Armando Jose Moreno Ayala
Expediente 671/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/06/2016
Partes del expediente
- Armando Jose Moreno Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de tres de junio de dos mil dieciséis (foja 31), a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Armando José Moreno Ayala, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Asimismo, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otro lado, mediante oficio remítase a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, las constancias que remitió dada la tramitación en la vía directa del presente asunto, consistentes en el expediente laboral J.3/173/2013, en un tomo. Asimismo, se requiere a la citada autoridad que dentro del plazo de veinticuatro horas, acuse recibo de las constancias de mérito, apercibida que de no hacerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, mediante el cual informa que declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por el quejoso en el juicio laboral de origen J.3/173/2013; en consecuencia, agréguese a los autos el comunicado de cuenta para que obre como corresponda, toda vez que por auto de tres de junio último (foja 31), se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Armando José Moreno Ayala.
- Principal
II. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2°, agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar personalmente a la parte tercero interesado, lo ordenado en auto de uno de junio del año en curso, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Atento a lo anterior, como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y en atención a las manifestaciones del fedatario judicial, procédase a realizar la notificación de mérito y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de las listas que se fijan en este recinto judicial. Toluca, México; primero de junio de dos mil dieciséis. El estado procesal de los presentes autos evidencia que mediante sentencia emitida el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso AGUSTIN HINOJOSA MARTÍNEZ, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada; 2. Precisara las pruebas con las que se acredita el dolo genérico del delito que le atribuye al quejoso conforme a lo expuesto en la resolución dictada en el presente expediente. 3. En caso de que estime acreditado tal elemento subjetivo, especificara las circunstancias de modo y tiempo de ejecución del delito. 4. El tipo de delito que se atribuye al quejoso, es decir, si se trata de un delito instantáneo o permanente. 5. Se pronunciara sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado; en términos de lo expuesto en la sentencia correspondiente; es decir: Analizara las probanzas de las que se advirtiera la posible comisión de hechos constitutivos del delito de tortura respecto de las cuales el inculpado tuvo conocimiento al estar ejerciendo su cargo como servidor público o las que tiendan acreditar ese conocimiento, en concreto como Agente del Ministerio Público dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en la integración de la averiguación previa TOL/DR/I/466/06, debiendo señalar: En primer orden, la eficacia demostrativa que asignó a dichas probanzas tanto en forma individual como en su conjunto. En segundo lugar, señalar igualmente, en forma expresa, los hechos o circunstancias que de cada una de ellas se obtiene; En tercero, la manera en que esos hechos y circunstancias se adminiculan conforme a las reglas, para conformar una realidad histórica determinada; y, Y por último, cómo es que la conducta atribuida de manera plena al inculpado, encuadra o no en el tipo penal que, de manera abstracta, estatuye la norma penal sustantiva, para lo cual es necesario que se establezca la manera en que se tienen por probados todos y cada uno de los elementos que constituyen el delito en cuestión, y citar desde luego, en el desarrollo mencionado, el o los preceptos legales que realmente resulten aplicables para sustentar las diversas consideraciones que se hagan al respecto. Por auto de diecisiete de marzo del año en curso, la sentencia emitida causó ejecutoria, procediendo este Juzgado de Distrito a requerir el cumplimiento correspondiente. Mediante oficio de seis de mayo del año en curso, el JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Establecido lo anterior, mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con tales documentos para que, dentro del plazo de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera. Ahora, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada aunado a las manifestaciones realizadas por el quejoso en relación al cumplimiento de la misma. En la ejecutoria de que se trata, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el juez responsable: 1.- Dejara insubsistente la resolución reclamada 2.- Señalara los medios prueba con los que acreditara que el quejoso al no denunciar los hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura, de los que adujo, tuvo conocimiento como Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México era para facilitar la impunidad del mismo y así evitar que se castigara a los servidores públicos que supuestamente llevaron a cabo dichos actos de tortura (dolo genérico). 