: a. Contra la resolución que repita la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. b. En los casos en que la sentencia de nulidad haya obligado a la autoridad demandada a reponer un procedimiento o a emitir una nueva resolución en una instancia oficiosa, contra la resolución emitida y notificada después de concluido el plazo que al efecto les otorga la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus artículos 52 y 57, fracción I, inciso b). c. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. d. Contra el incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. Así, en la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, el tribunal ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento que rinda un informe dentro del plazo de cinco días, en el que justificará el acto que provocó la queja; hecho lo cual la sala regional, la sección o el pleno que corresponda, resolverá dentro de los cinco días siguientes, pudiendo multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, informar a su superior jerárquico e, incluso, llegar a declarar el cumplimiento sustituto del fallo en caso de que sea procedente. Así, se aprecia que el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, forma parte del procedimiento para lograr el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional. Sin que obste a lo anterior que el incumplimiento a una sentencia de nulidad sea un acto atribuible de manera directa a la autoridad -desde luego, a la que fungió como demandada en el juicio administrativo o a aquélla con facultades para ejecutarla-, ya que lo cierto es que se trata de un acto que ocurre en una instancia jurisdiccional, específicamente, en la etapa de cumplimiento. Por lo que resulta razonable que el actor queda obligado a recorrer todas y cada una de sus instancias, tanto para obtener la suspensión de lo impugnado como para conseguir la ejecución de la sentencia que evidenció su ilegalidad; sobre todo porque no es viable abandonar la vía ordinaria en la etapa de cumplimiento y saltar de manera inmediata, para lograr éste, a la vía extraordinaria -juicio de amparo-. Por tanto, frente a la omisión de incumplimiento de una sentencia de nulidad, la parte quejosa debió interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque constituye un medio de defensa por virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias: Administrativa, Común, de rubro y contenido siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo". En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es evidente que no se agotó el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo para la procedencia del juicio constitucional, por lo que, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la citada legislación. No pasa inadvertido para quien resuelve, que mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Sala responsable el tres de agosto de dos mil veintidós, el ahora quejoso interpuso queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte, por la autoridad demandada, el cual fue desechado por improcedente mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós por la Sala responsable, con el argumento de que, por auto de uno del mismo mes y año citados, había requerido de oficio el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Sin embargo, la parte quejosa no impugnó dicha determinación, por lo que la consintió tácitamente, siendo que, si el recurso de queja es el medio por virtud del cual se puede lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, estaba obligado a impugnar dicha determinación, para dar cumplimiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. QUINTO. Ley de transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 6, párrafo segundo, apartado A, fracción II y, 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los diversos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." SEXTO. Anotaciones y firma de oficios. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se faculta a la actuaria adscrita para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación Por lo expuesto, fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo conforme al considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dese cumplimiento a los considerandos quinto y sexto. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades correspondientes.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios REP/ISSSTE/UJOAX/1210/2023 y REP/ISSSTE/UJOAX/1211/2023, signados por la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, mediante los cuales rinde informe justificado, en representación del Subdelegado de Prestaciones y Delegado de ese instituto. Con los informes de que se trata, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga; sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y designando como delegados de su parte a las personas que menciona, en términos del numeral 9°, párrafo primero, de la ley de la materia. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en razón a su especial y especial naturaleza la documental que se anexa al oficio de cuenta, misma que, en su caso, será considerada en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, incorpórese a los autos el oficio 15-1-3-10614/23 signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Oaxaca de Juárez, mediante el cual, rinde el informe justificado solicitado. Con el contenido del mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. En términos del numeral 119 de la ley en la materia, se tienen como pruebas documentales de la Junta responsable, la copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente ******************** de su índice, que adjunta la oficiante a su informe de cuenta; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Ahora, a fin de facilitar el manejo del expediente citado, y con fundamento en lo establecido en penúltimo párrafo del numeral 22 del acuerdo 12/2020, se ordena guardarlo por separado en la secretaría de este Juzgado, formando el cuaderno auxiliar I anexo a este juicio de amparo, respetando el folio y entresello correspondientes. Asimismo, hágase del conocimiento a las partes, que al contener información confidencial en el referido expediente, y conforme al el artículo 23 del citado Acuerdo General, no formará parte del expediente electrónico de este juicio, por lo que, queda a su disposición para su consulta, a fin de que puedan imponerse de su contenido y manifestar lo que a sus derechos convenga. Se ordena realizar la certificación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respecto al cuaderno auxiliar. Notifíquese por lista electrónica.

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