Armando Martínez Mejia

Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
810/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Armando Martínez Mejia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión definitiva solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 810/2022, promovido por Armando Martínez Mejía, y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós (foja 2-7), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Armando Martínez Mejía, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinticinco de julio del año en curso, (fojas 14-18), este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, se registró bajo el número 810/2022, se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 22 reverso); se reconoció el carácter de tercero interesado a la persona moral "Export Development Canada (EDC), a quien se emplazó; y, finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se ejecutó dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: * El emplazamiento que se realizó al peticionario de amparo por medio de edictos dentro del juicio ejecutivo mercantil 56/2018. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, (foja 30), aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas que integran el juicio ejecutivo mercantil de origen mismas que adjuntó el juez responsable a su informe y que obran en un tomo de pruebas por separado, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". La parte peticionaria de amparo señala que se le vulneraron sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, virtud a que no fue llamado al juicio ejecutivo mercantil 56/2018, promovido en su contra por Export Development Canada ("EDC"), con las formalidades esenciales del procedimiento y por tanto, no tuvo oportunidad de ser escuchado ni vencido en el mismo. Manifiesta que previo a ordenar el emplazamiento por edictos la autoridad responsable debió recabar la información que refieren el segundo y último párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio. Menciona, que la responsable no tuvo por qué aplicar el párrafo V del artículo antes citado, ello, porque el mismo resulta inconstitucional al dejarlo sin su derecho de audiencia y al efecto cita la jurisprudencia con número de registro 2022447. Los anteriores planteamientos resultan infundados. Para dar sustento a lo referido, por principio se debe precisar que el emplazamiento cuya ilegalidad reclama la parte quejosa emana de un juicio ejecutivo mercantil, el cual se rige conforme al Código de Comercio vigente, con posterioridad a las reformas publicadas el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, habida cuenta que la demanda que originó su tramitación fue presentada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, siendo que en los transitorios del mismo establece lo siguiente: "D.O.F. 28/03/2018. Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- Los asuntos cuya demanda haya sido admitida a partir del 25 de enero de 2018 y hasta la entrada en vigor del presente Decreto, se tramitarán conforme a las leyes aplicables en ese momento." Asimismo, debe precisarse que, como esa legislación no prevé en su totalidad los requisitos que deben observarse al llevar a cabo el emplazamiento por edictos, debe acudirse en forma supletoria, en lo conducente, a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos de los artículos 1054 y 1063 del Código de Comercio que establecen: "Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." "Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local." De estos preceptos se desprende que, en materia de notificaciones, la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles se actualiza sólo en cuanto a las formalidades que deben observarse para el término que tiene el demandado para contestar la demanda cuando es emplazado por edictos, a fin de no violar el derecho judicial de previa audiencia previsto por el artículo 14 constitucional, sin que llegue al grado de sobrepasar las disposiciones expresas contenidas en la legislación mercantil, en específico, lo dispuesto por los artículos 1070, 1392 y 1393 de esta última legislación, que a la letra dicen: "Art. 1,070. Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser demandado. Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas. Bastará el informe de una sola autoridad o institución para que proceda la notificación por edictos. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Esta información no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o instituciones estén obligadas a observar conforme a las disposiciones que las rige Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez revisará la información presentada así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo conducente. En el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos anteriores. Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban practicar las diligencias o notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado, y en caso de no existir el mismo, lo deberá hacer constar en autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin necesidad de girar oficios para la localización del domicilio. Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien. "Art. 