Armando Pérez Múñoz

Expediente 1649/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1649/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Armando Pérez Múñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    EN ZAPOPAN, JALISCO, A LAS NUEVE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO 913/2020, AL ESTAR EN AUDIENCIA PÚBLICA FABIOLA MORENO PÉREZ, JUEZ DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, ANTE ANDRÉS MANUEL MAGAÑA GONZÁLEZ, SECRETARIA QUE AUTORIZA Y DA FE, LA DECLARÓ ABIERTA SIN LA ASISTENCIA DE LAS PARTES, NI DE PERSONA ALGUNA QUE LAS REPRESENTE. ACTO CONTINUO, EN ACATAMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A HACER LA RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS Y DAR CUENTA A LA JUEZ, CON EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS. LA JUEZ ACUERDA: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 117 Y 119 DE LA LEY DE AMPARO, SE REITERA LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO EMITIDO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO LA ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN AUTOS, LO CUAL SERÁ TOMADO EN CONSIDERACIÓN EN LA SIGUIENTE ETAPA PROCESAL. - DESECHAMIENTO DE PRUEBAS. EN ESTE MOMENTO EL SECRETARIO DA CUENTA A LA JUEZ, CON EL ESTADO DE AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE EN PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE RESERVÓ LO CONDUCENTE A LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LA PRUEBA DE PERICIAL EN CONTABILIDAD, HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, LO QUE YA SUCEDIÓ, POR LO QUE SE LEVANTA DICHA RESERVA; A LO ANTERIOR, LA JUEZ ACUERDA: CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 17 CONSTITUCIONAL, 67 Y 119 DE LA LEY DE AMPARO, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA PROBANZA OFRECIDA POR LA PARTE QUEJOSA. LO ANTERIOR, EN RAZÓN DE QUE DICHO MEDIO DE CONVICCIÓN FUE OFRECIDO PARA DEMOSTRAR EL ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES RECLAMADOS; EMPERO, RESULTA OCIOSO LLEVAR ACABO EL DESAHOGO DEL REFERIDO MEDIO DE PRUEBA, YA QUE EN AUTOS OBRAN LAS DECLARACIONES RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIECINUEVE, DE LAS QUE SE DESPRENDE QUE LAS SOCIEDADES QUEJOSAS DEDUJERON CANTIDADES POR CONCEPTO DE COSTO DE LO VENDIDO, Y QUE LA MISMA SE LIMITÓ DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS PREVISTAS EN LAS NORMAS RECLAMADAS; POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL DESAHOGO DE DICHA PRUEBA PERICIAL PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. MÁXIME, QUE ACORDE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CARTA MAGNA, LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DEBE SER PRONTA Y EXPEDITA, POR LO QUE RESULTARÍA POR MÁS OCIOSO EL DESAHOGO DE PRUEBAS INNECESARIAS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. SOBRE EL TEMA, RESULTA ORIENTADORA LA JURISPRUDENCIAL 397, VISIBLE EN LA PÁGINA 267, TOMO VI, PARTE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SÉPTIMA ÉPOCA DEL APÉNDICE DE 1995, QUE DICE: PRUEBA, DESECHAMIENTO DE. TRATANDOSE DE LA QUE NO INFLUIRA EN EL SENTIDO DEL FALLO, NO CAUSA AGRAVIO. ASIMISMO, TIENE APLICACIÓN LA JURISPRUDENCIA P./J. 41/2001, POR ANALOGÍA, SUSTENTADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR CONTRADICCIÓN DE TESIS, VISIBLE EN LA PÁGINA 157, NOVENA ÉPOCA, TOMO XIII, SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE DOS MIL UNO, QUE DICE: PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SE ABRE EL PERIODO DE PRUEBAS. ACTO CONTINUO, SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO, EN EL QUE SE TIENEN POR RELACIONADAS LAS PRUEBAS DOCUMENTALES, MISMAS QUE SE TIENEN POR DESAHOGADAS EN RAZÓN DE SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA; SIN QUE EXISTA DIVERSO MEDIO DE CONVICCIÓN PENDIENTE POR DESAHOGAR, SE DECLARA CERRADA ESTA ETAPA. PERIODO DE ALEGATOS. SE ABRE EL PERIODO DE ALEGATOS, EN EL QUE SE HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PARTE HIZO VALER ESE DERECHO, POR LO QUE SE CONCLUYE ESTE PERIODO. AL NO HABER DILIGENCIA PENDIENTE POR DESAHOGAR, SE PROCEDE A DICTAR LA SENTENCIA QUE EN DERECHO CORRESPONDA. V I S T O S, PARA RESOLVER, LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 913/2020, PROMOVIDO POR - DE PUERTO VALLARTA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y - DE GUADALAJARA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONTRA LOS ACTOS QUE RECLAMA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRAS AUTORIDADES; Y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. POR ESCRITO PRESENTADO EL VEINTE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, ANTE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, - DE PUERTO VALLARTA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y - DE GUADALAJARA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS LEGALES, SOLICITARON EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, POR LOS ACTOS Y CONTRA LAS AUTORIDADES QUE PRECISARON EN SU ESCRITO DE DEMANDA, MISMA QUE FUE TURNADA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE PASADO. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. MEDIANTE AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE ADMITIÓ LA DEMANDA PROPUESTA A LA QUE SE ASIGNÓ EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 913/2020, SE REQUIRIÓ A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA QUE RINDIERAN INFORME JUSTIFICADO, SE DIO VISTA AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN Y SE SEÑALÓ HORA Y DÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, LA CUAL SE CELEBRÓ EN LOS TÉRMINOS DEL ACTA QUE ANTECEDE. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. ESTE JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 94, 103, FRACCIÓN I Y 107, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 33, 35, 37 Y 107 DE LA LEY DE AMPARO Y 52 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; EN RELACIÓN CON EL ACUERDO GENERAL 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO, POR RECLAMARSE UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CUYA APLICACIÓN SE VERIFICARÁ DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A FIJAR LA LITIS CONSTITUCIONAL EN LA PRESENTE INSTANCIA. EN ESAS CONDICIONES, TENEMOS QUE LOS ACTOS QUE SE COMBATEN EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SON: DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (CÁMARA DE DIPUTADOS Y DE SENADORES): LA DISCUSIÓN, APROBACIÓN, EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y SE ABROGAN LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, Y LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EN ESPECÍFICO LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN II, Y 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; Y, LA APLICACIÓN DE DICHOS PRECEPTOS NORMATIVOS MATERIALIZADA A TRAVÉS DE LA DECLARACIÓN ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIECINUEVE. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PUES ASÍ LO RECONOCIERON AL MOMENTO DE RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. POR SU PARTE, LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, FUE OMISA EN RENDIR SU INFORME, NO OBSTANTE DE ESTAR NOTIFICADA DEL REQUERIMIENTO FORMULADO PARA TAL EFECTO, POR LO QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO, SE PRESUME LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. ADEMÁS, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, QUEDA ACREDITADA PLENAMENTE LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE RECLAMA, AL CORRESPONDER A UNA NORMA DE OBSERVANCIA GENERAL, QUE POR SU NATURALEZA, ES DE CONOCIMIENTO GENERAL, AL HABER SIDO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y, POR CONSIGUIENTE, NO ES OBJETO DE PRUEBA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 86 Y 88 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE AL CASO LA JURISPRUDENCIA, POR LOS RAZONAMIENTOS JURÍDICOS QUE LA CONTIENEN, CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN, RUBRO Y TEXTO, SON DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: NOVENA ÉPOCA PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUARTO. IMPROCEDENCIA. PREVIAMENTE AL ESTUDIO DE FONDO DEL JUICIO DEBEN EXAMINARSE LOS PLANTEAMIENTOS DE INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN HECHOS VALER POR LAS PARTES O ADVERTIDAS DE OFICIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE AMPARO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑALÓ QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XII, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACREDITA QUE LOS ARTÍCULOS RECLAMADOS LE SEAN APLICABLES Y POR TANTO, LE GENEREN UNA AFECTACIÓN A SU ESFERA JURÍDICA. DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ES INFUNDADA. LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO ESTABLECE: ARTÍCULO 61. