Armando Ortiz Zepeda
Expediente 332/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2022
Partes del expediente
- Armando Ortiz Zepeda
- ARMANDO ORTIZ ZEPEDA y Otros.
- MARIA DE LOURDES ESPINOSA MOSQUEDA y Otros.
Actuaciones
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 3318/2014.... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades a que se refieren los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia de la Unión a ********************, respecto de los actos y por los motivos expuestos en los considerandos octavo de la presente resolución. TERCERO. Cúmplase con lo ordenado en los considerandos noveno y décimo de esta sentencia. Notifíquese y por medio de lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México; uno de junio de dos mil veintidós. Se atiende exhorto diligenciado. Agréguese a los autos, el oficios de cuenta, remitido por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Por medio del cual, se devuelve debidamente diligenciado su exhorto 95/2022, de su índice; el cual fue formado con motivo del diverso 263/2022 de nuestra estadística, derivados del juicio de amparo en que se actúa, a efecto de notificar la determinación de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que solicitó notificar mediante exhorto el desechamiento de la demanda promovida. En este tenor, del análisis de las constancias que remitió el juzgado exhortado, se aprecia que en la diligenciación, el actuario federal dejó aviso, a efecto de que el interesado se constituyere al sitio del juzgado, por lo que, al no acudir en el plazo indicado, se ordenó practicar la notificación por medio de listas de acuerdo, con fecha de publicación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, por tanto, fue debidamente notificada la parte quejosa; atento a lo anterior, agréguense a los autos, los oficios de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar y se toma conocimiento de dicha circunstancia. Hágase las anotaciones correspondientes y dése de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes dos punto cero (SISE 2.0), para los efectos legales conducentes. En este tenor, no resulta necesario acusar recibo de estilo a los Juzgados Federales oficiantes, toda vez que al remitirse cada uno de los exhortos de cuenta, por el sistema antes mencionado, dichos órganos oficiantes puede imprimir el mismo. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha lo haya realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído; por tanto, se ordena notificar las subsecuentes determinaciones, a la parte quejosa, por medio de lista, aún y cuando sean de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad. Fundamento: Artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Declaración de estado. Visto el estado procesal de los autos y las certificaciones de cuenta; se advierte que feneció el término de cinco días que prevé la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, se declara que la citada determinación ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Fundamento: Artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo; artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Anotaciones en el Libro de Gobierno y archivo del expediente. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese este expediente como concluido. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado en contrario sentido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en los supuestos descritos en su artículo 21, inciso b). Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Recepción. Téngase por recibida la promoción de cuenta, mediante la cual el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en cumplimiento al Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remite el juicio de amparo 4069/2021, de su índice, derivada de la incompetencia planteada en el expediente 415/2021 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, sin integrar, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *****, contra actos atribuidos al Presidente de la República y otras autoridades. En atención a lo solicitado en su escrito, téngase como representante común a *****, lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. Sin que sea necesario acusar recibo de autos, toda vez que así lo determinó el órgano jurisdiccional en cita, mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno respectivo de su índice. Acúsese de recibo vía interconexión. Sin que sea óbice a lo anterior, este juzgado federal, estima pertinente acusar recibo al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, toda vez que tuvo conocimiento previo al darle tramite al Juicio de Amparo Indirecto 415/2021 de su índice. Por lo tanto, SE COMISIONA al personal del AREA DE ACTUARÍA a llevar a cabo el ACUSE CORRESPONDIENTE VÍA INTERCONEXIÓN, a través del Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) denominado "Envío de documentos a órganos". Avocamiento y registro. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones 1 y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de amparo y en términos del Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, por lo cual, se ordena registrar el asunto con el número de expediente 332/2022. Fórmese el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Este órgano jurisdiccional, al avocarse al conocimiento del presente juicio de amparo, reconoce la validez de lo actuado en la incompetencia planteada en el Juicio de Amparo Indirecto 415/2021 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Consecuentemente, al realizarse un análisis integral de las constancias que obran en autos se aprecia que mediante determinación de doce de mayo de dos mil veintiuno, el homologo federal precisado en el párrafo que antecede, por diversos razonamientos que expuso en ese proveído, por cuanto hace al peticionario ARMANDO ORTIZ ZEPEDA, tuvo por no presentada la demanda de amparo, toda vez que el juzgado declinante, aprecio del análisis de la demanda, que carecía de la firma autógrafa estampada por dicho peticionario. Sin que sea óbice a lo anterior, de acuerdo a lo asentado en el sello de recepción de la demanda, no se aprecia que existiere manifestación alguna por parte de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado Michoacán, con residencia en Morelia, respecto a que la misma careciere de firma por parte de alguno de los promoventes. Reposición de procedimiento. En corolario con lo anterior, se deja patente que la demanda de amparo se presentó de forma física ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado Michoacán, con residencia en Morelia, y del sello de recepción de la misma no se aprecia que se hubiere asentado la falta de firmas autógrafas por alguno de los promoventes, por tanto es inconcuso arribar a la misma conclusión del juez de origen, de que dicho promovente, no firmó la demanda; consecuentemente, este juzgado federal, considera que a efecto de no vulnerar las garantías tanto de audiencia, como del debido proceso, debe reponerse el procedimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente, de conformidad a lo puntualizado en el numeral 2 de la ley de la materia, se repone el procedimiento, para el efecto de que se