Armando López Chequer
Expediente 509/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Armando López Chequer
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guarda los autos, se advierte que al día de la fecha la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, no ha informado el cumplimiento total a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este auto, informe lo conducente, o bien, comunique su imposibilidad para realizarlo, en el entendido de que continúan subsistentes los apercibimientos decretados en autos para el caso de ser omisa.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de autos, se aprecia que transcurrió el plazo de cinco días concedido al quejoso, para que desahogara las prevenciones formuladas en el proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en tal acuerdo, por lo que, se provee en relación con la litis planteada en el escrito inicial de demanda. Incompetencia. Sobre ese contexto, una vez analizada la demanda en su integridad, el suscrito juzgador determina que carece de competencia legal para conocer de la misma, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: En primer lugar, conviene precisar que, en términos comunes, la competencia alude a incumbencia y aptitud, y se utiliza en el ámbito jurídico para referirse a la atribución legítima de un juez o una autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Ahora, por virtud del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.", la competencia es parte de las garantías de legalidad, por lo que debe estar señalada en la ley, constituyendo así la suma de facultades que la ley da a determinada autoridad para ejercer ciertas atribuciones. Tomando en cuenta lo anterior y trasladándolo al derecho procesal, la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, de manera que el juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente. Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. En ese tenor, la primera parte del artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según prevé su artículo 2, señala "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente.", de lo cual se infiere que el propio juzgador debe verificar, en cada litigio que se le plantee, si tiene o no competencia para conocer de él, y si considera que no, debe negarse a conocerlo, puesto que de conformidad con el artículo 17 del citado código adjetivo: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente..."; entonces, se puede concluir que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. Ahora, la competencia se divide en objetiva, que se refiere al órgano jurisdiccional, y subjetiva, que alude al titular o persona física encargada de desempeñar las funciones que competen al órgano respectivo. De entre los criterios para determinar la competencia objetiva (materia, cuantía, etcétera), está la competencia por territorio. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece textualmente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal del artículo invocado se colige que la competencia del juez de Distrito por razón de territorio para conocer del juicio de amparo se fija conforme a las siguientes hipótesis: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las premisas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, por regla general, para conocer de un juicio de amparo será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. En el caso, los actos reclamados son la orden de aprehensión, detención y presentación, así como su ejecución; actos que el quejoso reclama a autoridades, tanto ordenadoras como ejecutoras, con residencia en la Ciudad de México. Entonces, las órdenes de captura reclamadas hasta este momento, pueden ejecutarse en cualquier lugar donde pueda localizarse el inconforme, por ejemplo, su propio domicilio; sin embargo, el solo domicilio señalado en la demanda que se provee (sito en el municipio de Huixquilucan), es insuficiente para justificar la competencia de este juzgado de Distrito, toda vez que pese a la prevención formulada al quejoso, este no señaló autoridades ejecutoras con residencia en el territorio en donde este juzgado ejerce jurisdicción, al contrario, solo señaló en la demanda de amparo que la ejecución material de los actos reclamados está a cargo de autoridad ejecutora con residencia en la Ciudad de México; razón por la cual deberá conocer de la demanda el Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio de la autoridad ejecutora, en virtud de que aquélla no podrá cumplimentar lícitamente el mandato de captura reclamado en un ámbito territorial en el que no tiene imperio para ejercer sus funciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, previo cuaderno de antecedentes, se ordena remitir el presente juicio al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, determine si acepta la competencia declinada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Sin que sea necesario proveer respecto de la suspensión de los actos reclamados pues aunque el quejoso solicite la suspensión de los mismos, los actos combatidos no implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por ******, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades; regístrese bajo el número 509/2022-B-3. Prevención. A fin de acordar lo procedente sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los numerales 108 y 114, de la Ley de Amparo, prevéngase al quejoso para que dentro del término de cinco días contados legalmente a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: Señale qué autoridad o autoridades con residencia en el territorio en donde este juzgado ejerce jurisdicción, le reclama la ejecución de los actos consistentes en orden de aprehensión, detención y/o presentación. En el entendido que deberá narrar de forma sucinta y cronológica los antecedentes de los actos reclamados a las autoridades novedosas que señale. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido y en los términos efectuados, se acordara lo que en derecho proceda únicamente respecto de las autoridades señaladas en la demanda que se provee.
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