Armando Portillo Zayas
Expediente 1359/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1359/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Armando Portillo Zayas
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa y tercero interesado el término de tres días otorgados a efecto de que desahogaran la vista ordenada en proveído de doce de agosto del año en curso, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I.- Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, [1] Edwin Yain Bahena Radaban, [2] Gilberto Chávez Soberanis, [3] Honorio Muñoz García, [4] Margarito Godínez de Dios y [5] Jorge Salgado Martinez, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, solicitaron el amparo y protección federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ll.- Efectos de la ejecutoria. El dos de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo, en el que se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; sin embargo el apoderado legal de la parte quejosa recurrió dicha resolución, mandado los autos para la substanciación del recurso de revisión interpuesto, el cual le toco conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, la superioridad resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Edwin Yain Bahena Rabadán, Gilberto Chávez Soberanis, Honorio Muñoz García, Margarito Godínez de Dios y Jorge Salgado Martínez, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje con sede en Chilpancingo, Guerrero, consistente en la omisión de acordar el escrito presentad el día dos de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 22/2009." Por auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió por a la autoridad responsable, el cumplimiento de dicho fallo amparador. Es decir, los efectos de la resolución pronunciada por dicha superioridad fueron para que: "[1] Proceda a acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil diecinueve. [2] Lo notifique a las partes en el juicio laboral de origen." III.- Actuaciones de la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizó lo siguiente: Mediante oficio 6647/2022, remitió copia autorizada con firmas autógrafas del auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 22/2009, de su índice, donde realizó lo siguiente: En atención a la ejecutoria de amparo dictada en los presentes autos, el órgano laboral responsable, en relación al numeral [1] procedió acordar el escrito de la parte actora presentado el dos de diciembre de dos mil diecinueve, donde el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, hizo efectiva la multa decretada en auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, toda vez que feneció el término concedido en el auto citado en líneas que anteceden, asimismo volvió a requerir nuevamente al demandado (Ayuntamiento Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero), por conducto de la Síndica Procuradora del citado Ayuntamiento, apercibiéndola con multa de quinientos días de salario mínimo, finalmente el órgano laboral responsable no acordó favorable la petición de vincular a la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al cumplimiento del laudo dictado en autos del juicio laboral del índice de la autoridad responsable.(Foja 156 a 158 del juicio de amparo indirecto 555/2020) Ahora en relación al punto marcado con el numero [2] mediante oficio 7303/2022, remitió copias certificadas de las constancias de notificación a las partes correspondientes al auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 22/2009, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero.(Foja 163 a 165 ídem) De lo anterior se advierte que el órgano laboral responsable, siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa y dictó el auto de tres de octubre de dos mil veintidós, donde hizo efectivas las multas impuestas que decretó por auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, y volvió a requerir al ayuntamiento demandado por conducto de la Síndica Procuradora, y realizó los apercibimientos correspondientes, y procedió acordar la petición de vincular a la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al cumplimiento del laudo dictado en autos del juicio laboral del índice de la responsable y finalmente remitió las constancias de notificación respectivas. IV. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. V. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde **** y fórmese el expediente físico y electrónico. Ahora, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Atento a lo anterior, el suscrito juzgador advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que del capítulo del acto reclamado señalado en la demanda de amparo, la peticionaria del amparo aduce como tal la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la cual en lo que interesa establece lo siguiente: ". SEGUNDO.- Se confirma el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, residente en Tlapa de Comonfort, en el juicio de liquidación de la sociedad conyugal, por no haber operado la figura jurídica de la caducidad." En efecto, por lo que respecta al acto reclamado antes transcrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 113, 171 y 172, fracción V, del mismo ordenamiento legal, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;." De la lectura armonizada de los dispositivos legales transcritos, se desprende la notoria improcedencia de la demanda en estudio, en virtud de que el acto reclamado por la peticionaria del amparo, consiste la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en la cual confirma la determinación de veintidós de marzo de dos mil vendidos, dictada en el expediente número 115/2018-II, por el Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, relativo al juicio de liquidación de la sociedad conyugal. Por lo que en el caso, la resolución aquí reclamada emitida por la Sala, nos remite a la determinación de veintidós de marzo de dos mil vendidos, en el cual el juez primario declaró improcedente declarar la caducidad de la instancia, en razón de que no han sido emplazados los terceros llamados a juicio, en autos del expediente número *****. En ese sentido, el acto antes destacado no es de aquellos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial atento a la hipótesis prevista por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, antes transcrita, en relación con el diverso artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), que dice: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.-.. II.-.. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales y administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).. b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan..." De la interpretación sistemática y armónica de dichos normativos, se llega a la reflexión que el juicio de garantías procede ante un juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tiene una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente solamente con el hecho de que quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. Pues en el caso propuesto, el acto reclamado por el impetrante de garantías constituye una violación procesal cometida dentro de la secuela del proceso, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos en el auto que declara improcedente declarar la caducidad en el expediente de origen, al no haber sido emplazados los terceros llamados a juicio; toda vez que el hecho de que se haya declarado su improcedencia, no conculca en modo alguno sus derechos fundamentales que tutela la Constitución Federal de la República a través de las garantías individuales, como lo son la libertad, integridad física, posesiones o derechos, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales dentro del juicio laboral de origen. Lo anterior se determina así, en virtud de que en el caso concreto existe la eventualidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable en el juicio de origen, supuesto en el cual desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en la demanda de amparo directo que se promueva contra dicho laudo o resolución que ponga fin al juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2011428, publicada en la página en el Libro 29, abril de 2016, Tomo I, página 15, Decima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: ".CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo..." En mérito de lo expuesto, se concluye que al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya analizada, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; asimismo, téngase al promovente por señalado medio alternativo de comunicación. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese lo anterior al Actuario Judicial con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, ****, ****, ****, **** y ****, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a *****, ***** y *****, por no estar registradas en el aludido sistema. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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