Armando Lizárraga Viramontes
Expediente 348/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Armando Lizárraga Viramontes
Actuaciones
- Principal
***
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Intégrese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado que rinde la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, de conformidad con lo previsto en el artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora bien, atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en el presente sumario constitucional. En efecto, la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad: ° La omisión de dictar acuerdo de admisión de pruebas correspondiente dentro del expediente laboral 241/2016-VI. Por otra parte, la autoridad responsable, remitió copia certificada del acuerdo de fecha veinticinco de mayo del año en curso, emitido en el expediente laboral 241/2016-VI, en el cual se acordaron y admitieron las probanzas ofrecidas en el citado expediente, promovido por Armando Lizárraga Viramontes, en contra del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Documentales con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; y con la que se pone de relieve, que los efectos negativos que producía el acto reclamado, a la fecha han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud omisiva de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, cabe hacer la precisión que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de mayo del año en curso), la autoridad responsable no había realizado pronunciamiento alguno respecto de la admisión de pruebas ofrecidas por el aquí quejoso, sin embargo con posterioridad emitió el acuerdo de fecha veinticinco de mayo del año en curso; por consecuencia, los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional; por ende, como ya se anticipó, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 193758, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. --- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es aplicable, también, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, que, a la letra, dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. --- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea necesario dar vista a las partes con el contenido de las constancias remitidas con el informe justificado por la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, tomando en consideración el contenido de la Jurisprudencia con número de registro digital 2014040, visible a página 2607, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Tomo IV, cuyo rubro y texto disponen: "VISTA AL QUEJOSO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO OTORGARLA CUANDO NO EXISTE LA MÍNIMA POSIBILIDAD DE QUE SE SUPERE EL OBSTÁCULO RELATIVO A LA SOBREVENIENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO POR EL JUZGADOR Y SÓLO PROVOCA RETRASO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. --- La porción normativa mencionada establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; sin embargo, si se advierte que no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, y sólo provoca retraso en la impartición de justicia, es innecesario otorgar esa vista; de ahí que si el Juez de amparo advierte de oficio, por ejemplo, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que se decretó la extinción de la acción penal a favor del inculpado por perdón del ofendido, en este caso, resulta inútil la aplicación del mencionado artículo 64, párrafo segundo, pues dada la extinción de la pretensión punitiva que motivó la cesación de los efectos del acto, es claro que no existe la mínima posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la sobreveniencia de la causal señalada; por el contrario, provoca una demora en la impartición de justicia en perjuicio del quejoso, máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil dieciocho. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. ADMISIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ARMANDO LIZARRAGA VIRAMONTES, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 35, 37, 112, 107 fracción IV, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo que formula la quejosa de mérito, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, regístrese en el Libro Uno de Juzgado con el número 348/2018-1A. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad señalada como responsable su INFORME JUSTIFICADO, mismo que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, deberá acompañar copia certificada de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad del mismo, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas y ordenadas en forma secuencial; apercibida que de no rendir dicho informe o en su caso, de no acompañar las constancias precisadas, se le impondrá una multa de cien a mil días de la Unidad de Medida y Actualización (80.60 UMA), en términos de los numerales 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en el entendido de que se han señalado las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO Con copia de la demanda y mediante oficio que se le gire, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, procédase a emplazar al presente juicio de amparo al tercero interesado AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, haciéndole saber la hora y el día señalados para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADO VÍA OFICIO Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, así como a la señalada como en su carácter de tercero interesado, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dicha autoridad o por sus respectivos delegados o autorizados. DOMICILIO DE QUEJOSO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta y se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas designados en el presente ocurso, así como para el efecto anotado en el presente escrito que se provee a la diversa persona indicada. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. NO SE FORMA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que sea el caso, formar el incidente de suspensión relativo, toda vez que el mismo no fue solicitado. REQUERIMIENTO SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las partes en el sentido de que si durante la tramitación de este juicio, tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, y de ser posible, deberán acompañar las constancias legibles que acrediten tal situación; apercibidas que en caso de no hacerlo, se les impondrá de manera individual una multa de cien a mil días de la Unidad de Medida y Actualización (80.60 UMA), en términos de los numerales 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
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