Armando Malpica Vargas
Expediente 484/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Armando Malpica Vargas
Actuaciones
- Principal
...Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, hecha por la Secretaria de este juzgado, se advierte que al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte promovente no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de mayo de la presente anualidad, por medio del cual se desechó la demanda a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.. Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo presentada por Armando Malpica Vargas, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 484/2019/I-A. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el impetrante de garantías Armando Malpica Vargas, señaló como acto reclamado: La orden de lanzamiento dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 993/2014-I del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, promovido por Francisco Hernández Ortega, en contra del aquí quejoso, respecto del bien inmueble conocido como solar urbano y casa habitación ahí construido denominado "La Guacamaya", ubicado en la congregación El Esquilón perteneciente al municipio de Jilotepec, Veracruz. En el caso particular, se estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción IV , de la ley de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que es evidente que el acto que combate la parte quejosa se dictó en la etapa de ejecución dentro del expediente 993/2014-I del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, pues del escrito de la demanda de amparo, se advierte lo siguiente: a) El aquí tercero interesado Francisco Hernández Ortega, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra del aquí quejoso por cobro de pesos, en el que al celebrarse la audiencia prevista por el artículo 1401 del Código de Comercio, celebraron convenio sobre la forma en que se pagaría el adeudo contraído. b) En fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en dicho controvertido, en el que se aprobó el convenio celebrado entre las partes. c) El primero de octubre de dos mil catorce, se ordenó la apertura de la sección de ejecución sobre el convenio celebrado. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Lo anterior es así, ya que trata de actos que fueron dictados en la etapa de ejecución, lo que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, toda vez que cuando se trata de violaciones cometidas en este periodo procesal, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que puede reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, incluidas las actuaciones intermedias que se pronuncien para tal efecto. Asimismo el acuerdo que reclamada la parte quejosa, consistente en la orden de lanzamiento dictada en el juicio ejecutivo mercantil 993/2014-I, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio que se lleva ante la autoridad responsable, ni tampoco se trata de un acto independiente que pudiera causarle perjuicio de un modo irreparable o que lesione algún derecho sustantivo, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la jurisprudencia: VI.2o.C. J/253 , con rubro dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN." De igual forma, por sus consideraciones se invoca como sustento la tesis II. 2º. C. 389 C , de título y contenido: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última. Así, en el caso no se reúnen las características para la procedencia del juicio de amparo, pues el acto combatido al Juez responsable consistente en la posible orden de desocupación, del inmueble motivo de controversia, es de aquellas dentro del procedimiento de ejecución, tendente, concretamente en este caso, a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada, razón por la cual, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción IV, de la ley en cita; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como autorizados de su parte en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Hernández Parra y María Magdalena Colorado Cruz, toda vez que tienen cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las restricciones que impone dicho precepto a Marcela Perea Ortiz y Berenice Beltrán Mendoza, ya que no cuentan con el registro correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Bernardo Arbea Pérez, Secretario encargado del despacho adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado en términos del primer párrafo, del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia otorgada a la titular, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.
- Principal
Notifíquese personalmente al perito Oscar Raúl Curiel García.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes
- Armando Iván Salazar Pérez1287/2015
- Armando Iván Salazar Pérez1169/2022
- Armando Ivan Salazar Pérez1775/2014
- Armando Iván Salazar Pérez72/2015
- Armando Iván Salazar Pérez1080/2017
- Armando Iván Zalazar Pérez560/2015
- Armando Marquez Y/O Armando Marquez Dominguez1874/2012
- Armando Ortega García343/2017
- Armando Ramírez Arreola262/2018
- Armando Ramos Huerta1558/2014
- Armando Ruíz Zavaleta407/2016
- Armando Sánchez Alarcón558/2023