Armando Maldonado Ramírez
Expediente 525/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Armando Maldonado Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de dos de julio de dos mil quince, por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Armando Maldonado Ramírez, Juan Ángel Ramos González y Artemiza Torres Cerca, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado del Ejido El Mezquite, del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Padilla Martínez, Gustavo Adolfo González Ramos y Pedro Sánchez Domínguez, en su carácter de Presidente, Secretario y Secretario del Consejo de Vigilancia del referido ejido, contra actos de la Procuraduría Agraria Delegación Coahuila, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y otra autoridad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 525/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: SE RECLAMA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- Las violaciones directas a la Constitución General de la Republica que cometen en perjuicio de los suscritos quejosos a sus garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales en razón que el acto de autoridad que emiten consistente en la convocatoria que hacen a los ejidatarios del Comisariado del Ejido El Mezquite ubicado en el municipio de Sabinas, Coahuila para la celebración de una asamblea general extraordinaria en la que se pretende ilegalmente la destitución o separación de sus cargos de los suscritos quejosos como integrantes del comisariado ejidal y consejo de vigilancia del citado ejido, sin que las autoridades responsables cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento que para el efecto señala el artículo 24 de la Ley Agraria en vigor que establece como requisitos para una convocatoria a una asamblea general el que la misma sea solicitada por el comisariado ejidal o consejo de vigilancia a iniciativa propia o a solicitud de al menos veinte ejidatarios o el 20% del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal, y solo si el comisariado o el consejo no lo hiciere en un plazo de cinco días hábiles el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea, resultando que en el caso que nos ocupa las autoridades señaladas como responsables no cumplen con los requisitos legales señalados en la disposición legal en comento dado que la procuraduría agraria sin motivación ni fundamentación en violación directa de los artículos 14 y 16 constitucionales pretenden señalar de manera oficiosa en perjuicio de los suscritos quejosos señalar un día y hora para la celebración de una asamblea general de ejidatarios del mencionado ejido para pedir la destitución sin motivo ni justificación alguna de los suscritos quejosos como integrantes del comisariado y consejo de vigilancia del Comisariado del Ejido El Mezquite ubicado en el municipio de Sabinas, Coahuila, pretendiendo las citadas responsables privarnos como ejidatarios de nuestros derechos de desempeñar los cargos que nos fueron conferidos como representantes legales del citado Comisariado del Ejido El Mezquite hasta el día 04 de Noviembre del año 2015 sin que exista un procedimiento legal previo en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho como se demuestra con el acta de la asamblea de elección de órganos ejidales de fecha 4 de Noviembre del año 2012 que acompañamos para justificar la personalidad jurídica como representantes legales del Comisariado del Ejido El Mezquite ubicado en la ciudad de Sabinas, Coahuila asamblea en la que se nos otorgó el carácter de representantes legales de dicho ejido conforme a las diversas disposiciones de la ley Agraria en vigor." En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, ya que contra los actos reclamados procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario. Dicha normativa, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Además de que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia y si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa, acude al presente juicio de amparo, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado del Ejido El Mezquite, del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, reclamando básicamente la convocatoria de asamblea general extraordinaria que pretende emitir la Procuraduría Agraria, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de destituirlos como integrantes del citado comisariado. Por tanto, si en el caso, el acto reclamado es una determinación que pretende emitir la Procuraduría Agraria, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el sentido de publicar una convocatoria de asamblea general extraordinaria, con finalidad de elegir nuevos representantes del Comisariado del Ejido El Mezquite, del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y lo que de ella pudieran derivar; es inconcuso que esa resolución es impugnable en términos de la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, al referirse a actos emitidos por una autoridad agraria relacionada con un derecho de registro de integrantes del comisariado. En este orden de ideas, antes de acudir al juicio de amparo los quejosos debieron promover juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario correspondiente En otras palabras, la institución de la suspensión en los juicios agrarios está sujeta a los principios y requisitos previstos en la Ley de Amparo en relación con dicha medida cautelar; por lo que evidentemente no exige mayores requisitos para suspender el acto ni tampoco establece un plazo mayor que el que se regula para el otorgamiento de la suspensión provisional; lo que evidencia que no se actualiza la primera hipótesis de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Para verificar si la suspensión prevista en el artículo 166 de la Ley Agraria exige o no mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para obtener la suspensión debía tomarse en cuenta que, en dicha norma, el legislador autorizó a los tribunales agrarios para acordar sobre la suspensión