Armando Morales Reyna
Expediente 129/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- Armando Morales Reyna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se desprende que no obra en el expediente físico ni electrónico la audiencia incidental que se encontraba señalada para las nueve horas con quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte; no obstante lo anterior, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, ya que, como enseguida se expondrá, el presente incidente debe declararse sin materia. En efecto, en el juicio de amparo principal, del que deriva este incidente, el treinta de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; posteriormente, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, al no ser recurrida por ninguna de las partes causó ejecutoria dicha determinación. En consecuencia, a la data no existe acto que deba analizarse en este incidente, por lo cual, no resulta procedente proveer nuevamente en torno a la concesión o no de la suspensión definitiva; de ahí que se declara sin materia el presente incidente, toda vez que no existe acto que suspender. .... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que existe un retardo entre el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, que causó ejecutoria la sentencia que se sobreseyó en el juicio, sin que a la fecha se haya notificado a las autoridades para hacer de su conocimiento tal circunstancia, sin que ello implique una excusa para el cumplimiento eficaz de las obligaciones que son propias de los integrantes de este órgano jurisdiccional, se hace notar el hecho evidente del estado de emergencia sanitaria derivada del virus COVID-19, lo que ha generado una serie de suspensiones y reactivaciones de las labores conforme a los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal y las circulares de la comisión creada para regular la situación comentada; a consecuencia de ello, se ha provocado un descontrol en el desarrollo, de la actividad diaria que indudablemente afecta en lo general el funcionamiento del juzgado y en lo particular de las secretarías correspondientes. Atento a lo cual y para normalizar el trámite de este asunto, se dicta la medida siguiente; esto es, la expedición de los oficios correspondientes a la ejecutoria, a efecto de remitir al archivo definitivo el presente asunto. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese la razón actuarial de uno de los cursantes, de la que se advierte la imposibilidad de la Actuaria Judicial adscrita, para notificar personalmente la sentencia dictada en este juicio de amparo a la parte quejosa. En consecuencia, notifíquese dicha resolución vía electrónica en el usuario "amoralesr1" mismo que proporcionó la parte quejosa. Notifíquese. En cumplimiento al proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno se notifica a la parte quejosa la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, que a la letra dice: VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 129/2019-III; promovido por *****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado el diecinueve siguiente, a este juzgado de distrito, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "1. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 2. Sucursal Bancaria Banorte" ACTOS RECLAMADOS: "1. Omisión a lo establecido en el artículo 186, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, consistentes en: Falta de pago de los cheques a. 0000173, en la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 MN) b. 0000177, en la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 MN) c. 0000178, en la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN) d. 0000179, en la cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 MN)." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se le previno para que, entre otras cosas, señalara qué acto reclamaba a cada autoridad a lo cual precisó: "De cada una de las autoridades responsables, se reclama: 1. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se reclama la orden de bloqueo a la cuenta bancaria de mérito, o cualquier concepto análogo que tenga el mismo efecto. 2. De la Sucursal Bancaria 2583 de Banorte, Plaza Galerías Toluca, se reclama la ejecución de la orden de bloqueo o cualquiera de sus análogos y la suficiencia de fondos para el pago de los cheques de mérito, con apego a lo establecido por el artículo 186 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito." Luego, en diverso proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, el cual se rindió con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento para su debida integración, se verificó sin la comparecencia de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra actos de autoridades que radican dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten en la negativa de pago de los cheques expedidos a favor de la parte quejosa, la orden de bloqueo de la cuenta bancaria de la cuál debían salir los fondos para el pago de los citados cheques y la ejecución de la misma. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa de pago de los cheques expedidos a favor de la parte quejosa y la ejecución de la orden de bloqueo de la cuenta bancaria de la cual debían salir los fondos para el pago de los citados cheques. Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, tal negativa quedó desvirtuada con el informe rendido por el Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, específicamente con el documento que anexó al mismo, consistente en el oficio **** y que posteriormente fue remitido en copia certificada por el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aunado a lo anterior, la titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "3" con sede en la Ciudad de México, mediante oficio *****, remitió el diverso oficio **** que se envió al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que procediera al congelamiento o inmovilización de fondos de *****, con motivo del crédito fiscal 3022027; documentales a las cual se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que se tiene probada la existencia del acto. Cabe señalar que las documentales remitidas por la autoridad fiscal se toman en consideración, no obstante que se recibieron después de haberse celebrado la audiencia constitucional, dada la determinación que se adoptará en el presente asunto. CUARTO. Improcedencia del juicio. Examinada la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, debe decirse que, en la especie, por cuanto hace al acto consistente en la negativa de pago de cheques expedidos a favor del quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la lectura al primer artículo se