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio." Por su lado, el ordinal 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo conducente dispone: "ARTÍCULO 315.Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del día siguiente al de la última publicación. Se fijará además, en la puerta del tribunal una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado este término, no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado, y deberá contener, en síntesis, la determinación judicial que ha de notificarse". En ese orden de ideas, al relacionar los dispositivos del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, previamente transcritos, se obtienen los requisitos que deben colmarse para que el emplazamiento por edictos en un juicio ejecutivo mercantil sea legal, a saber: 1. Que en el juicio ejecutivo mercantil, presentada la demanda, se dictará acuerdo con efectos de mandamiento en forma para requerir de pago al deudor, no haciéndolo se le embargarán bienes suficientes para cubrir la deuda; 2. En el caso de que el fedatario público, una vez que se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficio para la localización del domicilio; 3. La determinación judicial en el que se ordene el emplazamiento del demandado se publicará tres veces consecutivas en: a) Un periódico de amplia circulación nacional; y, b) En un periódico local del Estado en donde deba seguirse el juicio al demandado 4. En el supuesto de que el demandado sea emplazado a través de edictos tendrá un plazo de treinta días contado a partir de la última publicación para contestar la demanda. Establecido lo anterior, del análisis de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 56/2018, se advierte que: a) Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el apoderado jurídico de la persona moral "Export Development Canada ("EDC"), en la vía ejecutiva mercantil, demandó a Panfrut S.A de C.V, Armando Martínez Mejía y Luis Octavio González Martínez, el pago de la cantidad de dos millones tres mil cincuenta y nueve dólares, por concepto de suerte principal, el pago de intereses ordinario sobre la suerte principal a razón de la Tasa Libor publicada por ICE Benchmark Administration Limited y el pago de intereses moratorios sobre la suerte principal e intereses ordinarios no pagado a razón del quince por ciento anual; b) Mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho el juez responsable radicó dicha demanda, la registró bajo el número de expediente 56/2018 y una vez que analizó la misma la desechó, por lo que mediante escrito de nueve de noviembre de dos mil dieciocho la parte actora promovió recurso de apelación, siendo que el veintidós de noviembre de ese año ordenó remitir el expediente de origen al tribunal de apelación; c) De dicho medio de impugnación tuvo conocimiento el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, quien mediante sentencia de ocho de enero de dos mil diecinueve revocó el auto impugnado; d) En virtud a lo anterior, mediante acuerdo de diez de enero de ese año el juez responsable admitió la demanda promovida por "Export Development Canada ("EDC"), ordenó girar despacho al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil en turno, con residencia en Zamora, Michoacán a efecto de emplazar a los demandados en los domicilios siguientes: a) Panfrut S.A de C.V el ubicado en calle Ferrocarril Poniente, número 131, colonia el Carmen de Zamora, Michoacán; b) Armando Martínez Mejía el ubicado en la calle Lago Sur, número 15, residencial Lagos del Bosque, en Zamora, Michoacán; y, c) Luis Octavio González Martínez, el ubicado en calle Uruguay, número 1241, colonia La Nueva Luneta de Zamora, Michoacán, diligencias para las cuales habilitó días y horas inhábiles, dejó a disposición de la parte actora la comunicación antes indicada y se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas la actora -lo que se advierte a fojas 165a 67del tomo de pruebas-; e) Luego de que la parte actora recogiera el despacho 22/2019 -mismo que tenía como finalidad llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada- y después de que éste fue recibido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante diligencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve la actuaria adscrita a ese juzgado manifestó que a las doce hora con treinta minutos se había constituido en el domicilio ubicado en la calle Lago Sur, número 15, residencial Lagos del Bosque, en Zamora, Michoacán, fue atendida por Sara Estrada Jiménez, quien le informó que la persona que buscaba no se encentraba en ese momento pero que sí vivía en esa casa por lo que procedió a dejar citatorio para que la parte demandada la esperara a las doce hora con treinta minutos del diecinueve de febrero de ese año a efecto de llevar a cabo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento dentro del juicio de origen; f) Una vez llegada la fecha señalada con anterioridad, la actuaria auxiliar se constituyó nuevamente en el domicilio del codemandado Armando Martínez Mejía, sin embargo, nadie acudió a su llamado por lo que procedió a llevar la diligencia encomendada a puerta cerrada; g) Por acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve el juez responsable recibió el despacho 22/2019 y después de que observó la diligencia realizada