Armando Lejarazo Cruz

Expediente 418/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 29 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
418/2023
Año
2023
Actuaciones
29
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Armando Lejarazo Cruz
  • Ricardo Gutierrez Monsalvo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Incidental

    ...... téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual, informa el estado procesal que guarda el recurso de revisión incidental 244/2023, de su índice. De lo cual se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Incidental

    ......... téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual informa que han causado estado, los autos de veintinueve de mayo pasado y quince de junio de último, a través de los cuales desechó los recursos de revisión interpuestos por la Cámara de Senadores...............Asimismo, informa que una vez que sea resuelto el diverso recurso de revisión ******* de su índice, remitirá la ejecutoria correspondiente a este juzgado federal, para los efectos legales a que haya lugar......

  3. Principal

    téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual solicita se notifique a la parte quejosa de manera electrónica, el contenido del proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja *******, de su índice. En ese sentido, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción, a fin de que notifique vía electrónica a la parte quejosa, el contenido integral de la citada determinación emitida por el tribunal oficiante. Hecho lo anterior, remítase, vía interconexión, al tribunal requirente, la constancia de notificación respectiva, para los efectos legales a que haya lugar. .........Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede. Como se desprende, de la certificación mencionada, en sesión ordinaria diez de agosto de dos mil veintitrés, el Pleno de este Tribunal, de oficio, consideró que, en el presente asunto, podría actualizarse la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, y dejar a salvo su oportunidad de ser oída y vencida en juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 64, segundo párrafo, del ordenamiento citado, este órgano determinó procedente dar vista a ****************, con la causal de improcedencia que se considera posiblemente actualizada, a efectos de que, teniendo conocimiento de ella, en su caso, manifiesten lo que a su derecho convenga. Las consideraciones en las cuales se sustenta la posible actualización de la causal de improcedencia a que se alude, son las que a continuación se citan: "Los dispositivos en cita prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: . II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. . La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Las resoluciones de La Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueran aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos". El análisis gramatical de la primera disposición citada permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la o el particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la o el particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. '.' Aunado a lo anterior, del precepto legal 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; que durante éste no pueden someterse a modificaciones fundamentales, así como el sistema de su impugnación, conforme al cual la única vía para plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva publicación y que la única autoridad competente para conocer y resolver dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legislador esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes, en caso de que la norma impugnada sea declarada inconstitucional, la que debe ser aprobada por cuando menos con el voto de ocho ministros. En el caso, la parte quejosa en el juicio de amparo combate la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en los artículos 30, numerales 2 y 4 por derogación; 31 numerales 3 y 5; 32 numeral 1 inciso c); 33 numeral 1 incisos a) y b) por derogación; 38 numeral 3; 44 numeral 1 incisos a), d), gg) y mm); 48 incisos o), p), q); 52 numerales 1 a 4; 57 numeral 1 incisos c), f) por derogación y numeral 2; 61 numeral 1 inciso a) y b), numeral 2 incisos a) y b), numerales 3, 4 incisos a), b), c) y d), y numerales 5 al 10; 62 numerales 1, 3, 4, 5 y 6; 64 numeral 1 inciso a), e) y f) y numeral 2; 71 numeral 1incisos a) y b), así como numeral 2; 72, numerales 1 al 5; 74 numerales 1 al 4; 76 numerales 1 al 4; 80, 80 bis a 80 Quinquies; 98 numerales 3 y 4; 99 numerales 3 y 5; 116 numeral 1; 125 numerales 1 y 4; 125 bis al 125 septies; 201 al 206 por derogación; transitorios Tercero, Séptimo, Décimo Primero, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión ordinaria de veintidós de junio de dos mil veintitrés, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumulados 75/20023, 89/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, si bien aun cuando el engrose oficial de la ejecutoria respectiva todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, el sentido de la resolución, al extraerse del contenido de la versión taquigráfica consultable en el sitio de internet oficial del Máximo Tribunal, donde se expresó lo siguiente, que importa destacar: '.' Se observa que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de nueve votos, invalidar el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés. Conforme a la fracción II del numeral 105 Constitucional, las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades. Lo expuesto, tiene sustento en la contradicción de criterios 28/2005-SS del índice de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, donde dispuso -en lo que interesa- que las acciones de inconstitucionalidad son procedimientos de control constitucional abstracto, por medio de los cuales se legitima a las minorías parlamentarias, a los partidos políticos, y al procurador General de la República, a efecto de que puedan impugnar la validez de una norma general que se estime contraria al texto constitucional. Siguió que, cuando se resuelva por mayoría de ocho votos que una norma general es contraria al texto constitucional, se declarará su invalidez, con lo cual cesarán sus efectos. En ese sentido, si el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, se declaró su invalidez total por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en el presente asunto el decreto de referencia constituye el acto reclamado, es incuestionable que cesó sus efectos, pues ningún fin práctico traería la tramitación del sumario si la materia fue invalidada. Al declararse la invalidez del Decreto impugnado, el Alto Tribunal determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquél, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés. Es pertinente destacar, también como hecho notorio, que en la página oficial de la Cámara de Diputados consultable en el vínculo https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE.pdf, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, se precisa la declaratoria de invalidez del referido decreto en los términos siguientes: '.' En consecuencia, con la determinación adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de junio de dos mil veintitrés, cesan los efectos del acto reclamado, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera concedido el amparo, pues en su caso, esa concesión tendría el efecto de declarar la inconstitucionalidad del Decreto cuestionado, lo que ya aconteció en la especie. En razón de lo decidido por el Máximo Tribunal los efectos del acto originalmente reclamado en el juicio de amparo 418/2023-III-B, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México; han desaparecido". En esos términos, se ordena dar vista a la parte quejosa con el presente acuerdo, a efectos de que, en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa solicitó ante el juzgado de Distrito, que las notificaciones se le practicaran de forma electrónica, se solicita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, que realice la notificación del presente proveído, por esa vía a la citada parte, para que tengan conocimiento con la causal de improcedencia que se considera posiblemente actualizada y en su caso, manifieste lo que a su derecho convenga, debiendo remitir, por interconexión, la constancia de notificación correspondiente que acrediten lo anterior.............

  4. Incidental

    Ténganse por recibida la papeletas remitida vía correo electrónico, por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de la cual se desprende que le corresponde conocer del recurso de revisión interpuesto por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en contra de la interlocutoria dictada en el presente incidente, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. En ese sentido, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de expresión de agravios, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, para lo que tenga bien determinar respecto del citado medio de impugnación. Se hace del conocimiento de dicha superioridad, que la acción de vinculación de expedientes, ya se encuentra habilitada......

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