Armando Navarro Gutiérrez

Expediente 440/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 35 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
440/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Armando Navarro Gutiérrez
  • Titular del Ejecutivo del Estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución por la que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó fuera de audiencia. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la provisional como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, a efecto de que recibiera y acreditara haber entregado los edictos para su publicación a fin de emplazar a la parte tercero interesada Desarrollos Carreteros del Estado de Durango, sociedad anónima de capital variable. Lo anterior es así, toda vez que el plazo aludido debe contarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo por el que se ponen a su disposición, proveído que se le notificó el cinco de septiembre de dos mil veintidós, surte efectos el día seis siguiente; por ende, el plazo otorgado fue del siete de septiembre al siete de octubre de esta anualidad. No es obstáculo a lo anterior que en auto de siete de septiembre del año en curso, se haya enviado exhorto para emplazar a dicha tercero interesada, toda vez que la comunicación oficial se devolvió sin diligenciar; por ello, el plazo de veinte días debe computarse en los términos indicados en el párrafo precedente. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2009915, cuyo contenido es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo". En tal virtud, se estima necesario apuntar el contenido de los numerales 5, fracción III; 26, incisos b) y k); 27, fracción III, incisos a) y b) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y [.]" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter [...]" De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicarán a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; en consecuencia, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercera interesada Desarrollos Carreteros del Estado de Durango, sociedad anónima de capital variable, en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado. De ahí que, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible a la parte quejosa, por no haber acreditado la publicación de los edictos correspondientes a efecto de lograr el emplazamiento de la tercero interesada en mención, dentro del término concedido para tal efecto, o bien, manifestar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, todo ello impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no haber recibido y publicado los edictos a costa del quejoso en el plazo que se le otorgó, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto. Sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la parte promovente del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a Desarrollos Carreteros del Estado de Durango, sociedad anónima de capital variable , fue en atención a que pese a la investigación realizada, no se localizó a dicha tercero interesada de mérito en una dirección cierta y actual. De lo que se colige que al no haber recibido y acreditado la publicación de los edictos ordenados para lograr el emplazamiento de la tercero interesada en el plazo concedido; y no manifestar que carezca de recursos económicos para sufragar el costo de aquéllos, ni aportar elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria esa situación, se traduce en una falta de interés, tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la parte tercero interesada en mención, era obligación del promovente del amparo, efectuar la publicación de los edictos, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en la jurisprudencia número 108/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, página 416, de texto y rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo" A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos. Empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve, no se advierte que la moral quejosa, por lo menos hubiera manifestado ante este juzgado que carece de recursos económicos para cubrir la publicación de los edictos, mucho menos que haya acreditado ante este órgano jurisdiccional dicha imposibilidad. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 26, incisos b) y k), 27, fracción III, incisos a) y b), y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional en este juicio de amparo, la cual se encuentra programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del presente año, funge como nueva Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la licenciada Ruth Haggi Huerta García, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/719/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217.de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Notifíquese.

  4. Principal

    Vistos los autos de cuenta se advierte, que se encuentran transcurriendo los veinte días concedidos a la parte quejosa para que exhiba la publicación de los edictos, con el fin de emplazar a la tercera interesada, los cuales recibió el catorce de noviembre de dos mil veintidós; término que fenecerá el trece de diciembre de la presente anualidad. En esa virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

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