Armando Lule Vásquez

Expediente 719/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
719/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Armando Lule Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.719/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, advirtiéndose que mediante proveído de ocho de julio del año en curso, se requirió al quejoso Armando Lule Vásquez, aclarara su instancia constitucional en el plazo de cinco días, sin que hubiere realizado manifestación al respecto, no obstante haber quedado notificado el nueve de julio siguiente. Por no presentada. En consecuencia, como la parte quejosa no aclaró la demanda de amparo en el plazo concedido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, ante el incumplimiento de dicha parte procesal a la prevención formulada, que repercute determinantemente en la acción de amparo por vía de parte agraviada y legitimada, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de mérito. Tiene aplicación al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LI, Quinta época, página 208 de rubro y siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE ACLARACION DE LA". Notifíquese mediante lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, con las facultades otorgadas por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de doce de julio de dos mil veintiuno, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio CCJ/ST/2658/2021, de la misma fecha; y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.719/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Armando Lule Vásquez, por propio derecho, contra actos del juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca y otra autoridad, recibida el seis de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional el siete de julio siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 719/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. A fin de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el diverso numeral 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias necesarias del mismo, bajo protesta de decir verdad, aclare su instancia constitucional, en los términos siguientes: 1) A efecto de precisar la competencia de este Juzgado (que es de orden público), en vía de antecedentes, el quejoso deberá indicar su domicilio particular (lugar en donde se pretende ejecutar el acto reclamado), ya que en los hechos que narra únicamente precisa que se presentaron en su casa habitación unos agentes de la Fiscalía General de la República (Delegación Oaxaca), con un escrito que, adujeron, se trataba de una orden legalmente emitida en su contra; empero, en el apartado referente a su domicilio, manifiesta que fue señalado al inicio de su escrito inicial de demanda; en tanto que en el proemio del citado escrito señala para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado. 2) También deberá precisar a qué autoridad le atribuye el carácter de ordenadora y a cuál el de ejecutora respecto del acto que reclama en esta instancia constitucional, pues es omiso en precisarlo en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". 3.1 Precisión. Se precisa que la prevención se realiza a fin de que, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, las autoridades responsables defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al emitir su informe justificado, y se integre la litis de manera correcta; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional, aunque realizara una interpretación íntegra del escrito de demanda, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar las circunstancias respectivas. 3.2. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con el requerimiento formulado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 3.3. Hechos falsos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le conste con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con la prevención antes formulada, se conduzca con verdad. 4. Domicilio y autorizados. a) Domicilio. Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". b) Autorizados. Con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de la parte quejosa únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que indica en su demanda, por así haberlo solicitado expresamente. 5. Medios para entablar comunicación con la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado en su periodo de vigencia por el diverso 1/2021, se tomará en cuenta el correo electrónico que proporciona la parte quejosa, únicamente como un canal de comunicación y así establecer el contacto respectivo, por parte del (la) actuario (a) de la adscripción, en los casos en que se estime necesario, pero no para practicar notificaciones, pues no lo contempla de esa forma dicho precepto. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese mediante lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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