Armando López Villa
Expediente 628/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Armando López Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
A SUS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA, DEL COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES AL QUE ACOMPAÑA EL EXPEDIENTE RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 628/2014, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL, MISMO QUE REMITE EN CALIDAD DE PRESTAMO. ACUSESE RECIBO. AHORA BIEN, EN ATENCIÓN AL ESCRITO DEL QUEJOSO, EN DONDE SOLICITA LE SEAN EXPEDIDAS COPIAS CERTIFICADAS DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, EXPIDASELE A SU COSTA LAS MISMAS, PREVIA RAZÓN QUE POR SU RECIBO OTORGUE EN AUTOS PARA CONSTANCIA, AUTORIZADONDO POARA RECIBIRLAS A LOS INDICADOS EN EL ESCRITO CON QUE SE DA CUENTA. POR ÚLTIMO, EN SU OPORTUNIDAD DEVUELVASE EL PRESENTE ASUNTO AL CENTRO ARCHIVISTICO JUDICIAL PARA SU RESGUARDO.
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO DE PLANO POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTIAS PROMOVIDA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE QUINCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DICTADO POR LA PRIMERA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN EL TOCA CIVIL 672/2013; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN TAL VIRTUD, DEVUELVASE EL TOCA CIVIL 672/2013 Y EL EXPEDIENTE 94/2012 A SU LUGAR DE ORIGEN, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO Y, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio 1368/2014, del Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 4114/2014, por el que remite el original de la demanda de amparo en diez fojas, con dos copias, promovida por ******, por propio derecho; emplazamiento en tres fojas; diversos oficios 1826/2014 y 1369/2014, con los cuales las autoridades señaladas como responsables rinden su respectivo informe con justificación; así como el toca civil 672/2013 y expediente 94/2012; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 47 de la Ley de Amparo vigente, se confirma la resolución de dos de julio de dos mil catorce, emitida por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en la cual consideró que el acto reclamado en el juicio de garantías, consistente en la sentencia definitiva de quince de abril del dos mil catorce, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el juicio toca civil 672/2013, es una sentencia definitiva.Por otro lado, de la demanda que se provee se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 62 del cuerpo de leyes indicado, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en atención a las siguientes consideraciones. Primeramente, cabe apuntar que el ordinal 17 de la Ley de Amparo vigente, establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numera 18 que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior, se deduce que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de quince de abril de dos mil catorce, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca civil 672/214. Por otra parte, de las constancias integrantes del toca en mención, las que por ser documentos públicos, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos de su ordinal 2º, se observa a foja cincuenta y uno que la notificación del acto reclamado se realizó al ahora quejoso por medio de lista publicada el veinticinco de abril de dos mil catorce, la cual surtió sus efectos al día hábil siguiente en que se realizó, atento a lo establecido por el ordinal 127 del código adjetivo del Estado, que a continuación se transcribe: "Artículo 127.- Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación.". Asimismo, la certificación realizada en el escrito de demanda por la secretaria de amparos de la Sala emisora, conforme a lo ordenado por el numeral 178, fracción I, de la ley de la materia en vigor, indica como fecha de notificación del acto reclamado al ahora quejoso, el veinticinco de abril de dos mil catorce, misma que coincide con la asentada en el toca civil referido; así como data de presentación de la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, el uno de julio del año en curso, mediando como días inhábiles entre ellas, los días veintiséis y veintisiete de abril; uno, tres, cuatro, cinco, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de mayo; uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de junio de dos mil catorce. Bajo ese orden de ideas y toda vez que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos el veintiocho de abril del año en curso, el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías empezó a transcurrir el veintinueve de abril siguiente, y concluyó el veintiuno de mayo pasado, descontando los días inhábiles respectivos indicados en el párrafo que precede; por lo tanto, si la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, el uno de julio de dos mil catorce, y la misma fue entregada a la autoridad responsable hasta el cuatro siguiente (foja veintitrés del juicio de amparo directo), es inconcuso que la misma se presentó extemporáneamente, razón por la que el acto reclamado fue tácitamente consentido por el quejoso, amén de que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo vigente. Tiene sustento a la anterior determinación, la jurisprudencia XXI.2o. J/7, consultable en la foja sesenta y nueve, Tomo Ochenta y Cuatro, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EXTEMPORÁNEA. LO ES AQUELLA QUE SE PRESENTÓ ANTE UN JUEZ DE DISTRITO COMO AMPARO INDIRECTO, SI ENTRE LA FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO RECLAMADO Y EN LA QUE LLEGA A PODER DE LA RESPONSABLE, TRANSCURRIÓ CON EXCESO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 44, 163 y 165, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional que se promueva contra sentencias definitivas o laudos pronunciados por las autoridades judiciales o del trabajo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, deberá intentarse por conducto de la responsable, en razón, a que la presentación de la demanda ante autoridad distinta no interrumpe el término a que se refieren los artículos 21 y 22, de la invocada ley reglamentaria del juicio de garantías; de ahí, que si la demanda se presentó ante un juez de Distrito que se declaró incompetente para conocer de la misma y acordó su remisión al Tribunal Colegiado en turno, el que confirmó la declaratoria de incompetencia y ordenó remitirla a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 167, 168 y 169, de la ley reglamentaria de los diversos 103 y 107, de la Constitución General de la República, ante quien llegó después del término de quince días, previsto en el artículo 21, de la citada ley de la materia, contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto combatido, es obvia su extemporaneidad y por consiguiente, la procedencia del sobreseimiento en el juicio, por tales razones.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 62, ambos del ordenamiento legal anteriormente invocado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *******, en contra de la sentencia de quince de abril de dos mil catorce, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca civil 672/2013, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales en vigor. En relación a la anterior determinación, se comparte el criterio sustentado por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en la jurisprudencia visible en la página seiscientos sesenta y dos, Tomo Tercero, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN. JUICIO DE GARANTÍAS, EFECTOS DE LA. PARA REALIZAR EL COMPUTO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). El artículo 21 de la Ley de Amparo, establece que el término para la interposición del juicio de garantías, será de quince días, que se contarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado. Por tanto, tal numeral remite, para realizar el cómputo, para la interposición del juicio de amparo, a la ley que rige el acto y toda vez que el artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, señala que los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho la notificación, las notificaciones surten sus efectos en el momento mismo en que se realicen, por lo que para los efectos del cómputo para la interposición del juicio de garantías, en asuntos del orden civil, debe empezar a contarse a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la notificación del acto reclamado.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo vigente, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizada para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, en concordancia con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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