Armando Niño Lozano

Expediente 1300/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1300/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/08/2016

Partes del expediente

  • Armando Niño Lozano

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil dieciséis, se declaró que el proveído de dos de agosto del año en curso causó estado; en tal sentido, devuélvase a la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla el original del toca 271/2016, así como las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 452/2004, con las que se formaron los ANEXOS I y II del juicio en que se actúa, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; visto su contenido, como lo solicita remítase copia certificada de las constancias que indica, para que surtan sus efectos dentro del juicio de garantías número 1121/2016-I del índice del Juzgado Federal oficiante, haciéndole sabe que el juicio en que se actúa se encuentra en el archivo como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación de la Secretaria, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de dos de agosto de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil dieciséis. 1 OFICIO Agréguese a los autos el oficio 1190 signado por el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, al que adjunta su informe justificado, toca de apelación 271/2016 y copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 452/2004 del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla; lo anterior, en cumplimiento al proveído de veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. 2 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Alejandra María Isabel Flores Rodríguez y Armando Niño Lozano, contra actos de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1300/2016; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 3 DESECHAMIENTO En principio, debe precisarse que del análisis integral al escrito de demanda se advierte que el acto reclamado por Alejandra María Isabel Flores Rodríguez y Armando Niño Lozano consiste en: El auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, emitido por la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca de apelación 271/2016, que revocó el diverso proveído de uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, en el juicio ejecutivo mercantil 452/2004, en el que admitió el recurso de apelación interpuesto por los aquí promoventes en contra de la resolución interlocutoria que aprobó la liquidación de sentencia en el referido juicio de origen. La referida resolución le fue notificada a los promoventes el seis de junio de dos mil dieciséis, tal como lo refieren en su escrito de demanda, lo que se corrobora con la certificación que obra al reverso de la última hoja de ese ocurso. Precisado lo anterior, el suscrito considera actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De lo anterior se sigue que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días. Asimismo, el cómputo de dicho término, depende básicamente de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas, como se desprende del artículo 18 de la propia ley, que dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, tal conocimiento del acto reclamado, para efecto del cómputo del término, comenzará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; por ende, las mismas no requieren indispensablemente un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden de ese artículo 18 de la ley de la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. A lo anterior es ilustrativa, por la identidad de su contenido a la legislación, la tesis visible a fojas 1890, del Tomo XXII, agosto de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". De igual modo, tiene aplicación la jurisprudencia 30/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 286, Tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". En la especie, como ya se indicó, la resolución reclamada a los peticionarios de garantías les fue notificada el seis de junio de dos mil dieciséis, por lo que tal notificación surtió sus efectos el siete siguiente, comenzando a contar el término para la presentación de la demanda en la vía indirecta el ocho de los citados mes y año, feneciendo dicho plazo el catorce de junio de la presente anualidad. Por consiguiente, si la demanda que dio origen a este juicio se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, hasta el uno de agosto de dos mil dieciséis, es evidente que ésta se presentó fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo cual, opera de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento legal citado. Sin que sea obstáculo para tener por actualizada dicha causal de improcedencia, la circunstancia de que en la primera hoja del escrito original de la demanda de amparo se encuentre un sello de recepción de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de cuyo contenido se advierte que con fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la parte quejosa presentó su demanda de amparo indirecto ante dicha autoridad responsable. Lo anterior puesto que, cuando no existe equivocación en la vía de impugnación, la presentación de la demanda de amparo indirecto ante la responsable no interrumpe el término previsto por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Es decir, la intención del quejoso no fue presentar una demanda de amparo directo (caso en el cual se hubiera justificado como un "error en la vía" su presentación ante la autoridad responsable), sino que del contenido del propio libelo constitucional se desprende que la intención del quejoso fue promover una demanda de amparo indirecto, por lo que debió haberla presentado los Juzgados de Distrito y no ante la autoridad responsable. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2005, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 25/2006, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO."; determinó en el contenido de la ejecutoria relativa, lo siguiente, en lo que interesa: "[.] En esa secuencia de análisis, si el escrito de demanda de amparo se dirige al Tribunal Colegiado y se presenta dentro del término legal ante la autoridad responsable, es dable considerar que la intención del quejoso fue la de promover un juicio de amparo directo, en los términos del artículo 158 de la ley de la materia, aun cuando en la demanda se contengan datos que refiere el artículo 116 del mismo ordenamiento, como los antecedentes de los actos reclamados o la protesta de decir verdad. En efecto, si la demanda de garantías se redacta en términos del artículo 116 de la Ley de Amparo y se dirige al Juez de Distrito, no queda la menor duda de que la intención del quejoso fue la de promover el juicio de amparo en la vía indirecta; y siendo esto así, de no presentarse la demanda