Armando Meza Durazno
Expediente 1448/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1448/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Armando Meza Durazno
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que al promovente de amparo no recurrió el auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se tuvo por DESECHADA la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, para todos los efectos legales correspondiente. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción IV del Acuerdo General antes citado, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, el expediente relativo es susceptible de destrucción una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Armando Meza Durazno, Facundo Meza Durazno y Ruperta Vázquez Godho, por propio derecho. En atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, por tanto, se procede a proveer lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: La expropiación y ocupación de manera violenta de un predio ubicado en los límites de la Comunidad en el Espíritu Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XIVI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" A su vez, los numerales 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previenen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la literalidad de los preceptos transcritos se aprecia, entre otras cosas, que el juicio de amparo resulta improcedente respecto de actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva dicho juicio de garantías dentro de los términos que se prevén por la ley; y que el término en general para la promoción del proceso constitucional es de quince días, los cuales transcurrirán jurídicamente a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, término genérico respecto del cual opera entre otras excepciones, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De ahí que, se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Se advierte que desde el dieciséis de julio de dos mil veintitrés, los promoventes del amparo tuvieron conocimiento del acto reclamado; por lo que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo en el juicio constitucional que nos ocupa (veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés), el término para promover el juicio de amparo, de quince días (que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo), había fenecido; pues no se encuentra en alguno de los casos de excepción antes indicado, ya que no se impugna un auto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ello, tomando en consideración, como se dijo, que el presente caso no se encuentra en alguna de las excepciones indicadas, debe atenderse al término genérico para la promoción del juicio de amparo que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual regula el plazo para la promoción del juicio de derechos contra el acto aquí reclamado por la parte quejosa, y establece claramente que éste empieza a correr, entre otros supuestos, desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o bien, cuando haya tenido conocimiento del acto reclamado o se ostente sabedor de aquél. En este orden de ideas, si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de julio de dos mil veintitrés, a partir del día siguiente comenzó a computarse el plazo de quince días que se tiene para la promoción del juicio de derechos, es decir, a partir del diecisiete de ese mismos mes y año, plazo que comenzó a computarse del diecisiete de julio al cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, descontando sábados y domingos por ser inhábiles. En consecuencia, se estima que la presentación de la demanda de amparo respecto del acto reclamado, resulta ser extemporánea, lo que trae como consecuencia que éste se encuentre en el supuesto de un acto consentido tácitamente, pues por tal, se entiende aquel contra el que no se promueva el juicio de derechos dentro del término de quince días que señala el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Por contenido substancial, se invoca, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por Armando Meza Durazno, Facundo Meza Durazno y Ruperta Vázquez Godho, contra las autoridades que señaló como responsables. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir los estrados de este juzgado así como lo indica en su escrito inicial de demanda, lo anterior por así haberlo solicitado expresamente. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rómulo Lara Rafael, y en términos restringidos a Diana Cruz Ibarra y Osiel Rodríguez Hernandez toda vez que no se encontró registrada cédula en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal y en términos restringidos a las demás personas por no contar con registro alguno, sin perjuicio de que lo puedan realizar posteriormente. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se envió despacho 369/2023-3, dirigido al Juez Mixto del Distrito Judicial de Zacualtipán, Hidalgo, a fin de emplazar a los terceros interesados Gustavo Gómez Escamilla, así como a Cándida Cortés Ignacio, siendo que a la fecha no ha sido devuelto el mismo. Diferimiento de audiencia constitucional.- Finalmente, para dar tiempo a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que para su celebración se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Armando Jaime Ruiz Granados525/2015
- Armando Letechipia Torres659/2016
- Armando Letechipia Torres1022/2015
- Armando López Lozada853/2018
- Armando Luján Hipolito912/2023
- Armando Marquez Roldán658/2019
- Armando Meza Durazno1235/2023
- Armando Morales Cordova784/2017
- Armando Morales Cordova597/2017
- Armando Murcia Melo340/2016
- Armando Olvera Olvera1337/2022
- Armando Onofre Trejo1521/2019