Armando Miguel González Martínez
Expediente 505/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/10/2022
Partes del expediente
- Armando Miguel González Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por tanto, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O Primero. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido al día siguiente en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Armando Miguel González Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez Segundo de lo Penal y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambos con sede en esta ciudad. Actos reclamados ''Reclamo para ambas autoridades todas las acciones encaminadas a privarme de mi libertad. Solicitado desde este momento la suspensión provisional y en su momento oportuno la definitiva.'' Asimismo, en el capítulo de antecedentes del escrito inicial de demanda, la parte quejosa precisó que la orden privativa derivaba de la causa penal 266/2013, del Juzgado Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad. Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El dieciocho de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 505/2022-I; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales, 1º, 33, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La orden privativa de libertad dictada en la causa penal 266/2013, del Juzgado Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, y su ejecución. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Segundo de lo Penal y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambos con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. Lo anterior no obstante que de las constancias anexadas por el Juez Segundo de lo Penal, con sede en esta ciudad y relacionadas con la causa penal 266/2013; a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierta que el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se haya requerido al quejoso para que diera cumplimiento a las sanciones que le fueron impuestas en la sentencia dictada en la causa penal de referencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se remitirían las constancias conducentes al Juez Especializado en Ejecución, para que iniciara el procedimiento de ejecución correspondiente; lo que aconteció el quince de junio de dos mil veintidós. Toda vez que de las referidas constancias, no se advierte que el Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad, en el citado expediente, haya emitido la orden restrictiva de libertad que en esta vía reclama el quejoso; pues como se precisó, la autoridad judicial responsable únicamente remitió las constancias correspondientes al Juez Especializado en Ejecución para que iniciara el procedimiento ordinario de ejecución correspondiente -autoridad no señalada como responsable-. En ese sentido, resulta inconcuso que, antes de la presentación de la demanda de amparo -catorce de julio de dos mil veintidós- la autoridad responsable no había emitido orden alguna que tuviera como efectos restringir la libertad del quejoso en la causa penal 266/2013; por tanto, el acto reclamado resulta inexistente. Lo anterior toda vez que al tratarse de un acto positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en el supuesto de tratarse de una orden restrictiva de libertad, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, de manera que si el acto reclamado se emite con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la conforman, la jurisprudencia 1a./J. 36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1998, página 5, número de registro 196072, cuyo rubro y texto son (énfasis añadido): "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. Contradicción de tesis 57/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 13 de mayo de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. Tesis de jurisprudencia 36/98. Aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas." Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el juicio de amparo 505/2022-I, promovido por Armando Miguel González Martínez, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones precisadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Juez Segundo de lo Penal, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento de veinticinco de julio pasado, manifiesta que bajo oficio 1182-3 remitió la totalidad de las constancias que integran la causa penal 266/2013; empero, de las constancias integrantes de autos, se advierte que el oficio que refiere fue dirigido al incidente de suspensión derivado del presente asunto. Ahora, toda vez que las citadas documentales son esenciales para resolver el fondo del asunto del juicio principal; por lo tanto, se ordena obtener copia de los anexos señalados en el párrafo precedente, obrantes en el incidente de suspensión derivado del presente asunto y agregarlos al presente sumario para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, con el contenido de dichas constancias, dese vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio del cual se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo a la fecha se advierte que no obran las constancias solicitadas a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal, con sede en esta ciudad, mediante proveído de veinticinco de julio del año en curso; por tanto, requiérase de nueva cuenta a la citada autoridad responsable para que dentro del término de tres hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran la causa penal 266/2013 de su índice. Apercibida de que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que se llevaría a cabo el día de hoy, señalándose las once horas con quince minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese. VMMF/DFPM/drm
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