de los actos de autoridad en materia agraria que pudieran afectar a los interesados hasta en tanto se resolviera el negocio en definitiva, disponiendo expresamente que al proveer sobre dicha medida cautelar debían observar lo siguiente: Aplicar en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo y, además, en la aplicación de tales disposiciones, debían considerar las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión si la sentencia no resultare favorable al quejoso. Dijo que la expresión "a los interesados", contenida en esa norma, debe ser entendida en el sentido de que comprende tanto los ejidatarios o comuneros en particular como a los núcleos de población, puesto que, acorde con la misma ley "los interesados" pueden ser unos u otros sin que valga hacer distinción entre ellos atento al principio general de derecho de que cuando la ley no distingue, tampoco podemos distinguir. Pues bien, de la lectura de los argumentos expuestos por la Segunda Sala del alto tribunal se advierte que la Ley de Amparo preveía dos regímenes distintos para proveer la suspensión en el juicio de amparo. Conforme al primer régimen, los jueces pueden solicitar el otorgamiento de garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con esa medida puedan ocasionarse si el quejoso no obtiene sentencia favorable. En cambio, conforme al segundo, la suspensión procede sin garantía alguna, pues se trata de los juicios promovidos por los sujetos del derecho agrario y, en atención a su situación particular, el régimen a que se sujetan es totalmente distinto al de cualquier otro juicio de amparo. Tomando en cuenta que el artículo 166 de la Ley Agraria no distingue sobre los sujetos que pueden ser parte en los "juicios agrarios", el alto tribunal consideró que tratándose de los juicios que tramiten los ejidatarios, comuneros o núcleos de población ejidales o comunales, no pueden ser vinculados a agotar el juicio de nulidad conforme a las disposiciones de esa legislación porque los tribunales agrarios están obligados a solicitarles garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con esa medida puedan ocasionarse, si no obtienen sentencia favorable. Como se ve, el criterio que sentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la suspensión prevista en el artículo 166 de la Ley Agraria, únicamente puede ser aplicado a los ejidatarios, comuneros o núcleos de población ejidales o comunales, cuando se les sujeta a la legislación ordinaria, pues se les vincula al otorgamiento de garantía en el juicio de nulidad para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con esa medida puedan ocasionarse si no obtienen sentencia favorable. En el resto de los juicios que se tramiten atendiendo disposiciones de la Ley Agraria, como por ejemplo, aquellos que tengan por objeto la remoción y designación de nuevos integrantes del comisariado ejidal, entre otros, no se considera que el artículo 166 de ese ordenamiento exija mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión. Pues bien, las explicaciones anteriores son suficientes para demostrar que el criterio contenido en la jurisprudencia referida no resulta aplicable a los quejosos, pues como se dijo, la suspensión prevista en el artículo 166 de la Ley Agraria, únicamente puede ser aplicada a los ejidatarios, comuneros o núcleos de población ejidales o comunales, cuando se les sujeta a la legislación ordinaria y, por tanto, no está sujeta a las reglas previstas para el juicio de amparo en materia agraria (antes contenidas en el libro segundo de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece), sino a las que rigen la tramitación de un amparo administrativo y, en ese sentido, la suspensión prevista en la Ley Agraria no exige mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia. Por tanto, si en el caso los quejosos se ostentan como Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado del Ejido El Mezquite, del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a quienes se les pretende remover de su encargo dentro del citado comisariado ejidal; es inconcuso que la legislación agraria, no les exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, sino que los exime de otorgar garantía dadas sus condiciones particulares como sujetos de derecho agrario a diferencia de cuando actúan como sujetos de derecho administrativo (legislación ordinaria); además de que tampoco les impone un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión, como caso de excepción al principio de definitividad, de conformidad con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En otro aspecto, los quejosos tampoco alegan violaciones directas a disposiciones constitucionales, sino de legalidad dirigidas a cuestionar los actos reclamados por requisitos de asamblea regulados en la Ley Agraria, sobre las cuales es procedente y de previo agotamiento el juicio de nulidad ante los tribunales agrarios antes de acudir al juicio constitucional. Tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad consistente en que el medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; toda vez que como se precisó con antelación el juicio de nulidad se encuentra regulado en el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por lo que no fue establecido por el legislador y no en un reglamento emitido por el Ejecutivo Federal. En ese tenor, dado que contra el acto que reclama la parte promovente procede el juicio de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por lo que es incuestionable que se actualiza una manifiesta e indudable causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; motivo por el cual, se desecha de plano la demanda de mérito. Por otra parte, se tiene a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, a los profesionales que designan para tal efecto, atento que tienen registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por último, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes.
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