Armando Marquez Vitela
Expediente 562/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Armando Marquez Vitela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones tendentes a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa, así mismo solicita una prórroga para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 192 de la ley de la materia, se concede a la autoridad responsable una prórroga de diez días hábiles, contados a partir de que quede legalmente notificada, a fin de que se encuentre en posibilidad de acatar el fallo protector, en el entendido que, siguen vigentes los apercibimientos decretados en auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que, en la sentencia de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, realice lo siguiente (agréguese copia de la sentencia dictada en el presente asunto): [.] Por lo anterior, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************, para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica la obligación de cubrir el derecho de inspección anual para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y no le sea aplicada en su perjuicio la tarifa de inspección anual, contenida en los artículos 39 y 82 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, respecto del establecimiento comercial denominado "********************" y se devuelva el importe de la cantidad que pagó con motivo de la aplicación de la tarifa impugnada. Asimismo, para que en lo futuro se abstengan de efectuar cualquier acto tendente a la aplicación de la referida disposición legal, en detrimento de la quejosa. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, visible en la página 19, con registro 2007918, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Cabe señalar, que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad correspondiente, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo********************/2023-VII, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, así como de la Tesorera Municipal de Juárez. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnado a este juzgado el mismo día, ******************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, y otra autoridad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1, 14, 16, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El ocho de junio de dos mil veintitrés se registró la demanda bajo el consecutivo********************/2023-VII, se admitió a trámite, se pidieron a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó lo siguiente: I. Del Congreso del Estado de Chihuahua, la expedición del Decreto ********************I.P.O., mediante el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, en específico, los artículos 39 (en lo relativo a derechos), en relación con el 82 (en lo relativo al derecho de inspección y verificación anual para la emisión del dictamen), así como los numerales 2 y 2.3 de la tabla que sigue al párrafo segundo, que establece el cobro de un derecho anual de 296 UMAs diarias tratándose de restaurantes con venta de bebidas alcohólicas. II. De la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, la aplicación de las normas impugnadas, a través de la recepción del pago del derecho de inspección y verificación. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, no obstante que en su informe justificado haya señalado que es cierto el acto consistente en la recepción del pago del derecho de inspección anual para establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. De modo que, esa afirmativa debe desvirtuarse. La quejosa exhibió, junto con su demanda de amparo, digitalización del certificado de ingresos ******************** de fecha veintidós de mayo del año en curso, a su nombre, emitido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Juárez, del que se desprende el pago por concepto de inspección anual para establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, por la cantidad de $********************(********************). Documental a la que, de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le reconoce valor probatorio pleno, debido a que al presentarla, la accionante del amparo señaló, bajo protesta de decir verdad, que coincide fielmente con su original. Ello, ya que en términos del artículo 3, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales o firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, siempre que -bajo protesta de decir verdad- se señale que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, como en el caso. Ahora bien, sentado lo anterior, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, a través del cobro y la recepción del pago del impuesto de referencia, no se le puede atribuir a dicha autoridad, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley. En esa hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello, como en el presente asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, con registro digital 171860, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En consecuencia, ante su inexistencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto del acto reclamado a la autoridad responsable a que se refiere este considerando. Sin que ello implique que tal autoridad no pueda considerarse para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, está obligada a dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, todas aquellas autoridades que tengan intervención en la restitución de los derechos de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior a tesis de la extinta Tercera Sala del máximo tribunal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXIV, página 1429, registro digital 348917, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES OBLIGADAS A LA. Aunque la autoridad encargada de la ejecución del fallo dictado en cumplimiento de una ejecutoria que concedió el amparo, no haya sido designada como responsable en el juicio de garantías, está obligada, por su carácter de ejecutora, a cumplir con la sentencia de amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por su parte, en el informe justificado del Congreso del Estado de Chihuahua, aceptó la existencia de los actos que se le reclamó del Decreto reclamado. