Armando Manriquez Velázquez
Expediente 228/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2016
Partes del expediente
- Armando Manriquez Velázquez
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, a diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Visto el oficio que remite la secretaria de acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; por tanto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomándose nota de su contenido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a dos de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado por Gabriel García Padilla, en calidad de autorizadao de la parte quejosa; mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de trece de mayo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 101 de la Ley de Amparo, se tramita el recurso de interpuesto; en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las principales constancias que obran en el expediente en que se actúa y dentro del término de veinticuatro horas, envíese al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, para los efectos de su sustanciación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, se le notifica a la parte quejosa... Ensenada, Baja California, a trece de mayo de dos mil dieciséis. Visto el escrito que presenta Armando Manríquez Velázquez -por derecho propio- mediante el cual promueve juicio de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta localidad. Fórmese expediente de juicio de amparo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro Uno de Gobierno con número 228/2016. Ahora bien, del análisis integral del escrito de petición de derechos fundamentales, se aprecia que la parte amparista reclama lo siguiente: "A).- La resolución interlocutoria de fecha 29 de enero del 2016, misma que fue dictada dentro del incidente de ejecución de laudo promovido de nuestra parte en el expediente marcado con el número 17/2006 tramitado ante la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje número Cuarenta, con residencia en Ensenada, Baja California" Conviene precisar que el referido quejoso promovió el juicio de amparo 420/2015, en contra de la resolución interlocutoria de nueve de julio de dos mil quince, dictada dentro del juicio laboral 17/2006, en la etapa de ejecución de laudo; dicho sumario de derechos fundamentales culminó con sentencia concesoria de amparo. Así, en cumplimiento a la sentencia protectora la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dictó una diversa resolución el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en la que -siguiendo los lineamientos impuestos- cuantificó las cantidades debidas al trabajador, de la cual remitió copias certificadas. Con dicha determinación, se dio vista a la parte quejosa el ocho de febrero de dos mil dieciséis, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; lo que fue notificado por medio de lista publicada el nueve siguiente. Por tanto, la sentencia de amparo se tuvo por cumplida el siete de marzo del año en curso; dicho acuerdo le fue notificado al agraviado el quince del mismo mes y año, previo citatorio que se le dejó en su domicilio procesal. Constancias anteriores que se tienen a la vista y que se invoca como hechos notorios, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis 2a./J. 103/2007 d la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, junio de dos mil siete, página doscientos ochenta y cinco, con número de registro 172215, del contenido que se vacía enseguida: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Hechas las anteriores anotaciones, resulta oportuno asentar que conforme que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por tanto, es deber de este resolutor de verificar la procedencia de la demanda en cuestión, precisando si se actualiza o no una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que imponga su desechamiento. Debiendo entenderse por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que se revela. Cabe señalar, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Sobre esas bases, el suscrito estima que en el presente asunto se patentiza de forma notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento[.]". Aunado a lo anterior, los numerales 17 y 18, ambos de la ley en cita expresan: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días [..]." "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforma a la ley del acto, la notificación al quejoso o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día siguiente de su entrada en vigor." Del material jurídico reproducido, se advierte que si la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o el quejoso no impugna oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, el juicio de amparo es improcedente, pues el amparista debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo. Asimismo, se patentiza que, en lo que aquí interesa, que el legislador federal previó un plazo general de quince días para presentar la demanda de amparo; y que se determinó de manera categórica tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo: a) a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o b) a partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) a partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En ese estado de cosas, como se precisó el quejoso reclama la resolución interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada dentro del incidente de ejecución de laudo juicio laboral 17/2006; la cual, como también se dijo, fue dictada en cumplimiento a la sentencia que se emitió en el diverso juicio de amparo 420/2015. Así, se deduce que el quejoso se hizo conocedor del acto que se combate desde el once de febrero de dos mil dieciséis, fecha en la que le surtió efectos la notificación del proveído de ocho de ese mismo mes y año, en el que se tuvo a la autoridad informando sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo y que remitió copia certificada de la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, emitida dentro del juicio laboral 17/2006, promovido por el aquí quejoso. Lo que se sostiene, en virtud de que es obligación de las partes estar al pendiente de las resoluciones pronunciadas en los asuntos que se ventilen en los órganos jurisdiccionales, y por tanto, se presume que las notificaciones que se les realicen por medio de lista son de su pleno conocimiento; esto, en atención a que con ese tipo de notificaciones, el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la determinación emitida. Máxime que, si se considera que es el propio impetrante el que insta al órgano jurisdiccional a actuar, es decir, aquel que promueve el amparo es sabedor de que existe un juicio en el que es parte. Ello, aun cuando la sentencia de amparo se tuvo por cumplida el siete de marzo del año en curso, y que dicho acuerdo le fue notificado al agraviado el quince del mismo mes y año, previo citatorio que se le dejó en su domicilio procesal. Por tanto, si la presente demanda de amparo fue presentada once de mayo de dos mil dieciséis -pues así fue precisado en el sello emitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad-, es evidente que trascurrió con exceso el término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. De modo tal que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV del aludido cuerpo normativo. En función a lo anterior, se concluye que la presente demanda de amparo se encuentra promovida extemporáneamente, ya que no se impugnó la actuación de la autoridad dentro del plazo que la ley impone, por lo cual debe estimarse consentida pues el impetrante de garantidas no acudió a tiempo a combatirla con base a tal acto de aplicación que arguye, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que el juicio de amparo planteado por la parte quejosa deviene notoriamente improcedente. Refuerza a lo anterior, la tesis P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 25, diciembre de quince, pagina cinco, con número de registro 2010666, del siguiente contenido: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva". En consecuencia, al quedar patente la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo previsto en el diverso 113 de la propia Ley, ya que la misma no podrá ser desvirtuada con ningún medio de prueba, por lo que hace ocioso radicar y tramitar el presente sumario de derechos fundamentales. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 21, último párrafo de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones que de manera personal deban practicarse en el presente asunto. Finalmente, se le tiene como autorizado al licenciado Gabriel García Velázquez, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, domicilio procesal el ubicado en calle Lago de Chapala, número 604 local B, fraccionamiento Valle Dorado, de esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma el licenciado Víctor Miguel Bravo Melgoza, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante el licenciado Rubén Reynoso Barbosa, Secretario que autoriza y da fe.VMBM/RRB/Dave
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