Armando Olaff Hernández González

Expediente 817/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
817/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Armando Olaff Hernández González

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese al juicio de amparo en que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente; ahora bien, de la constancia con la que apoya su informe justificado se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa se duele básicamente de que la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, no ha acordado su escrito de siete de septiembre de dos mil veintidós, presentado el nueve del mismo mes y año, en el cual manifestó que aceptaba el ofrecimiento de trabajo y solicitó que se señalara fecha y hora para llevar a cabo su reinstalación, dentro del juicio laboral 273/5/2022. Dentro de ese contexto, tenemos que la autoridad responsable anexó a su informe justificado de cuenta, copia certificada de una constancia que obra dentro del juicio laboral de origen, la cual al estar referida a actuaciones judiciales se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, acordó lo conducente en derecho respecto de dicho escrito, en el cual manifestó que aceptaba el ofrecimiento de trabajo y solicitó que se señalara fecha y hora para llevar a cabo su reinstalación; ello, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el quince de marzo del presente año. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, la responsable emitió el acuerdo respecto al escrito de siete de septiembre de dos mil veintidós, presentado el nueve del mismo mes y año; por lo que quien aquí provee considera que ha sido restituida en el goce del derecho fundamental que estimó violado. Asimismo, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber obtenido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a la responsable que en cumplimiento a la misma, dictara un acuerdo en el que proveyera lo solicitado en el escrito multicitado dentro del juicio laboral de origen. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, ya que en la especie ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre la audiencia constitucional, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba que se ofrezcan sea desvirtuada y se tenga que emitir una resolución en sentido diverso. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572 que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en el auto admisorio de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto de cuenta, se tiene por recibido el escrito de la quejosa ********************, a través del cual da cumplimiento a lo requerido en auto de dieciséis de marzo del presente año, hace del conocimiento que el acto reclamado consiste en la omisión de la Junta Especial número cinco de conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, acordar la promoción de siete de septiembre de dos mil veintidós, presentada el nueve de del mismo mes y año en curso. Admisión Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda promovida contra el acto de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la cual quedó registrada en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes con el número ********************, por ser el ordinal progresivo que le correspondió; sin tramitar incidente de suspensión en virtud de no haber sido solicitado. Audiencia Constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. Informe Justificado Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116, primer párrafo y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda y del escrito de desahogo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, mismo que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, deberá acompañar copias certificadas de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad del mismo, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas, foliadas, y ordenadas en forma secuencial. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, se presumirá cierto el acto reclamado, y se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 117, párrafo cuarto y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificarán de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Requerimiento respecto causales de improcedencia Requiérase a las partes para que si durante la tramitación de este juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo hagan saber a este juzgado y de ser posible deberán remitir las constancias legibles que acrediten tal situación, en términos del diverso numeral 64 de la misma ley. De igual forma, se apercibe a las partes que de no hacer del conocimiento la causal en comento, se les impondrá una multa en forma individual de treinta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de la demanda se advierte que el acto reclamado lo constituye una omisión de la Junta Especial número cinco de acordar la promoción de siete de septiembre de dos mil veintidós, presentada el nueve de del mismo mes y año en curso. En ese sentido, debe señalarse que la práctica y experiencia en este tipo de asuntos lleva a prever que dicho acto reclamado probablemente cesará en sus efectos o incluso será inexistente a la fecha de presentación de la demanda al haber actuado ya la autoridad responsable en el juicio laboral de origen, lo que propiciaría la improcedencia y eventual sobreseimiento del juicio de amparo. La experiencia