Armando Morales Campos

Expediente 270/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
270/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
30/05/2018

Partes del expediente

  • Armando Morales Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 270/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al siguiente día, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Armando Morales Campos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE Unidad de Investigación 01 de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, Especializada en Violencia Intrafamiliar. Con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La OMISION de APLICAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD, para proteger y salvaguardar la integridad física y emocional de la víctima Armando Morales Campos en la carpeta de investigación 120302703000371130318 e integrar el cuerpo del delito de lesiones (doloso) conminando a la imputada para que se abstenga de agredir de algún modo al quejoso, incluso que le ordene la separación física del domicilio conyugal porque no debemos seguir habitando la misma recamará." Omisión que consideró violatoria de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisó bajo protesta de decir verdad los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 270/2018; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado, dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión suscitada dentro de una carpeta de investigación reprochada a una autoridad ministerial que radica en la jurisdicción de este órgano federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda, en relación con las constancias de autos, se obtiene que el quejoso Armando Morales Campos, reclama la omisión de la agente responsable, en tomar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar su integridad física y emocional dentro de la carpeta de investigación número 12030270300037113031, instruida en contra de Adriana Pedraza Carranza, por el delito de violencia familiar. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar) del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la omisión reclamada, empero al tratarse de una omisión le corresponde a ella acreditar que no existe la conducta omisiva que se le imputa, de ahí que dicha negativa quede desvirtuada, en razón de que de la copia certificadas de las constancias que integran la carpeta de investigación número 12030270300037113031 que remitió en apoyo a dicho informe, se advierte que no ha tomada las medidas necesarias a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de la parte quejosa, documentales pública tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Además, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. Ahora, como se expuso con antelación y quedó acreditado con el informe justificado la omisión que el quejoso reclama tiene su origen en la integración de una carpeta de investigación que se está integrando, y en la que se señala que no se han aplicado las medidas de protección en favor de la víctima; así, se obtiene que se reprocha la omisión de la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar) del Distrito Judicial de Tabares, de aplicar las medidas necesarias a fin de salvaguardar su integridad física y emocional, y si bien dicho actuar no es una determinación per se, la conducta de la autoridad tiene los mismos efectos que una negativa a otorgar las medidas; pues si bien de las actuaciones que integran la carpeta 12030270300037113031, se advierte que por actuación de veinte de marzo de dos mil dieciocho se determinó decretar las medidas de protección en favor de la víctima, aquí quejoso y que hizo consistir en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestias a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos, con el apercibimiento que de no acatarlas se haría acreedora a una amonestación consistente en una multa, acuerdo que si bien se ordenó notificar, ello no ha ocurrido, de ahí que la omisión que se reclama se traduce en una negativa a aplicar las medidas de protección en favor de la víctima. Para dar mayor claridad a lo anterior, es menester tener presente lo establecido en los artículos 20, apartado C, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XVIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XVIII. A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran; De dichos preceptos se obtiene que la víctima u ofendido tiene derecho a recibir atención, médica y psíquica, cuando se trate de delitos que por su naturaleza, lo ameriten o cuando la propia víctima lo solicite, como es el caso. Ahora, con la implementación del nuevo sistema de justicia penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. De ahí que al tratarse el acto en estudio una omisión por parte del agente del ministerio público responsable de proveer sobre la toma de medidas a fin de salvaguardar su integridad física y emocional, el mismo es impugnable a través del medio de defensa innominado, previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El precepto legal transcrito establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Control. Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos fundamentales y legales citados, se desprende que conforme al proceso penal acusatorio vigente en el Estado de Guerrero bajo el cual se rige el acto reclamado, las omisiones del Ministerio Público pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre y cuando previamente sean controvertidas dentro del proceso de origen ante la autoridad judicial correspondiente, esto es, combatir esas determinaciones ante el Juez de Control, impugnación que podrá tener efecto de modificar, revocar o nulificar esa situación, y si bien en el presente asunto se reclama la omisión de salvaguardar la integridad física y emocional del quejoso, el mismo es susceptible de ser impugnado en términos del numeral 258 aludido. Apoya lo expuesto la tesis XVIII. 1o.P.A.2 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo de 2017, tomo III, página 2141, de rubro y textos siguientes: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." (Lo subrayado es propio). Cabe precisar que dicha tesis fue objeto de la contradicción número 233/2017, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante comunicado oficial 057/2018 (pendiente de publicarse), en la cual sostuvo que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad y que dichas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación y que en ese sentido, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto. Así, se establece que la víctima u ofendido debe impugnar ante la autoridad judicial, cuando el Ministerio Público sea omiso o negligente en cumplir con sus funciones, al ser equiparables estas afectaciones a las determinaciones que afecten o impidan lograr la pretensión de la víctima u ofendido, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal y/o en cualquier omisión en que incurra el Agente del Ministerio Público, ya que de una interpretación sistemática de las normas transcritas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. En ese sentido, considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de Control resolverá lo conducente, por lo que dicho medio garantiza a la víctima su derecho a que se le administre justicia. En tales circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia en comento, con base en la cual y con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo de normas, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis invocada a pie de página en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 270/2018, por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de nueve de abril del presente año se tuvo por recibido el informe justificado del la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar) del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia de mérito señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; nueve de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar) del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.

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