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de esta juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de criterios, antes, por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. QUINTO. Precisión especial. Es necesario precisar que, en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que la quejosa estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida. Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si con relación al mismo se actualiza alguna causa de improcedencia. Y, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente; y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del contenido siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del , el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. SEXTO. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable, Congreso del Estado de Chihuahua, precisa que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de la Materia, en virtud de que la parte quejosa no demuestra que le causa afectación del acto reclamado, pues únicamente anexó a su demanda copia simple del certificado de pago, medio de prueba alguno que acredite que haya sido él quien realizado pago alguno respecto de las contribuciones a que hace referencia, por lo que considera que la quejosa no demuestra su interés jurídico, pues no demuestra haber resentido tal afectación. Causal de improcedencia que debe desestimarse; ello porque anexo a su demanda, la parte quejosa exhibió copia del certificado de ingresos ********************; además, cabe especificar que en términos del artículo 3, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales o firma electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Asimismo, conservan el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, dado que al presentarla por vía electrónica la parte accionante sí manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, sin perjuicio de que se realice el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. Sin que ninguna de las partes solicitada dicho cotejo con el documento original y la suscrita consideró innecesario por los motivos expuestos anteriormente. Documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues cuenta con folio del certificado de ingreso, código QR, sello de recibido de pago, tal circunstancia, de eficacia probatoria, que son datos que fácilmente se corroboran su fiabilidad, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión; al margen a que como se evidenció el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Cobra aplicación la tesis I.7o.A.410 A, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, Materia Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de octubre de 2005, página 2471, registro digital 176863, que reza: RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión. Respecto a la diversa causa de improcedencia invocada por dicha autoridad, estima que la demanda de amparo no se promovió en tiempo, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ésta en relación con los artículos 17, primer párrafo y 18 del mismo ordenamiento legal, y no la citada en la fracción XII, atendiendo a lo escrito, se advierte que corresponde a la citada en primer término. Dicha causa de improcedencia se desvirtúa, pues con el documento descrito, consistente en el certificado ingresos ********************, se aprecia que el quejoso realizó el pago el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, con lo que se demuestra que la demanda de amparo está interpuesta en tiempo. En efecto, si el derecho tildado de inconstitucional se pagó el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, el término genérico de quince días para promover el juicio, comenzó a transcurrir el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés y concluyó el doce de junio de dos mil veintitrés, sin contar los días veintisiete y veintiocho de mayo ni tres, cuatro, diez y once de junio del año en curso, por ser inhábiles. Lo anterior, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo. De manera que, si la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el seis de junio de dos mil veintitrés, este juicio de amparo se promovió en tiempo. Lo expuesto deviene infundado, pues si el disconforme presenta la demanda de amparo contra una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad de la peticionaria de garantías con el contenido de la ley impugnada. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 68/97, consultable en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, Materia Administrativa, Novena Época (registro 197667), que dispone: LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE. Si el quejoso presenta la demanda de amparo en contra de una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada. SÉPTIMO. Procedencia e innecesaria transcripción de conceptos de violación. Ya que las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia diversas, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna otra, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". OCTAVO. Estudio de Fondo. Resulta sustancialmente fundado el segundo de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, y suficiente para otorgarle la protección constitucional. En efecto, a partir del uno de enero de mil novecientos ochenta y dos, el Estado de Chihuahua se adhirió al Sistema Nacional de Coordinación en Materia de Derechos, como así se estableció en el artículo 2, de la Ley de Coordinación en Materia de Derechos con la Federación, publicada en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, en el cual se estableció que quedaba obligado a no mantener en vigor derechos locales o municipales, entre otros, por actos de inspección. Por tanto, respecto a los derechos estatales y municipales debe ajustarse a las disposiciones señaladas al respecto en la Ley de Coordinación Fiscal, concretamente la prevista en el artículo 10-A, que establece: "ARTICULO 10-A.- Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no mantendrán en vigor derechos estatales o municipales por: [.] IV.