por la actuaria auxiliar determinó que la diligencia practicada al accionante de amparo no se encontraba ajustada a los requisitos establecidos en el artículo 1393 del Código de Comercio, esto, debido a que se había realizado a puerta cerrada, por lo que declaró nulo dicho emplazamiento y ordenó se realizara nuevamente, para lo cual devolvió el despacho antes anotado; h) En virtud de lo anterior, el dos de abril de dos mil diecinueve la actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, asentó que se había vuelto a constituir en el domicilio ubicado en calle Lago Sur, número 15, residencial Lagos del Bosque, en Zamora, Michoacán, quien fue atendida por Sara Estrada Jiménez, persona que le indicó que el codemandado Armando Martínez Mejía sí vivía en esa casa pero que de momento no estaba en el domicilio porque estaba trabajando, por lo que la actuaria auxiliar fijó en la puerta de ese domicilio el citatorio correspondiente-en el cual señaló las once horas del tres de abril de dos mil diecinueve para llevar a cabo la diligencia encomendada, apercibiendo al codemandado que de no esperar entendería la misma con la persona que en ese momento se encontrara presente-debido a que la persona que la atendió se negó a recibirlo por manifestar que tenía instrucciones de sus patrones-diligencia visible en fojas 395-396 del tomo de pruebas-; i) Mediante razón de tres de abril de dos mil diecinueve, la actuaria auxiliar asentó que, junto con la apoderada jurídica de la parte actora, se constituyó nuevamente en el domicilio del codemandado Armando Martínez Mejía, y después de que se cercioró de que era el domicilio indicado por así haberlo verificado por medio de la placa metálica oficial que indicaba el nombre de la calle y por el número exterior del inmueble, procedió a tocar la puerta durante aproximadamente diez minutos sin que nadie atendiera a su llamado a pesar del citatorio de dos de abril de dos mil diecinueve, y dado que la persona buscada persistió en no atender dicha diligencia, no obstante de tener conocimiento de la fecha y hora en que acudiría, procedió a levantar dicha actuación en términos del artículo 1393 del Código de Comercio; y, j) Finalmente, por acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve el juez responsable recibió nuevamente el despacho 22/2019 y después de que dio cuenta con las actuaciones que obraran en dicha comunicación determinó que el demandado Armando Martínez Mejía, sería emplazado mediante la publicación de edictos, lo anterior, en términos del artículo 1393, último párrafo del Código de Comercio, ello porque estimó que se colmó la búsqueda de la parte demandada y haberse obtenido el cercioramiento de que sí habitaba en el domicilio donde se pretendió efectuar la diligencia por la actuaria auxiliar. Aunado a lo anterior, del juicio de origen se desprende que la actuaria auxiliar asentó datos que llevaron al juez responsable a concluir que el demandado sí habitaba en el domicilio señalado para llevar a cabo su emplazamiento pues así lo afirmó Sara Estrada Jiménez, quien fue la persona que en dos ocasiones atendió a la actuaria auxiliar y quien le indicó que en ese domicilio sí vivía el demandado Armando Martínez Mejía, diligencias que tienen valor probatorio pleno en virtud de que la actuaria auxiliar posee la calidad de autoridad en ejercicio de sus funciones y consecuentemente tiene fe pública lo asentado en las diligencias emitidas por ella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia IV. 2º,J/4 emitida por el Segundo Tribunal del Cuarto Circuito, Tomo I, Mayo de 1995, página 265, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Máxime que el peticionario de amparo no realizó manifestaciones que tuvieran como finalidad desvirtuar las actuaciones realizadas por la actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, además de que en su libelo constitucional manifestó que el domicilio donde el juez responsable ordenó llevar a cabo su emplazamiento es su domicilio. Por tanto, la determinación que realizó el juez responsable en la que ordenó emplazarlo por edictos se encuentra ajustada a derecho, lo anterior, porque los artículos 1070, último párrafo y 1393, segundo párrafo del Código de Comercio, establecen que si el ejecutor obtiene el cercioramiento de que en el domicilio señalado para la diligencia sí habita la persona buscada y después de habilitarse días y horas inhábiles, persiste la negativa de la persona de abrir o de atender la diligencia, se ordenará que la misma sea practicada por medio de edictos, como en el caso aconteció. De ahí lo infundado de su primer concepto de violación, pues opuesto a lo que refiere, el juez responsable no estaba obligado a enviar oficios a las autoridades o instituciones públicas en los cuales se tuviera registro oficial de personas para investigar su domicilio, esto, porque los dispositivos 1070 y 1393 del Código de Comercio dispensan esa obligación cuando el actuario ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, persiste la negativa de abrir o de atender la diligencia, lo que a la especie aconteció. Pues como ya quedó anotado, la actuaria auxiliar en dos ocasiones fue atendida por Sara Estrada Jiménez, quien le informó que el accionante de amparo sí vivía en ese domicilio