Armando José Arguelles Torres
Expediente 1027/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Armando José Arguelles Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, así también, que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, en relación a su valoración documental y al advertirse que se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico el artículo 35 (Orden de archivo), y numeral 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), este juzgador determina: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse emitido el acuerdo de archivo (artículo 20, fracción II, inciso a). b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservándose la demanda, las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente incidente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA: - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Vistos por cuanto de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de inconformidad contra el auto de veinte de febrero de dos mil veinte; por tanto, es de estimarse que se consintió tácitamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA: - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), se levanta la suspensión en este expediente de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 02 de agosto de 2020. Por consiguiente, se prosigue con el trámite del presente asunto, en la etapa procesal en que se encontraba (cumplimiento de ejecutoria) previo a la suspensión indicada en el párrafo que antecede. En atención al artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, en la siguiente promoción que realicen deberán proporcionar número celular de contacto a efecto de entablar comunicación con este órgano jurisdiccional, así como un correo electrónico. Así también, las autoridades sean responsables o terceras interesadas deberán señalar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Se faculta al actuario para firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1027/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ARMANDO JOSÉ ARGUELLES TORRES, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados y autoridades siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen ese carácter: a).- El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; b).- El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; c).- El Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; d).- El Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; y e).- El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. NORMA GENERAL. ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS: a).- Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la discusión, aprobación y expedición del DECRETO número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6º, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO, Y OCTAVO TRANSITORIO, que disponen: QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES. b).- Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca la promulgación del DECRETO número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6º, FRACCIÓN IIII, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO, que disponen QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES. c).- Del Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el refrendo que otorgó a la Ley que estimo inconstitucional en la parte de que me duelo. d).- Del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, la orden verbal o escrita que han dado para el efecto de que se apliquen en mi perjuicio los artículos 6º, FRACCIÓN IIII, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO, que disponen QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente. e).- Del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca: El segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6º, FRACCIÓN IIII, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, que han sido declarados inconstitucionales por Jurisprudencia, por los que me aplican el 9% en el pago de la pensión mensual por jubilación, para incrementar el fondo de pensiones. El segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6º, FRACCIÓN IIII, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO, de la Ley relativa, actualizado en el pago de la pensión por jubilación del mes de NOVIEMBRE de 2019, por el concepto "202 FDO. D PENSIONES", y en los subsecuentes; y La devolución de todos y cada uno de los descuentos que se me han aplicado y sigan aplicando de forma inminente después de la formulación de la presente demanda, sustentada en las leyes de que me duelo y que han sido declaradas inconstitucionales. Actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 10-14), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de garantías registrándola bajo el número de expediente 1027/2019; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo conforme a el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107, fracción I, y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; dado que se trata de un juicio de amparo indirecto en materia administrativa y que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención del promovente, analizando los anexos y la información allegada en el expediente. Apoya a lo anterior, al jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo indirecto en su integridad, se advierte que la parte quejosa reclama. El estudio, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, en específico los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio. La aplicación de la ley reclamada. La devolución de los descuentos aplicados con base en los preceptos reclamados. CUARTO. Las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado convinieron en la existencia de los actos que se les atribuyen. Lo anterior se corrobora con la documental agregada en autos, consistente en copia certificada del oficio OP/DG/600/2019, de trece de marzo de dos mil diecinueve, en que se autoriza al quejoso su pensión por jubilación, con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, pues de tal documento se advierte que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se ordenó el descuento del 9% del monto de su pensión por jubilación para el Fondo de Pensiones (fojas 7-8). QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son fundados. Es así, pues refiere que los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, son violatorios de sus derechos humanos, porque se le restringe el derecho que tiene como pensionado por jubilación a disfrutar íntegramente el monto de su pensión, pues lo obligan a aportar un 9% de la misma para el fondo de pensiones. En efecto, los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, señalados como inconstitucionales, disponen: "Artículo 6. El Fondo de Pensiones se constituirá con: (.) III. Las cuotas de los jubilados, equivalentes al 9% de su pensión"; (.)" "Artículo 18. (.) Por lo que respecta a los jubilados y pensionados, la Oficina de Pensiones descontará del monto de sus respectivas pensiones, las cuotas a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6 de esta Ley. Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca hará su entrega quincenal a la Oficina de Pensiones del total de aportaciones a que se refiere el artículo 6 correspondiente a trabajadores, jubilados y pensionados". "TRANSITORIO: (.) Octavo. A partir de que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de esta Ley adquieran el carácter de Jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de esta Ley, debiéndose encargar de hacer los descuentos respectivos al momento de cubrirles sus numerales.". De dichos preceptos se advierte, que los trabajadores jubilados bajo la vigencia de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, deberán de aportar una cuota equivalente al 9% de su pensión para constituir el fondo de pensiones, mismo que la oficina correspondiente retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18. Asimismo, cabe destacar que la reforma al artículo 123 constitucional, y por ende, la creación del apartado B del mismo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, el precepto indicado en lo interesante es del tenor siguiente: "Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B.- Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y sus trabajadores: (.) XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. (.)." En el citado numeral se establecieron las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos el principio de previsión social, que obliga a establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos; principios éstos entre los que se contempla el derecho al disfrute de una pensión, cuya finalidad es garantizar que el trabajador que ha prestado sus servicios por determinado número de años y ha llegado a una edad avanzada, pueda retirarse de su trabajo, con la confianza de que tendrá derecho a recibir ese beneficio, el cual le permita vivir con dignidad la etapa más difícil de la vida humana. La citada garantía, tiene rango constitucional, a fin de procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares, y ha adoptado bases mínimas de seguridad social con igual propósito, en el sentido que éstas pueden ampliarse pero nunca restringirse. Así, la garantía de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, incluye la pensión por años de servicio, que no puede ser restringida sin justificación legal válida, pues hacerlo conllevaría a la privación del pensionado del derecho de subsistir dignamente en su retiro, máxime cuando ésta constituye su única fuente de ingreso. Ahora bien, los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio, primer párrafo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, fueron declarados inconvencionales e inconstitucionales por el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al emitir la jurisprudencia por reiteración, visible en la página 2512 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Octubre de 2014, Tomo 3, Registro 2007629, que dice: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo." Obligatoriedad de la jurisprudencia invocada que se establece en términos del artículo 217 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos previstos por el artículo 224 de la misma ley, por cuanto se sustenta un mismo criterio (inconstitucionalidad de los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, párrafo primero, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, al violar el derecho humano a la igualdad, pues dejan de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo, dándose por consiguiente el trato de trabajador en activo), en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario (amparos en revisión 101/2014, 92/2014, 116/2014, 110/2014 y 146/2014), resueltas en diferentes sesiones (de tres, diez, diecisiete de junio y veintiséis de agosto de dos mil catorce), y en todos los casos por unanimidad de votos; sin que sea óbice que se hubiesen resuelto cada una en diversas sesiones, ya que una vez integrada la jurisprudencia, el Tribunal Colegiado, no se ocupará nuevamente del tema; además de ser en beneficio de una protección más amplia en favor de las personas (principio pro homine), contemplado en el artículo 1º Constitucional. Así, al haber establecido el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, que los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto número 885 en el Periódico Oficial local el 28 de enero de dos mil doce, son inconvencionales e inconstitucionales, pues al fijar a los jubilados aportaciones al fondo de pensiones equivalente al 9% de su pensión, desatienden los artículos 26, numerales 3 y 67, inciso B) del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual fija los topes al derecho de seguridad social, tales como a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas; siendo que en ellas no se establece el descuento a que se refieren los preceptos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, además de violar el derecho humano de igualdad, pues a los jubilados se les da el trato de trabajadores en activo. Además, del contenido del artículo 30, fracción II, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se advierte que la pensión por vejez es una prestación que sólo se otorga previa satisfacción de determinados requisitos, o de forma proporcional a aquélla en que éstos se hayan satisfecho, supuesto en el cual resulta evidente que no se trata de una concesión gratuita, ya que su derecho se gesta durante su vida laboral, con las aportaciones periódicamente efectuadas a fin de garantizar aunque sea en parte, una subsistencia para cuando ya no esté en posibilidad de contribuir activamente al desempeño laboral. Por tanto, una vez precisados los motivos que dieron origen a la tesis de jurisprudencia antes citada, en la cual se decretó la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los artículos 6º , fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante decreto 885, el veintiocho de enero de dos mil doce, que prevén el descuento del 9% por ciento sobre el monto de su pensión, los cuales se ordenó aplicar a la pensión por jubilación del aquí quejoso; lo procedente es concederle la protección federal a ARMANDO JOSÉ ARGUELLES TORRES, para el efecto de que: Las responsables Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y, Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, dejen insubsistente cualquier acto fundado en los citados numerales, y no le sean aplicados en lo presente y en lo futuro, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad que contienen; así también, para que reintegren al quejoso, en una sola exhibición, las cantidades que en su caso hubieren sido descontadas al monto de su pensión por concepto de fondo de pensiones, con base en dichos preceptos. En la inteligencia que la concesión de amparo no tiene ningún efecto para el Congreso del Estado de Oaxaca, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, autoridades que concurrieron en el estudio, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de las normas declaradas inconstitucionales, porque la concesión del amparo no alcanza a vincularlas ni las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues no afecta a la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. Apoya lo anterior, la diversa tesis CXXXVII/96 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Noviembre de 1996, Tomo IV, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 75, 76, 124 y relativos de Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ARMANDO JOSÉ ARGUELLES TORRES, contra los actos que reclama del Congreso del Estado de Oaxaca, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, consistentes en el estudio, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto número 885, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, que aprobó la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, específicamente los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, cada uno en su esfera de competencia; así como los actos de aplicación de esas normas que reclama al Consejo Directivo de la Oficina del Estado de Oaxaca y Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Armando García Morales1841/2014
- Armando Gonzali García857/2020
- Armando Israel Montealegre Bautista1016/2018
- Armando Javier Bravo Anzaldo11/2017
- Armando Javier Bravo Anzaldo789/2015
- Armando Jesús Ruiz García48/2018
- Armando Juárez García676/2022
- Armando Juárez Pérez1190/2016
- Armando Juárez Pérez297/2017
- Armando López García1224/2022
- Armando Loredo Mata491/2021
- Armando Maya Maya1138/2018