- Actos de inspección y vigilancia. Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales considerando el tipo de actividad a que se dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la fracción I y la fracción III. Las certificaciones de documentos así como la reposición de éstos por extravío o destrucción parcial o total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes a las Entidades Federativas o a los Municipios. En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita la facultad de los Estados y Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades expresamente señaladas en este artículo. Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aún cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las características de derecho conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación. También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones. [.]". Así como a lo establecido en el artículo 3, de la citada ley de Coordinación en Materia de Derechos con la Federación, que prescribe: "ARTICULO 3.- El Estado y sus Municipios ejercerán todas las facultades que les confieren las leyes respectivas para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones o para realizar actos de inspección y vigilancia, sin cobrar retribución alguna en los términos del artículo que antecede". De donde se sigue que por virtud de esa adhesión a la coordinación federal, el Estado de Chihuahua, renunció a imponer las contribuciones que concurran con los impuestos federales participables, lo que conlleva, incluso, a la desincorporación temporal de su ámbito competencial de la potestad relativa, por lo que si el congreso local crea contribuciones de esa especie, estará expidiendo disposiciones de observancia general que carecen del requisito de fundamentación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que las mismas serán emitidas sin contar con competencia para ello. Como apoyo se cita la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 239, Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Primera Parte, Materia(s): Constitucional, Común, Séptima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica". Luego, si existe una norma que prohíbe legislar en un aspecto determinado, específicamente en cuanto al cobro de derechos por la inspección anual a los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, entonces al haberlo hecho se trasgrede en agravio de la quejosa la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 de la carta Magna, respecto de los preceptos que se tildan de inconstitucionales, pues es claro que se expidió por una autoridad carente de competencia, lo cual torna fundado el concepto de violación. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 17/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 293, Tomo XIII, Mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS. EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL RELATIVO RESPECTO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA LOCAL. Cuando una entidad federativa celebra un convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se generan diversas consecuencias respecto de la potestad tributaria que corresponde ejercer al Congreso Local de que se trate. En principio, dicha facultad, en aras de evitar la doble o múltiple imposición, no podrá desarrollarse en su aspecto positivo, relativo a la creación de tributos, en cuanto a los hechos imponibles que se encuentren gravados por un impuesto federal participable, ya que al celebrarse la mencionada convención debe entenderse que la potestad tributaria se ha ejercido no en su aspecto positivo, ni en el negativo, correspondiente a la exención de impuestos, sino en su expresión omisiva que se traduce en la abstención de imponer contribuciones a los hechos o actos jurídicos sobre los cuales la Federación ha establecido un impuesto, lo que provocará la recepción de ingresos, vía participaciones, provenientes de los impuestos federales que graven aquellos hechos o actos. Por otra parte, en razón de que al adherirse la respectiva entidad federativa al señalado Sistema de Coordinación Fiscal, el órgano legislativo local renunció a imponer las contribuciones que concurran con los impuestos federales participables, ello conlleva, incluso a la desincorporación temporal de su ámbito competencial de la potestad relativa, por lo que si aquél crea contribuciones de esa especie, estará expidiendo disposiciones de observancia general que carecen del requisito de fundamentación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que serán emitidas sin la competencia para ello, tal como deriva del contenido de la tesis jurisprudencial número 146 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 149 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA'." Asimismo, por identidad jurídica, la tesis de la misma Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 429, cuyo rubro y texto son: "COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO DE GUERRERO. EN EL CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL RELATIVO, CELEBRADO EL 19 DE OCTUBRE DE 1979, LA REFERIDA ENTIDAD SE OBLIGÓ A NO MANTENER EN VIGOR, NI CREAR IMPUESTOS ESTATALES O MUNICIPALES QUE CONTRARÍEN LOS LÍMITES SEÑALADOS EN DIVERSAS LEYES FEDERALES. Conforme a lo acordado en el referido convenio, así como en su anexo número 1, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, el Estado de Guerrero se adhirió al sistema nacional de coordinación fiscal con el fin de recibir porcentajes fijos de lo que se recaude a través de todos los impuestos federales, a cambio de no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que contraríen las limitaciones señaladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en las leyes sobre impuestos especiales que sólo puede establecer la Federación, de acuerdo con la Constitución Federal, lo que conlleva, implícitamente, el que a partir de la entrada en vigor de tal convención se haya desincorporado de la esfera competencial del Congreso Local de esa entidad federativa su atribución para crear contribuciones