Armando José Alberto González Saavedra
Expediente 768/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Chihuahua
- Armando José Alberto González Saavedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que no se concedió suspensión provisional ni definitiva es destruible, de conformidad con los artículos 12, 14, 21 inciso c) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral vigésimo primero, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que no se advierte alguna suspensión otorgada, de acuerdo con el segundo párrafo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. De conformidad a lo ordenado en auto de la propia fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del "NUMERAL VIGÉSIMO", DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Así, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 768/2022-II, promovido por Armando José Alberto González Saavedra, contra actos del Congreso y Gobernador del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y turnado a este juzgado el veintiocho siguiente, Armando José Alberto González Saavedra, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernador del Estado de Chihuahua, consistente en: "DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. La expedición del Decreto LXVII/RFLEY/0286/2022III P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de julio del año en curso mediante el cual se reforma la Ley de Transporte del Estado. DE LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. La publicación de la referida reforma a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua." SEGUNDO. Admisión de la demanda. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 768/2022-II; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede, por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Iria Cárdenas Lozano 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 06/01/24 20:26:14 Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este Juzgado, en atención a que los actos reclamados son leyes estatales y tienen ejecución en esta demarcación, lugar en el que éste Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, se procede a su fijación clara y precisa, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual se analiza en su integridad la demanda de amparo. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; Así como en tesis número P. VI/2004, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del análisis y lectura integra de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo siguiente: La expedición y publicación del Decreto LXVII/RFLEY/0286/2022III P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 16 (dieciséis) de julio del año en curso, mediante el cual se reforma la Ley de Transporte del Estado. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Se procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Son ciertos los actos que se impugnan a las autoridades responsables Congreso del Estado y Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, en el ámbito de su respectiva competencia, consistente en la aprobación, expedición y promulgación del indicado decreto, dado que así lo manifestaron expresamente al rendir su respectivo informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Registro 917812, Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia Común, consultable en la página 231, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". A lo anterior debe agregarse que, en cuanto a las normas impugnadas, por estar vigentes, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Iria Cárdenas Lozano 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 06/01/24 20:26:14 ??A???????????? Al caso se aplica por analogía, el criterio sostenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro 191452, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Así como la diversa tesis V.2o.214 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Octava Época, Registro 209107, Tomo XV-1, Febrero de 1995, Materia Común. Consultable en la página 205, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". CUARTO. La presentación de la demanda resultó oportuna. El plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del dieciocho de julio de dos mil veintidós al veintiséis de agosto del presente año; y, la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Efectivamente, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, de conformidad con el diverso 18 de la misma legislación. Los preceptos legales en comento establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En efecto, tratándose de la impugnación de leyes con motivo de su entrada en vigor, el plazo para la promoción del juicio de amparo es de treinta días; por lo que, si en el caso concreto se reclama la expedición y publicación del decreto combatido, el cual entró en vigor el diecisiete de julio de dos mil veintidós, entonces, el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del dieciocho de julio al veintiséis de agosto de dos mil veintidós, sin contar los días sábados y domingos, por ser días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que, si la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Iria Cárdenas Lozano 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 06/01/24 20:26:14 Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, es inconcuso que se hizo de manera oportuna. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que este órgano jurisdiccional de oficio las advierta, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento al contenido de la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se considera que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (...) Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" Esa hipótesis legal encuentra su origen en la fracción I del artículo 107 constitucional, conforme con la cual, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades instruido a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta el artículo 1, con relación al diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Esos dispositivos legales disponen, en lo conducente, el objeto del juicio de derechos fundamentales, así como que la parte quejosa será quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Iria Cárdenas Lozano 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 06/01/24 20:26:14 ??A???????????? El artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime titular del derecho subjetivo o interés legítimo, lo que ocurre cuando este acto lesiona su esfera jurídica, produciendo una afectación real y actual, en forma directa, o debido a su especial situación frente al orden jurídico. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, y por tanto, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir una afectación real y actual, teniendo en cuenta que el derecho que se aduce tener, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse a base de presunciones. De modo que, la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina la afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de un agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afectan real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así, la causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, si no que para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, Iria Cárdenas Lozano 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 06/01/24 20:26:14 atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de Iria Cárdenas Lozano 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 06/01/24 20:26:14 ??A???????????? la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el Decreto LXVII/RFLEY/0286/2022III P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado, el dieciséis de julio del año en curso, mediante el cual se reforma la Ley de Transporte del Estado, en específico el artículo 151 de la Ley de Transporte, que se derogaron las fracciones I, segundo párrafo, y IV, de la citada ley, (los cuales transcribe), y con ello se redujo el plazo de servicio de revisión mecánica de vehículos en servicio de transporte de personal a diez años, cuando en el anterior precepto se disponía de quince años. Ahora bien, el anterior