también lleva a sostener que el sobreseimiento por cesación de efectos o inexistencia del acto no serán recurridos, lo cual es obvio, pues la parte quejosa habrá sido restituida anticipadamente en el goce de la garantía que estimó violada y por ello el sobreseimiento en esos términos no le causa afectación. En esa medida, teniendo en cuenta la aludida experiencia y dado el gran número de asuntos que se reciben en este juzgado con las aludidas características, de manera excepcional y temporal y como una medida de política judicial para disminuir la carga laboral, solicítese a la parte quejosa informe a este juzgado dentro del término de tres días, legalmente computado, si estaría conforme o no con el sobreseimiento que se decrete fuera de audiencia una vez recibido el informe justificado del que se advierta la cesación del acto reclamado o su inexistencia, en su caso. En el entendido que de no realizar manifestación alguna se le tendrá conforme con dicha determinación y se procederá a declarar la firmeza del sobreseimiento fuera de audiencia, ordenándose el archivo definitivo del juicio en el propio acuerdo de sobreseimiento. Instrúyase al actuario que lo antes expuesto sea contenido en la lista de acuerdos para conocimiento completo de la parte quejosa. Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación En otro orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, las partes podrán rendir alegatos por escrito o remitirlos mediante el portal de servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, con utilización de firma electrónica. En el supuesto de que alguna de las partes desee asistir personalmente a la audiencia a fin de alegar verbalmente, deberán estarse a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el sentido de que, ello sólo se permite cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. En ese supuesto, se les previene para que generen la cita correspondiente y lo hagan del conocimiento de este juzgado con una anticipación de cinco días a su celebración, a efecto de ponderar su desahogo y disponer lo necesario, a la luz de las medidas dispuestas en los Acuerdos Generales 12/2020, 13/2020 y 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En caso de no hacer la manifestación al respecto, la audiencia se celebrará sin asistencia personal de las partes. Solicitud a la autoridad responsable Se solicita a las autoridades responsables que de contar con algún correo electrónico, lo proporcionen preferentemente vía telefónica al número 89 99 26 44 11, extensión 1025, con la finalidad de que este juzgado pueda utilizarlo para realizar alguna notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente. Tercero Interesado Por lo que hace al tercero interesado, una vez que la autoridad responsable rinda su informe justificado se proveerá lo conducente, a fin de tener plena certeza del acto reclamado y del carácter que en su caso, aquél pueda tener en el juicio laboral de origen. Intervención de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita Asimismo, como lo dispone el numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; en la inteligencia de que en términos del artículo 110 de la ley de la materia, deberá entregársele copia simple de la demanda de amparo y del escrito de desahogo, por conducto del Actuario de la adscripción, o en su caso, podría ser recogida en la secretaría correspondiente, en uno u otro caso, deberá dejarse constancia legal de su recibo. En mérito de lo anterior, se autoriza a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de Distrito, la consulta del presente expediente de manera electrónica, lo cual se podrá efectuar en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a través del usuario ********************por tanto, instrúyase a la oficial judicial A para que realice las gestiones administrativas relativas para que dicho usuario tenga acceso total al expediente electrónico correspondiente. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Se comisiona al Actuario de la adscripción a que habilite los campos correspondientes en el sistema respectivo, a fin de que dicha consulta electrónica pueda efectuarse desde el inicio de este asunto. Pruebas Por otro lado, téngase como prueba de la parte quejosa la documental que adjunta a su demanda de amparo, misma que se relacionará en la audiencia constitucional, y se tomará en consideración al resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Apercibimientos Los apercibimientos de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretados en este proveído tienen su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente. Transparencia y Acceso a la Información Pública Finalmente, atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, salvo la reservada y la confidencial, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado; sin embargo las partes pueden manifestar expresamente su conformidad con la publicación de sus datos personales, si así lo estiman conveniente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.WAFA

