Armando Mora Suarez
Expediente 96/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2022
Partes del expediente
- Armando Mora Suarez
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio que firma el Director Jurídico y de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de quince de febrero de dos mil veintidós, realiza las manifestaciones que del mismo se desprende; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: TRÁMITE DEL INCIDENTE. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda y ampliaciones de demanda de amparo que anteceden, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados del juicio de amparo 607/2021, promovido por Sara Castellanos Ochoa, contra actos del Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial y Juez Menor del Décimo Séptimo Partido Judicial con residencia en Etzatlán, ambos del Estado de Jalisco. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, requiérase su informe previo que deberá rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalará: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se le atribuyen. 2. Podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberá proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. En relación a esta última exigencia, de manera enunciativa y no limitativa, en concordancia con lo previsto en el artículo 143 del ordenamiento legal en cita, deberá expresar: a) La naturaleza de la controversia génesis del acto reclamado; b) Las acciones ejercitadas y el estado procesal en que se encuentra el acto reclamado; c) En caso de que las prestaciones sean cuantificables en dinero, indicará el monto de las mismas; d) En el supuesto de que exista una condena en cantidad cierta, líquida y exigible, manifestarán si la resolución respectiva ya quedó firme así como el monto y fecha de su emisión; y e) De versar el asunto sobre el embargo, adjudicación, remate o entrega material de inmuebles, indicarán el monto en que los bienes fueron embargados y/o el valor que pericialmente se les haya determinado en juicio. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado o bien, omitir informar el impedimento legal o material que tengan para ello, de conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de CIEN Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación: i) En caso de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio de amparo; o ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe previo o lo haga sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado arábigo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga lugar la audiencia incidental en el local de este juzgado. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como tal: "[.] cualquier orden judicial, o cualquier acto de autoridad que ordene, establezca, decida a privarme de la posesión jurídica, Y MAS IMPORTANTE LA POSIBLE ENTRAGA MATERIAL Y JURICA QUE PUEDIERA ORDENAR EL JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL EN EL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, respecto de la Finca Urbana localizada sobre la calle Camino de los Deportes sin número en la población de Oconahua, municipio de Etzatlán, Jalisco, con una superficie aproximada de 905 metros cuadrados con las medidas y linderos que describiré más adelante y de la cual soy legítimamente propietaria, resulta de vital interés, precisar para todos los efectos que la finca calle Cuauhtémoc número 10 de la localidad de Oconahua, en el Municipio de Etzatlán, Jalisco, es el mismo predio, y que cuenta con la cuenta catastral número 2980 del sector urbano, ya que el inmueble tiene dos entradas, una por camino de los deportes y otra por la calle Cuauhtémoc, en el poblado de Oconahua, Municipio de Etzatlan, Jalisco, es decir donde se practicó la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento el día 08 de abril de 2021, por el juez menor del décimo séptimo partido judicial con sede en Etzatlán, Jalisco [.] PRETENSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que: "[.]las cosas queden en el estado en que se encuentran, esto es, para el efecto de que ordene suspender la entrega de la posesión jurídica de mi inmueble al aquí tercero perjudicado ARTURO GONZALEZ SIERRA o a cualquier otra persona que no tenga derecho sobre mi inmueble ubicado en la calle Camino de los Deportes sin número en la población de Oconahua, municipio de Etzatlán, Jalisco [.]. Así mismo, se ordene suspender cualquier acto encauzado o dirigido a privarme de la posesión jurídica del inmueble localizado sobre la calle Camino de los Deportes sin número en la población de Oconahua, municipio de Etzatlán, Jalisco, [.] pues del informe justificado emitido por el Juez Octavo Civil, existe PELIGRO INMINENTE para que se le entregue la posesión jurídica a ARTURO GONZALES SIERRA, pues ya lo solicito dentro del juicio 288/2020 del índice de dicho jugado [.]