Armando Ortega Lucero
Expediente 445/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 445/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Armando Ortega Lucero
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de diez de septiembre del año en curso, que desechó la demanda promovida por *************, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al Artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo identificación de las partes. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama de los Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 445/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que la promovente no vea obstaculizado su acceso a la justicia. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca 438/2021 del índice de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De las disposiciones normativas transcritas, se advierte que el amparo indirecto, contra actos, omisiones, o resoluciones provenientes de un juicio, se encuentra limitado en su procedencia, a aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que no produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se desprende, el legislador, con dicha aclaración, proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían dos condiciones: -La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, -La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos), sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos y fundamentales previstos en la constitución federal, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución o sentencia favorable en el juicio o procedimiento, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. En estos casos, es procedente el amparo directo, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque la parte afectada obtuviese sentencia o resolución favorable a sus intereses, por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse algún derecho sustantivo. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que tan solo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por dicha razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia o resolución correspondiente para poder combatirlos mediante el juicio de amparo indirecto o directo, según sea el caso, siempre que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, expresado bajo protesta de decir verdad, se tiene que la Sala responsable en el toca número 438/2021, el trece de agosto de dos mil veintiuno emitió una resolución en la que se revocó la emitida en primera instancia dentro de un incidente de conexidad de la causa, promovido por la aquí tercero interesada, lo que trajo como consecuencia la acumulación de juicios, lo que considera el impetrante vulnera sus garantías de audiencia y defensa. Lo anterior pone de relieve que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados son intraprocesales y no son de imposible reparación, porque no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino únicamente derechos procesales o adjetivos; porque: a.- Solo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos (verbigracia, el patrimonio), sino únicamente procesales relacionados con la integración del juicio de origen. b.- Lesión que no trasciende al resultado del fallo, toda vez que los actos reclamados no impiden la debida integración de la litis, sino por el contrario, es a fin de integrar debidamente el sumario judicial; tampoco ocasionan el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa; ni determinan definitivamente el rumbo del juicio de origen, por la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable. c.- Además, en caso de que la sentencia no fuese favorable, la parte quejosa, estaría en posibilidad de impugnarlas a través del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer las violaciones alegadas como vicios del procedimiento, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. No se soslaya que la parte quejosa omite señalar en forma clara, cronológica y precisa su capítulo de antecedentes, sin embargo, los datos que proporciona son suficientes para tener por acreditada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia; por lo que a nada practico conducía prevenirlo para que señale datos de los juicios de fuente del acto reclamado, partes y fechas de las actuaciones, pues en nada variaría el resultado de esta determinación. Notifíquese personalmente al promovente.
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