Armando Pardo Bañuelos

Expediente 623/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
623/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Presidente de la Junta Especial Numero 59 de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje, Con Sede En Tijuana
  • Armando Pardo Bañuelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la determinación dictada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente asunto, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente principal por haberse sobreseído en el juicio, es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual deben conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió la vista otorgada a la parte quejosa en proveídos de veintitrés de septiembre y cinco de octubre del año en curso, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta y de las actuaciones que integran el juicio de amparo en que se actúa, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. Ahora bien, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en su escrito de demanda la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "la abstención y omisión de dictar auto de requerimiento y embargo sobre la solicitud del ejecución de laudo relativo al expediente laboral 325/2014, dentro de los plazos y términos previstos en los artículos 940, 945, 946 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, así como de dictar las medidas necesarias para ejecutar el laudo." Luego, en el capítulo de antecedentes del escrito inicial de demanda, la parte quejosa refirió que con motivo del laudo dictado en el juicio de origen la parte demandada no ha dado cumplimiento voluntario al referido laudo, por lo cual mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo del año en curso, la parte actora, aquí quejosa, solicitó la ejecución inmediata del laudo solicitando y se dictara auto de requerimiento y embargo. Ahora, el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada de los proveídos de trece, diecinueve y veinte de septiembre de dos mil veintidós dictados en el juicio laboral 325/2014. Y de dichos proveídos se obtiene que en el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós la Junta responsable se pronunció en relación con el escrito presentado por la parte quejosa el treinta y uno de marzo del año en curso, refiriendo que en relación con la solicitud del requerimiento y embargo con motivo de la ejecución del laudo dictado en dicho expediente, debería acordarse por separado. Luego, en proveído de diecinueve de septiembre siguiente, la Junta responsable dictó el auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, a fin de que la parte demandada diera cumplimiento al laudo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno y señaló las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de octubre del presente año para que tuviera verificativo la reinstalación del trabajador. Posteriormente, en proveído de veinte de septiembre siguiente, comisionó al actuario de su adscripción a fin de que en compañía de la parte actora, se constituyera en el domicilio de la parte demandada y los requiriera del pago de la cantidad líquida a los que fueron condenadas en el laudo de referencia (en los términos ahí planteados). Luego, mediante oficio recibido el cuatro de octubre del año en curso, el Presidente de la de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la notificación realizada a la parte actora, aquí quejosa de los proveídos de referencia Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, si con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo el Presidente de la de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de los proveídos de trece, diecinueve y veinte de septiembre de dos mil veintidós dictados en el juicio laboral 325/2014, con motivo del escrito presentado por la parte actora, aquí quejosa el treinta y uno de marzo del año en curso; y remitió copia certificada de la notificación realizada a la parte actora, aquí quejosa de los proveídos de referencia; es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197367 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la delegada de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, mediante el cual en alcance a su informe justificado, remite diversas pruebas documentales que le fueron requeridas por auto de veintitrés de septiembre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales de referencia, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Asimismo, al formar parte del informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con su contenido dese vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual forma, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo como prueba documental las constancias que anexa a su informe justificado, lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, requiérase a la responsable para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computados, remita copia certificada de la constancia de notificación practicada a la parte actora de los proveídos trece, diecinueve y veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 325/2014, de su índice, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, se le impondrá una multa de cincuenta días equivalente al valor diario de Unidad de Medida y Actualización vigente, con fundamento en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, y artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.

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