que recaigan sobre los hechos imponibles gravados por los referidos impuestos federales, pues de lo contrario no podría cumplirse con uno de los objetivos fundamentales del sistema nacional de coordinación fiscal, consistente en evitar la doble o múltiple tributación; sin que ello implique una renuncia temporal a la potestad que constitucionalmente le asiste, sino el desarrollo de ésta a través de su expresión omisiva, con el fin de obtener recursos vía participaciones de la recaudación obtenida de los impuestos federales". Por lo anterior, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************, para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica la obligación de cubrir el derecho de inspección anual para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y no le sea aplicada en su perjuicio la tarifa de inspección anual, contenida en los artículos 39 y 82 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, respecto del establecimiento comercial denominado "********************" y se devuelva el importe de la cantidad que pagó con motivo de la aplicación de la tarifa impugnada. Asimismo, para que en lo futuro se abstengan de efectuar cualquier acto tendente a la aplicación de la referida disposición legal, en detrimento de la quejosa. Respalda esta determinación la jurisprudencia P./J. 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". En la inteligencia de que la protección constitucional si bien alcanza a la autoridad responsable que concurrió en la discusión, aprobación y expedición de la porción normativa reclamada, no implica por parte de la misma la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P. CXXXVII/96, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 135, registro digital 200006, de contenido: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general". Así, tomando en consideración que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en su carácter de ente encargado de la recaudación, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deberá requerirse a la Tesorera del Municipio Juárez, Chihuahua, para que devuelva a la parte quejosa la cantidad total enterada como acto de aplicación del derecho de inspección anual para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas declarada inconstitucional. Cabe puntualizar, que el alcance del fallo protector conlleva también la obligación por parte de la autoridad municipal exactora de reintegrar a la quejosa, la cantidad que haya erogado por concepto de derecho de inspección anual para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas durante el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquella se efectuó, y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Lo anterior es así, porque solo a través de la actualización, a la justiciable se le devuelve la cantidad que pagó a la autoridad exactora, bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenía al momento en que se erogó; ya que si bien es cierto, que entre las relaciones del fisco con los particulares no puede aludirse a una identidad de situaciones de hecho o jurídicas, en tanto que el pago de contribuciones trae consigo el despliegue de facultades del Estado como ente soberano; también lo es, que la autoridad queda constreñida a resarcir el pago al valor actual, aun cuando en el Código Fiscal para el Estado de Chihuahua no haya disposición expresa en ese sentido, pues solo de esta manera puede entenderse efectuada la restitución de la suma enterada con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia 2a. XXV/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 725, del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 170268, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS. El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese supuesto, la actualización deberá llevarse a cabo conforme al Código Fiscal de la Federación". Sin que resulte necesario el estudio del restante concepto de violación aducido por la parte quejosa, pues cualquiera que fuere el resultado de dicho análisis, no variaría el sentido de este fallo. Es aplicable la jurisprudencia 1335 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional. Común, Parte 2, Volumen 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, página 1498, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Finalmente, conviene pertinente señalar que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente resolución, integradas conforme a la ley de la materia anterior, resultan aplicables en atención a que no se oponen a la nueva Ley de Amparo, tal y como lo dispone el artículo sexto transitorio de dicho cuerpo de leyes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra los actos reclamados a la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, por los motivos expresados en el tercero de los considerandos de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra los actos atribuidos al Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, para los efectos citados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las responsables y al agente del Ministerio Público adscrito; así como por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ** hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guarda el presente expediente y la cuenta secretarial, se advierte que a las diez horas con diez minutos del día de hoy, se encuentra programada la audiencia constitucional del presente asunto. Sin embargo, también se advierte que aún no han transcurrido los ocho días para que las partes se impongan del informe con justificación rendido por el Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a efecto de que aquéllas puedan ofrecer pruebas y formular alegatos; esto, de conformidad con el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Diferimiento Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las diez horas con diez minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notificación a autoridades responsables Se encomienda notificar por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.lavh
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