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE: [.] XII. CONTRA ACTOS QUE NO AFECTEN LOS INTERESES JURÍDICOS O LEGÍTIMOS DEL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5 DE LA PRESENTE LEY, Y CONTRA NORMAS GENERALES QUE REQUIERAN DE UN ACTO DE APLICACIÓN POSTERIOR AL INICIO DE SU VIGENCIA; CONFORME CON DICHO PRECEPTO, PARA QUE EL AMPARO RESULTE PROCEDENTE CONTRA NORMAS GENERALES ÉSTAS DEBEN PROVOCAR UN PERJUICIO EN LA ESFERA DEL GOBERNADO QUE LO LEGITIMA PARA ACCIONAR EL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO CONCRETO EN QUE AQUELLAS SE APLIQUEN. COMO SE ADELANTÓ, LA PARTE QUEJOSA ACUDE AL JUICIO CONSTITUCIONAL A RECLAMAR, ENTRE OTROS, CON EL CARÁCTER HETEROAPLICATIVO, LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN II, Y 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LOS CUALES TEXTUALMENTE ESTABLECEN: ARTÍCULO 25. LOS CONTRIBUYENTES PODRÁN EFECTUAR LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES: [.] II. EL COSTO DE LO VENDIDO. [.] ARTÍCULO 39. EL COSTO DE LAS MERCANCÍAS QUE SE ENAJENEN, ASÍ COMO EL DE LAS QUE INTEGREN EL INVENTARIO FINAL DEL EJERCICIO, SE DETERMINARÁ CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTÓRICOS O PREDETERMINADOS. EN TODO CASO, EL COSTO SE DEDUCIRÁ EN EL EJERCICIO EN EL QUE SE ACUMULEN LOS INGRESOS QUE SE DERIVEN DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES DE QUE SE TRATE. [.] EN NINGÚN CASO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO. EL PRIMERO DE LOS PRECEPTOS ANTES TRANSCRITOS, ESTABLECE COMO DEDUCCIÓN EL COSTO DE LO VENDIDO, EN TANTO QUE EL SEGUNDO DE LOS CITADOS ESTABLECE LA PROHIBICIÓN DE DAR EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO. EL ANTERIOR SUPUESTO NORMATIVO COBRÓ VIGENCIA A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, A SABER, EL UNO DE ENERO DE DOS MIL CATORCE. AHORA, LA PETICIONARIA COMBATE DICHOS PRECEPTOS LEGALES, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, ES DECIR, A TRAVÉS DE LAS DECLARACIONES ANUALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIECINUEVE, PRESENTADAS VÍA ELECTRÓNICA EL TREINTA Y UNO DE MARZO Y VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE; DOCUMENTALES A LAS QUE SE LES CONCEDE VALOR PROBATORIO PLENO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 197, 202, 203 Y 210-A, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, EN TÉRMINOS DE SU NUMERAL 2, DE LA CUAL SE ADVIERTE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUES LA PARTE QUEJOSA REPORTÓ SALDOS DE INVENTARIOS DERIVADOS DE LA COMPRA Y VENTA DE BIENES. POR TANTO, DICHAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS, CONSTITUYEN UN DOCUMENTO IDÓNEO PARA TENER POR DEMOSTRADO EL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS Y POR ENDE, EL INTERÉS JURÍDICO DE LAS CONTRIBUYENTES QUEJOSAS. POR TANTO, AL ACREDITAR LA QUEJOSA QUE CONTABA CON INVENTARIOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIECINUEVE Y QUE SE VIO IMPOSIBILITADA DE DAR EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, ELLO EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO, EN EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SE DESESTIMA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. EN CONSECUENCIA, AL RESULTAR INFUNDADA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA HECHA VALER, Y AL EXAMINAR EL EXPEDIENTE QUE SE TIENE A LA VISTA, NO SE ADVIERTE DE OFICIO LA APARICIÓN DE DIVERSA CAUSAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE AMPARO; POR ELLO, NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DEL ORDENAMIENTO LEGAL EN CITA; EN CONSECUENCIA, NO EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA ANALIZAR LA INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA POR LA PARTE QUEJOSA, EN SU DEMANDA DE AMPARO. QUINTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS RECLAMADAS. FIJACIÓN DE LA LITIS. EN PRINCIPIO, ES MENESTER SEÑALAR QUE LA LITIS EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SE CENTRA EN DETERMINAR SI EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 72, PÁRRAFO SEGUNDO Y 74, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIOLA EN EL PERJUICIO DE LA PARTE QUEJOSA EL DERECHO HUMANO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CARTA MAGNA. ASIMISMO, SI EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REFERIDO CUERPO NORMATIVO, VULNERA EL DIVERSO PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, CONSAGRADO EN EL REFERIDO PRECEPTO CONSTITUCIONAL. II. NEGATIVA DE AMPARO. LA PARTE QUEJOSA ADUCE ESENCIALMENTE QUE EL NUMERAL 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, TRASGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DEL PACTO FEDERAL, PORQUE LE DA UN TRATO DESIGUAL RESPECTO DE OTROS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENCUENTRAN EN LA MISMA SITUACIÓN DE HECHO, SIN QUE EXISTA UNA RAZÓN QUE JUSTIFIQUE ESA DISTINCIÓN EN EL TRATO. DICHO MOTIVO DE INCONFORMIDAD ES INFUNDADO POR LAS SIGUIENTES RAZONES. EN PRINCIPIO, DEBE SIGNIFICARSE QUE EL DERECHO A LA EQUIDAD CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXIGE QUE LOS CONTRIBUYENTES DE UN IMPUESTO QUE SE ENCUENTRAN EN UNA MISMA HIPÓTESIS DE CAUSACIÓN, DEBEN GUARDAR UNA IDÉNTICA SITUACIÓN FRENTE A LA NORMA JURÍDICA QUE LOS REGULA, LO QUE A LA VEZ IMPLICA QUE LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS DEBEN TRATAR DE MANERA IGUAL A QUIENES SE ENCUENTREN EN UNA MISMA SITUACIÓN Y DE MANERA DESIGUAL A LOS SUJETOS DEL GRAVAMEN QUE SE UBIQUEN EN UNA SITUACIÓN DIVERSA, IMPLICANDO, ADEMÁS, QUE PARA PODER CUMPLIR CON ESTE PRINCIPIO EL LEGISLADOR NO SÓLO ESTÁ FACULTADO, SINO QUE TIENE OBLIGACIÓN DE CREAR CATEGORÍAS O CLASIFICACIONES DE CONTRIBUYENTES, A CONDICIÓN DE QUE ÉSTAS NO SEAN CAPRICHOSAS O ARBITRARIAS, O CREADAS PARA HOSTILIZAR A DETERMINADAS CLASES O A UN UNIVERSO DE CAUSANTES. EN ESE SENTIDO, EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA JURISPRUDENCIA DE RUBRO: EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS, ESTABLECIÓ QUE EXISTEN CIERTOS ELEMENTOS OBJETIVOS QUE PERMITEN DELIMITAR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, A SABER: NO TODA DESIGUALDAD DE TRATO POR LA LEY SUPONE UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SINO QUE DICHA VIOLACIÓN SE CONFIGURA ÚNICAMENTE SI AQUELLA DESIGUALDAD PRODUCE DISTINCIÓN ENTRE SITUACIONES TRIBUTARIAS QUE PUEDEN CONSIDERARSE IGUALES SIN QUE EXISTA PARA ELLO UNA JUSTIFICACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE. A IGUALES SUPUESTOS DE HECHO DEBEN CORRESPONDER IDÉNTICAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. NO SE PROHÍBE AL LEGISLADOR CONTEMPLAR LA DESIGUALDAD DE TRATO, SINO SÓLO EN LOS CASOS EN QUE RESULTA ARTIFICIOSA O INJUSTIFICADA LA DISTINCIÓN; Y, PARA QUE LA DIFERENCIACIÓN TRIBUTARIA RESULTE ACORDE CON LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD, LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE RESULTAN DE LA LEY, DEBEN SER ADECUADAS Y PROPORCIONADAS, PARA CONSEGUIR EL TRATO EQUITATIVO, DE MANERA QUE LA RELACIÓN ENTRE LA MEDIDA ADOPTADA, EL RESULTADO QUE PRODUCE Y EL FIN PRETENDIDO POR EL LEGISLADOR, SUPEREN UN JUICIO DE EQUILIBRIO EN SEDE CONSTITUCIONAL. POR TANTO, LA EQUIDAD RADICA EN DAR UN TRATO IGUAL A LOS IGUALES Y UNO DESIGUAL A LOS DESIGUALES, AUNQUE NO TODA DESIGUALDAD DE TRATO ESTABLECIDA EN LA LEY SUPONE UNA VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SIEMPRE Y CUANDO ELLO SE BASE EN RAZONES OBJETIVAS. ES ASÍ, PORQUE EL TEXTO CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES ANTE LA LEY, SIN QUE PUEDA PREVALECER DISCRIMINACIÓN ALGUNA POR RAZÓN DE NACIMIENTO, RAZA, SEXO, RELIGIÓN O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN O CIRCUNSTANCIA PERSONAL O SOCIAL; EN RELACIÓN CON LA MATERIA TRIBUTARIA, CONSIGNA EXPRESAMENTE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD PARA QUE, CON CARÁCTER GENERAL, LOS PODERES PÚBLICOS TENGAN EN CUENTA QUE LOS PARTICULARES QUE SE ENCUENTREN EN LA MISMA SITUACIÓN DEBEN SER TRATADOS IGUALMENTE, SIN PRIVILEGIO NI FAVOR. CONFORME A ESTAS BASES, EL PRINCIPIO DE EQUIDAD SE CONFIGURA COMO UNO DE LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, LO QUE SIGNIFICA QUE HA DE SERVIR DE CRITERIO BÁSICO DE LA PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DE SU POSTERIOR INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. LA CONSERVACIÓN DE ESTE PRINCIPIO, SIN EMBARGO, NO SUPONE QUE TODAS LAS PERSONAS SEAN IGUALES, CON UN PATRIMONIO Y NECESIDADES SEMEJANTES, YA QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RECONOCE IMPLÍCITAMENTE LA EXISTENCIA DE DESIGUALDADES MATERIALES Y ECONÓMICAS. EL VALOR SUPERIOR QUE PERSIGUE ESTE PRINCIPIO CONSISTE, ENTONCES, EN EVITAR QUE EXISTAN NORMAS QUE, LLAMADAS A PROYECTARSE SOBRE SITUACIONES DE IGUALDAD DE HECHO, PRODUZCAN COMO EFECTO DE SU APLICACIÓN LA RUPTURA DE ESA IGUALDAD AL GENERAR UN TRATO DISCRIMINATORIO ENTRE SITUACIONES ANÁLOGAS, O BIEN, PROPICIAR EFECTOS SEMEJANTES SOBRE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES DISPARES, LO QUE SE TRADUCE EN DESIGUALDAD JURÍDICA. BAJO ESE CONTEXTO, AL EXAMINAR SI UNA NORMA JURÍDICA DETERMINADA RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, DEBE TOMARSE EN CUENTA LO SIGUIENTE: 1) LA EXISTENCIA DE UNA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE INDIVIDUOS O GRUPOS QUE SE ENCUENTREN EN UNA SITUACIÓN COMPARABLE (NO NECESARIAMENTE IDÉNTICA, SINO SOLAMENTE ANÁLOGA). 2) DE EXISTIR ESA SITUACIÓN COMPARABLE, LA PRECISIÓN NORMATIVA DEBE OBEDECER A UNA FINALIDAD LEGÍTIMA (OBJETIVA Y CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA). 3) DE REUNIRSE AMBOS REQUISITOS, LA DISTINCIÓN CONSTITUYA UN MEDIO APTO Y ADECUADO PARA CONDUCIR AL FIN U OBJETIVO QUE EL CREADOR DE LA NORMA QUIERE ALCANZAR, ES DECIR, QUE EXISTA UNA RELACIÓN DE INSTRUMENTALIDAD ENTRE LA MEDIDA CLASIFICATORIA Y EL FIN PRETENDIDO. 