Armando Mera Olguín
Expediente 1810/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1810/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Armando Mera Olguín
Actuaciones
- Principal
Glósese el escrito signado por la ************, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional y Síndica Propietaria, ambos del municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene a la partese tiene a la parte quejosa por presentada e interponiendo recurso de queja en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo intentada. En consecuencia, ríndase informe en relación a la materia de la queja interpuesta, teniendo como cierto que se desechó la demanda, y como justificativa de dicho informe remítase el escrito del recurso interpuesto y copia del mismo, así como el original del juicio de amparo en el que se actúa al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución del recurso interpuesto, solicitando el acuse relativo; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA, del proveído de NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que no se presentó a notificarse ante este juzgado federal, del propio proveído, como se le comunicó en AVISO de DIEZ DE NOVIEMBRE DEL año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo... AUTO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DEL ACTUAL... I. Cumplimiento de prevención. Glósese el escrito signado por ****, en su calidad de ********, mediante el cual dan cumplimiento a la prevención efectuada en auto de dieciocho de octubre del año en curso; por tanto, se provee: II. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúnen las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En el caso concreto, esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." La fracción XXIII del referido numeral 61 de la legislación de la materia, contempla la posibilidad de que se actualice una causa de improcedencia que, sin encontrarse comprendida en ninguno de los veintidós supuestos que le anteceden, derive de otra disposición legal. Una de esas causas, es precisamente la que deriva del dígito 7 de la ley en cita, pues cuando quien pretende acudir al juicio de amparo lo constituye la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los municipios, o cualquier persona moral pública, es requisito indispensable que el acto u omisión reclamados, por un lado afecte su patrimonio, y en segundo término, que esa afectación derive de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. A mayor abundamiento, es oportuno señalar que la interpretación del citado dispositivo normativo, debe ser en el sentido de que para la procedencia del juicio de amparo promovido por una persona moral pública la afectación de su patrimonio debe derivar irreductiblemente de "relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". Dicho de otra forma, de conformidad con el texto vigente de la Ley de Amparo, la Federación, los Estados, la Ciudad de México, los municipios o cualquier persona moral pública puede solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, únicamente cuando el acto u omisión afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Apoya a lo anotado, por las razones que informa, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Registro digital: 184063 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 45/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003, página 254 Tipo: Jurisprudencia PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De lo anterior, se puede advertir que, las personas morales oficiales podrán ocurrir al juicio de amparo, siempre que la norma general, acto u omisión los afecte en su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Cabe decir que no basta que a las personas morales oficiales, se les afecte intereses patrimoniales, sino que son dos los requisitos que marca la norma: 1. Que haya tal afectación; y, 2. Que ello se origine en relaciones jurídicas en los que el ente se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En caso de que no se cumplan estas dos condiciones, el juicio de amparo será improcedente. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "Registro digital: 2015321 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 128/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 1022 Tipo: Jurisprudencia PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." Ahora, se sostiene la actualización de la causal de improcedencia mencionada, toda vez que ****** demandan el amparo y protección de la justicia federal contra la resolución contenida en el oficio *******, de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, relativo a la auditoría número *****, con el que el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, solicitó al *******, que presentara documentación, justificaciones y aclaraciones que considerara necesarias, en relación a la revisión de gabinete que se practicó al ente jurídico de derecho público que representa, respecto del ejercicio fiscal dos mil veintidós, en un plazo no mayor a siete días, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento a ello, en la forma y término indicados, las observaciones contenidas en la cédula de resultados preliminares quedarían como no atendidas. Sin embargo, en el presente caso, dicho acto reclamado no constituye una excepción a la regla contenida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, que es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo, y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia supra anotada, pues es claro, que ******, al fungir como integrantes y representantes del ente fiscalizable (municipio de *******), en su carácter de Presidente y Síndica Propietaria, respectivamente, dentro de un procedimiento de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022 (dos mil veintidós), es claro que no pueden promover juicio de amparo, porque dicho acto no coloca a la moral oficial quejosa en un plano de coordinación entre particulares ante otra autoridad, ni tampoco se acredita que el acto reclamado hubiere afectado