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Juez de Control de la Sexta Región Judicial del Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas; Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, Comandante de la Policía Judicial, y Comisario o Jefe de la Policía Investigadora, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas; y, Comisario o Jefe de la Policía Investigadora, con asiento en esta ciudad; que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Actos los cuales no se transcriben por no ser necesario. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que la admitió a trámite por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le compete; se tuvo con el carácter de tercero interesados a Reyes Cortés Medina y al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, quienes fueron emplazados legalmente; por auto de diez de mayo de dos mil veintidós (foja 91), se tuvo como inexistente a la autoridad Comandante de la Policía Judicial de Ciudad Madero, Tamaulipas; posteriormente, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la orden de reaprehensión reclamada puede tener ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten, en: La orden de reaprehensión librada en contra del quejoso RUBÉN ANTONIO PÉREZ SANDI HURTADO, por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, el quince de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 192/2012, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude, en agravio de Reyes Cortés Medina; y, La ejecución o cumplimiento de la orden de reaprehensión. TERCERO. Las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas y Juez de Control de la Sexta Región en el Estado de Tamaulipas, con asiento en Ciudad Altamira, Tamaulipas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados (foja 23 a 26); lo anterior, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa con medio de prueba alguna. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio en relación con las citadas autoridades responsables. CUARTO. La autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, al rendir su informe justificado (fojas 28 y 29) aceptó la existencia de una orden de reaprehensión en contra del quejoso, por lo que tal acto se tiene como legalmente cierto. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo de dicho informe, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el diverso numeral 74, fracción III, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya señalado como acto reclamado en su demanda de amparo la orden de aprehensión, y del informe justificado de la citada autoridad responsable se desprenda que existe en su contra una orden de reaprehensión, pues evidentemente existió error en la denominación del acto reclamado; de ahí que este juzgador proceda a examinar la constitucionalidad del que aparece probado. Tal proceder no implica, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 79/99-PS; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Julio de 2001, página 287, Materia Penal, registro digital 189287, cuyo rubro y teto rezan de la siguiente manera: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías." Por su parte, la diversa autoridad responsable Comisario o Jefe de la Policía Investigadora, con asiento en Ciudad Madero, Tamaulipas, omitió rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificada del auto por el cual se le requirió, como se aprecia del acuse de recibo que obra a foja 95; en tal virtud, de conformidad con el párrafo cuarto, del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto de ejecución que se le atribuye. A su vez, la autoridad responsable Encargado de la Policía Investigadora y Policía Ministerial, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la ejecución de la orden de reaprehensión librada en contra del quejoso; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa tomando en consideración que dada la naturaleza de sus funciones y por haber sido señalada por la parte quejosa como ejecutora, a ella corresponde ejecutar o auxiliar en la ejecución de la orden de reaprehensión aceptada por el juez segundo penal de Ciudad Madero, Tamaulipas, por lo que se acredita el acto atribuido a dicha autoridad ejecutora. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". QUINTO. Las causas de improcedencia son de orden público, por lo que deben ser analizadas previamente al estudio de fondo del asunto, a pesar de que las partes lo aleguen o no, en términos del último párrafo del numeral 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no invocaron causal de improcedencia alguna, así como tampoco este juzgador advierte de oficio que se actualice. SEXTO. Procede el análisis referente al acto reclamado consistente en: La orden de reaprehensión librada en contra del quejoso RUBÉN ANTONIO PÉREZ SANDI HURTADO, por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, el quince de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 192/2012, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude, en agravio de Reyes Cortés Medina. Para ello, debe realizarse el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa sin que se advierta deficiencia de la queja que deba suplirse en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora, previo a exponer los motivos que sustentan dicha aseveración, es necesario efectuar una reseña de los antecedentes del acto reclamado, lo que se llevará a cabo tomando consideración las constancias remitidas por el juez que aceptó el acto, que obran en tomos por separado, que ya fueron valoradas y, entre las que destaca que: I. En auto de veinticinco de julio de dos mil doce, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, radicó la causa penal 192/2012, instruida al hoy quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude, en agravio de Reyes Cortés Medina (foja 137 del tomo uno de pruebas). II. El diecisiete de octubre de dos mil doce, el juzgado responsable libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por haberse acreditado el cuerpo del delito de fraude, así como su probable responsabilidad en la comisión del mismo (foja 160 a 176 del tomo uno de pruebas). III. Cumplimentada la orden de aprehensión, el doce de noviembre de dos mil doce, se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso por haberse acreditado el cuerpo del delito de fraude específico, así como su probable responsabilidad en su comisión (foja 408 a 427 de tomo uno de pruebas). IV. Posteriormente, con motivo de un juicio de amparo promovido por el inculpado y aquí quejoso, se dictó auto de libertad a favor de éste el veintiocho de enero de dos mil catorce (foja 646 a 659 del tomo dos de pruebas). V. La parte ofendida y aquí tercero interesado promovió diverso juicio de amparo en contra de la resolución indicada en el punto anterior, el cual le fue concedido y con motivo del cumplimiento de la sentencia ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, se dictó de nueva cuenta auto de formal prisión en contra del hoy quejoso el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude (foja 1628 a 1669 del tomo cuatro de pruebas). VI. Con motivo de lo anterior, el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, el juez responsable requirió al inculpado para que en el término de tres días, a partir de la notificación correspondiente, se sometiera a su jurisdicción, solicitando la libertad bajo caución y exhibiéndola, o internándose en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas; con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se ordenaría su reaprehensión (foja 1670 del tomo cuatro de pruebas). VII. Al no cumplir con dicho requerimiento, el juzgado responsable dictó orden de reaprehensión en contra del inculpado y aquí quejoso el cuatro de abril de dos mil diecisiete (foja 1710 a 1712 del tomo cuatro de pruebas). VIII. En contra de tal determinación, el hoy quejoso promovió diversos juicios de amparo, siendo que en uno de ellos le fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que se dejara sin efectos la reaprehensión de mérito y le fuera notificado personalmente el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; lo cual se ordenó en auto de dos de agosto de dos mil dieciocho (foja 1808 del tomo cuatro de pruebas). IX. Una vez realizada dicha notificación y sin que el inculpado diera cumplimiento al auto en comento, de nueva cuenta el juez responsable dictó un auto el seis de agosto de dos mil veinte, en el que le requirió de nueva cuenta que en tres días, a partir de su notificación, se sometiera a su jurisdicción, solicitando su libertad bajo caución y exhibiéndola o internándose en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas; con el apercibimiento que de no hacerlo se libraría orden de reaprehensión en su contra (foja 1891 del tomo cinco de pruebas). X. El referido auto de seis de agosto de dos mil veinte, le fue notificado al inculpado y su defensor, el diecisiete de septiembre del mismo año (foja 1970 a 1977 del tomo cinco de pruebas). XI. Al no dar cumplimiento el hoy quejoso al requerimiento realizado por el juzgado responsable, le hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que libró orden de reaprehensión en su contra el quince de febrero de dos mil veintidós (foja 2053 a 2057 del tomo cinco de pruebas), lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Como se adelantó, resultan infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa ya que no le asiste razón, pues la orden de reaprehensión reclamada cumple con las formalidades exigidas para su emisión, ya que el quejoso se encuentra en libertad bajo ningún concepto legal. En efecto, de los antecedentes citados conforme a las constancias de autos, se aprecia que la orden de reaprehensión reclamada fue emitida con motivo de que la parte ofendida y aquí tercero interesado promovió un juicio de amparo en contra de la resolución de veintiocho de enero de dos mil catorce, en la que se había dictado auto de libertad a favor del inculpado y aquí quejoso. Así es, el referido amparo le fue concedido a la parte ofendida en la causa penal de origen y con motivo del cumplimiento de la sentencia ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, se dictó de nueva cuenta auto de formal prisión en contra del hoy quejoso el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude; por ello, el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, el juez responsable requirió al inculpado para que en el término de tres días, a partir de la notificación correspondiente, se sometiera a su jurisdicción, solicitando la libertad bajo caución y exhibiéndola, o internándose en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas; con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se ordenaría su reaprehensión. Dicho auto del mes de noviembre indicado en el párrafo anterior, le fue notificado al inculpado, sin que diera cumplimiento a lo requerido; por ende, de nueva cuenta el juez responsable dictó un auto del seis de agosto de dos mil veinte, en el que le requirió que en tres días, a partir de su notificación, se sometiera a su jurisdicción, solicitando su libertad