3.- Especificara las circunstancias de modo y tiempo de ejecución del delito, para lo cual debía señalar la forma en que se generó el conocimiento de los hechos que ha decir de la responsable omitió denunciar o investigar en su carácter de agente del ministerio público investigador. 4.- Debería pronunciarse sobre la naturaleza del delito que se le imputa al quejoso es decir si se trata de un delito instantáneo o permanente. 5.- Analizara las probanzas de las que se advirtiera la posible comisión de hechos constitutivos del delito de tortura respecto de las cuales el inculpado tuvo conocimiento al estar ejerciendo su cargo como servidor público o las que tiendan acreditar ese conocimiento, en concreto como agente del Ministerio Público dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en la integración de la averiguación previa TOL/DR/I/466/06, debiendo señalar: En primer orden, la eficacia demostrativa que asignó a dichas probanzas tanto en forma individual como en su conjunto. En segundo lugar, señalar igualmente, en forma expresa, los hechos o circunstancias que de cada una de ellas se obtiene; En tercero, la manera en que esos hechos y circunstancias se adminiculan conforme a las reglas, para conformar una realidad histórica determinada; y, Finalmente, cómo es que la conducta atribuida de manera plena al inculpado, encuadra o no en el tipo penal que, de manera abstracta, estatuye la norma penal sustantiva, para lo cual es necesario que se establezca la manera en que se tienen por probados todos y cada uno de los elementos que constituyen el delito en cuestión, y citar desde luego, en el desarrollo mencionado, el o los preceptos legales que realmente resulten aplicables para sustentar las diversas consideraciones que se hagan al respecto. Ahora, del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que el Juez responsable. 1.- Dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado el veintiuno de octubre de dos mil catorce y dictó una nueva resolución el seis de mayo de dos mil dieciséis (foja 1 de la resolución dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis). 2.- Señaló los medios prueba con los que a su consideración se acredita el dolo genérico del delito que se le atribuye al quejoso, pues señaló que particularmente con las declaraciones que realizaron las ahora víctimas del delito ANA MARÍA VELASCO RODRIGUEZ, MARÍA LUISA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, YOLANDA MUÑOZ DIOSDADA, CRISTINA SÁNCHEZ HERNANDEZ, GABRIELA EUFEMIA TELLEZ VANEGAS, MARIANA SELVAS GÓMEZ, GEORGINA EDITH GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, SUHELEN GABRIELA CUEVAS JARAMILLO, BARBARA ITALIA MENDEZ MORENO, CLAUDIA HERNANDEZ MARTÍNEZ Y/O CLAUDIA HERNANDEZ GARCIA, NORMA AIDE JIMENEZ OSORIO, PATRICIA TORRES LINARES Y/O MARISOL LARIOS CARBAJAL Y/O MARISOL RIOS CARBAJAL Y MARÍA PATRICIA ROMERO HERNÁNDEZ ante la presencia del quejoso y ante la Segunda Visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le hicieron saber al quejoso que en el traslado realizado por los policías estatales y municipales de Texcoco al Centro Preventivo de Alomoloya de Juárez, Estado de México, habían sido objeto de agresiones físicas, psicológicas y sexuales así como la queja que recibió y agregó el ahora quejoso el once de mayo de dos mil dieciséis de parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos misma que dio origen a la averiguación TOL/DR/I/470/06 la cual se acumuló a la TOL/DR/I466/06, las declaraciones de las víctimas, los registros médicos y estado psicofísico de las víctimas, las periciales consistentes en los certificados médicos de lesiones de las víctimas y los noventa y cuatro testimonios de las personas que también fueron trasladadas en los operativos de tres y cuatro de mayo de dos mil dieciséis de Texcoco y San Salvador Atenco al Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito, asimismo argumento, que de acuerdo a los medios de prueba aludidos de manera lógica y conjunta permiten afirmar la existencia del dolo genérico con el que obró el quejoso pues llevó a cabo una conducta omisiva encaminada a producir un delito como fue el delito de tortura esto en atención a que el aquí quejoso omitió denunciar las agresiones físicas, psicológicas y sexuales de las que fueron objeto las victimas del delito, los días tres y cuatro de mayo del año dos mil seis cuando fueron trasladadas por los policías estatales y municipales esto con motivo de los hechos acontecidos en el Poblado de San Salvador Atenco, hechos de los cuales el quejoso tuvo conocimiento al realizar actos inherentes a su función como servidor público, sin que los haya denunciado inmediatamente o realizado actos tendentes a su investigación en su carácter de persecutor de delitos (foja 20 de la resolución dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis). 3.- Especificó las circunstancias de modo y tiempo de ejecución del delito, el tipo de delito que se atribuye al quejoso, es decir señaló que el once de mayo de dos mil seis, el quejoso recibió diversas documentales por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los que se denunciaban hechos de violencia con los que se hizo sabedor de tal circunstancia, asimismo hizo referencia de los días en los que sucedieron los hechos y cuando tuvo conocimiento el quejoso de los mismos (foja 23 de la resolución dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis). 