los intereses patrimoniales del Ayuntamiento que representan. Por ello, es incuestionable que de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Amparo en vigor, la parte quejosa no tiene legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que en el caso, si bien se pretende inconformar, como ya se anotó, contra la resolución contenida en el oficio *******, de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, relativo a la auditoría número ******, con el que el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, solicitó al Presidente Municipal Constitucional de Progreso de Obregón, Hidalgo, que presentara documentación, justificaciones y aclaraciones que considerara necesarias, en relación a la revisión de gabinete que se practicó al ente jurídico de derecho público que representa, respecto del ejercicio fiscal dos mil veintidós, en un plazo no mayor a siete días, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento a ello, en la forma y término indicados, las observaciones contenidas en la cédula de resultados preliminares quedarían como no atendidas; dicha circunstancia no significa que la autoridad se despoje de su investidura, ni que por el hecho de actuar como ente fiscalizable se convierta en un gobernado, con todas las prerrogativas de este, pues admitir lo contrario sería tanto como desnaturalizar el juicio de amparo, para convertirlo en una mera instancia dentro de un procedimiento, lo cual no es jurídicamente concebible. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos. En ese tenor, si conforme al artículo 1o de la Constitución General de la República, son las personas morales oficiales quienes, en el ámbito de sus competencias, "tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", resulta incongruente que pretendan acceder a medios de control constitucional que tengan como objeto la protección de dichos derechos públicos subjetivos, pues, como se ha reiterado, siendo, en esencia, los derechos humanos "restricciones al poder público queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de éstos, y por lo mismo, no puede promover juicio de garantías". Atento a lo anterior, se concluye que la excepción prevista en el artículo 7 de la Ley de Amparo, no puede ser interpretada de manera amplia, sino que es de estricta aplicación, a fin de asegurar que las personas morales oficiales únicamente puedan acceder al juicio de amparo en aquellos casos en que actúen como persona de derecho privado, es decir, "cuando al igual que los individuos particulares ejecutan actos civiles que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares, ya celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en defensa de sus derechos patrimoniales", esto es, en tratándose de "relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de derechos fundamentales, por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo, por las razones que informa y por identidad de razón, la tesis aislada que se cita a continuación: "Registro digital: 2003924 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: III.4o.(III Región) 24 A (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, página 1323 Tipo: Aislada AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA REVISAR LA CUENTA PÚBLICA. El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el llamado principio de división de poderes a nivel federal, el cual no opera en nuestro país tajante y rígidamente, sino que ha sido modulado con numerosas excepciones, con el fin de lograr un adecuado equilibrio de fuerzas entre los poderes federales, las que se traducen en la creación de un régimen de cooperación y coordinación entre éstos, que en muchas ocasiones funcionan como medios de control recíproco, lo que evita el abuso en el ejercicio del poder público y garantiza la unidad del Estado, así como la voluntad de éste para establecer y preservar un Estado de derecho. De esa manera, el principio de que se trata no implica, necesariamente, que los poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados, pues si bien es cierto que cada uno tiene señaladas sus atribuciones, también lo es que su actividad puede correlacionarse cuando uno tiene la facultad constitucional de revisar a otro, como sucede con la fiscalización de la cuenta pública, en que un ente autorizado por la Norma Suprema revisa la actuación de otro, en cuyo caso, ambos actúan como entes de gobierno, en uso de sus facultades competenciales, principio que se instituyó también a nivel estatal, según el numeral 116, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la propia Carta Magna. Por tanto, la solicitud de documentación a los Ayuntamientos de dicha entidad, emitida por el auditor superior de Fiscalización del Estado de Baja California en ejercicio de sus facultades, previstas en la Constitución Federal, no es un acto que puedan impugnar mediante el juicio de amparo indirecto, al carecer de legitimación para ello, pues la relación suscitada entre ambos entes de gobierno, con autonomía propia, tiene la finalidad de procurar el equilibrio entre poderes, mediante la facultad del primero de ejercer la fiscalización y la obligación de los otros de rendirle la cuenta pública, por lo cual éstos no asumen el carácter de particulares frente a actos de autoridad, ni de entes públicos en defensa de sus intereses patrimoniales, en términos de los artículos 4o. y 9o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013."
- Principal
(1) Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual hace de conocimiento el auto de dieciséis de octubre del año en curso, dictado dentro de los autos del recurso de revisión ...de su índice, en el cual se desecharon por notoriamente improcedentes los recursos de revisión interpuestos por las autoridades responsables Presidenta, Tesorera y Director de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio Constitucional de Apan, Hidalgo, contra la sentencia dictada en el presente sumario, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
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