artículo 151 de la Ley de Transporte, disponía: "Los vehículos que sean utilizados para el servicio de transporte especializado deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda, tratándose de transporte personal la dirección podrá autorizar la utilización de vehículos de una antigüedad de hasta 15 años, atendiendo a la revisión física mecánica que para tal efecto se practique", con motivo de su aplicación. El precepto normativo establecía esencialmente la utilización de vehículos para el transporte público de personal que podían ser autorizados y tener una antigüedad de hasta quince años, previa revisión mecánica. El decreto que ahora se reclama, sobre el artículo 151 invocado, fueron derogadas las fracciones I, segundo párrafo, y IV, de la Ley de Transporte del Estado, las cuales establecen: "Artículo 151. Los vehículos que sean utilizados para el servicio de Transporte Especializado deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de: I. Diez años para transporte escolar, de personas con discapacidad, de personal y turístico. Se deroga. II. Cinco años para autos de arrendamiento. III. Siete años para Empresas de Redes de Transporte, con excepción de los vehículos eléctricos o híbridos, cuya antigüedad máxima la establecerá la Subsecretaría. IV. La determinada por la Subsecretaría, en función de las condiciones físico-mecánicas del vehículo, para los siguientes casos: a) Transporte de Carga en general. b) Transporte de carga riesgosa y de residuos. c) Transporte de carga especial. d) Transporte de agua. e) Transporte de Carga con exceso de dimensiones. f) Grúas. g) Ambulancias, funerarias y escuela de manejo. En todo momento, las dimensiones en el transporte de bienes y la capacidad en el transporte de pasajeros, deberán ser determinadas atendiendo al índice de pasajero por kilómetro, la eficiencia en costos y emisiones contaminantes, así como la promoción del transporte público." La reforma reclamada dispone de una vigencia de antigüedad que no excederá de diez años para los vehículos del servicio especializado de transporte de personas. Sin embargo, se estima que la norma materia de controversia constitucional no ocasiona agravio en la esfera jurídica de la quejosa, porque no acreditó de forma idónea estar dentro de tal supuesto. Esto es así, ya que la parte quejosa aportó como pruebas de su parte, copias certificadas de las constancias siguientes: Resolución de diez de julio de dos mil siete, que autoriza la cesión de derechos del permiso 3603012486 para prestar el Servicio Público de Transporte Especial para Trabajadores en Ciudad Juárez Chihuahua, de su titular José Alfredo Holguín Guardado en favor de Armando José Alberto González Saavedra, con transporte especial Iria Cárdenas Lozano 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 06/01/24 20:26:14 número económico 7040, cuya vigencia duraría hasta el nueve de junio de dos mil dieciséis. Consta de diez fojas útiles. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos, de aplicación supletoria a Ley de Amparo. De esa manera, el promovente del amparo no probó el agravio personal y directo que le ocasiona la norma combatida, como sería que ejerciera a la fecha la concesión indicada en la resolución emitida en oficio 108.VERBT.642/2007, pues no exhibió constancia alguna para demostrar que a la fecha cuenta con la aludida concesión vigente y con unidad vehicular propia que presta ese servicio autorizado, es decir, para explotar la concesión de transporte especial para trabajadores, y estar en posibilidad de analizar si se encuentra dentro de la porción normativa transformada, así derivaría invariablemente perjuicio por la sola entrada en vigor de la norma impugnada. Se itera, para acreditar agravio resultaría necesario que la parte quejosa estuviera ejerciendo los derechos y obligaciones de la normatividad reformada para estimar, en su caso, que con la sola entrada en vigor del decreto reclamado, le causara perjuicio en la esfera de derechos que pudiera asistirle precisamente emanada de tener en transporte público ejercitando la función de la licencia y que dicho vehículo estuviera dentro de ese supuesto; ya que al respecto, no acreditó tener concesión de transporte vigente y no mencionó unidad vehicular que tuviera realizando esa función, como tampoco exhibió documento que acreditara la propiedad de ese automotor. Cabe agregar que, la legislación que se impugna se encuentra dirigida a las personas que prestan el servicio público de personas, empero, la parte quejosa no demostró con algún medio de prueba, que cuenta con vehículo propio que se encuentre realizando ese servicio, de ahí que el solicitante del amparo, no acredita encontrarse bajo el supuesto normativo que regula el ordenamiento que tilda de inconstitucional. Ciertamente, el peticionario del amparo, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la norma reclamada sin aducir un acto concreto de aplicación, esto es, lo reclama como norma de carácter autoaplicativa, pues dice que con su sola entrada en vigor afecta la esfera jurídica de la parte quejosa que representa. Ello es así, pues debe recordarse que la norma de carácter general que aqueja a la impetrante del amparo, fue reclamada con el carácter de autoaplicativa, sin que exista el señalamiento de un acto concreto de aplicación, como pudiera ser que fuera propietaria de camiones o vehículos que prestan el servicio del que se duele y por ende, le afectara la temporalidad en que deben dejar de cumplir esa prestación, en la cual dejará de ejercerla en atención a dicha porción normativa, circunstancia que no sucede en el caso; de ahí que en nada afecte el interés jurídico y legítimo de la moral quejosa, la norma combatida, por no encontrarse en el supuesto correspondiente. En ese contexto, para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente que las disposiciones reclamadas sean obligatorias desde el momento en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que la parte quejosa se encuentra en los supuestos que ahí se establecen, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo; lo cual, en la especie, no se demostró. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 9/94, de la Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, abril de 1994, Octava Época, página 17 (registro 206625), que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que Iria Cárdenas Lozano 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 06/01/24 20:26:14 ??A???????????? su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." De igual forma es de citarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, informe 1978, parte I, página 303, que señala lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEY, EL INTERÉS JURÍDICO DEBE PROBARSE EN EL JUICIO DE. Los sujetos que se consideren afectados por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico en promover el juicio de amparo, deben demostrar que se encuentran dentro del supuesto previsto por aquélla, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes; en caso de no acreditar tal circunstancia, debe sobreseerse el juicio de amparo." En consecuencia de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, se sobresee en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V de la Ley de la Materia. Dado el sentido de la presente sentencia, resulta innecesario abordar el examen de diversas causas de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, al resultar ocioso su estudio, pues cualquiera que fuere su análisis, no variaría el sentido de lo aquí expuesto, sino que antes bien, iría en detrimento de la garantía constitucional de justicia pronta prevista en el artículo 17 constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 233, que dice: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Armando José Alberto González Saavedra, de conformidad con lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese y mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Iria Cárdenas Lozano 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 06/01/24 20:26:14 licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy Fe.
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