4) DE ACTUALIZARSE ESAS TRES CONDICIONES, SE REQUIERE, ADEMÁS, QUE LA CONFIGURACIÓN DE LA NORMA NO DÉ LUGAR A UNA AFECTACIÓN DESPROPORCIONADA O DESMEDIDA DE LOS BIENES Y DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. POR ENDE, EL PRIMER CRITERIO PARA ANALIZAR UNA NORMA A LA LUZ DE LA EQUIDAD CONSISTE EN ELEGIR EL TÉRMINO DE COMPARACIÓN APROPIADO, QUE PERMITA COMPARAR A LOS SUJETOS DESDE UN DETERMINADO PUNTO DE VISTA Y, CON BASE EN ÉSTE, ESTABLECER SI SE ENCUENTRAN O NO EN UNA SITUACIÓN DE IGUALDAD RESPECTO DE OTROS INDIVIDUOS SUJETOS A DIVERSO RÉGIMEN Y SI EL TRATO QUE SE LES DA, CON BASE EN EL PROPIO TÉRMINO DE COMPARACIÓN, ES DIFERENTE; PUES EN CASO DE QUE LOS SUJETOS NO SEAN IGUALES O NO SE UBIQUEN EN SITUACIONES ANÁLOGAS, NO PODRÁ AVANZARSE EN LOS SIGUIENTES PASOS. ES DECIR, EL ANÁLISIS PRECISA, EN PRIMERA INSTANCIA, QUE LOS ELEMENTOS QUE SE COMPAREN PERTENEZCAN A UN GRUPO HOMOGÉNEO, PUES ADVERTIDA ESTA SITUACIÓN, EL OPERADOR DEL DERECHO ESTARÁ EN APTITUD DE VERIFICAR SI LA PRECISIÓN NORMATIVA OBEDECE O NO A UNA FINALIDAD LEGÍTIMA (OBJETIVA Y CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA), SI LA DISTINCIÓN CONSTITUYE O NO UN MEDIO APTO Y ADECUADO PARA CONDUCIR AL FIN U OBJETIVO QUE EL CREADOR DE LA NORMA QUIERE ALCANZAR, Y SI LA NORMA DA O NO LUGAR A UNA AFECTACIÓN DESPROPORCIONADA O DESMEDIDA DE LOS BIENES Y DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. DE ESA SUERTE, SI NO SE ESTÁ EN APTITUD DE VERIFICAR CIRCUNSTANCIAS COMPARABLES, PORQUE PRECISAMENTE NO SE TRATE DE SITUACIONES HOMOGÉNEAS, NO PUEDE HABLARSE QUE LA NORMA COMPROMETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD. AHORA, CON EL PROPÓSITO DE ANALIZAR SI ENTRE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL Y DE LOS REGÍMENES DE LOS COORDINADOS Y DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, EXISTE TRATO INEQUITATIVO, ES CONVENIENTE ACUDIR A LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN II, 72, 74 Y 103, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LOS CUALES SEÑALAN LO SIGUIENTE: CAPÍTULO II DE LAS DEDUCCIONES SECCIÓN I DE LAS DEDUCCIONES EN GENERAL ARTÍCULO 25. LOS CONTRIBUYENTES PODRÁN EFECTUAR LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES: (.) II. EL COSTO DE LO VENDIDO. (.) CAPÍTULO VII DE LOS COORDINADOS ARTÍCULO 72. SE CONSIDERAN COORDINADOS, A LAS PERSONAS MORALES QUE ADMINISTRAN Y OPERAN ACTIVOS FIJOS O ACTIVOS FIJOS Y TERRENOS, RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA ACTIVIDAD DEL AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA O DE PASAJEROS Y CUYOS INTEGRANTES REALICEN ACTIVIDADES DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA O PASAJEROS O COMPLEMENTARIAS A DICHAS ACTIVIDADES Y TENGAN ACTIVOS FIJOS O ACTIVOS FIJOS Y TERRENOS, RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON DICHAS ACTIVIDADES. LOS COORDINADOS CUMPLIRÁN CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LEY, APLICANDO AL EFECTO LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN I DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO IV DE LA MISMA, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: (.) CAPÍTULO VIII RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS ARTÍCULO 74. DEBERÁN CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME AL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO, LOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTES: I. LAS PERSONAS MORALES DE DERECHO AGRARIO QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O SILVÍCOLAS, LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN Y LAS DEMÁS PERSONAS MORALES, QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A DICHAS ACTIVIDADES. II. LAS PERSONAS MORALES QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES PESQUERAS, ASÍ COMO LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A DICHAS ACTIVIDADES. III. LAS PERSONAS FÍSICAS QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS. (.) LAS PERSONAS MORALES A QUE SE REFIERE ESTE CAPÍTULO, CUMPLIRÁN CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LEY CONFORME LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN I DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO IV DE LA MISMA, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: (.) CAPÍTULO II DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES SECCIÓN I DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES ARTÍCULO 103. LAS PERSONAS FÍSICAS QUE OBTENGAN INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES O SERVICIOS PROFESIONALES, PODRÁN EFECTUAR LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES: (.) II. LAS ADQUISICIONES DE MERCANCÍAS, ASÍ COMO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS, QUE UTILICEN PARA PRESTAR SERVICIOS, PARA FABRICAR BIENES O PARA ENAJENARLOS. NO SERÁN DEDUCIBLES CONFORME A ESTA FRACCIÓN LOS ACTIVOS FIJOS, LOS TERRENOS, LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES, OBLIGACIONES Y OTROS VALORES MOBILIARIOS, LOS TÍTULOS VALOR QUE REPRESENTEN LA PROPIEDAD DE BIENES, EXCEPTO CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE BIENES O MERCANCÍAS, LA MONEDA EXTRANJERA, LAS PIEZAS DE ORO O DE PLATA QUE HUBIERAN TENIDO EL CARÁCTER DE MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA NI LAS PIEZAS DENOMINADAS ONZAS TROY. EN EL CASO DE INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y DE ACCIONES, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE ESTA LEY, RESPECTIVAMENTE. DE LA INTELECCIÓN DE LOS PRECEPTOS ANTES TRANSCRITOS, SE OBTIENE QUE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL, PODRÁN DEDUCIR LAS MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS CONFORME AL COSTO DE LO VENDIDO. EN CAMBIO, LAS PERSONAS MORALES DE LOS REGÍMENES DE LOS COORDINADOS Y DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 72 Y 74 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PODRÁN DEDUCIR DICHOS CONCEPTOS EN EL MOMENTO EN QUE EFECTÚEN LA ADQUISICIÓN. SIN EMBARGO, ESTE TRATO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE SUJETOS PASIVOS. EN EFECTO, LAS SOCIEDADES QUE TRIBUTAN DENTRO DE LOS REGÍMENES DE LOS COORDINADOS Y DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, NO GUARDAN SEMEJANZA SUSTANCIAL CON RESPECTO A LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL, DADO QUE AQUÉLLOS Y ÉSTAS REALIZAN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DIVERSAS. ASÍ, LAS PERSONAS MORALES QUE ADMINISTRAN Y OPERAN ACTIVOS FIJOS O ACTIVOS FIJOS Y TERRENOS, RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA ACTIVIDAD DEL AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA O DE PASAJEROS Y CUYOS INTEGRANTES REALICEN ACTIVIDADES DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA O PASAJEROS O COMPLEMENTARIAS A DICHAS ACTIVIDADES Y TENGAN ACTIVOS FIJOS O ACTIVOS FIJOS Y TERRENOS, RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON DICHAS ACTIVIDADES; ASÍ COMO LAS DE DERECHO AGRARIO QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O SILVÍCOLAS, LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN Y LAS DEMÁS PERSONAS MORALES, QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A DICHAS ACTIVIDADES; Y, LAS SOCIEDADES QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES PESQUERAS, ASÍ COMO LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A DICHAS ACTIVIDADES, TIENEN PERMITIDO DEDUCIR LAS ADQUISICIONES EN EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚAN, MIENTRAS QUE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL PUEDEN EFECTUAR LA DEDUCCIÓN CONFORME AL COSTO DE LO VENDIDO, ESTO ES, HASTA EL MOMENTO EN QUE SE REALICE LA ENAJENACIÓN. DE LOS PRECEPTOS JURÍDICOS EN ANÁLISIS SE JUSTIFICA EL TRATO QUE SE DA A LAS PERSONAS MORALES DE LOS REGÍMENES DE LOS COORDINADOS Y DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, TODA VEZ QUE ÉSTAS, POR REALIZAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL SECTOR PRIMARIO DE LA ECONOMÍA, CONSTITUYEN UNA PRIORIDAD EN TÉRMINOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. ADEMÁS, TAL AFIRMACIÓN SE SUSTENTA EN EL DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE FORMA PARTE DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL REFERIR QUE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, CORRESPONDEN A LOS CONTRIBUYENTES DEL SECTOR PRIMARIO. ASÍ, EL LEGISLADOR QUISO QUE A LAS PERSONAS MORALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES VINCULADAS AL SECTOR PRIMARIO DE LA ECONOMÍA NACIONAL, SE LES OTORGARA UN TRATO DIFERENTE RESPECTO DE LAS DIVERSAS QUE TRIBUTAN BAJO EL RÉGIMEN GENERAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUES LOS ARGUMENTOS DE ÍNDOLE SOCIAL Y ECONÓMICA EXPRESADOS EN LA VIGÉSIMA CUARTA CONSIDERACIÓN DEL ALUDIDO DICTAMEN PERMITEN ASEVERARLO DE ESA MANERA. EN ESA LÍNEA, ES FACTIBLE SOSTENER QUE LAS PERSONAS MORALES QUE ADMINISTRAN Y OPERAN ACTIVOS FIJOS O ACTIVOS FIJOS Y TERRENOS, RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA ACTIVIDAD DEL AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA O DE PASAJEROS Y CUYOS INTEGRANTES REALICEN ACTIVIDADES DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA O PASAJEROS O COMPLEMENTARIAS A DICHAS ACTIVIDADES Y TENGAN ACTIVOS FIJOS O ACTIVOS FIJOS Y TERRENOS, RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON DICHAS