Armando Martínez López

Expediente 665/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
665/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Armando Martínez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercera interesada en auto de diecisiete de marzo del año en curso, para que hicieran manifestación de lo que a su derecho conviene en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en este sumario constitucional; el quejoso hizo manifestaciones respecto al acatamiento a la ejecutoria Federal no así la parte tercera interesada. Ahora, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la legislación de la materia. Bien, en la sentencia autorizada el quince de noviembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional determinó que para restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, debía realizar lo siguiente: "[- - -] 1. Dejará insubsistente la resolución de cinco de junio de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación -expediente ****-. 2. En su lugar dictará otra, en la que observará las consideraciones expuestas en esta ejecutoria con efectos vinculatorios y, sobre esa base, resolverá nuevamente el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de veintidós de febrero del año en curso. [- - -]" En la ejecutoria de amparo se determinó -en forma medular- lo siguiente: De las actuaciones del procedimiento universal de origen, se advierte que a través de la sentencia definitiva emitida el veintinueve de abril de dos mil once, el juzgador natural -entre otras cuestiones- adjudicó el bien raíz ubicado en calle ***********, en favor de los coherederos, ********************, en partes iguales. En ese sentido, el procedimiento de remate respecto del bien raíz citado, únicamente tenía por objeto su enajenación, con el objeto de que el producto se repartiera entre los copropietarios; motivo por el cual, no se está en el caso de la venta de un inmueble propiedad del "ejecutado" o que existan "acreedores preferentes", por lo que los coherederos, ********************, no podían adjudicarse la finca en el modo en que lo hicieron, puesto que aquéllos no podían participar con un carácter de "actores" "acreedores preferentes" o "ejecutantes", pues todos los coherederos tiene el carácter de copropietarios de la finca a subastar. Por ende, si dichas personas pretendían adquirir de manera conjunta el inmueble referido, debieron participar en el procedimiento licitatorio en calidad de postores, pues -se itera- al ser todos los coherederos copropietarios del inmueble subastado, no les reviste el carecer de "actores" "acreedores preferentes" o "ejecutantes" ni de "demandados", "deudores" o "ejecutados". Visto de esta manera, para que los coherederos, ********************, estuvieran en aptitud de adjudicarse el inmueble licitado, tenían la obligación de haber exhibido la postura legal, a través de la cual, se les permitiera participar en la subasta -lo anterior en términos de los artículos 574 y 584 del código adjetivo civil capitalino-, hecho que no aconteció, pues el juzgador natural soslayó que en el remate de la finca multereferida, al aquí quejoso no le recae el carácter de "ejecutado" ni los coherederos que iniciaron el procedimiento de subasta son "acreedores preferentes", aunado a que la licitación tenía por objeto primordial la enajenación de la finca, con el objeto de que su producto se repartiera entre los copropietarios, en los términos establecidos en la sentencia definitiva. Sin embargo, el juez natural permitió la concurrencia de los coherederos, ********************, como si hubieran sido "ejecutantes" o "acreedores preferentes" y les adjudicó el bien raíz en una tercera almoneda a pesar de que -se itera- en el procedimiento de venta judicial de un inmueble que formó parte del acervo hereditario, a los coherederos les revestía el carácter de copropietarios. Por lo anterior, la adjudicación del bien raíz plurimencionado realizada en los términos del acto reclamado vulnera -en perjuicio del solicitante del amparo- el postulado de debido proceso en la vertiente referida, por la forma en cómo se llevó a cabo el procedimiento de remate, pues como justamente lo refiere el quejoso, los otros coherederos en realidad conservaron el inmueble de que se trata, sin que el producto de la venta se hubiera repartido en partes iguales, que era el objeto del citado procedimiento, además que participaron sin haber realizado la postura legal de conformidad con la ley y por eso la adjudicación del bien raíz es contraria a los derechos fundamentales que invocó el peticionario del amparo. La sentencia de amparo fue confirmada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en ejecutoria de nueve de julio de dos mil veinte, en el expediente R.C. **** Así, en oficio con número de registro 1851, la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México remitió copia certificada de la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual -en acatamiento a la sentencia protectora- dejó insubsistente la resolución de cinco de junio de dos mil diecinueve y dictó otra cuyos puntos resolutivos son del tenor siguientes: "[- - -] PRIMERO.