observa un supuesto abierto de improcedencia que remite a aquellos casos en que la improcedencia derive de alguna otra disposición de la Constitución Federal, de los Tratados Internacionales o de la Ley de Amparo, ya sea porque se actualice alguno de los supuestos de improcedencia expresamente previstos o bien, porque no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para hacer procedente el juicio de amparo. Del segundo precepto se desprende que se tendrá como autoridad responsable a la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, a los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, conforme a lo expuesto, lo reclamado por el quejoso se relaciona de manera directa con los derechos y obligaciones que derivan de la obligación de pago de un cheque expedido con base en una cuenta abierta en Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, cuestión que no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la decisión del banco librado de no realizar el pago de un cheque al tenedor del mismo, si bien es un acto mercantil que se rige en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ello no lo convierte, por sí mismo, en un acto de autoridad, pues tal decisión se basa en servicios bancarios contratados por el librador y que tiene su origen en disposiciones de orden privado. Máxime que tal determinación no constituye una afectación a los derechos que como usuario de servicios financieros pudiere tener, en la medida que la negativa de la autoridad es una determinación que únicamente puede ser reclamada en la vía ordinaria por el librador, que es con quien subsiste el contrato de apertura de cuenta bancaria. De ahí que, si bien el acto que señala como una negativa de pago de cheque pueda dar origen a diversas acciones del tenedor contra el librador y, éste a su vez contra el librado, por el incumplimiento de contrato que celebraron; cierto es que, tal circunstancia no lo extrae del ámbito privado en que surgió dicha negativa de pago, por lo que no puede considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis I.6o.C.59 C (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Materias Común y Civil, página 3389, Registro 2016459, de contenido siguiente: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA Y CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La determinación de dar por terminado el contrato de depósito de dinero a la vista y cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio constitucional, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de no prestar los servicios bancarios al cliente, tiene su origen en disposiciones del orden privado, toda vez que ambas partes celebran el contrato bancario voluntariamente y en un mismo plano; además, no obstante que la determinación de no prestar servicios se traduce en un acto unilateral, sin embargo, lo relevante es que esa decisión se presenta en ejercicio del margen discrecional con el que las instituciones de crédito cuentan para establecer a quiénes prestan sus servicios financieros. En efecto, las instituciones de crédito no están obligadas a dar sus servicios a todas las personas que así lo soliciten, porque es un hecho notorio que, en la práctica de las operaciones bancarias, cuando una persona solicita aperturar una cuenta o pretender obtener una tarjeta o solicita una terminal para cobrar bienes y servicios a otros clientes, la institución bancaria primero investiga al solicitante y verifica si cubre el perfil respecto de los requisitos necesarios para autorizar la operación. Es decir, la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros. Asimismo, tampoco se afectan los derechos de los usuarios a contar con servicios financieros, toda vez que ante la negativa de parte de una institución financiera, aquéllos están en posibilidad de analizar la competencia bancaria y celebrar un contrato con alguna otra institución que se adapte a sus necesidades; de ahí que tampoco se afecten derechos de libertad comercial, competencia ni de concurrencia." De igual forma resulta ilustrativa la tesis I.12o.C.40 C (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Civil, página 2611, Registro 2017516, de contenido siguiente: "BENEFICIARIO DE UN CHEQUE NO PAGADO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR AL BANCO LIBRADO UNA INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO, AL NO EXISTIR UNA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE AMBOS. Los artículos 184, 193 y 205 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no regulan la hipótesis de que si el banco librado no paga al beneficiario un cheque presentado para su cobro, éste pueda demandar el pago de una indemnización equivalente de por lo menos el 20% (veinte por ciento) del valor del documento, de manera que la beneficiaria carece de legitimación para demandar del librado dicha indemnización. En efecto, de los artículos citados se deduce que: a) El librado resarcirá al librador los daños y perjuicios que se le causen, cuando sin justa causa, teniendo fondos suficientes del librador, se niegue a pagar un cheque; b) El librador resarcirá al beneficiario los daños y perjuicios que se le ocasionen en caso de que libre un cheque presentado en tiempo y éste no le fuera pagado por causas imputables al propio librador; y, c) El beneficiario podrá exigir del librador la devolución del importe de un cheque de viajero cuando no le sea pagado de inmediato, así como la indemnización de daños y perjuicios que no será menor al veinte por ciento del valor del cheque no pagado. De lo anterior se advierte que el beneficiario es un tercero extraño a la relación contractual existente entre el banco librado y el librador por lo que, ante la ausencia de una obligación previa que vincule al banco con el tenedor del cheque, la responsabilidad que se atribuye a la entidad financiera demandada no tiene origen contractual, sino que es de naturaleza extracontractual, toda vez que el derecho del beneficiario emerge del título y lo vincula al librador pero el beneficiario resulta ajeno a la relación subyacente entre el banco y el librador. En este orden de ideas, al beneficiario corresponde demandar y probar los extremos de la acción de responsabilidad, por lo que para tener derecho al resarcimiento por daños y perjuicios, deben darse necesariamente los siguientes elementos: antijuridicidad, daño, relación de causalidad entre la actuación antijurídica y el daño, y existencia de un factor subjetivo u objetivo de atribución (culpa, dolo, riesgo, garantía, etcétera) a quien se considere responsable." De igual forma, por cuanto hace al embargo de la cuenta bancaria de José Martínez Díaz