ACTIVIDADES; ASÍ COMO LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS, NO SE ENCUENTRAN EN IGUALDAD DE CONDICIONES RESPECTO DE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL QUE REALIZAN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE DISTINTA ÍNDOLE. AUNADO A ELLO, DEBE CONSIDERARSE QUE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS REGÍMENES DE LOS COORDINADOS Y DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, ATIENDE A CATEGORÍAS ABSTRACTAS DE SUJETOS COLOCADOS EN SITUACIONES OBJETIVAMENTE DISTINTAS QUE, POR LAS RAZONES DE ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL APUNTADAS EN EL PROCESO LEGISLATIVO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AMERITAN UN TRATAMIENTO FISCAL DISTINTO DEL APLICABLE PARA EL RESTO DE LOS CONTRIBUYENTES. SITUACIÓN QUE ADEMÁS ASEGURA EL DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO INTEGRADO, POR REGLA GENERAL, POR EL NIVEL ECONÓMICO MÁS VULNERABLE, CON EL FIN DE INCENTIVAR EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, Y CON ELLO LOGRAR SU AUGE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL. CON BASE EN LO ANTERIOR, SE CONCLUYE QUE EL PLANTEAMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA ES INFUNDADO, EN VIRTUD DE QUE LAS ACTIVIDADES DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA O DE PASAJEROS O COMPLEMENTARIAS DE ESE GIRO, QUE SE ENCUENTREN SUJETAS AL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS; LAS PERSONAS MORALES DE DERECHO AGRARIO QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O SILVÍCOLAS, LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, Y LAS DEMÁS QUE SE DEDIQUEN EN EXCLUSIVO A DICHAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO QUIENES REALICEN ÚNICAMENTE ACTIVIDADES PESQUERAS Y LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN QUE TENGAN COMO GIRO EXCLUSIVO DICHAS ACTIVIDADES DE PESCA, REPRESENTAN PARA EL PAÍS UNA ALTA PRIORIDAD. LO EXPUESTO CONDUCE A SOSTENER QUE LA DEDUCCIÓN DE ADQUISICIONES DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS, QUE UTILICEN PARA PRESTAR SERVICIOS, PARA FABRICAR BIENES O PARA ENAJENARLOS, QUE PUEDEN REALIZAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA LAS PERSONAS MORALES QUE TRIBUTAN BAJO LOS REGÍMENES DE LOS COORDINADOS Y DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, NO VIOLA DICHO PRINCIPIO, YA QUE LOS SUJETOS PASIVOS SE ENCUENTRAN EN CATEGORÍAS DIVERSAS. AL RESPECTO, COBRA APLICACIÓN POR ANALOGÍA, LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 130/2007, EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO XXVI, SEPTIEMBRE DE 2007, NOVENA ÉPOCA, MATERIA(S): CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA, PÁGINA: 317,QUE ESTABLECE: RENTA. LOS ARTÍCULOS 81 Y 123, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO AL ESTABLECER UN TRATO DIVERSO ENTRE LAS PERSONAS MORALES QUE TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, PARA DEDUCIR LA ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). POR TANTO, AL SER INFUNDADOS LOS ARGUMENTOS ADUCIDOS POR LA PARTE QUEJOSA, LO PROCEDENTE ES NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, RESPECTO DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. III. CONCESIÓN DE AMPARO. EN SÍNTESIS, LA PARTE QUEJOSA EXPONE QUE EL ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE, ES INCONSTITUCIONAL AL TENER SUSTENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE HA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DETERMINÁNDOSE QUE CON EL FIN DE QUE LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO RESULTE ACORDE CON LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, ES NECESARIO QUE PERMITA EL RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS EN LOS QUE INCURRE UNA PERSONA MORAL PARA DEJAR EL PRODUCTO EN CONDICIONES DE SER ENAJENADO, YA SEA QUE SE DEDIQUE A LA COMERCIALIZACIÓN O A LA PRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS. A EFECTO DE DETERMINAR SI ASISTE O NO RAZÓN A LA PARTE QUEJOSA, ES PRECISO VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN SU PERJUICIO; PARA LO CUAL, DEBE CONSIDERARSE LAS DOCUMENTALES RELATIVAS A LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RENDIDAS POR LAS QUEJOSAS RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE, DE LAS QUE SE ADVIERTE QUE AMBAS PERSONAS MORALES FORMULARON DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE COSTO DE LO VENDIDO, CIRCUNSTANCIA QUE EVIDENCIA QUE SÍ SE LES APLICÓ EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE, EN LO CONDUCENTE, ESTABLECE LO SIGUIENTE: ARTÍCULO 39. EL COSTO DE LAS MERCANCÍAS QUE SE ENAJENEN, ASÍ COMO EL DE LAS QUE INTEGREN EL INVENTARIO FINAL DEL EJERCICIO, SE DETERMINARÁ CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTÓRICOS O PREDETERMINADOS. EN TODO CASO, EL COSTO SE DEDUCIRÁ EN EL EJERCICIO EN EL QUE SE ACUMULEN LOS INGRESOS QUE SE DERIVEN DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES DE QUE SE TRATE. LOS CONTRIBUYENTES QUE REALICEN ACTIVIDADES COMERCIALES QUE CONSISTAN EN LA ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE MERCANCÍAS, CONSIDERARÁN ÚNICAMENTE DENTRO DEL COSTO LO SIGUIENTE: EN NINGÚN CASO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO. BAJO ESAS CIRCUNSTANCIAS, ES POSIBLE CONCLUIR QUE ES FUNDADO EL SEÑALAMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA, PUESTO QUE LA NORMA LEGAL IMPUGNADA HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR EL PLENO DEL MÁXIMO TRIBUNAL, NÚMERO 184/2016, QUE APARECE PUBLICADA EN LA GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DÉCIMA ÉPOCA, LIBRO 37, DICIEMBRE DE 2016, TOMO I, PÁGINA 687, QUE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: RENTA. EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER QUE NO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES IMPIDE LA DETERMINACIÓN DE UNA UTILIDAD ACORDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES DE DICHO GRAVAMEN. CONFORME A DICHO CRITERIO, LA NORMA RECLAMADA PLANTEA UNA SITUACIÓN PARTICULAR, RELATIVA A LA IMPOSIBILIDAD DE RECONOCER EFECTOS INFLACIONARIOS A LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE VENTAS, ES DECIR, NO SE PLANTEA UNA FALTA DE RECONOCIMIENTO A LOS GASTOS O INVERSIONES QUE REALIZA EL CAUSANTE PARA LA GENERACIÓN DE SU INGRESO, SINO LA NEGATIVA DEL LEGISLADOR A RECONOCER LOS EFECTOS QUE LA INFLACIÓN PODRÍA LLEGAR A TENER SOBRE ALGUNO O ALGUNOS DE ÉSTOS, REPERCUTIENDO CON ELLO EN LA DETERMINACIÓN DE LA DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEJARÍA DE AJUSTARSE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL CAUSANTE. EN LA EJECUTORIA QUE ORIGINÓ DICHO CRITERIO QUEDÓ DETERMINADO QUE, A EFECTO DE DECIDIR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA, ERA NECESARIO CONSIDERAR SI EL ENTORNO INFLACIONARIO PODÍA O NO MODIFICAR LOS TÉRMINOS EN LOS QUE SE PRESENTA Y VALORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA, QUE PODRÍA INCLUSIVE TENER UN EFECTO FISCAL, SEA EN PERJUICIO O A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, TAL Y COMO LO EVIDENCIA EL HECHO DE QUE LA LEGISLACIÓN FISCAL CONMINA A CIERTOS CAUSANTES A RECONOCER UN AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN, VALORANDO EL EFECTO QUE ÉSTA TIENE EN RELACIÓN CON LOS INTERESES PAGADOS O COBRADOS POR EL CONTRIBUYENTE. CONCLUYENDO EL MÁXIMO TRIBUNAL QUE, LA INFLACIÓN SE REFLEJA EN EL INCREMENTO GENERALIZADO Y CONSTANTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS Y, POR ENDE, EN UNA PÉRDIDA EN EL VALOR DEL DINERO O LA MONEDA. QUE SE TRATA DE UN HECHO QUE EXISTE Y AFECTA DE MANERA REAL Y NO SÓLO FICTICIA AL PATRIMONIO DE LOS CAUSANTES PUES NO PUEDE NEGARSE QUE EL VALOR DE UN BIEN AUMENTA DE UN MES A OTRO, Y QUE LO QUE PODÍA ADQUIRIRSE CON CIERTA SUMA DE DINERO EN UN DETERMINADO MOMENTO YA NO PUEDE ADQUIRIRSE CON IGUAL SUMA AL PASO DEL TIEMPO. EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, EXPLICÓ QUE EL LEGISLADOR HA ESTIMADO PERTINENTE RECONOCER EFECTOS DENTRO DE LA MECÁNICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA MODIFICACIÓN -TANTO POSITIVA COMO NEGATIVA-, QUE SUFRE EL PATRIMONIO DEL CAUSANTE CON MOTIVO DEL FENÓMENO ECONÓMICO DE LA INFLACIÓN, TODA VEZ QUE DICHO GRAVAMEN ATIENDE PRECISAMENTE A LA VARIACIÓN POSITIVA DE DICHO PATRIMONIO COMO MANIFESTACIÓN DE LA POTENCIALIDAD O CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. DEBIENDO VALORARSE QUE, SI LA INFLACIÓN AFECTA DE MANERA REAL EL PATRIMONIO, TANTO EN FORMA POSITIVA COMO NEGATIVA, EL DEBIDO RESPETO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EXIGE QUE, EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE EL CAUSANTE SE ENCUENTRA OBLIGADO A RECONOCER EL EFECTO POSITIVO DERIVADO DE DICHO FENÓMENO ECONÓMICO, LA LEGISLACIÓN NO DEBE LIMITAR EL RECONOCIMIENTO AL EFECTO NEGATIVO DEL MISMO, POR SER ELEMENTOS QUE REPERCUTEN EN EL NIVEL DE RENTA DE LOS CONTRIBUYENTES -COMO INDICADOR DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE ÉSTOS, ENTENDIDA COMO POTENCIALIDAD PARA CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO-. EN ESE CONTEXTO, ADVIRTIÓ QUE EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTABLECE, EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO, QUE EN NINGÚN CASO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO. BAJO ESE CRITERIO, SUSTENTÓ LA NECESIDAD DE