Armando Miranda Luna
Expediente 696/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Armando Miranda Luna
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, contra el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previa realización de las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 2 este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ? Archivo como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, conforme a los artículos 6, 12, 14, 21, inciso d), y 35, se establece: 1. El archivo como asunto concluido; 2. El expediente es destruible en un plazo de tres años; 3. En el expediente no se exhibieron documentos originales; 4. El criterio de valoración para este expediente es destruible, en consecuencia, hágase constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia dicha leyenda: Destruible. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desecha la demanda de amparo promovida por Armando Miranda Luna, y se ordenó la notificación personal a la parte quejosa en su lugar de reclusión; sin embargo no obra agregada la notificación del actuario adscrito. En consecuencia, se comisiona nuevamente al actuario judicial adscrito a este juzgado a efecto de que realice la notificación correspondiente
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio 16348, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por el que remite los autos del juicio de amparo 692/2021 de su índice, promovido por Armando Miranda Luna, contra actos del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito y otras autoridades; lo anterior, por haberse declinado competencia por conocimiento previo en favor de este juzgado de distrito. Con fundamento en los artículos 49, 51 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 38 de la Ley de Amparo y 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo. En mérito de lo anterior, por oficio dese aviso a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, a efecto de que proceda a realizar la compensación relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito). Fórmese expediente impreso y electrónico, para los efectos que prevé el numeral 3°, sexto párrafo, de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 696/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conviene precisar que este órgano jurisdiccional solo se pronunciara únicamente contra actos de las autoridades siguientes: Ordenadora Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en funciones de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Ejecutoras Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "C.P.S. Chiapas", en Villa Comaltitlán, Chiapas. Subsecretario del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México. Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II de la Ciudad de México. Lo anterior, ya que el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en el juicio de amparo indirecto 22/2021, admitió a trámite la demanda promovida por Armando Miranda Luna, respecto el acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en el toca penal adversarial 60/2021, que confirmó la emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en funciones de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en la carpeta de ejecución en su modalidad traslado 34/2021. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgador federal debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desechará de plano la demanda, sin suspender el acto reclamado; ello, porque el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. El numeral 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El ordinal transcrito impone la obligación de este juzgador de examinar con todo detenimiento el ocurso de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharlo de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos, en su caso, que se acompañen. Por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos, las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar y hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora bien, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se aprecia y se precisa que los actos reclamados son: a) La resolución de nueve de abril de dos mil veinuno, que calificó como legal la orden de traslado 34/2021, que atribuyó Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, en funciones de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez; y b) La emisión de los informes, solicitud y ejecución, reclamados al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México; Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "C.P.S. Chiapas", en Villa Comaltitlán, Chiapas; Subsecretario del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México; y, Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II de la Ciudad de México; actos que sirvieron de sustento para la emisión de la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, que calificó como legal la orden de traslado 34/2021. El precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" Dicho ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, de modo que, ya no puede producir efecto alguno. Hipótesis que puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro; y 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. El primer supuesto es característico de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales se conforman por una serie de actos concatenados de tal manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce. Lo que en el caso acontece, pues como se advierte como hecho notorio de la versión electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de la sentencia del toca adversarial 60/2021 del índice del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, con residencia en Cintalapa de Figueroa, el Magistrado de dicho órgano confirmó la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, que calificó como legal la orden de traslado 34/2021, que atribuyó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en funciones de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Por lo que se concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos para que opere la cesación de efectos de la determinación controvertida, esto es, la sustitución procesal del acto originalmente reclamado por uno diverso y, por ese motivo, no es posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se habrían cometido en el primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, primordialmente porque la afectación a la esfera jurídica del peticionario del amparo ya no se determina por el acto originalmente reclamado, sino por el nuevo acto que sin dejar insubsistente aquél, esto es, sin anularlo o revocarlo, rige la situación actual del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/22, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, página 157, registro digital 176051, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". De esta manera, la cesación de efectos que se comenta se demostró plenamente, porque no está condicionada a cualquier otra circunstancia que pudiera afectarla, de modo que lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto hace a la emisión de los informes, solicitud y ejecución que sirvieron de sustento para la emisión de la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, que califico como legal la orden de traslado 34/2021, atribuido al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "C.P.S. Chiapas", en Villa Comaltitlán, Chiapas, Subsecretario del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México y Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II de la Ciudad de México. Lo anterior, dado que los actos que ordenan y ejecutan las autoridades penitenciarias y judicial, constituyen dos fases en el procedimiento de excepción al traslado voluntario, entre los que existe unidad, conformada por una sucesión de actos iniciados con la determinación administrativa que ordena el traslado, continúan con su ejecución y concluyen con la decisión judicial que lo califica. Establecido lo anterior, se desecha la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos que se reclaman han cesado en sus efectos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el Centro Penitenciario Número 15 "CPS Chiapas", donde se encuentra recluido el quejoso, a quien deberá realizarse las notificaciones en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales días y horas inhábiles, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3º de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Se exhorta al promovente de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en su centro de reclusión.
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