- Ha sido improcedente la vía de tramitación, en consecuencia. SEGUNDO.- Se reprueba el remate propuesto por **********. TERCERO.- Devuélvase a ******************** el billete de depósito ****. CUARTO.- Se restituye a ******* su derecho de copropiedad sobre la finca materia de la litis. QUINTO.- Se deja a los interesados a salvo sus derechos para que promuevan lo que a su derecho e interés convenga. [- - -]" Lo anterior, con base en las consideraciones siguientes: El objeto fundamental de un procedimiento de remate es la venta del bien inmueble, lo que en el presente asunto no ocurrió, toda vez que ninguno de los coherederos presentó comprador ni hubo consignación de billete de depósito que contuviera la postura legal -dinero-, requisitos primordiales para afirmar que se inició el procedimiento de remate; por lo que al no actualizarse dichos requisitos, se desatendió las normas del procedimiento, al aprobar el remate en favor de ********************, a pesar de que éstos nunca se anunciaron como postores e inclusive ni podían serlo, dado que al ser herederos se beneficiaron con el derecho de propiedad que en vida correspondió al autor de la sucesión sobre el inmueble ubicado en calle ********************, lo que significa que son copropietarios pro indiviso y en partes iguales; consecuentemente, no pueden comprar algo que ya es suyo, acción que innegablemente es incongruente con lo resuelto en autos. El inicio del procedimiento de remate ocasionó al inconforme un perjuicio de carácter patrimonial y más con la presentación del billete de depósito ******************** que exhibieron los coherederos, ********************, pues aquéllos pretendieron despojar a ******************** de su derecho de copropiedad con la presentación del referido billete. Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que la autoridad responsable acató la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores; por lo que es dable determinar que la misma no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su dispositivo 2°, se aprecia que la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México -en acatamiento a la sentencia protectora- dejó insubsistente la resolución de cinco de junio de dos mil diecinueve y dictó otra en la que revocó la resolución recurrida, para no aprobar el remate del bien inmueble materia de la subasta pública. Por lo tanto, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con el oficio citado, acreditó haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ******************** ********************"INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." En otro aspecto, al tomar en consideración que en proveído de veintiséis de abril del año en curso, se ordenó reservar el escrito registrado con el arábigo 4108, en tal sentido, se procede a acordar lo que en derecho procede: Visto el escrito signado por el quejoso, ********************, a través del cual, precisa que en la determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se indicó que "[.] se requirió al albacea por notificación personal para que exhibiera los avalúos actualizados y procediera a la venta. A causa de la negativa de la albacea de cumplir los requerimientos [.]"; empero -sostiene- nunca hubo negativa por parte de quien tuvo en su momento el cargo de albacea, observación que considera pertinente señalar para que no exista confusión. Al respecto, indíquese al promovente que el aserto expuesto por el tribunal de apelación únicamente se realizó con el objeto de exponer una relatoría de las actuaciones del sumario de origen, sin que tal aseveración tuviera alguna injerencia en el sentido de la determinación que emitió en acatamiento a la sentencia protectora, razón por la cual, la observación que destaca el quejoso resulta insuficiente para no tener por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso ********, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. En ese tenor, se tienen por hechas las alegaciones realizadas en el ocurso de cuenta, mismas que podrán ser tomadas en consideración al momento de emitir el pronunciamiento relativo al citado cumplimiento. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 17 DE MARZO DE 2021.

  4. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio "194 AM" signado por la secretaria de acuerdos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio referido, para que en el plazo de TRES DÍAS legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga en cuanto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; en la inteligencia de que agotado el plazo para ello, se determinará lo que corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como a los terceros interesados y por lista a las demás partes.

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