y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 6° y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)." En efecto, uno de los principios fundamentales en que se sustenta el juicio de amparo, es el contenido en los artículos 6º y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que dicho medio de control constitucional se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que, generalmente, sólo puede ser promovido por la parte a quien afecte la norma general, acto u omisión que se reclame, y tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Así, uno de los principios rectores del juicio de amparo consiste en la existencia de agravio personal y directo, según el cual el juicio constitucional siempre debe de promoverse por aquel que sufra un menoscabo, no necesariamente patrimonial, pero que sea material y no simplemente objetivo, que el mismo se concrete en la misma, y que su realización sea pasada, presente o inminente. Vinculado al concepto de agravio, se encuentra el de interés jurídico, pues no causándose el agravio de que se habla, tampoco podrá existir aquél, para válidamente ejercitar la acción de amparo. Sobre el tema en análisis, es necesario mencionar que por interés jurídico se entiende, el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, consiste en la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal; o bien, en la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. De igual manera, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, página 225, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Además, respecto a este tema, resulta ilustrativa la jurisprudencia 87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, página 364, bajo el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Cabe señalar que la carga de la prueba de la existencia del interés jurídico corresponde a la parte quejosa, en cuanto es suya la intención de poner en actividad al órgano de control constitucional; por ende, quien solicita el amparo tiene la obligación de demostrar de manera plena que el acto reclamado produce una afectación a su esfera jurídica, esto es, que le irroga un agravio personal y directo. En este sentido, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 293, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En el caso concreto, se advierte que el justiciable no tiene interés jurídico para instar al presente juicio constitucional, como presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, toda vez que el quejoso reclamó la orden de embargo de la cuenta bancaria ***** aperturada a nombre de José Martínez Díaz en el Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y su ejecución. Ahora bien, de las constancias que allegó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se advierte que la cuenta bancaria ***** está a nombre de José Martínez Díaz y que mediante oficio ***** se ordenó su inmovilización o embargo con motivo del diverso oficio ***** suscrito por la Administración General de Recaudación Administración Local de Recaudación del Oriente del Distrito Federal, Subadministración de Análisis y Control de Servicios de Administración Tributaria; sin que de dichos documentos se advierta un agravio directo a los bienes y derechos del aquí quejoso. Documentos que, además, se ven robustecidos las pruebas que remitió la titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "3" con sede en la Ciudad de México, mediante oficio *****, específicamente el oficio ***** dirigido al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que procediera al congelamiento o inmovilización de fondos de José Martínez Díaz, con motivo del crédito fiscal ****; documentales a las cual se les concedió valor probatorio pleno en párrafos anteriores, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Las documentales referidas, como ya se indicó, se toman en consideración para resolver el presente juicio de amparo, no obstante que se recibieron después de haberse celebrado la audiencia constitucional, pues evidencian la causa de improcedencia en estudio. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, Registro 2000902, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Así, hasta este momento no existe algún acto de autoridad que le cause un agravio a la parte quejosa, pues como se ha indicado, la inmovilización o embargo de la cuenta bancaria de José Martínez Díaz obedece al incumplimiento de obligaciones fiscales de dicha persona, y el aquí quejoso es ajeno a dicho procedimiento fiscal y los bienes embargados se encuentran fuera de su patrimonio, por tanto, es evidente que al no ser el ejecutado en dicha orden de inmovilización o embargo de cuenta bancarias ni haber recaído sobre su patrimonio, el aquí quejoso no acreditó que exista un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, que lo legitime para instar el juicio de amparo indirecto, con lo cual es claro que la vía constitucional es improcedente. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en términos de los numerales 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con relación a los preceptos 6º de la propia legislación, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. No es obstáculo a lo determinado, que las autoridades responsables hayan reconocido la existencia de los actos reclamados, pues la certeza de los actos es cosa distinta al perjuicio que éstos puedan deparar a la persona en concreto, por ende, no puede estimarse que el quejoso quedó liberado de acreditar su interés jurídico, con la aceptación del acto combatido por parte de las responsables. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia número 1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 15, del rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Sin que obste, que dicho sobreseimiento impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el acto reclamado, pues ello no genera agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Consecuentemente, ante la actualización de las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *****. Notifíquese personalmente.
- Principal
III.- Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso y el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, no recurrieron la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,550 expedientes
- Armando Misael Becerril Bravo602/2020
- Armando Monroy Estrada207/2022
- Armando Monroy Estrada879/2022
- Armando Monroy Estrada901/2022
- Armando Monroy Estrada42/2022
- Armando Monroy Estrada1312/2021
- Armando Morales Santana453/2020
- Armando Ocampo Hernández377/2021
- Armando Ramírez Peralta416/2021
- Armando Rayón Trejo96/2019
- Armando Romero Delgado1215/2021
- Armando Romero Delgado270/2021