Armando José Lara Cruz
Expediente 930/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Armando José Lara Cruz
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente Armando José Lara Cruz, hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de cinco de septiembre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintiséis de septiembre de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de derechos fundamentales presentada por********************, por propio derecho, seis copia de la misma y un anexo (USB); fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio 930/2023-III y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior... En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa... Establecido lo anterior, es preciso indicar que, en la especie, el citado acto reclamado se notificó al quejoso en la propia audiencia celebrada el siete de julio de dos mil veintitrés, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el diez de julio siguiente, en términos de lo previsto en el artículo 82, fracción I, inciso a) y su último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales; de tal manera que el término con el que contaba la parte quejosa para combatir en juicio de amparo la medida cautelar en comento, transcurrió del once al treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, con descuento de los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta del mes y año en cita, por haber sido sábados y domingos, mientras que la demanda de amparo se depositó en el Buzón Judicial hasta el uno de septiembre actual, es decir, fuera del plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo... En efecto, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado fue emitido dentro de un juicio del sistema penal acusatorio, en el que las partes deben estar presentes en las audiencias, tal y como lo dispone el artículo 5º del Código Nacional de Procedimientos Penales y que por ese motivo quedó formalmente notificado, como lo establece el numeral 63 de esa legislación, de lo que se colige que la notificación se tuvo por hecha el mismo día de la audiencia, esto es, el siete de julio de dos mil veintitrés, al existir regla expresa en el artículo 82, fracción I, y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, del momento en que se tiene por hecha, puesto que no puede desconocerse que en esa audiencia estuvo presente el ahora quejoso; porque el artículo 18 de la Ley de Amparo atiende al momento en que surte efectos la notificación, y en el caso ello aconteció el ocho de julio del presente año, que constituye la demostración de que se practicó. Lo anterior se corrobora puesto que el propio quejoso en su demanda de amparo señala que la determinación en comento le fue notificada en la audiencia inicial de siete de julio del año en curso. No pasa inadvertido para este juzgador federal que el promovente, en el apartado de "ACTO RECLAMADO" de su demanda indica que la medida cautelar se le impuso el cinco de julio del año en curso, y en el diverso rubro de fecha de conocimiento del acto reclamado refiere que ello sucedió en la audiencia inicial de veintinueve de junio pasado. Ya es en el apartado de "ANTECEDENTES", en el que indica bajo protesta de decir verdad que la fecha de la audiencia inicial, en la que se le impuso la medida cautelar, fue el siete de julio anterior. No obstante, ello no varía lo que aquí se determina, puesto que esta última fecha que se considera como la de la notificación del acto reclamado (07/07/2023), es incluso la más benéfica para el quejoso, puesto que las otras dos datas que señala son previas y, por ende, evidentemente también tornarían extemporánea la presentación de la demanda. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la resolución reclamada versa sobre la libertad del quejoso, pues ello no actualiza la hipótesis de excepción prevista en la fracción IV del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, en tanto que tal acto se emitió dentro del procedimiento penal, específicamente, durante la audiencia inicial... De esta manera, el hecho de que una persona permanezca privada de su libertad obedece a la emisión de la medida cautelar de prisión preventiva, mas no emana formalmente del auto de vinculación. Tan es así, que la autoridad ejecuta la medida cautelar de prisión preventiva impuesta, al tenor de la fracción IX, del artículo 16 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en relación con el numeral 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuya parte conducente se lee: "El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad". Bajo esa premisa, se afirma que en el caso se actualiza la causa de improcedencia antes indicada, debido a que la parte quejosa señaló como acto reclamado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta, la cual le fue notificada el siete de julio de dos mil veintitrés en la audiencia inicial. En ese orden de ideas, como se anticipó, quien esto suscribe estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, debido a que ésta no se presentó dentro del término de quince días, sino hasta el uno de septiembre del año en curso; aunado a que no se encuentra en la hipótesis de excepción a dicha regla, consistente en que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento; tampoco se observa que se estén reclamando actos privativos de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, así como ataques a la libertad fuera de procedimiento. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó hasta el uno de septiembre de dos mil veintitrés, como se advierte de la boleta de turno, resulta evidente su extemporaneidad...
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