Armando Josue Medina Ambrosio y Otros.
Expediente 1392/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1392/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Armando Josue Medina Ambrosio y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil diecisiete. Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Córdoba, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número 1230/2016. En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, y anexo que acompaña; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Ahora, del informe de cuenta se advierte que el Juez oficiante, manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que dentro de los autos del juicio 436/2016-V, de su índice, el dieciocho de marzo de esta anualidad, se decretó a favor de Marina Crespo González, una pensión alimenticia provisional consistente en el treinta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el impetrante del amparo, en su fuente de trabajo, como operador de la empresa Tec. Diesel de la Congregación Vicente Guerrero de Río Blanco, Veracruz; descuento que hizo efectivo mediante oficio 2050, dirigido a la referida empresa. Por lo anterior, se estima que este órgano jurisdiccional, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, por razón de territorio. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, y en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención, esto es, de quien previno primero en el conocimiento del asunto. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se haya presentado la demanda de amparo. Establecido lo anterior, toda vez que en el caso el quejoso reclama al Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, ".la orden para que se me descuente el treinta por ciento de mis sueldos, prestaciones legales y extralegales, por concepto de alimentos para mi cónyuge Marina Crespo González ." Además, que del informe de cuenta y constancias que acompaña, se advierte que, el dieciocho de marzo de esta anualidad, se decretó a favor de Marina Crespo González, una pensión alimenticia provisional consistente en el treinta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el impetrante del amparo, en su fuente de trabajo, como operador de la empresa Tec. Diesel de la Congregación Vicente Guerrero de Río Blanco, Veracruz, dentro de los autos del juicio 436/2016-V, de su índice; descuento que hizo efectivo mediante oficio 2050, dirigido directamente a la responsable de la fuente de trabajo y recibido por ésta el veintidós de marzo de esta anualidad. En ese mismo contexto, el más Alto Tribunal de la Nación ha establecido que para fijar la competencia del Juez de Distrito, cuando se impugne una resolución judicial que establezca el monto de la pensión alimenticia provisional, debe atenderse a los siguientes supuestos: I. Que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución. II. Que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez. III. O bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Del último supuesto transcrito, se desprende que se surtirá la competencia a favor del Juez de Distrito, en cuya jurisdicción resida el juez de la causa, esto es así, toda vez que, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora. Lo que en el caso concreto acontece, toda vez que el Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, mediante oficio 2050, de dieciocho de marzo de esta anualidad, dirigido directamente a la responsable de la fuente de trabajo, ordenó los descuentos correspondientes al aquí quejoso; empresa que a pesar de que se encuentra establecida en Río Blanco, Veracruz, diferente distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, pertenece a la misma Entidad Federativa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 145, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. En consecuencia, es inconcuso que este juzgado no es legalmente competente para conocer del libelo constitucional, por lo que con fundamento en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los distritos y circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, se declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en Córdoba, Veracruz, en turno, por tanto, remítase los autos originales del presente juicio de amparo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Córdova, Veracruz. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Con las constancias respectivas fórmese el cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la autoridad responsable, no ha rendido su informe justificado, que se le solicitó mediante oficio 48856/2016, rexpedido mediante proveído de veinte de octubre último vía mensajería acelerada (MEXPOST), por las razones expuestas en el mismo; oficio que se encuentra en tránsito hacia su destino, como se advierte de la impresión en la consulta de guías de Correos de México. En consecuencia, no es posible la celebración de la citada audiencia, por lo que se difiere para que tenga verificativo a las nueve horas con dieciocho minutos del doce de diciembre de dos mil dieciséis.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Visto el sobre cerrado, del que se advierte que contiene el oficio 48856, dirigido al Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, por el cual se le solicitó su informe justificado, mismo que fue devuelto a este órgano jurisdiccional, con la leyenda "Rehusado por no especificar la ciudad"; toda vez que, equivocadamente fue remitido a la ciudad de Córdova, Veracruz. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, rexpídase el citado oficio, vía mensajería acelerada (MEXPOST), a la citada autoridad responsable, quien tiene su residencia en la ciudad de Orizaba, Veracruz, para que este en aptitud de rendir su informe justificado. Por tal motivo, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y se fijan nuevamente las nueve horas con cuatro minutos del diecisiete de noviembre de esta anualidad, para su verificativo.
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