bajo caución y exhibiéndola o internándose en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas; con el apercibimiento que de no hacerlo se libraría orden de reaprehensión en su contra; siendo que el mencionado auto de seis de agosto de dos mil veinte, le fue notificado al inculpado y su defensor, el diecisiete de septiembre del mismo año (foja 1970 a 1977 del tomo cinco de pruebas). Y, al no dar cumplimiento el hoy quejoso al requerimiento realizado por el juzgado responsable, le hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que libró orden de reaprehensión en su contra el quince de febrero de dos mil veintidós (foja 2053 a 2057 del tomo cinco de pruebas), lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Lo anterior, máxime que, como se dijo, se dictó un auto de formal prisión en contra del hoy quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude; de ahí que, se reitera, el impetrante del amparo se encuentra en libertad bajo ningún concepto legal. Sin que pase inadvertido que el juzgado responsable hizo del conocimiento del encausado y su defensor que debía someterse a su jurisdicción, habida cuenta que se dictó en su contra el referido auto de formal prisión; por lo que ante su desacato a una orden legitima fue que se libró su reaprehensión. Así es, el juez responsable correctamente dejó establecido en la determinación que se le reclamada, que la conducta del inculpado y aquí quejoso evidencia su nulo interés de someterse a su jurisdicción, advirtiendo un claro desacato del procesado a una orden suya; aunado a que por la naturaleza del delito, el cual se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad, y se le dictó auto de formal prisión; que al no haber caución alguna que garantice su libertad, es que ordenó girar orden de reaprehensión en su contra a fin de que se instruya el proceso respectivo. Por lo tanto, a consideración de este juzgador se estima legal el proceder del juez responsable. En efecto, la determinación de la juez penal resulta ajustada a derecho, pues el impetrante conoce de la existencia del proceso penal que se sigue en su contra y de su estado procesal, esto es, que se encuentra bajo los efectos del auto de formal prisión decretado en su contra por el delito de fraude; ilícito que contempla una pena privativa de la libertad. En ese contexto, el quejoso alega que el acto reclamado vulnera los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, pues refiere que no ha cometido delito alguno que amerite privación de su libertad, que no se siguió el debido proceso y, además, que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, conceptos que, como se dijo resultan infundados. Ello es así, dado que como se advierte de autos, en la especie no se aplicó alguna ley retroactivamente en perjuicio del ahora quejoso, sino las vigentes al momento de emitir el acto reclamado; tampoco se conculcó la garantía de legalidad del proceso, pues, según se aprecia, se siguieron las formalidades del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Se afirma lo anterior, al ser el acto reclamado una orden de reaprehensión, en la que previo a su emisión, se le hizo saber al quejoso y su defensor que con motivo del dictado del auto de formal prisión, debía someterse a la jurisdicción del juzgador de origen, y al no haberlo hecho en el plazo que se le otorgó para tal efecto, es que se libró la misma. Aquí es oportuno mencionar que la orden de reaprehensión constituye un acto de molestia, respecto del cual, no rige la garantía de previa audiencia a la emisión de tal acto, como lo sostuvo en la tesis P.XXI/98, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro electrónico 196553, que dice: "GARANTÍA DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 412, EN SUS FRACCIONES I Y VII, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RELATIVO A LA REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO LA VIOLA. En síntesis, la norma citada establece que cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad, ésta se le revocará cuando desobedeciere sin causa justa y comprobada las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto o no cumpla con alguna de las obligaciones que contrajo al obtener el beneficio. Ahora bien, la prisión preventiva por delito sancionado con pena privativa de libertad es una excepción a las garantías de libertad, de audiencia previa, y al principio de presunción de inocencia, que tiene por objeto preservar el adecuado desarrollo del proceso y asegurar la ejecución de la pena, así como evitar un grave e irreparable daño al ofendido o a la sociedad, en prioridad al interés social sobre el particular; luego, la revocación de la libertad provisional bajo caución, como medida cautelar y no cuando obedece a la ejecución de la pena, también es una excepción a las citadas garantías porque, no obstante que priva de la libertad al procesado, atiende a los valores sociales antes indicados, de ahí que en este caso no requiere darse audiencia previa al inculpado sino posterior, máxime que puede solicitar nuevamente el otorgamiento de su libertad provisional bajo caución, pues no existe precepto constitucional ni ordinario que lo prohíba, y así sucede en la práctica jurisdiccional." Por lo expuesto, se considera que no existe violación del artículo 14 constitucional, en perjuicio del quejoso. Tampoco se advierte transgresión al diverso 