Armando Martín Cocom

Expediente 966/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
966/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
16/08/2019

Partes del expediente

  • Armando Martín Cocom
  • PASTOR MARTÍN OSORIO y Otros.
  • Priciliano Tun Chan

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V.- CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos.

  2. Principal

    CITATORIO.- MESA V.- Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de *******, en su carácter de Ejidatarios del ejido de ****, con diez copias del escrito y un anexo, mediante el cual cumplen con la prevención efectuada en auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, y téngase por cumplida. De igual forma, vista la diligencia de veinticinco de julio del año en curso en la cual los quejosos ******** ratificaron la huella que obra al calce y margen de su escrito de demanda de amparo como suyas, en cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de diecisiete de julio del actual; y vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ****, en su carácter de Ejidatarios del ejido de ***, contra actos del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, recibida en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el quince de julio del año en curso, con nueve copias de la demanda y cuatro anexos, la suscrita procede a resolver acerca de la procedencia o no de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 112 de la ley de la materia. Procedencia de la demanda. De acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Sentado lo anterior, efectuado un análisis de la demanda de amparo, sus anexos y escrito aclaratorio de cuenta, la suscrita advierte que se actualiza una causal de improcedencia de este juicio, y por tanto es procedente desechar la demanda de amparo, por los motivos que a continuación se explican. *******, quienes se ostenta ejidatarios del ejido de ***, reclaman a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, la calificación registral de seis de junio de dos mil catorce, correspondiente a la solicitud de trámite 31140008465, relativo a la inscripción de los acuerdos del acta de asamblea del ejido de ****, celebrada en fecha dieciséis de diciembre de dos mil doce, en la cual se autorizó el cambio de destino de una superficie de tierras de uso común del ejido para destinarlas al área parcelada del núcleo agrario. Sin embargo, debe desecharse la demanda de amparo promovida, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se expondrá. Establecido lo anterior, el artículo 61, fracción XX de la ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El artículo transcrito contiene el principio fundamental del juicio de amparo, conocido como "definitividad", el cual implica que, para poder ejercitar la acción constitucional, previamente deben haberse agotado todos los medios ordinarios de defensa que permitan modificar o revocar el fallo que se reclame, es decir, que la resolución que se combate sea de las denominadas definitivas. En caso de no hacerse así, la acción constitucional será improcedente, pues no se habrá colmado uno de sus presupuestos procesales. Sin embargo, el mismo numeral también establece la hipótesis de excepción relativa a que, cuando la ley ordinaria establezca mayores requisitos que la normatividad de amparo para que el acto reclamado sea suspendido, o se establezca un mayor plazo para que se otorgue la medida provisional, no es necesario que se agoten los medios de defensa naturales, previamente a la promoción de la jurisdicción constitucional. En el caso, la parte quejosa debió promover el juicio agrario, antes de intentar el juicio de amparo, pues la calificación registral de seis de junio de dos mil catorce, correspondiente a la solicitud de trámite ***, relativo a la inscripción de los acuerdos del acta de asamblea del ejido de ***, celebrada en fecha dieciséis de diciembre de dos mil doce, en la cual se autorizó el cambio de destino de una superficie de tierras de uso común del ejido para destinarlas al área parcelada del núcleo agrario, es un acto combatido mediante dicho procedimiento. Conviene invocar el contenido del artículo 163 de la Ley Agraria, que dispone: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.". En concatenación con lo establecido en el numeral 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece: "Articulo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: [.] IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; [.]" Partiendo de la anterior premisa, es de concluirse, que conforme a lo dispuesto por el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los tribunales unitarios serán competentes para conocer de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias (como la autoridad que señalan los quejosos en su escrito de cuenta) que alteren, modifiquen o extingan un derecho (el derecho a obtener tierra ejidales así como de participar en las decisiones del ejido). Por lo que, el acto que reclaman los promoventes consistente en la calificación la registral de seis de junio de dos mil catorce, correspondiente a la solicitud de trámite ***, relativo a la inscripción de los acuerdos del acta de asamblea del ejido de ****, Estado de Yucatán, celebrada en fecha dieciséis de diciembre de dos mil doce, en la cual se autorizó el cambio de destino de una superficie de tierras de uso común del ejido para destinarlas al área parcelada del núcleo agrario, puede ser combatida a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario respectivo. De conformidad con lo antes expuesto, debe determinarse que el presente juicio de amparo resulta improcedente contra los actos reclamados, pues los actos de la categoría a la que pertenece la aquí suscitada, justamente resultan del conocimiento de los Tribunales Unitarios Agrarios, y no prima facie de un Juzgado de Distrito. De ahí que, como se apuntó, contra el acto reclamado debía promoverse el juicio de nulidad, previamente promoverse a acudir al juicio de amparo, máxime que se trata de una jurisdicción especializada para conocer ese tipo de asuntos. Máxime que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad, puesto que, no se reclamó la inconstitucionalidad de alguna norma general autoaplicativa o heteroaplicativa. Aunado a lo anterior, que la suspensión que dispone la Ley Agraria se regulará aplicando lo dispuesto en el Titulo Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo, como lo establece el artículo 166 de dicho ordenamiento legal; por lo que los requisitos que establece dicha ley y la Ley de Amparo, son los mismos. En consecuencia, el promovente se encontraba obligado a agotar el juicio agrario previamente a promover la instancia constitucional, lo que da lugar a la concreción de la hipótesis de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Cabe citar, en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T. J/29, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en página 71, del tomo 78, correspondiente al mes de junio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 212125, que dice: "TRIBUNALES AGRARIOS. DEBE OCURRIRSE ANTE ELLOS, PREVIAMENTE A LA INSTAURACION DEL JUICIO CONSTITUCIONAL.-..." En el mismo sentido, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTA DE ASAMBLEA DE COMUNEROS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA SU CALIFICACIÓN REGISTRAL PROCEDE, PREVIAMENTE AL AMPARO, EL JUICIO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS.-..." De igual forma es de atenderse la Jurisprudencia 2a./J. 88/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, mayo de 2008, que prevé: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.-..." Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Cabe destacar que los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.-..."

  3. Principal

    AVISO.- MESA V.- Se designa a ***, como representante común de la parte quejosa, toda vez que los peticionarios de amparo lo designaron de entre ellos como representante común, sin perjuicio de que pueda ser sustituido con posterioridad. Prevéngase a los quejosos para que dentro del plazo de CINCO DIAS hábiles siguientes, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo: Comparezcan los quejosos Francisco Pech Uicab y Prudencio Solis Euan, en días y horas hábiles a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con identificación oficial vigente con fotografía, a satisfacción de este órgano jurisdiccional, a ratificar ante la presencia judicial la demanda de amparo. Señalen bajo protesta de decir verdad, cuales son los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Apercibidos, que de no cumplir en el plazo concedido con lo señalado en el inciso a), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, únicamente respecto de los quejosos Francisco Pech Uicab y Prudencio Solis Euan, y de no cumplir con el inciso b) se tendrá por no presentada la demanda de amparo, por lo que respecto a todos los quejosos. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones en el domicilio ubicando en... Se tiene como autorizado de los quejosos a William Cuahutemoc Palomo Canul, en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo pues el presente juicio de amparo versa en materia agraria. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justifica Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. Por otra parte, esta Juzgado estima conveniente precisar a la parte quejosa, que los documentos que exhiba o que llegara a exhibir en original, no podrán ser devueltos, toda vez que del artículo 122 de la Ley de Amparo, así como el artículo 280 del Código supletorio, se desprende que los documentos podrán ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción.

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