en la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito correspondiente en el plazo previsto para ello, la demanda resultará extemporánea. En cambio, si el escrito de demanda está dirigido al Tribunal Colegiado y se presenta ante la autoridad responsable, quien la remite a la oficialía de partes de dicho tribunal, no puede considerarse que por la simple mención en la demanda de garantías de datos que se refieran al artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se pueda desentrañar la intención del quejoso de presentarla como amparo indirecto, toda vez que la expresión de tales requisitos sólo demuestra que existió una equivocación de vía, que debe ser enmendada por el Tribunal Colegiado mediante la declaración de incompetencia en favor del Juez de Distrito. [.]" Como se desprende de la lectura anterior, al resolver la contradicción de tesis 42/2005, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó un primer supuesto: a) Cuando una demanda de amparo se presenta ante la autoridad responsable y, b) Está dirigida al Tribunal Colegiado, aun cuando en la demanda se contengan datos que correspondan al amparo indirecto, como son los antecedentes de los actos reclamados o la protesta de decir verdad. En este caso, dijo el Tribunal Supremo de la Nación que debe considerarse que la intención del quejoso fue la de promover un juicio de amparo directo; por lo que al existir un error de la vía, la misma debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa, por lo que deberá ser enmendada por el Tribunal Colegiado mediante la declaración de incompetencia en favor del Juez de Distrito, quien determinará la oportunidad de la promoción atendiendo a la fecha en que se presentó ante la autoridad responsable. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación contempló un segundo supuesto: a) Cuando una demanda de amparo se presenta ante la autoridad responsable y, b) Está dirigida al Juez de Distrito y se redacta como amparo indirecto. En este supuesto, el Máximo Tribunal de la Nación señaló que debía considerarse que no existía la menor duda de que la intención del quejoso fue la de promover el juicio de amparo en la vía indirecta; y siendo esto así, de no presentarse la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito correspondiente, en el plazo previsto para ello, la demanda resultaría extemporánea. En la especie, de la demanda de amparo de la parte quejosa, se desprende que la misma fue dirigida expresamente al: "JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA EN TURNO"; solicitando se le tuviera interponiendo "AMPARO INDIRECTO". Asimismo, dicha demanda de amparo se fundamentó, entre otros, en el artículo 108 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos del escrito demanda en la vía indirecta. En el mismo tenor, dicha demanda se redactó como amparo indirecto, es decir, se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, ya que en la misma se expresaron el nombre y domicilio de la parte quejosa; el nombre y domicilio del tercero interesado; las autoridades responsables; el acto reclamado; la expresión, bajo protesta de decir verdad, de los hechos o abstenciones constitutivos de los antecedentes del acto reclamado o que sirvieren de fundamento a los conceptos de violación; los preceptos constitucionales violados; así como los conceptos de violación. En las relatadas condiciones, es innegable que la intención de los quejosos fue la de promover el juicio de amparo en la vía indirecta y, por lo tanto, como lo resolvió el Máximo Tribunal de la Nación al resolver la contradicción de tesis 42/2005, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 25/2006, al no haberse presentado la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el plazo que se tenía para hacerlo, es incuestionable que es extemporánea. Ello puesto que la presentación de la demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable, no interrumpe el término previsto por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo en vigor, ya que, como se dijo, en el presente caso, los quejosos no tenían intención de presentar una demanda de amparo directo, es decir, no existió equivocación en la vía de impugnación, y por tanto, no puede atenderse a la fecha en que se presentó ante la autoridad responsable para determinar la oportunidad de su presentación. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o.C. J/289, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1282, Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. 4 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En atención que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en esas condiciones con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, se ordena realizar las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la siguiente tesis aislada: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. (Época: Novena Época. Registro: 195064. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998. Materia(s): Común. Tesis: XXII.1o.22 K. Página: 1067). Así mismo, se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica por así haberlo solicitado. 5 REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Alejandra María Isabel Flores Rodríguez. 6 CUADERNOS DE ANEXO En atención a que la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, acompañó a su informe justificado el toca de apelación 271/2016 y copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 452/2004 del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, y éstos son voluminosos, a fin de un menor manejo, se ordena formar los ANEXOS II; se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a disposición de las partes en el expediente impreso, las cuales no se agregan en su versión electrónica dada su voluminosidad. Lo anterior con sustento en la tesis I.3o.C.104 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2342 del Tomo XXXIII, febrero de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO. En el juicio de garantías se reputan actuaciones judiciales todas las promociones y documentos con que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene agregar al sumario, según se colige de los artículos 57, 61, 62, 63 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, cuando alguna autoridad exhibe determinadas documentales y, para facilitar su manejo, el Juez ordene integrar un legajo por separado, se debe considerar que las mismas obran formalmente agregadas al expediente. Estimar lo contrario significaría que las constancias no forman parte del sumario y ello impediría realizar cualquier trámite relacionado con las mismas." 7 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 8 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." 9 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano