Armando Morales Hernández
Expediente 455/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Armando Morales Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Armando Morales HernándezArmando Morales Hernández, Guadalupe Concepción Morales Hernández y Manuel Antonio Morales Hernández; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger el documento consistente en el escrito de recibido de fecha diez de enero de dos mil veinte, en original exhibido por la parte quejosa, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. En ese orden, se le hace saber al promovente que deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o las personas autorizadas para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se le expedirá dicha copia. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con la circular SECNO/6/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 455/2022-8, promovido por **********, contra los actos que reclama del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco y Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el uno de abril siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Armando, Guadalupe Concepción y Manuel Antonio, todos de apellidos Morales Hernández, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "Reclamo de las Autoridades señaladas como responsables la resolución de fecha 28 de febrero de 2022 notificada el 8 de marzo del presente año, emitida por la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal del Ayuntamiento del Centro, Tabasco. En contra de la multa de la sanción consistente en el pago de la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 M.N. y en contra de la orden de retiro y/o demolición que deberá efectuarse en un terreno de nuestra propiedad. Acta de verificación de fecha 15 de febrero de 2022, emitida por la Dirección Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento del Centro, Tabasco". AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco. 2 Dirección Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento del Centro. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El uno de abril de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 455/2022-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, notificada el ocho de marzo del presente año, emitida por la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal del Ayuntamiento del Centro, Tabasco. La multa consistente en el pago de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), La orden de retiro y/o demolición que deberá efectuarse en un terreno de su propiedad. Acta de verificación de quince de febrero de dos mil veintidós, emitida por la Dirección Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento del Centro, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco y Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, negaron la existencia de los actos reclamados, no obstante, el quejoso con las documentales que aporta consistentes en copias simples de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco; acta de inspección de catorce de febrero de dos mil veintidós; cédula de notificación de resolución en el expediente administrativo 021-2022, del índice de la autoridad responsable, de ocho de marzo de dos mil veintidós, evidencian presuntivamente su existencia; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierta la omisión que se les atribuye. Aplica al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, materia común, con registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". En ese orden de ideas, se tienen como ciertos los actos que se reclaman a las referidas autoridades responsables, pues así se advierten de su respectivo informe justificado; y al constituir éste en documentales públicas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Sentado lo anterior, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si los actos reclamados son inconstitucionales o no, es decir, la actualización de una causal, provoca en el resolutor una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad, la cual como ya se dijo, debe analizarse aun de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de obligatorio. En ese sentido, la suscrita advierte, de oficio, que sobre el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Así, el precepto señalado dispone lo que a continuación se precisa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción 1 del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la transcripción anterior se aprecia que el juicio de amparo es procedente contra actos que afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, por tanto, se debe destacar que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico de quien promueve el amparo; es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos. Si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Encuentra sustento lo anterior en la tesis jurisprudencial número 1o.A.J/17, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época (diciembre de 1992), visible en la página 35, con número de registro 217651, cuya sinopsis refiere: "INTERES JURIDICO, NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". De la misma manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, en un juicio de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida en la Séptima Época, por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 72, página 55, con número de registro 245886, del rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". De tal suerte que el impetrante debe acreditar de forma fehaciente, cuando acude en su demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de modo que, si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Esto significa que uno de los presupuestos procesales indispensables para la procedencia de la acción constitucional, es el acreditamiento pleno del interés jurídico del agraviado, que puede efectuar por cualquiera de los medios de prueba previstos en la Ley, sin que sea suficiente para demostrarlo la sola presentación de la demanda de amparo, ya que ello sólo implica la pretensión de incitar al órgano jurisdiccional federal, pero no comprueba que el acto autoritario que se reclama, lesione el interés jurídico del quejoso, entendiéndose éste, como un derecho reconocido por la ley, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda ser benéfica para algún sujeto, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establece dicha situación no le otorga facultad para obtener coactivamente su respeto. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII (diciembre de 1991), página 117, con número de registro 220955, del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Noción de interés que se encuentra íntimamente ligada con lo que se entiende por perjuicio, tal como se desprende del artículo 5 de la Ley de Amparo, pues sólo quien sufre una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, es quien puede acudir al juicio de amparo; de tal suerte, que por perjuicio debe entenderse como sinónimo de ofensa o lesión en los derechos o intereses de una persona. Así, cuando un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, lesionando directamente sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, es cuando nace precisamente la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. Por tanto, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, "simple" como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal, puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pueda resultarle mortificante, sino que es necesario que dicho interés, descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del citado gobernante de realizar tal conducta; por ello, hay interés jurídico, cuando se cuenta con un derecho legítimamente tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta. También sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 225, tomo XXVII, (enero de 2008), con número de registro 170500, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad. De tal suerte, que cuando el acto no genera una afectación por sí mismo, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del particular, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En el caso, los quejosos Armando, Guadalupe Concepción y Manuel Antonio, todos de apellidos Morales Hernández, vienen reclamado la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la multa impuesta por de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 M.N.), orden de retiro y/o demolición que deberá efectuarse en un terreno el cual aducen es de su propiedad, así como el acta de verificación de quince de febrero del año en curso; sin embargo, se estima que los impetrantes no acreditan en modo alguno que sean titular de un derecho posesorio o bien de propiedad respecto del inmueble local comercial (Abarrotes y Tortillería "Guayabal", con una superficie de 9.60 metros lineales, ubicado en Avenida de Paseo Usumacinta, sin número, colonia Guayabal, de esta ciudad, pues no allegaron durante la secuela procesal documento que justificara a plenitud el derecho que les confiriera la potestad de reclamar en vía de amparo algún agravio que trastocara el orden constitucional en su detrimento, lo que tampoco se desprende de las constancias de origen, por tanto, no es suficiente que los quejosos así lo manifiesten, sino que, es necesario que se acredite el agravio provocado en su esfera de derechos con motivo de los actos reclamados. Lo anterior se estima de esa manera, pues si bien anexaron entre otras, copias certificadas del memorándum número 981034, contrato 65180, y solicitud de toma de agua potable y alcantarillado, pasados ante la fe del Notario Público número uno de Jalpa de Méndez, Tabasco; copia certificada de la escritura número 1147 (mil ciento cuarenta y siete), pasada ante la fe de José Cerna García, Notario Público número veintidós en el Estado de Tabasco, que contiene el contrato de compraventa entre Miguel Bosh López de Llergo y Ángel Mario Martínez Zentella; plano de un predio urbano propiedad de Ángel Mario Martínez Zentella, con sello de la Notaría Pública número veintidós en el Estado de Tabasco; Copia de licencia de alineamiento y asignación de número oficial, con número de control 1507/1994 y constancia de uso de suelo y servicios, con sello original de la Notaría Pública número Uno en el Estado de Tabasco; y, original de la escritura número 3386 (tres mil trescientos ochenta y seis), Volumen XL, año 1994, que contiene el acto de rectificación de superficie y contrato de compraventa, entre Ángel Mario Martínez Zentella y Cristóbal Morales López, pasada ante la fe del licenciado Gonzalo Oyosa Zapata, Notario Público número Quince, en Villahermosa, Tabasco. Lo cierto es que dichas documentales se encuentran a nombre de personas distintas a los aquí quejosos. Y si bien, también ofrecen el oficio número DOOTSM/SRYGU/1158/2002, de diez de marzo de dos mil veintidós; escrito de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, con firma autógrafa y sello de recibido; y certificado de existencia o inexistencia de gravamen, con número de volante 195877 y folio real electrónico 209741 a nombre de los quejosos, con sello original; lo cierto es, que dichas documentales fueron presentadas ante la autoridad responsable después de la data en que se llevó a efecto tanto el acta de inspección de quince de febrero del mencionado año, como la resolución impugnada de veintiocho de febrero del año en curso. Aunado lo anterior a que también, si bien es cierto que exhibieron el original de la escritura número 19,976 (diecinueve mil novecientos setenta y seis), Volumen 892 (ochocientos noventa y dos) de veintidós de enero de dos mil diecinueve, que contiene la declaración de obra y el contrato de donación celebrado entre Cristóbal Morales López y Armando Morales Hernández, Guadalupe Concepción Morales Hernández y Manuel Antonio Morales Hernández, pasada ante la fe del licenciado Jesús Antonio Piña Gutiérrez, Notario Público Número Treinta y Uno, en Villahermosa, Tabasco, el cual contiene una declaración de obra y un contrato de donación a favor de los aquí quejosos, también lo es que con el mismo no acreditan de modo alguno, que el predio que adquirieron a través de la celebración de ese acto jurídico, incluya o se trate del mismo que se combate en este sumario constitucional (superficie de 9.60 metros lineales), motivo de la orden de visita de inspección 0053 de catorce de febrero de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo 021-2022, instaurado en contra de Cristóbal Morales López y Manuela Brito Candelario. Esto, en virtud de que, del instrumento notarial que allegó a este juicio constitucional, se desprende que los impetrantes recibieron una donación constante de 111.37 metros cuadrados y una superficie construida de 42.42 metros cuadrados. Empero, no hay constancia fehaciente que demuestre en esta etapa del juicio que la superficie respecto de la cual se instauró el procedimiento de inspección se encuentre dentro de la superficie que ampara la escritura de mérito. Entonces, si los quejosos aducen que los actos reclamados afectan el predio de su propiedad, era necesario que ofrecieran la prueba pericial topográfica, misma que si bien fue ofrecida, como quedó previamente precisado se le tuvo por desierta al no exhibir los elementos para su desahogo, ya que en casos como el presente, únicamente personas con conocimientos específicos en esa materia podrían haber identificado el predio litigioso y confirmar su ubicación, así como el terreno de los peticionarios de amparo, y en un momento dado establecer si la orden de demolición afecta o no el predio de su propiedad. Cuestiones que no se pueden demostrar con pruebas documentales como las que ofreció el promovente del amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.3o. J/2 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 327, de la Novena época, con registro digital 203341, de rubro: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN". Así como el criterio del antes Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1989, página 216, registro 226921, de epígrafe y contenido siguiente: "DESPOSESIÓN. TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO. LA SOLA EXHIBICIÓN DE UN INSTRUMENTO NOTARIAL NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO". De ahí que si el contrato de donación exhibido por los quejosos, resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico que ostenta tener respecto de la construcción objeto de la visita de inspección de mérito, por tanto, es inconcuso que el juicio de amparo que promueve deviene de improcedente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, registro 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 2002 página 115, que indica: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA". Sin que sea obstáculo que se haya acreditado la existencia de los actos reclamados, pues esa circunstancia no es suficiente para que sea procedente el juicio de amparo, sino que era necesario que el peticionario acreditara que dichos actos afectan su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. No es óbice que el párrafo tercero del artículo 75, de la Ley de Amparo, establezca la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que no obran en autos y que considere necesarias para resolver el juicio de amparo, pues en conformidad con el artículo 6, de la legislación en comento, el interés jurídico es un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al solicitante del amparo. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.6 K, localizable en la página mil treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII (octubre de 2003), emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 183039, de rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia legislación, se sobresee en el presente juicio. Así, ante la actualización de la causa de improcedencia antes indicada, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de uno de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, autoridad señalada como responsable; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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