QUE CUANDO LA LEGISLACIÓN CONMINE A RECONOCER EFECTOS POSITIVOS DE LA INFLACIÓN EN EL PATRIMONIO, TAMBIÉN DEBERÁ RECONOCER LOS EFECTOS NEGATIVOS DE ÉSTA, PERMITIENDO QUE LA PROHIBICIÓN DE RECONOCER EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, SE JUSTIFIQUE EN EL CASO DE CONTRIBUYENTES QUE ENAJENEN LA MERCANCÍA ADQUIRIDA O PRODUCIDA EN EL MISMO EJERCICIO EN EL QUE LA ADQUIERAN O PRODUZCAN, PUES ASÍ COMO SE ESTABLECE DICHA LIMITANTE, DADO QUE LA LEGISLACIÓN TAMPOCO OBLIGA A RECONOCER EL EFECTO INFLACIONARIO AL NIVEL DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR EL CAUSANTE. EN EL ESTUDIO RELATIVO, TAMBIÉN FUE CONSIDERADO EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 9, 16 Y 17 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CONFORME AL CUAL, LA CAUSACIÓN DE ESE IMPUESTO SE RIGE POR UN SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS EN CRÉDITO, QUE DA LUGAR A QUE EL INGRESO SE ENTIENDA PERCIBIDO DESDE EL MOMENTO EN EL QUE SE VUELVA EXIGIBLE LA CONTRAPRESTACIÓN. SIN EMBARGO, A PESAR DE CAUSARSE EL GRAVAMEN DESDE ESE MOMENTO, LA LEGISLACIÓN NO CONMINA A QUE EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL PAGO PROVISIONAL O AL PAGO ANUAL, CONTEMPLE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA INFLACIÓN; DE AHÍ QUE, RESULTA CLARO QUE LA LEGISLACIÓN FISCAL PERMITE QUE EL EFECTO QUE EL FENÓMENO INFLACIONARIO LLEGUE A TENER EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER LAPSO MENOR A UN EJERCICIO FISCAL, NO SEA RECONOCIDO, PUES NO SE OBLIGA AL CAUSANTE A QUE LOS INGRESOS QUE ACUMULE SE PRESENTEN EN PESOS CONSTANTES, DESDE ENERO DEL PERÍODO DE QUE SE TRATE, Y HASTA EL MES EN EL QUE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN FISCAL SE TORNA EXIGIBLE. QUE EN CAMBIO, EN EL CASO DE CONTRIBUYENTES QUE ENAJENEN MERCANCÍAS ADQUIRIDAS O PRODUCIDAS EN UN EJERCICIO DISTINTO AL DE LA ENAJENACIÓN, LA PROHIBICIÓN DE RECONOCER UN EFECTO FISCAL EN LA VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, PROVOCA QUE LA RENTA GRAVABLE SEA DETERMINADA DE UNA FORMA QUE NO RESULTA ACORDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL CAUSANTE, TAL Y COMO ES DELIMITADA POR LA PROPIA LEGISLACIÓN FISCAL. LO ANTERIOR, EN RAZÓN DE QUE LOS ARTÍCULOS 44, 45 Y 46 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONMINA A LOS CAUSANTES PERSONAS MORALES, A DETERMINAR SU SITUACIÓN FISCAL ATENDIENDO A LOS EFECTOS QUE LA INFLACIÓN PUDIERA TENER SOBRE ÉSTA Y, ESPECÍFICAMENTE, CONSIDERANDO SU REPERCUSIÓN EN LOS CRÉDITOS Y DEUDAS DEL CAUSANTE, EN RELACIÓN CON LOS INTERESES QUE PERCIBAN O PAGUEN, RESPECTIVAMENTE, COMO ELEMENTOS MITIGANTES DE LA DISMINUCIÓN O AUMENTO REAL DE SUS DEUDAS. EN ESAS CONDICIONES, DEBE APRECIARSE QUE, EN LO QUE CONCIERNE A LA PROHIBICIÓN DE RECONOCER EFECTOS INFLACIONARIOS AL COSTO DE LO VENDIDO, LA MISMA CONLLEVA UNA VULNERACIÓN AL DERECHO HUMANO DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA, TODA VEZ QUE -ASÍ COMO ACONTECE CON EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN- EL FENÓMENO INFLACIONARIO PUEDE TENER UN IMPACTO NEGATIVO EN LOS VALORES REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE LAS PERSONAS MORALES, DISMINUYÉNDOLOS, PROVOCÁNDOSE CON ELLO LA DETERMINACIÓN DE UNA UTILIDAD MAYOR A LA GENERADA EN TÉRMINOS REALES, QUE SON LOS QUE LA LEGISLACIÓN FISCAL ESTIMA RELEVANTES PARA LA MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, CUANDO SE CONSIDERA UN PERÍODO MAYOR AL DE UN EJERCICIO FISCAL. POR LAS RAZONES ANTERIORES, LA SUPREMA CORTE CONCLUYÓ QUE EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO RESULTABA VIOLATORIO DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PUES, A PESAR DE QUE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL COSTO SÍ CORRESPONDEN A LOS QUE DEBEN CONSIDERARSE BAJO EL RUBRO DE DICHA DEDUCCIÓN, EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO DE EFECTOS INFLACIONARIOS, CON LO CUAL NO SE PERMITE LA DETERMINACIÓN DE UNA UTILIDAD ACORDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES DE DICHO GRAVAMEN. EN ESE SENTIDO, SI EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE A CARGO DE LAS CONTRIBUYENTES QUEJOSAS, EFECTUADAS A TRAVÉS DE SUS DECLARACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES PRESENTADA POR INTERNET EL TREINTA Y UNO DE MARZO Y ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, SE ADVIERTE LA APLICACIÓN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y DICHA PORCIÓN NORMATIVA HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; ES INCONCUSO QUE DICHA NORMA VULNERA EN PERJUICIO DE LAS SOLICITANTES DE AMPARO EL PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SEXTO. EFECTOS DEL AMPARO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, LA SENTENCIA DEBE CONTENER LOS EFECTOS O MEDIDAS EN QUE SE TRADUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, ESTABLECE QUE CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA DE CARÁCTER POSITIVO, SE RESTITUIRÁ AL QUEJOSO EN EL PLENO GOCE DEL DERECHO VIOLADO, RESTABLECIENDO LAS COSAS AL ESTADO QUE GUARDABAN ANTES DE LA VIOLACIÓN. EN ESTE JUICIO, DE LOS ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS SE ADVIERTE QUE EL PRECEPTO RECLAMADO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. POR ENDE, A FIN DE RESTITUIR A LAS QUEJOSAS EN EL GOCE DEL DERECHO VIOLADO, SE CONCEDE EL AMPARO A - DE PUERTO VALLARTA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y - DE GUADALAJARA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA EL EFECTO DE QUE HASTA EN TANTO SEA REFORMADA O DEROGADA LA DISPOSICIÓN EN CUESTIÓN, SE LES PERMITA EL RECONOCIMIENTO DE EFECTOS FISCALES AL FENÓMENO INFLACIONARIO QUE IMPACTA EL VALOR DE LA ADQUISICIÓN DE LAS MERCANCÍAS, MATERIA PRIMA, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS QUE FORMAN PARTE DE SU COSTO DE LO VENDIDO, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE DICHOS VALORES HASTA EL MOMENTO EN QUE SE LLEVE O SE HAYA LLEVADO A CABO LA ENAJENACIÓN DEL BIEN QUE PRODUZCA O COMERCIALICE; ELLO, EXCLUSIVAMENTE EN RELACIÓN CON LOS CASOS EN LOS QUE LA COMPRA DE LA MERCANCÍA Y SU VENTA TENGAN O HAYAN TENIDO LUGAR EN EJERCICIOS DISTINTOS. SIN QUE DICHA CONCESIÓN ALCANCE A LA PROHIBICIÓN DE OTORGAR EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE INVENTARIOS, PUES ESA PORCIÓN NORMATIVA ES SIMÉTRICA Y VÁLIDA, YA QUE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DISPONE QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS LOS OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE CON MOTIVO DE LA REVALUACIÓN DE SUS ACTIVOS Y DE SU CAPITAL. SUSTENTA LO ANTERIOR, LA JURISPRUDENCIA SIGUIENTE: REGISTRO DIGITAL: 2013221 RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER QUE NO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO. EN TAL VIRTUD Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA PARTE QUEJOSA REALIZÓ LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EN LA PRESENTE SENTENCIA, SE VINCULA AL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR AL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, PREVIO EL TRÁMITE QUE DEBERÁN AGOTAR LAS PETICIONARIAS DE AMPARO PREVISTO PARA LA SOLICITUD DE PAGO DE LO INDEBIDO, LES DEVUELVA LAS CANTIDADES QUE RESULTEN PROCEDENTES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE, DERIVADO DE LA DESAPLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 39, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. SIN QUE SEA ÓBICE A LA DETERMINACIÓN ANTERIOR, LA EVENTUAL CIRCUNSTANCIA QUE RESPECTO DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NO SE HAYA SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE; TODA VEZ QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES EXIGIBLE A TODA AUTORIDAD QUE TENGA CONOCIMIENTO DE ELLAS Y QUE, POR RAZÓN DE SUS FUNCIONES, DEBA INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, TAL Y COMO SE DETERMINÓ EN LA JURISPRUDENCIA DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUYO CONTENIDO A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE: NOVENA ÉPOCA REGISTRO: 172605 AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. CABE PRECISAR QUE LA CONCESIÓN DE AMPARO NO TIENE NINGÚN EFECTO PARA LAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN LA FORMACIÓN DE LA NORMA DE OBSERVANCIA GENERAL, ESTO ES, NO ALCANZA A VINCULARLAS NI LAS OBLIGA A DEJAR INSUBSISTENTES SUS ACTOS, PUES EL AMPARO OTORGADO NO AFECTA A LA VIGENCIA DE LA LEY CUESTIONADA, NI LA PRIVA DE SU EFICACIA GENERAL. LO ANTERIOR SE SUSTENTA EN LA TESIS 1664, EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN PLENO, CUYO TEXTO Y RUBRO SON DEL TENOR SIGUIENTE: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A - DE PUERTO VALLARTA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y - DE GUADALAJARA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PUNTO II, DEL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTA SENTENCIA. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A - DE PUERTO VALLARTA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y - DE GUADALAJARA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA DEL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PUNTO III, DEL CONSIDERANDO QUINTO Y PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTA SENTENCIA. NOTIFÍQUESE POR LISTA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.

