Armando Navarro Covarrubias

Expediente 2510/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2510/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Armando Navarro Covarrubias

Actuaciones

  1. Principal

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    Visto el oficio que suscribe Director de lo Jurídico de la Comisaria de la Policía de Guadalajara, Jalisco, en representación de la misma y de su Titular, con el que realiza manifestaciones con relación al cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; por tanto, téngase a la referida autoridad en vías de cumplimiento del fallo protector. Ahora, atento a las manifestaciones referidas por la autoridad oficiante, tendientes a acatar la ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad en cita para que dentro del término de cinco días dé cumplimiento puntual a la sentencia, remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Sin que pase inadvertido para este Juzgado de Distrito que el oficiante manifiesta la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector por las razones que expresa, no obstante, no ha lugar a proveer de conformidad en razón de que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo corresponde a la autoridad oficiante, por tanto, deberá realizar las gestiones necesarias para tal efecto. Lo anterior, tomando en consideración la autonomía financiera y libre disposición en el presupuesto, además que en la sentencia de amparo cuyo cumplimiento implica una obligación de pago a favor del quejoso por parte de las autoridades, como en el presente caso, debe tomarse en cuenta que si alguna de éstas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados específicamente para tal fin, deberá realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que ello implique violación alguna al artículo 126 de la Constitución General de la República. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. En ese orden de ideas, es menester establecer, si bien las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar a un órgano legislativo competente la ampliación del presupuesto respectivo, ello no obsta para que válidamente y con el objeto de acatar el mandato constitucional dentro del plazo fijado por este Juzgado Federal, deban necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo. Tienen aplicación los criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento". (Incidente de inejecución 542/2008, Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10) "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

  3. Principal

    Glósese a los autos el oficio de la delegada de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, con el que pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho y al efecto remite copias certificadas de diversas constancias, dígasele que no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento formulado en el citado proveído. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y del numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de este proveído informen la denominación de los superiores jerárquicos del quejoso que emitieron las órdenes para que realizara las funciones que desempeñaba antes de su remoción. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos realizados en proveído de catorce de agosto del año en curso (foja 317), con fundamento en el numeral 254 de la ley de la materia.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

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