pero que de momento no se encontraba, además de que en su demanda de amparo el quejoso manifestó que la actuaria lo había buscado en su domicilio, lo que demuestra que efectivamente vivía en el domicilio donde se pretendió emplazarlo a juicio. Asimismo, resulta infundado su segundo concepto de violación, pues el juez responsable no tenía obligación de aplicar en el caso la jurisprudencia 1a./J.49/2020(10a.) ya que la declaración de inconstitucionalidad ahí decretada recayó en el quinto párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, que se refiere a los casos en que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir notificaciones, y al acudir a éste a realizar la notificación personal, no corresponda al de la parte demandada, ante lo cual se imposibilita realizar la notificación por edictos sin necesidad de recabar informes de las autoridades que cuente con base de datos de personas. Sin embargo, en el caso materia de análisis no se está ante un domicilio desconocido, sino de uno que fue reconocido por las partes en litigio y en el que se pretendió llevar a cabo el emplazamiento del quejoso, donde el peticionario de amparo se resistió a atender la visita efectuada por la actuaria auxiliar, por lo cual no se actualiza el supuesto consignado en el quinto párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, sino el de diverso párrafo séptimo, por lo que en esa medida, la autoridad responsable no estaba obligada a tomar en cuenta el criterio que refiere el peticionario de amparo-referente a la jurisprudencia 1a./J.49/2020(10a.)-, ya que la misma regula un supuesto diferente al que aconteció en el juicio natural. Además, de la publicación de los edictos se desprende que los mismos se encuentran ajustados a los requisitos establecidos por el artículo 1070 del Código de Comercio, ya que contienen elementos suficientes para que la parte demandada-aquí quejosa-, conociera la existencia de un procedimiento seguido en su contra, el lugar y el juzgado ante el que se tramitó dicho juicio, el número de expediente, el tipo de juicio y el plazo para contestar la demanda entablada en su contra. Lo anterior, se advierte del análisis de los edictos publicados dentro del juicio de origen-visibles en fojas 420 a 429 del tomo de pruebas-, de los que se evidencia que contienen los elementos mínimos para hacer saber a la demandada del procedimiento existente en su contra, permitiéndole comparecer a ejercer su derecho de audiencia y defensa, ello, porque en los edictos se indicó: 1. El nombre de las partes, actora y demandada; 2. El hecho de que se trata de un juicio ejecutivo mercantil; 3. El número del expediente; 4. El juzgado que conoció del mismo; 5. La anotación de las prestaciones reclamadas; y, 6. La exposición de que en la secretaria de ese juzgado se dejaba a su disposición copia de la demanda y constancias anexas, además de requerirlo para que dentro de un término de ocho días, más uno que por razón de la distancia se le concedió para que compareciera a contestar la demanda entablada en su contra, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se le tendría por confeso de los hechos narrados en la misma. Asimismo, se advierte que se cumplió con la periodicidad y lugar de publicación de los edictos de acuerdo lo establecido por el artículo 1070 del Código de Comercio, ya que los mismos fueron publicados tres veces consecutivos en una periódico de circulación nacional, así como en uno de circulación en el Estado de Michoacán, siendo los días veintidós, veintitrés y veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se publicaron en el periódico "Reforma" y en el periódico "El Sol de Morelia", siendo el primero el que corresponde al diario de circulación nacional, en tanto que el segundo corresponde al periódico de circulación local. Por tanto, la publicación de los edictos y el auto que determinó emplazar al peticionario de amparo por medio de la publicación de edictos se encuentra ajustados a los parámetros que contempla el Código de Comercio, pues como ya se observó, ello se debió a que el peticionario de amparo no atendió la diligencia de emplazamiento pese a que en dos ocasiones se le dejaron los citatorios en los que se fijaba día y hora para llevar a cabo el emplazamiento respectivo, además de que los propios edictos cumplieron con las exigencias para que el peticionario de amparo pudiera ejercer su derecho de defensa y audiencia. Consecuentemente, ante lo infundado del único concepto de violación planteado, y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: ÚNICO. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de este fallo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Armando Martínez Mejía, contra la autoridad y por los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución, materia de estudio en dicho apartado. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy nueve de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada **********, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el auto y/o resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, como está ordenado en el acuerdo de ***** de **** de dos mil veintidós. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

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