Armando Pablo Angel

Expediente 1646/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1646/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2016

Partes del expediente

  • Armando Pablo Angel

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la cuenta y certificación secretarial que anteceden, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) en contra del auto dictado con fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que promovió la parte quejosa; dentro del término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que establecen los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo que promovió; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por la Jueza Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del estado de Morelos, a través de cual devuelve sin diligenciar, el despacho 1557/2016, por los motivos que expone el Actuario de su adscripción.En consecuencia, realícese la notificación del acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, a la parte quejosa, así como las subsecuentes notificaciones personales, por medio de lista que se fija en los Estrados de este Juzgado de Distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el cual dice: ...Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías promovida por ******************************; contra actos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número que le corresponda. Ahora, de un análisis que se realizó al acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación, se advierte la notoria improcedencia del juicio de garantías, por tal motivo con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano. Lo anterior es así, en razón de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado sustancialmente en: La negativa de realizarle el pago de la cantidad que resulte del cálculo de doce días de salario mínimo por cada año de servicio laborado para gobierno del estado, tomando como base el monto de dos salarios mínimos. Sentado lo anterior, el suscrito estima que en el presente caso, en cuanto al acto de que se duele la parte garante, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, ambos de la Ley de Amparo, interpretación que produce el desechamiento de conformidad a lo previsto en el artículo 113 de la citada ley reglamentaria. En efecto, resulta conveniente puntualizar que de lo expuesto en la demanda de amparo, se desprende que entre la parte quejosa y las autoridades responsables no se advierte que exista algún vínculo directo derivado de su función pública. Así, para satisfacer el propósito anunciado en líneas precedentes, es oportuno que se señale lo dispuesto en los mencionados preceptos legales. En el artículo 61 de la ley de la materia, se establece, en su fracción XXIII, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, en el artículo 1°, de la ley en cita, se determina: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". Por otra parte, la fracción II del numeral 5º. del citado cuerpo de leyes, reza: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De una correcta interpretación a los numerales supracitados, conviene precisar que en estas hipótesis, el acto reclamado consiste en cualquier hecho voluntario, intencional, negativo o positivo, imputable a un órgano del Estado, que se traduzca en una abstención, una ejecución o una decisión que produzcan una afectación en situaciones jurídicas fácticas dadas, engendrando la contravención a aquéllas situaciones conocidas bajo la connotación jurídica de garantías individuales. La concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo al juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término "leyes o actos de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución, ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De lo anterior se desprende, que el acto de autoridad reclamado debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En ese sentido, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra o subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. A fin de establecer si los actos reclamados tienen la naturaleza de "acto de autoridad", debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, por lo que debe considerarse la posibilidad legal de exigirse su cumplimiento directamente mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades que dispongan de ella, pues de lo contrario, de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquél, porque lo que el particular impugna aquí no es propiamente un "acto de autoridad". Una vez establecido lo anterior, se concluye que si las autoridades responsables, se niegan a pagarle las cantidades que refiere, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, en razón de que como el mismo quejoso lo confiesa los actos derivan de la relación laboral que tuvo con las autoridades responsables al haber prestado sus servicios en el área de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos, por tanto, dicha dependencia en este caso particular no está actuando con imperio, porque está en un plano de igualdad con la parte quejosa; tan es así, que el veintitrés de septiembre de este año, como el propio quejoso lo refiere, le indicaron que debe interponer una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 113, del ordenamiento legal invocado, se desecha la demanda de garantías de que se trata, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Es aplicable la jurisprudencia 164/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, correspondiente a la Novena Época que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, es aplicable la tesis que sostiene Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en la página 1500 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, marzo de 2014, tomo II, correspondiente a la décima época que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo". De igual forma, orienta el sentido de la determinación, la tesis que sostiene el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de 2006, que corresponde a la novena época, que literalmente dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU CESE NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PUES LA RELACIÓN ENTRE AMBOS ES DE CARÁCTER LABORAL. En el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal se establecen las bases conforme a las cuales el Congreso de la Unión debe expedir las leyes sobre el trabajo que rijan entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal por una parte, y sus trabajadores, por la otra; asimismo, en la fracción XII del citado precepto se equipara a la relación existente entre Estado y empleado, como laboral, situando al primero como patrón, lo que se confirma con lo dispuesto, entre otros, por los artículos 43, 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con excepción de los grupos contemplados en el párrafo segundo de la citada fracción XII. Por otra parte, para los efectos del juicio de amparo se considera como autoridad responsable al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados. Por tanto, el cese de un trabajador de confianza del Gobierno del Distrito Federal, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que se desplegó dentro de una relación laboral, pues en estos casos la autoridad no actúa con imperio, sino como patrón". ******************** Sirve de orientación en la parte conducente la jurisprudencia J/14 L, sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 2321 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, correspondiente a la Décima Época que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". Se autoriza a las personas que propone únicamente para oír y recibir notificaciones, no así en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en razón de que en dicho numeral se establecen las reglas conforme a las cuales se realizarán las notificaciones personales en el juicio de amparo. Por cuanto al domicilio que señala no ha lugar acordar de conformidad toda vez que se localiza fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, sin embargo, a fin de no violentar las normas esenciales que rigen el procedimiento de amparo, por esta ocasión se ordena notificarle personalmente el presente acuerdo en el domicilio ubicado en: **************************************************; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, en términos del 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal, ordene al actuario de su adscripción que notifique personalmente al quejoso el contenido de la presente determinación y le corra traslado con copia autorizada de la misma, asimismo, le requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones personales, se le realizarán por medio de lista que se publique en los Estados de este Juzgado de Distrito, sin ulterior acuerdo. Se otorga plenitud de facultades al juez exhortado, para que la diligencia antes ordenada, se realice aún en horas y días inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

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