le de trámite a la demanda instada por el promovente Armando Ortiz Zepeda. Determinación (Desechamiento) respecto del acto reclamado en el escrito de demanda de amparo. De una interpretación integral de la demanda de amparo, se concluye que la parte quejosa señaló como acto reclamado, lo siguiente: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, respecto de los artículos señalados en el escrito de demanda. Al respecto, a consideración del suscrito, debe desecharse el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo, ante la falta de afectación a su interés jurídico, por los motivos que se exponen a continuación. El artículo que establece la causa de improcedencia en cuestión prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto reproducido se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causen perjuicio al quejoso, es decir, que no le generen una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Aunado a lo expuesto, es conveniente precisar que, tratándose de normas de carácter general, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la distinción de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas se establece en términos del concepto de individualización condicionada o incondicionada, es decir, la característica que puede tener una norma jurídica, de cobrar aplicación en la esfera jurídica de su destinatario desde el momento de su entrada en vigor (individualización incondicionada), o bien, hasta que se produzca un acto necesario para que el ordenamiento jurídico adquiera su individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal (individualización condicionada). En ese sentido, una ley se considerará autoaplicativa cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna, y en tal virtud, el juicio de amparo podrá ser promovido desde tal instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Por otra parte, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso que condicione su aplicación y, en consecuencia, será hasta este momento en que la esfera jurídica del quejoso se vea afectada. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª) y la tesis aislada 2a. XIX/96 (9ª) (registros 198200 y 200627), cuyos rubros son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA)." Ahora bien, de la revisión a la red de información y comunicaciones del Poder Judicial de la Federación, concretamente en la página electrónica accesible vía intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, la Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández se pronunció sobre la afectación que pudiera generar el decreto aquí impugnado con motivo de su entrada en vigor, en los términos siguientes: (.) Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. (.) Sin embargo, aun partiendo de dicha interpretación, en el caso no se satisfacen los supuestos excepcionales para conceder la suspensión, porque el posible daño a los derechos humanos invocados por los accionantes, como lo son, entre otros, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales relacionados con la identidad de las personas, a la presunción de inocencia y al uso de las tecnologías de la información, no se actualiza a partir de la vigencia de la norma. En efecto, de acuerdo con el régimen transitorio del decreto impugnado, si bien esas normas entraron en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de abril del presente año (sic), lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta, primero, a la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo transitorio tercero, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todas y todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea y los datos biométricos. Y segundo, al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo transitorio cuatro, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo transitorio quinto). En este sentido, y toda vez que los promoventes hacen depender el otorgamiento de la suspensión de la afectación a los derechos humanos precisados y esta afectación no se resentirá de manera inmediata a partir de la expedición del decreto cuya invalidez se solicita, dado que éste se produciría, en su caso, a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados, en consecuencia, no se actualizan los supuestos excepcionales precisados por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conceder la suspensión solicitada en este medio de control constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que varíen las circunstancias valoradas en este auto para negar la suspensión, dicha medida cautelar pueda ser nuevamente analizada. (.) De la transcripción que antecede se advierte lo siguiente: El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es susceptible de causar perjuicio con motivo de su sola vigencia. Lo anterior, ya que si bien, conforme a su régimen transitorio, dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta: 1. A la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo tercero transitorio, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea y los datos biométricos. 2. Al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto impugnado para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo cuarto transitorio, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el mencionado decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo quinto transitorio). Derivado de lo anterior, la posible afectación que pudiera generar el decreto impugnado a sus destinatarios no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados. En el caso, se reitera que la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo en contra del Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, -con motivo de la sola entrada en vigor-, de ahí que se estime que dicha norma de carácter general no genere perjuicio con su sola expedición. Cabe destacar que, conforme a lo expuesto en la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de forma precisa, entre otros, el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que se establece, en esencia, lo siguiente: Se obliga a todos los titulares de las líneas telefónicas móviles "celulares" a registrar sus datos biométricos, bajo pena de cancelar la línea y no acceder a los beneficios de la misma. Se faculta a las compañías telefónicas privadas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para recabar, obtener e ingresar los datos personales (biométricos) al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Debido a lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada con antelación, ya que el decreto controvertido no genera perjuicio a la parte quejosa, con motivo de su entrada en vigor. Así se afirma, ya que la posible afectación que pudiera generar el acto reclamado a la parte quejosa no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino en el momento en que se esté en aptitud de proporcionar la información establecida en el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados en los artículos tercero y cuarto transitorio del mencionado decreto, los cuales disponen lo siguiente: "Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del presente Decreto, deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente Decreto. La no emisión de las disposiciones de carácter general en el plazo referido en el párrafo anterior dará motivo a responsabilidad administrativa para los integrantes del órgano de gobierno del Instituto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuarto. En el caso del registro de líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, contarán con un plazo de dos años a partir de su publicación para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere el presente Decreto. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, durante el plazo de dos años a que hace referencia el párrafo anterior, deberán realizar una campaña de información dirigida a sus clientes, con la anticipación que les permita cumplir con su obligación de registrar y actualizar sus datos. Para tal efecto los usuarios deberán presentar ante el concesionario o autorizado de que se trate la tarjeta SIM, así como la documentación fehaciente a que hace referencia el artículo 180 Ter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o a través de los medios tecnológicos que faciliten a los usuarios el registro. También deberán ser informados de que, en caso de no realizar dicho trámite dentro del plazo señalado, se les cancelará la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil de que se trate, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna. Transcurrido el plazo señalado para el registro de titulares o propietarios de las líneas telefónicas móviles, el Instituto solicitará a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes." Aunado a lo anterior, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de la página oficial electrónica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a saber http://www.ift.org.mx/, a la presente data, no se han emitido las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior sucede así, con motivo de la suspensión concedida en la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, emitida en la controversia constitucional 71/2021, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), determinación que fue confirmada mediante diversa resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de reclamación 61/2021-CA, del índice de dicha Sala, dichas determinaciones resultan un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Esto es, con motivo de la suspensión concedida en dicha controversia constitucional, se determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no debe emitir las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido, lo anterior, hasta en tanto se verifique la constitucionalidad de dicha porción normativa, de ahí que al día de hoy, aún no se hayan emitido las disposiciones de carácter general en comento. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que, a la fecha de presentación de la demanda el decreto reclamado no es susceptible de causar perjuicio a la parte quejosa, al no haberse satisfecho las condiciones y plazos previstos en los artículos tercero y cuatro transitorios citados. De igual forma se precisa, que el suscrito no desconoce el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA"; sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable en el caso, ya que para definir si los preceptos reclamados generan perjuicio a la parte quejosa con su sola entrada en vigor, no resultó necesario realizar una interpretación o análisis profundo de su texto, lo cual es propio de la sentencia de amparo, sino únicamente imponerse del contenido de las normas transitorias que integran el decreto controvertido. La presente determinación, también tiene como sustento lo resuelto en las sentencias siguientes: La dictada en el recurso de queja Q.A. 366/2021, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. La dictada en el recurso de queja Q.A. 431/2021, por el Primer Tribunal Colegiado de circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de uno de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa en el escrito de demanda, se desecha la demanda de amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Utilización de Medios Electrónicos. De igual forma, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Autorizados para oír y recibir notificaciones. No pasa inadvertido, que por cuanto hace a la persona que indicó como autorizado, ésta únicamente se considerará en términos restringidos, es decir sólo para oír y recibir notificaciones, dado que NO se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho. Notificación a la parte quejosa. Respecto al rubro de domicilio procesal, deberá de estarse a lo ordenado en el expediente 415/2021 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno. Dado que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: calle Corregidora número 1156 interior 2, Colonia Centro, en Morelia, Michoacán; mismo que se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado Federal; en consecuencia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común; a efecto de que, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, realice lo siguiente: Se sirva notificar el presente acuerdo a la parte quejosa; y, Con libertad de jurisdicción la requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, o bien un nombre de usuario a efecto de que se le practiquen si así lo desea de forma electrónica, en el momento de la notificación o dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos legales la notificación del presente proveído Apercibida que de no cumplir con lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista. Al momento de la diligencia de notificación, el Actuario adscrito al Juzgado exhortado, precise al interesado que podrá transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, deberá hacer saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el correo institucional siguiente: christian.solis.guzman@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Asimismo, solicítese atentamente al Juez exhortado, que de no existir inconveniente legal alguno, en caso de que la parte quejosa desahogue el requerimiento formulado en autos (por lo que hace al señalamiento de domicilio), en el local que ocupa el Juzgado a su digno cargo, lo haga saber inmediatamente a este órgano jurisdiccional. Lo anterior, desde luego, sin demérito de lo valioso de sus actuaciones que en auxilio de este Juzgado Federal lleve a cabo, pues también es verdad que sólo obedece a la finalidad de agilizar el trámite del presente juicio de amparo. Fundamento: Artículo 27, fracción II, y 21 de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso 34/2020. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia y datos personales Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Fundamento: Artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales. Jurisprudencia. La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." Devolución de documentos En otro aspecto, tomando en consideración la manifestaciones hechas por la parte quejosa, sobre la devolución de los documentos exhibidos. Al respecto, dígasele que una vez que se provea sobre el archivo del presente asunto, se acordará lo conducente. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.
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