Armando Ortiz Cerriteño

Expediente 405/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
405/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Armando Ortiz Cerriteño
  • Armando Ortiz Cerriteño y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistas las certificaciones que anteceden y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de ********************, transcurrió del veinte al veintiséis de noviembre de dos mil veinte, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por ******************** ha causado estado. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos ********************, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa en un tomo y remite testimonio de la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, relativa al recurso de queja Q.A. 54/2020. Acúsese recibo; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso en comento y hágase del conocimiento de las partes, que en el referido recurso se resolvió: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." En consecuencia, atento a lo resuelto por el Tribunal mencionado, se acuerda lo siguiente: Sentido de la determinación. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por los quejosos Armando Ortiz Cerriteño, Edward Domínguez Moguel y José Álvarez Rodriguez, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta diversa a la analizada por la Superioridad. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Una vez analizada la demanda de amparo que diera origen a esta contienda, este Juzgador considera que debe desecharse de plano toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que carece de la firma electrónica de la quejosa. En dichos preceptos se prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) ---XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: --- I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de los artículos 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y debe ser promovido por la persona a quien afecte el acto reclamado. Lo anterior, implica que en la demanda de amparo debe constar la manifestación de la voluntad de la persona que promueve, es decir, debe contar con su firma, pues sólo así podría cumplir con el requisito de que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte agraviada. En el artículo 3 de la Ley de Amparo, se prevé que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente, en este caso, los promoventes optaron por hacerlo de manera electrónica. En ese precepto se establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual se estableció como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es una opción para enviar y recibir promociones. La normatividad que regula la firma electrónica para la presentación de demandas es el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos 2, fracción II, 62 y 64 de ese instrumento normativo se prevé lo siguiente: "2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: --- (.) --- II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico expedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación". "62. El Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos". "64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema". De los artículos transcritos podemos concluir que la forma en la que se presentan las demandas de amparo de manera electrónica es a través del sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, para acceder a sus servicios, se requiere que la persona interesada cuente con firma electrónica registrada -salvo que se reclamen actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso, no se requiere firma electrónica-, lo que en el caso no acontece. En ese sentido, al presentar una demanda de amparo de manera electrónica se emite un Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que permite asociar de manera segura y fiable la identidad del firmante, permitiendo con ello identificar a su autor. En el asunto que nos ocupa, tenemos que la demanda de amparo no fue firmada de manera electrónica por la parte quejosa. Lo anterior, implica que al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo por los quejosos, no existe la posibilidad de identificar a su autor y como consecuencia de ello, no existe una manifestación de la voluntad que permita establecer la instancia de parte agraviada que se requiere para iniciar el juicio. No pasa inadvertida para este Juzgador la jurisprudencia 1a./J. 24/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA". Como se advierte, la Primera Sala sostiene que cuando la demanda de amparo carece de firma electrónica debe prevenirse a la parte quejosa; sin embargo, con posterioridad a la emisión de ese criterio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como jurisprudencia un criterio distinto. En efecto, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Tribunal Pleno estableció que la utilización de la firma electrónica a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivo simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgarse validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal señaló que cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". Así las cosas, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en principio ambos criterios jurisprudenciales resultan obligatorios; sin embargo, al ser opuestos entre sí, en este asunto este Juez de Distrito opta por seguir el más reciente y que proviene del órgano de mayor jerarquía, es decir, por la jurisprudencia establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes de los actos reclamados narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) es claro que la demanda carece de la firma autógrafa de la parte quejosa y no se requiere prueba adicional para acreditarlo; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco podría cambiar. Conclusión. Al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo por los quejosos, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, razón por la cual procede su desechamiento de plano. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Fiscalía General de la República, por el que remite el dictamen pericial en Materia de Contabilidad de la perito oficial Marta Crespo Ramírez. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la perito mencionada, por conducto del Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, se presente debidamente identificada en las instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, para que ratifique en todas y cada una de sus partes el contenido del dictamen pericial de mérito. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el director de amparos, en ausencia de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de febrero de este año, informa a este órgano jurisdiccional que no cuenta en su plantilla con perito en medicina con especialidad en cardiología, por lo que sugiere gire su petición a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México; sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de cuatro de marzo de este año, se tuvo al médico especialista Fernando Flores Puente, como perito de este Juzgado de Distrito, estando a la espera de que acepte y protesta el cargo que le fue conferido. Notifíquese.

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