  2. Incidental

    VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE CONFORME A LAS CIRCULARES SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 Y SECNO/10/2021 EMITIDAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIECINUEVE DE ENERO AL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL PRESENTE JUICIO SE ENCONTRÓ SUSPENDIDO COMO MEDIDA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19. MEDIANTE LA CIRCULAR SECNO/10/2021, EMITIDA POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, SE DISPONE PARA ESTE TERCER CIRCUITO (JALISCO), EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y LA CONSECUENTE REANUDACIÓN DE LOS JUICIOS TRAMITADOS FÍSICAMENTE, A PARTIR DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS MEDIANTE EL ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, CUYA VIGENCIA FUE AMPLIADA POR LOS DIVERSOS ACUERDOS GENERALES 25/2020 Y 37/2020. EN CONSECUENCIA, SE REANUDA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. POR ASÍ PERMITIRLO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD VINCULADA AL CUMPLIMIENTO DEL FALLO TESORERÍA MUNICIPAL DE DICHO MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS, ACREDITEN HABER DADO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO DICTADA POR ESTE JUZGADO FEDERAL. APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO EN EL PLAZO OTORGADO, SE LLEVARÁ A CABO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO. NOTIFÍQUESE POR LISTA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.

  3. Principal

    EN ZAPOPAN, JALISCO, A LAS NUEVE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO 1649/2020, AL ESTAR EN AUDIENCIA PÚBLICA FABIOLA MORENO PÉREZ, JUEZ DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, ANTE ANDRÉS MANUEL MAGAÑA GONZÁLEZ, SECRETARIA QUE AUTORIZA Y DA FE, LA DECLARÓ ABIERTA SIN LA ASISTENCIA DE LAS PARTES, NI DE PERSONA ALGUNA QUE LAS REPRESENTE. ACTO CONTINUO, EN ACATAMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A HACER LA RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS Y DAR CUENTA A LA JUEZ, CON EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS. LA JUEZ ACUERDA: TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA CIRCULAR SECNO/6/2021, EXPEDIDA EL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE RIGE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL VEINTISÉIS DE ENERO AL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ COMO EL ACUERDO GENERAL 13/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, Y LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SE CONCLUYE QUE EL PRESENTE ASUNTO SE UBICA EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 12 DEL CITADO ACUERDO 13/2020, AL HABERSE TRAMITADO EN LÍNEA, ENCONTRARSE EN ESTADO DE EMITIR SENTENCIA AL ESTAR INTEGRADO Y POR NO EXISTIR PENDIENTES DE DESAHOGARSE DILIGENCIAS JUDICIALES, POR ENDE, SE ORDENA EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES. POR TANTO, VISTO LO DE CUENTA, SE TIENE POR HECHA LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS POR PARTE DEL SECRETARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Y, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 117 DE LA LEY DE AMPARO, SE REITERAN LOS INFORMES JUSTIFICADOS RENDIDOS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, LO CUAL SERÁ TOMADO EN CONSIDERACIÓN EN LA SIGUIENTE ETAPA PROCESAL. ASIMISMO, EN ESTE MOMENTO SE DA CUENTA A LA JUEZ DE DISTRITO CON EL ESCRITO DE ERNESTO LÓPEZ ACOSTA SANDOVAL, AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA, EL CUAL CONTIENE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO EN EL NUMERAL 48 DEL ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, DE REGISTRO 641, MEDIANTE EL CUAL FORMULA ALEGATOS. A LO ANTERIOR, LA JUEZ PROVEE LO SIGUIENTE: VISTO EL ESCRITO DE CUENTA Y EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, SE LE TIENEN POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES QUE, EN VÍA DE ALEGATOS FORMULA LA PARTE QUEJOSA, LO CUAL SERÁ CONSIDERADO EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO; LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. SE ABRE EL PERIODO DE PRUEBAS. ACTO CONTINUO, SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO, EN EL QUE SE TIENEN POR RELACIONADAS LAS PRUEBAS DOCUMENTALES, MISMAS QUE SE TIENEN POR DESAHOGADAS EN RAZÓN DE SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA; SIN QUE EXISTA DIVERSO MEDIO DE CONVICCIÓN PENDIENTE POR DESAHOGAR, SE DECLARA CERRADA ESTA ETAPA. PERIODO DE ALEGATOS. SE ABRE EL PERIODO DE ALEGATOS, EN EL QUE SE HACE RELACIÓN DE LOS FORMULADOS POR EL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE ESCRITO DE REGISTRO CON EL NÚMERO DE PROMOCIÓN 641, SIN DIVERSO ESCRITO POR REPRODUCIR SE CONCLUYE ESTE PERIODO. AL NO HABER DILIGENCIA PENDIENTE POR DESAHOGAR, SE PROCEDE A DICTAR LA SENTENCIA QUE EN DERECHO CORRESPONDA. V I S T O S, PARA RESOLVER, LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1649/2020, PROMOVIDO POR - CONTRA LOS ACTOS QUE RECLAMA DEL TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; Y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. POR ESCRITO PRESENTADO DE MANERA ELECTRÓNICA EL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ANTE EL ANTE EL PORTAL DE JUSTICIA EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, - POR PROPIO DERECHO, SOLICITÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, POR LOS ACTOS Y CONTRA LAS AUTORIDADES QUE PRECISÓ EN SU ESCRITO DE DEMANDA, MISMA QUE FUE TURNADA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EL CATORCE DE DICIEMBRE PASADO. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. MEDIANTE AUTO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE ADMITIÓ LA DEMANDA PROPUESTA A LA QUE SE ASIGNÓ EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 1649/2020, SE REQUIRIÓ A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RINDIERA INFORME JUSTIFICADO, SE DIO VISTA AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN Y SE SEÑALÓ HORA Y DÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. ESTE JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 94, 103, FRACCIÓN I Y 107, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 33, 35, 37 Y 107 DE LA LEY DE AMPARO Y 52 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; EN RELACIÓN CON EL ACUERDO GENERAL 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO, POR RECLAMARSE UNA OMISIÓN DE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y AL HABERSE PRESENTADO LA DEMANDA DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN QUE ESTE ÓRGANO EJERCE SU JURISDICCIÓN. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A FIJAR LA LITIS CONSTITUCIONAL EN LA PRESENTE INSTANCIA. EN ESAS CONDICIONES, TENEMOS QUE LOS ACTOS QUE SE COMBATEN EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SON: DEL TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: LA OMISIÓN DE EXPEDIR AL QUEJOSO, EL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE, ASÍ COMO LA CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, NO OBSTANTE QUE EL IMPETRANTE PADECE DE UNA DISCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. POR RAZÓN DE MÉTODO EN TODA SENTENCIA DE AMPARO, PRIMERAMENTE SE DEBE ANALIZAR Y RESOLVER RESPECTO DE LA CERTEZA O INEXISTENCIA DEL ACTO O ACTOS RECLAMADOS Y, SÓLO EN EL PRIMER CASO, ESTUDIAR LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA ADUCIDAS O QUE SE ADVIERTAN EN FORMA OFICIOSA POR EL JUZGADOR, PARA POR ÚLTIMO, DE SER PROCEDENTE EL JUICIO, ENTRAR A ANALIZAR EL FONDO DEL ASUNTO. TIENE APLICACIÓN AL CASO Y EN LO CONDUCENTE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA SUSTENTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO, VISIBLE EN LA PÁGINA 68, TOMO 76, ABRIL DE 1994, OCTAVA ÉPOCA, DE LA GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. AHORA, CABE PRECISAR QUE EL ACTO QUE RECLAMA LA PARTE QUEJOSA COMO LA OMISIÓN DE EXPEDIR AL QUEJOSO, EL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE, ASÍ COMO LA CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEBE TENERSE POR INEXISTENTE. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE MEDIO DE PRUEBA ALGUNO QUE DEMUESTRE QUE LA PARTE QUEJOSA ACUDIÓ ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES A SOLICITAR POR ESCRITO QUE SE LE EXPIDIERA EL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE, ASÍ COMO LA CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LO QUE SE COLIGE DE LAS MANIFESTACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASÍ COMO DE LAS DOCUMENTALES QUE ADJUNTÓ A SU INFORME JUSTIFICADO, DE LAS QUE SE ADVIERTE QUE DEBIDO A LAS MEDIDAS EFECTUADAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA, SE IMPLEMENTÓ UN SISTEMA DE CITAS, PARA EFECTO DE PODER ATENDER A LAS PERSONAS QUE BUSCAN OBTENER EL REFERIDO CERTIFICADO Y CREDENCIAL OFICIAL, SIN EMBARGO, AL REALIZAR UNA CONSULTA DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE ES LA DATA EN QUE REFIERE EL QUEJOSO QUE ACUDIÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO SE ENCONTRÓ REGISTRO DE VISITA DEL IMPETRANTE DE AMPARO, NI TRÁMITE FORMULADO A SU NOMBRE PARA LA EXPEDICIÓN DE DICHAS CONSTANCIAS. CIRCUNSTANCIA QUE SE CORROBORA, EN SENTIDO NEGATIVO CON LO REFERIDO POR LA PARTE QUEJOSA, EN SU ESCRITO DE DEMANDA, PUES REFIERE QUE PARA LA OBTENCIÓN DE DICHAS CONSTANCIA TIENE QUE LLEVAR A CABO EL TRÁMITE PREVISTO EN LA PÁGINA OFICIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, EL CUAL ES CONSULTABLE EN EL LINK SIGUIENTE: HTTPS://WWW.GOB.MX/DIFNACIONAL/ACCIONES-Y-PROGRAMAS/CREDENCIALIZACION-DE-LAS-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD?IDIOM=ES. AHORA, UNA VEZ QUE SE CONSULTA DICHA DIRECCIÓN, SE PUEDE ADVERTIR QUE ENTRE LOS PASOS A SEGUIR SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES: - LOCALIZA EL MÓDULO DE CREDENCIALIZACIÓN MÁS CERCANO A TU DOMICILIO. - ASISTE PERSONALMENTE AL MÓDULO PARA SOLICITAR LA CREDENCIAL. - SOLICITA Y LLENA CON TUS DATOS COMPLETOS LA CÉDULA DE REGISTRO. - PRESENTA ORIGINAL DE LA CONSTANCIA DE DISCAPACIDAD DONDE ESPECIFIQUE EL TIPO DE DISCAPACIDAD PERMANENTE NEUROMOTORA VISUAL AUDITIVA DE LENGUAJE O INTELECTUAL EXPEDIDO POR UN MÉDICO ESPECIALISTA. - PRESENTA ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO. - PRESENTA ORIGINAL Y COPIA DE LA CURP. - PRESENTA ORIGINAL Y COPIA DE TU COMPROBANTE DE DOMICILIO: (RECIBO PREDIAL AGUA LUZ O TELÉFONO NO MAYOR A TRES MESES). - EN CASO DE SER EXTRANJERO PRESENTA CARTA DE NATURALIZACIÓN. SIN EMBARGO, LA PARTE QUEJOSA OMITIÓ ALLEGAR LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN CON LOS QUE SE ACREDITE QUE PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, ACUDIÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A SOLICITAR LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD Y LA CREDENCIAL CORRESPONDIENTE, QUE PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, ASÍ COMO QUE LLEVÓ A CABO EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DE LA CÉDULA RESPECTIVA. POR TANTO, NO SE ENCUENTRA DEMOSTRADO QUE LA PARTE QUEJOSA HUBIERA LLEVADO A CABO DICHO TRÁMITE, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR EL NUMERAL 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, (POR ESCRITO Y DE MANERA RESPETUOSA), Y QUE ANTE DICHA PETICIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE HUBIERA EMITIDO UNA NEGATIVA A LA EXPEDICIÓN DE DICHO CERTIFICADO Y CREDENCIAL. CABE PRECISAR QUE COMO REGLA GENERAL, CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CONSISTEN EN ACTOS NEGATIVOS, LA CARGA DE LA PRUEBA RECAE EN LAS PROPIAS AUTORIDADES; SIN EMBARGO, EN EL ASUNTO ESA REGLA NO SE ACTUALIZA, POR LAS RAZONES QUE ENSEGUIDA SE EXPONEN. PARA QUE SE ACTUALICE LA CONDUCTA NEGATIVA Y OMISIÓN QUE SE LES ATRIBUYE A LA CITADA AUTORIDAD RESPONSABLE, ES NECESARIO QUE EXISTA LA OBLIGACIÓN CORRELATIVA, ES DECIR, QUE POR MANDATO LEGAL DEBA REALIZAR LA CONDUCTA CUYA OMISIÓN SE LE RECLAMA; POR TANTO, ES NECESARIO VERIFICAR SI EL TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, TIENE LA OBLIGACIÓN DE EMITIR LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS POR EL QUEJOSO. EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, CONVIENE PRECISAR EL CONCEPTO OMISIÓN, PUES NO TODO NO HACER POR PARTE DE UNA AUTORIDAD CONSTITUYE UN ACTO OMISIVO, YA QUE ÉSTE TIENE UNA INTENCIÓN O CONNOTACIÓN MAYOR QUE AQUÉL. SE EXPONE TAL ASERTO, EN VIRTUD DE QUE PARA QUE EXISTA UNA CONDUCTA CALIFICADA JURÍDICAMENTE COMO OMISIÓN, NO BASTA CON UNA REFERENCIA AL CURSO DE UNA ACTUACIÓN HUMANA (UN NO HACER), SINO QUE SE REQUIERE UN ELEMENTO NORMATIVO PREVIO QUE HACE PREVISIBLE EL ACTUAR QUE NO SE LLEVÓ A CABO, ES DECIR, SÓLO SE OMITE ALGO EN EL CONTEXTO EN QUE ES RELEVANTE UNA ACTUACIÓN DETERMINADA PORQUE EXISTE UNA OBLIGACIÓN QUE ASÍ LO INDICA. EN OTRAS PALABRAS, OMITIR NO ES UN SIMPLE NO ACTUAR, ESTO ES, UNA AUSENCIA TOTAL DE DETERMINADA CONDUCTA, SINO UN NO ACTUAR COMO Y CUANDO SE ESTÁ OBLIGADO. AHORA BIEN, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA ESTABLECIDO QUE PARA VERIFICAR LA CERTEZA DE LOS ACTOS OMISIVOS, SE DEBE EXAMINAR, EN PRINCIPIO, SI LA AUTORIDAD A QUE SE LE ATRIBUYE ESTÁ FACULTADA PARA REALIZAR LA CONDUCTA QUE SE LE DEMANDA Y, EN CASO DE ESTARLO, SI SE ENCUENTRA CONSTREÑIDA A HACERLO, YA SEA POR LA EXISTENCIA DEL PRECEPTO LEGAL QUE ASÍ LO DISPONGA, O BIEN, UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA QUE ASÍ LO ORDENE. SIRVE DE APOYO A LO ANTERIOR, EL CRITERIO SUSTENTADO EN LA TESIS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CONSULTABLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, NOVENA ÉPOCA, TOMO VII, JUNIO DE 1998, PÁGINA 53, QUE SEÑALA: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. DE IGUAL FORMA, ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 99/2018 (10A.), SUSTENTADA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2013, DE LA DÉCIMA ÉPOCA, CON NÚMERO DE REGISTRO 2018110, LIBRO 59, OCTUBRE DE 2018, TOMO I, PÁGINA 926, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, QUE DISPONE LO SIGUIENTE: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. ASIMISMO, EN LO CONDUCENTE ES APLICABLE LA TESIS EMITIDA POR LA ENTONCES TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CONSULTABLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO II, PRIMERA PARTE, JULIO A DICIEMBRE DE 1988, PÁGINA 195 CUYO RUBRO Y TEXTO SON: ACTOS NEGATIVOS, NO BASTA LA SOLA AFIRMACIÓN DEL QUEJOSO PARA DARLES EL CARÁCTER DE. SOBRE ESA GUISA, IMPORTA DESTACAR QUE EL DENOMINADO DERECHO DE PETICIÓN, ES QUE LA GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL, EN FUNCIÓN DE LA CUAL CUALQUIER GOBERNADO QUE PRESENTE UNA PETICIÓN DE MANERA RESPETUOSA Y PACÍFICA ANTE UNA AUTORIDAD, TIENE DERECHO A RECIBIR UNA RESPUESTA CONGRUENTE CON SU PETICIÓN, QUE DEBE SER EMITIDA EN BREVE TÉRMINO POR LA AUTORIDAD. ASÍ SE DESPRENDE DEL TEXTO DEL PRECEPTO 8º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE A LA LETRA ORDENA: MUCHOS HAN SIDO LOS CRITERIOS AISLADOS Y JURISPRUDENCIALES QUE HAN EMITIDO DISTINTOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN POR VIRTUD DE LOS CUALES, EN UNA INTERPRETACIÓN AL PRECEPTO CONSTITUCIONAL TRANSCRITO, HAN DETERMINADO CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER LA PETICIÓN QUE FORMULA EL GOBERNADO PARA QUE LE ASISTA EL DERECHO HUMANO DE RESPUESTA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE HAN DEFINIDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONTESTACIÓN QUE DEBE DAR LA AUTORIDAD. ASÍ LAS COSAS, SI BIEN ES CIERTO QUE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN TIENE LA CORRELATIVA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRODUCIR UNA RESPUESTA, LOS ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PETICIÓN SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE APUNTAN. LA PETICIÓN DEBE FORMULARSE DE MANERA PACÍFICA Y RESPETUOSA; SER DIRIGIDA A UNA AUTORIDAD, Y RECABARSE LA CONSTANCIA DE QUE FUE ENTREGADA; Y, EL PETICIONARIO HA DE PROPORCIONAR EL DOMICILIO PARA RECIBIR LA RESPUESTA. EN ESE SENTIDO, AL NO HABERSE DEMOSTRADO EL SURGIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LAS RESPONSABLES, PUES NO SE ACREDITÓ EN ACTUACIONES QUE SE HUBIERA FORMULADO EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD, ASÍ COMO PARA LA EMISIÓN DE LA CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ES INCONCUSO QUE NO PUEDE ESTABLECERSE QUE LAS RESPONSABLES ESTABAN OBLIGADAS A EMITIR DICHAS CONSTANCIAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8 CONSTITUCIONAL. RESULTA APLICABLE LA TESIS EMITIDA POR TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, VISIBLE A PÁGINA TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO, DEL TOMO VII, JUNIO DE 1991, EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA OCTAVA ÉPOCA, QUE DICE: PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. DE IGUAL FORMA, ES APLICABLE LA TESIS EMITIDA POR TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, VISIBLE A PÁGINA MIL TREINTA Y UNO, DEL TOMO TOMO III, SEGUNDA PARTE-2, ENERO-JUNIO DE 1989, EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA OCTAVA ÉPOCA, QUE DICE: PETICION. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE. SIN QUE CON LO ANTERIOR SE DESCONOZCA LOS DIVERSAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTELAR DICTADA EN LOS CUADERNOS INCIDENTALES QUE DERIVAN DEL PRESENTE ASUNTO, ENTRE LAS QUE DESTACA LA VALORACIÓN MÉDICA REALIZADA AL QUEJOSO POR LA JUNTA DE VALORACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL. EN DICHA VALORACIÓN, SE HIZO CONSTAR QUE DEL ANÁLISIS PRACTICADO AL QUEJOSO, NO SE ADVERTÍAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONSIDERAR QUE PRESENTABA SÍNTOMAS DE UNA ENFERMEDAD QUE AMERITARA LA INCAPACIDAD PERMANENTE, PUESTO QUE LA EXPLORACIÓN FÍSICA RESULTABA INSUFICIENTE Y EL MISMO HABÍA SIDO OMISO EN PRESENTAR ANÁLISIS VIGENTES, YA QUE SÓLO PRESENTÓ DIVERSOS ESTUDIOS CON MÁS DE DIEZ AÑOS DE ANTIGÜEDAD, POR LO QUE SE CONVINO CON EL IMPETRANTE DE AMPARO, PARA QUE SE REALIZARA LOS ESTUDIOS AHÍ INDICADOS, ASÍ COMO LA INTERCONSULTA CORRESPONDIENTE, Y UNA VEZ QUE CONTARA CON LOS MISMOS, TRAMITARA LA CITA DE MÉRITO A EFECTO DE SER NUEVAMENTE VALORADO, Y ASÍ PODER DETERMINAR SI ERA PROCEDENTE O NO LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD DE MARRAS. POR TANTO, COMO SE VE, AUN DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO EXISTIÓ UNA OMISIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE LA MISMA, SE ENCUENTRA AUXILIANDO AL QUEJOSO EN LA OBTENCIÓN DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EFECTO DE QUE SE PUEDA EXPEDIR EL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE, ASÍ COMO LA CREDENCIA OFICIAL, POR LO QUE ES DE COLEGIRSE, QUE LA EXPEDICIÓN DE DICHA CREDENCIAL ESTÁ SUPEDITADA A QUE EL QUEJOSO ALLEGUE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA DICHO FIN. DE AHÍ, QUE AL NO EXISTIR UNA NEGATIVA POR PARTE DE LA AUTORIDAD A LA EXPEDICIÓN DE DICHAS CONSTANCIAS DE INCAPACIDAD, IMPIDE QUE SE ACTUALICE UNA CAUSAL PARA DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE FORMULE SU AMPLIACIÓN DE DEMANDA, PUESTO QUE CONTARIO A LO ADUCIDO POR EL QUEJOSO EN SU DEMANDA, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO OBSTANTE QUE EL MISMO NO HABÍA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA EFECTOS DE INICIAR DICHO TRÁMITE, HA LLEVADO A CABO DISTINTOS ACTOS A EFECTO DE FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO Y CREDENCIAL PRETENDIDOS. EN ESE ORDEN DE IDEAS, AL NO HABER DEMOSTRADO LA PARTE QUEJOSA QUE EXISTE UNA OMISIÓN, NI UNA NEGATIVA POR PARTE DE LA AUTORIDAD PARA EXPEDIR EL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE, LO PROCEDENTE ES DECLARAR LA INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. SIN QUE SE SOSLAYEN LAS DIVERSAS CONSTANCIAS CERTIFICADAS ALLEGADAS POR EL QUEJOSO, CONSISTENTE EN SU CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD, EL DICTAMEN DE INVALIDEZ CON FOLIO - EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO EL OFICIO DE CONOCIMIENTO DEL MISMO; SIN EMBARGO, AUN CUANDO DICHAS PRUEBAS TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 129, 197 Y 202 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, LO CIERTO ES QUE, DICHAS PRUEBAS ACREDITAN ÚNICAMENTE QUE EL QUEJOSO CONTÓ CON LA CREDENCIAL CORRESPONDIENTE DURANTE EL AÑO DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO QUE FUE VALORADO POR EL REFERIDO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, MAS NO SIRVEN, PARA EVIDENCIAR QUE LLEVÓ A CABO EL TRÁMITE ANTE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. TAMPOCO PASA INADVERTIDO QUE EL QUEJOSO FORMULÓ SU LIBELO CONSTITUCIONAL BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD; SIN EMBARGO, TAL ASEVERACIÓN NO DESVIRTÚA LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO QUE EN EL CASO CONCRETO SE ACTUALIZA, PUESTO QUE DICHA PROTESTA, SI BIEN CONSTITUYE UNA TESTIFICACIÓN ESPONTÁNEA QUE SE HACE PARA ADQUIRIR O CONSERVAR UN DERECHO O PRESERVARSE DE UN DAÑO QUE PUDIERA SOBREVENIR, EN EL QUE, QUIEN LA HACE SE OBLIGA A DECLARAR CON VERDAD ACERCA DE LOS HECHOS QUE RELATA, NO BASTA PARA TENER POR ACREDITADAS LAS CONDUCTAS AUTORITARIAS RECLAMADAS, YA QUE TAL PROTESTA SÓLO ES UN REQUISITO DE LA DEMANDA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO Y NO TIENE EL CARÁCTER DE MEDIO DE PRUEBA; PUES PARA QUE SURTIERA EFICACIA CONVICTIVA, DEBIÓ APOYARSE EN ALGÚN OTRO MEDIO DE CONVICCIÓN QUE LA HICIERA VEROSÍMIL. POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR - EN CONTRA DE LA AUTORIDAD Y POR EL ACTO PRECISADO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DE ESTA SENTENCIA. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA.

  4. Incidental

    TÉNGASE POR RECIBIDO EL ESCRITO PRESENTADO ELECTRÓNICAMENTE POR ERNESTO LÓPEZ-ACOSTA SANDOVAL, AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DE LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE EL CUAL, SOLICITA QUE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL REQUIERA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EL EFECTO DE QUE EMITA UNA CITA PARA REALIZARLE A LA PARTE QUEJOSA EL ESTUDIO DE INTERCONSULTA EN LA ESPECIALIDAD DE ANGIOLOGÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN LE REALICE UNA NUEVA VALORACIÓN DE SU DISCAPACIDAD Y LE SEA EXPEDIDA LA CREDENCIAL PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. AL RESPECTO, DÍGASELE QUE NO HA LUGAR A PROVEER FAVORABLEMENTE SU PETICIÓN, TODA VEZ QUE TAL COMO SE PRECISÓ EN PROVEÍDO DE VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, YA FUERON COLMADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE LOS EFECTOS DADOS A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DICTADA EN AUTOS, TAN ES ASÍ QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL OFICIO 262.120.0080012/2021, DE SU ÍNDICE EXPEDIDO EL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE ADVIERTE QUE EL DÍA SEIS DE ESE MISMO MES Y AÑO, LA JUNTA DE VALORACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, INTEGRADA POR DIVERSOS ESPECIALISTAS EN REHABILITACIÓN, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, ENTREVISTARON AL QUEJOSO Y LLEVARON A CABO UNA EXPLORACIÓN FÍSICA EN EL QUEJOSO, LA CUAL ARROJÓ LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: - QUE EL QUEJOSO NO RECORDÓ NI EL DÍA, NI LA PERSONA POR LA QUE FUE ATENDIDA AL ACUDIR A DICHO CENTRO, LO CUAL SE LO HIZO DEL CONOCIMIENTO DE SU ABOGADO, Y QUE FUE ESTE QUIEN DETERMINÓ PRECISAR CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN LA DEMANDA DE AMPARO, SIN EMBARGO, QUE LO AHÍ NARRADO NO CONCUERDA CON LO QUE ÉL LE MANIFESTÓ A DICHO ABOGADO, PUES DICHA COMPARECENCIA FUE CON ANTERIORIDAD A LA DATA REFERIDA EN LA DEMANDA Y QUE NO HABÍA GENERADO LA CITADA REQUERIDA PARA DICHO TRÁMITE. - QUE NO RECORDABA CUANDO FUE VALORADO POR EL SERVICIO DE ANGIOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. - QUE DE LA INSPECCIÓN REALIZADA, SE OBSERVÓ MIEMBROS INFERIORES ÍNTEGROS, CON AUMENTO DE VOLUMEN EN RODILLA IZQUIERDA, SIN DATOS DE INSUFICIENCIA VENOSA PERIFÉRICA, PIEL Y TEGUMENTOS ÍNTEGROS. - QUE AL REALIZA AMBULACIÓN ASISTIDA DE BASTÓN DE LADO IZQUIERDO POR DECISIÓN PROPIA, FASES DEFICIENTES, NO REALIZA VARIANTES PUES SEÑALÓ QUE LE ES IMPOSIBLE, AUNQUE EN SEDESTACIÓN LOGRÓ DORSIFLEXIÓN Y FLEXIÓN PLANTAR DE FORMA ACTIVA, ARCOS DE MOVILIDAD ACTIVOS EN MIEMBRO PÉLVICO IZQUIERDO CON FLEXIÓN DE CADERA Y RODILLA DEL LADO IZQUIERDO FUNCIONALES, EXTENSIÓN DE RODILLA IZQUIERDA COMPLETA, TOBILLO CON DORSIFLEXIÓN A LA NEUTRA DEL LADO IZQUIERDO. - QUE AL SOLICITARLE LO ESTUDIOS PARACLÍNICOS Y DE GABINETE, Y AL REVISAR NOTAS MÉDICAS SE ADVIRTIÓ QUE TENÍAN UNA ANTIGÜEDAD DE DIEZ AÑOS O MÁS EN SU MAYORÍA, POR LO QUE DICHA JUNTA DETERMINÓ SOLICITARLE AL QUEJOSO LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESTUDIOS PARA PODER DICTAMINAR SU ESTADO FÍSICO. LUEGO, UNA VEZ TERMINADA DICHA VALORACIÓN, EL DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS, EMITIÓ EL OFICIO - MEDIANTE EL CUAL PRECISÓ QUE, DERIVADO DE LOS DATOS ARROJADOS POR LA INSPECCIÓN QUE SE REALIZÓ AL QUEJOSO, NO ERA PROCEDENTE LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD, Y POR ENDE, LA CREDENCIAL NACIONAL DE DISCAPACIDAD, EN VIRTUD DE QUE DE DICHA EXPLORACIÓN NO SE ADVERTÍAN DATOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE EL QUEJOSO PRESENTABA SÍNTOMAS DE UNA ENFERMEDAD QUE AMERITARA EL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD CORRESPONDIENTE, ADEMÁS DE QUE EL MISMO NO ACOMPAÑÓ LOS ELEMENTOS NECESARIOS, PUES LOS EXÁMENES QUE TRAÍA DATABAN DE MÁS DE UNA DÉCADA, POR LO QUE HASTA EN TANTO EL QUEJOSO NO PRESENTE LOS ESTUDIOS QUE LE FUERON AHÍ SEÑALADOS, ASÍ COMO LA INTERCONSULTA CORRESPONDIENTE, NO SERÁ PROCEDENTE LA EMISIÓN DE DICHO CERTIFICADO Y TAMPOCO LA CREDENCIAL RESPECTIVA. POR LO QUE, COMO SE ADVIERTE DE PÁRRAFOS QUE PRECEDEN, NO EXISTE MATERIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DICTADA EN AUTOS PENDIENTE DE CUMPLIR POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ANTE ELLO, ES QUE AHORA SERÁ EL PROPIO QUEJOSO QUIEN DEBERÁ REALIZAR LOS TRÁMITES QUE REFIRIÓ LA RESPONSABLE, PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD Y LA CREDENCIAL CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA.

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