Armando Lima Andrade
Expediente 611/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Armando Lima Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad realícese el trámite para su depuración. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la primera, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos que se estimen de interés o de valor para la parte quejosa y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; sin embargo, se concedió de oficio la suspensión de plano. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de ser depurado. Ahora, toda vez que el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, misma que se reiteró mediante acuerdo de dieciocho de agosto del año que transcurre, en el presente asunto y atendiendo a lo narrado con antelación, se deja sin efectos dicha suspensión y las medidas decretadas en la misma. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Mario Emilio Carvajal Trillo, en su carácter de apoderado legal de Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, por el que solicita la devolución de los documentos exhibidos dentro del presente juicio de amparo; y autoriza a diversas personas para oír y recibir notificaciónes. Con apoyo en lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º, una vez que las labores del juzgado lo permitan, devuélvanse los documentos que solicita, previa certificación de desglose y toma de razón que por su recibo se deje en autos para debida constancia legal. Ahora bien, se tienen por autorizados en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona si en la fecha del dictado del presente acuerdo tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; de no ser así, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Notifíquese por lista a las partes.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de Armando Gómez Segura, secretario que firma y da fe. *Luis Antonio Jara Torres
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al que anexa copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio laboral 1109/2020, de su índice. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a dar vista con el anexo de cuenta, pues se advierte que en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causal de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado, de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así, el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye la omisión por parte del Presidente de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de hacer coercitiva la providencia cautelar otorgada a favor del quejoso, mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 1109/2020, consistente en que de manera inmediata se le diera de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual, trajo como consecuencia, la omisión de aplicar la multa a las demandadas por no acatar esa medida cautelar, y la negativa de dar de alta al quejoso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, conforme al informe y las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que, el trece de junio de la presente anualidad, giró oficio a la Administración General de Recaudación, Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, Subadministración de Notificación, a fin de que haga efectiva la multa a las demandadas SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT y SERVICIOS CORPORATIVOS SCOTIA, S.A. DE C.V., por no acatar la medida cautelar dictada en el juicio laboral 1109/2020, del cual anexó el acuse respectivo para acreditar su dicho. Además, el veinte de junio del año en curso, tuvo por exhibida por parte de las demandadas SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT y SERVICIOS CORPORATIVOS SCOTIA, S.A. DE C.V., el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en favor del quejoso Armando Lima Andrade, con número de folio 7031608468351696949. Razón por la cual, se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo en la que eventualmente se ordenara a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, haga efectiva la multa a las demandada por no acatar la medida cautelar dictada en el juicio laboral 1109/2020, asimismo, requiera a las demandadas para que den de alta al quejoso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando ya se llevó a cabo. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de mérito, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente resolución, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables; y por lista a las demás partes.
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