16 constitucional, porque el acto reclamado fue emitido por un juez competente; de lo anterior, válidamente se puede colegir que la actuación del juez responsable se encuentra dentro del ámbito de sus atribuciones, pues aunado a que es autoridad legalmente competente para conocer de la instrucción de procesos en materia penal, tiene facultades para imponer las medidas que estime necesarias para la prosecución del juicio penal, hasta la conclusión del mismo, entre ellas, el dictado de la orden combatida. En relación a lo antes dicho, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la autoridad responsable para sustentar la decisión asumida en el acto que nos ocupa, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuraron las hipótesis jurídicas, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. Por tanto, se concluye que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado tal como lo exige el artículo 16 constitucional, pues en el caso se señalaron las razones de derecho, es decir, la autoridad responsable se apoyó en los numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión, así como expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, al encontrarse comprobado que se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso y que dicho mandamiento no se había ejecutado, fue legal que se previniera al mismo para que se sometiera a la jurisdicción del juez natural, y al no haberlo hecho en los precisos términos que se le notificaron y a su defensor, fue correcto que se librara orden de reaprehensión en su contra. Siendo consecuencia del auto de formal prisión decretado por un delito que amerita pena privativa y que el procesado se encuentre bajo prisión preventiva hasta que cause ejecutoria la sentencia que se emita en el proceso penal. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, Octubre de 1992, página 419, Materia Penal, registro digital 218317, que dice: "REAPREHENSIÓN, ORDEN DE. POR SÍ SOLA NO VIOLA GARANTÍAS CUANDO EMANA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. No es violatoria de las garantías individuales que tutelan los artículos 14, 16 y 22 constitucionales, por sí sola la determinación del juez de la causa en el sentido de que una vez quedado el auto de formal prisión firme, procedió al dictado de la orden de reaprehensión reclamada, la cual en ninguna manera puede estimarse como inconstitucional por ser consecuencia directa de lo anterior, si de todos modos la quejosa ya está sujeta al auto de bien presa y lo único que se persigue es que el reo continúe en la situación jurídica ya existente." Asimismo, por las consideraciones que la sustentan, la tesis visible en la página 430, Tomo XV-2, del mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que a la letra dice: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN, ES INMINENTE SI SE HA DICTADO PRISION PREVENTIVA CONTRA EL QUEJOSO. No obstante que las autoridades responsables hayan negado la existencia de la orden de reaprehensión, su pronunciamiento es inminente si el quejoso compareció a rendir su declaración preparatoria bajo los efectos de la suspensión concedida en diverso juicio de garantías, pues al dictarse auto de formal prisión en su contra, implica que deba ordenarse su reaprehensión para quedar a disposición del juez de su causa y pueda instruírsele el proceso respectivo, teniendo en cuenta que el ilícito cometido se sanciona con pena privativa de libertad." Al margen de todo lo anterior, queda claro para el suscrito juzgador que el ahora amparista tiene pleno conocimiento de la situación que guarda en relación con el proceso penal que se le instruye, ya que ello quedó evidenciado con la multitud de juicios de amparo que previamente ha promovido, es decir, en diversos autos se le ha reiterado que debe someterse a la jurisdicción del juez natural con motivo de que se dictó en su contra un auto de formal prisión, y por cuestiones de técnica procedimental han tenido que reiterarse, pero eso no elude que el quejoso conozca su contenido y esté en condiciones y obligación de acatarlos. Lo anterior, da pauta a establecer que efectivamente el quejoso sabía la forma en que debía proceder, y al no hacerlo así, el juez responsable libró correctamente en su contra orden de reaprehensión. En consecuencia, al no advertirse queja deficiente que suplir que pueda beneficiar al quejoso, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. La negativa del amparo se hace extensiva a las autoridades ejecutoras indicadas en el considerando cuarto, dado que el acto que se les reclamó no fue por vicios propios, sino como consecuencia del de la ordenadora. Sustenta lo dicho, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 357, Materia Común, registro digital 207616, que dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 334/2022-VI, promovido por RUBÉN ANTONIO PÉREZ SANDI HURTADO, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos ahí precisados. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a RUBÉN ANTONIO PÉREZ SANDI HURTADO, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el considerando cuarto, por los motivos legales expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, hoy dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, con el secretario de juzgado José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe.

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