." SE NIEGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. En principio, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y los numerales 125 a 158 de la Ley de Amparo, la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia y evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada, esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental que se estima violado. Para su otorgamiento, es necesario que se acrediten en su conjunto, las siguientes condiciones normativas: 1) Que los actos reclamados sean ciertos. Para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender. 2) Que el solicitante de la medida acredite su interés suspensional. Dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y el derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Para el otorgamiento de la suspensión provisional, el máximo tribunal del país ha establecido que basta que el interés suspensional se pruebe de forma indiciaria. 3) Que los efectos del acto reclamado sean susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es factible otorgar la suspensión, cuando su concesión implique: La modificación o restricción de derechos. La constitución de derechos que no se tenían antes de la presentación de la demanda. Que se agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, cuando la suspensión se solicita con efectos restitutorios. 4) Ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público. Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, no es factible conceder la suspensión si se concluye que el interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 128, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, materia común, página 2166, de rubro y texto: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". De esa manera, para la procedencia de la medida cautelar, es necesaria la demostración, al menos en forma presuntiva, de que el predio que la quejosa dice ser de su propiedad, se ve afectado por el acto reclamado. Ante tal exigencia constitucional, corresponde verificar la existencia del derecho cuya preservación pretende obtener la quejosa a través de la suspensión del acto reclamado, ya que si el objeto de esa medida cautelar es conservar un derecho y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del solicitante de la medida cautelar. En otras palabras, es necesario verificar si la prerrogativa cuya existencia se busca preservar, mediante el otorgamiento de la suspensión, se encuentra inserta en el patrimonio jurídico del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, julio de 1991, página 225, con número de registro digital 222334, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación.". De ahí que, para la obtención de la suspensión provisional, es necesario que la quejosa demuestre que es titular del derecho que pretende defender a través del juicio de amparo, pues como se ha dicho, esa medida cautelar no es constitutiva de derechos sino que sólo tiende a preservar los que ya existen. En ese tenor, la parte quejosa para acreditar su interés suspensional exhibió: Copia certificada de la escritura pública 68,782, pasada ante la fe del Notario Público Titular número 1, de Tala, Jalisco, en la que se protocolizó lo ordenado en el juicio de jurisdicción voluntaria diligencias de información ad-perpetuam, tramitado en el Juzgado de Primera Instancia de Ahualulco del Mercado, Jalisco, bajo el expediente 878/2009, promovido por la aquí quejosa Sara Castellanos Ochoa, de la que se advierte que dicha parte se convirtió propietaria por prescripción, respecto de la finca urbana ubicada en la calle Camino de los Deportes sin número, en la población de Oconahua, Municipio de Etzatlán, Jalisco, que consta de una extensión superficial de novecientos cinco metros, cuarenta y siete décimos cuadrados; aviso de transmisión patrimonial; plano de medidas y colindancia; y, boleta registral, respecto de dicho bien inmueble. Un contrato de arrendamiento de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, celebrado entre Sara Castellanos Ochoa y Josué Fernando Ocegueda Ramos, respecto de la finca urbana localizada sobre la calle Camino de los Deportes sin número, en la población de Oconahua, Municipio de Etzatlán, Jalisco, con una superficie aproximada de novecientos cinco metros cuadrados. Un historia catastral respecto de la finca urbana localizada sobre la calle Cuauhtémoc número 10 antes, actualmente Avenida de los Deportes número 10, en la población de Oconahua, Municipio de Etzatlán, Jalisco, con una superficie aproximada de novecientos cinco metros cuadrado, de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, expedido por el Director de catastro del Municipio de Etzatlán, Jalisco. Por otra parte, obran en autos el informe y documental siguientes: 4. Informe previo rendido por el Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, quien señaló, en lo que interesa, que en el expediente 288/2020, demandó el actor Arturo González Sierra la rescisión del contrato de arrendamiento que celebró con los demandados Josué Fernando Ocegueda y Claudia Parra Carrillo, respecto del inmueble ubicado en la calle Cuauhtémoc número 10 de la localidad de Oconahua, en el Municipio de Etzatlán, Jalisco. 