4.- Finalmente, preciso que delito de tortura que se atribuye al quejoso cometido en agravio de ANA MARÍA VELASCO RODRIGUEZ, MARÍA LUISA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, YOLANDA MUÑOZ DIOSDADA, CRISTINA SÁNCHEZ HERNANDEZ, GABRIELA EUFEMIA TELLEZ VANEGAS, MARIANA SELVAS GÓMEZ, GEORGINA EDITH GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, SUHELEN GABRIELA CUEVAS JARAMILLO, BARBARA ITALIA MENDEZ MORENO, CLAUDIA HERNANDEZ MARTÍNEZ Y/O CLAUDIA HERNANDEZ GARCIA, NORMA AIDE JIMENEZ OSORIO, PATRICIA TORRES LINARES Y/O MARISOL LARIOS CARBAJAL Y/O MARISOL RIOS CARBAJAL Y MARÍA PATRICIA ROMERO HERNÁNDEZ es de consumación instantánea, señalando las razones de porque lo considera así (foja 25 de la resolución dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis). 5. Se pronunció sobre el cuerpo del delito (foja 26 vuelta a 178 de la resolución dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis) y la probable responsabilidad del inculpado (foja 178 vuelta a 264 de la resolución dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis), señalado que el delito de tortura, esta previsto y sancionado por el artículo 4 de Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, vigente al momento de los hechos, en relación con los artículos 6, 7 (de omisión), 8 fracciones I (hipótesis dolosa y III (delito instantáneo), 11, fracción I inciso c) (los que se ejecutan materialmente) todos del Código Penal del Estado de México vigente en el momento de los hechos; asimismo, señaló que los elementos que integran o conforman el delito de tortura lo son un servidor público encargado de la investigación de los delitos, que tenga conocimiento de un hecho de tortura y no lo denuncie de inmediato; para lo cual realizó un análisis de las probanzas en las que el aquí quejoso tuvo conocimiento al estar ejerciendo su cargo como servidor público; pues señaló: En primer orden, la eficacia demostrativa que asignó a dichas probanzas tanto en forma individual como en su conjunto (foja 28 a 173 de la resolución dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis). En segundo lugar, señalar igualmente, en forma expresa, los hechos o circunstancias que de cada una de ellas se obtiene (foja 28 a 173 de la resolución dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis). En tercero, la manera en que esos hechos y circunstancias se adminiculan conforme a las reglas, para conformar una realidad histórica determinada (foja 28 a 173 de la resolución dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis). Finalmente, cómo es que la conducta atribuida de manera plena al inculpado, encuadra o no en el tipo penal que, de manera abstracta, estatuye la norma penal sustantiva, para lo cual es necesario que se establezca la manera en que se tienen por probados todos y cada uno de los elementos que constituyen el delito en cuestión, y citar desde luego, en el desarrollo mencionado, el o los preceptos legales que realmente resulten aplicables para sustentar las diversas consideraciones que se hagan al respecto (foja 28 a 178 de la resolución dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis). Por tanto, se advierte que se siguieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo, y; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que ha quedado cumplimentada en sus términos. Por otro lado, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza la Agente del Ministerio Público comisionada a la causa 166/2014 del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México en cuanto a su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en autos. Finalmente, respecto a la vista desahogada por el doliente en cuanto al cumplimiento dado por el Juez responsable en autos del presente juicio, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que antecede, en virtud de que este Juzgador únicamente se pronunciará respecto de la ejecución del fallo protector de que se trata absteniéndose de prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución de la misma. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, publicada en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, con número de registro 165807, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."
- Principal
I.-Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, devuelve sin diligenciar el exhorto 47/2016-I del índice de este juzgado, por las razones expuestas en la razón de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis del actuario adscrito al juzgado remitente. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, glósese a los presentes autos el oficio de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar, acusese recibo de estilo, de igual forma atendiendo a que el quejoso Salvador Alfonso Martínez Escobedo, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social numero uno "Altiplano", en consecuencia , hágase la notificación del auto de diez de febrero de dos mil dieciséis, en el lugar de su reclusión
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