5. Historial catastral allegado por la parte tercera interesada Arturo González Sierra, respecto de la finca urbana localizada sobre la calle Cuauhtémoc número 10 en la población de Oconahua, Municipio de Etzatlán, Jalisco, con una superficie aproximada de trescientos noventa y seis metros cuadrados, de fecha once de junio de dos mil veintiuno, expedido por el Director de catastro del Municipio de Etzatlán, Jalisco. En consecuencia, la quejosa no allegó medio de convicción alguno con el cual acredite que el predio que la quejosa dice ser de su propiedad, se vea afectado por los actos reclamados emanados del juicio de origen, por lo que en el caso, no se tiene acreditado el interés suspensional. En ese contexto, se niega la suspensión provisional solicitada. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 96/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23 del tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado". NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, relativas al auto que tenga por recibido el informe previo, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias, les serán notificados por lista, salvo aquellas que se estime deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA. Notifíquese por conducto del Actuario de la adscripción el presente proveído a la parte tercera interesada Arturo González Sierra, en el domicilio ubicado en avenida 791 de la Avenida Federalismo Sur, Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. Lo anterior, tomando en consideración lo dispuesto por la jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE." SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Asimismo, se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. CONSULTA DE EXPEDIENTES O COMPARECENCIAS. Asimismo, indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo, realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional). Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Téngase por recibido el ocurso electrónico de cuenta presentado por - autorizado de la parte tercera interesada, en atención a su contenido, dígase que tomando en consideración que no obra acuse de recibo del oficio por el que se le requirió el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se ordena la reexpedición del mismo para efecto de que la autoridad esté en posibilidad de cumplir con el fallo protector. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
AVISO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: TÉNGASE POR RECIBIDO EL ESCRITO CON FIRMA ELECTRÓNICA A NOMBRE DEL PERITO OFICIAL ****, EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, SE LE TIENE RATIFICADO EL DICTAMEN EMITIDOS MEDIANTE ESCRITO DE REGISTRO 593 CON LO QUE SE ORDENA DAR VISTA A LAS PARTES PARA EL USO DE SU DERECHO. LO ANTERIOR SE PROVEE EN ESOS TÉRMINOS PUES, ATENDIENDO A QUE EL OCURSO FUE PRESENTADO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y QUE CONTIENE FIRMA ELECTRÓNICA DEL PERITO OFICIAL, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO EN EL NUMERAL 48 INDICADO; ENTONCES, EL USO DE ESA SIGNATURA ELECTRÓNICA ES CON UNA CONTRASEÑA ÚNICA Y PERSONAL, POR LO QUE RESPONSABILIDAD DE LA MISMA SU CORRECTA UTILIZACIÓN. ENTONCES, SE ENTIENDE QUE QUIEN PRESENTÓ EL ESCRITO DE CUENTA, FUE EL DIRECTO PERITO, AL HABER UTILIZADO SU FIRMA ELECTRÓNICA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. RESPECTO A SU DESIGNACIÓN DE DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS DÍGASELE QUE DEBERÁ DE ESTARSE A LO ACORDADO EN AUTO DE DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DONDE SE ACORDÓ LO CONDUCENTE. EN CONSECUENCIA, DESE VISTA A LAS PARTES CON EL CONTENIDO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL CITADO PERITO, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. III. REQUERIMIENTO. ADEMÁS, REQUIÉRASE A LAS PARTES DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN QUE DEL PRESENTE PROVEÍDO SE LES PRACTIQUE, MANIFIESTEN SI ES SU DESEO FORMULAR REPREGUNTAS AL PERITO OFICIAL AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CON RELACIÓN A LO PLANTEADO POR ÉSTE EN EL DICTAMEN PERICIAL QUE EMITIÓ. IV. APERCIBIMIENTO. BAJO APERCIBIMIENTO QUE DE NO REALIZAR MANIFESTACIÓN ALGUNA DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO, SE ENTENDERÁ QUE ES SU VOLUNTAD NO REALIZAR REPREGUNTAS AL PRECITADO DIESTRO Y, EN SU CASO, NO SE ORDENARÁ SU CITACIÓN A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, PARA ASÍ LOGRAR EL MÍNIMO DE EMPLEO DE ACTIVIDAD EN EL PROCESO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL; LO ANTERIOR EN ARAS DE UNA PRONTA Y EXPEDITA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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