Armando Jiménez Jijón

Expediente 1029/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1029/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
21/12/2018

Partes del expediente

  • Armando Jiménez Jijón

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV.- Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del que informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por ********************, quedando registrado bajo su índice con el número de amparo 1963/2018-III. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que trascurran seis meses, deberá transferirse el presente cuaderno al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA IV. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para que desahogara el requerimiento formulado en proveído de nueve de noviembre de este año (fojas 42 a 43), consistente en que manifestara si era su deseo señalar a alguna autoridad ejecutora con residencia en la Ciudad de México, respecto a los actos privativos de libertad reclamados (aprehensión y/o detención), feneció sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se prevé lo siguiente: COMPETENCIA Resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. Se arriba a esa conclusión, ya que los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, imponen la obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de 1917-1995, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese tenor, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en atención a lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de Distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero de la ley de la materia, preceptos que en su orden disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:...VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse..." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación funcional de los artículos transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Séptima Parte, Materia Común, página: 88, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." 2. Para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades será competente el Juez ante el que se presente la demanda de amparo. 3. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, los actos reclamados consisten en: La orden de detención y/o aprehensión. Su ejecución. Sobre esa base, se estima actualizada la primera de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, es decir, es competente el juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Lo anterior es así, ya que para fijar la competencia del Juez de Distrito, debe atenderse al lugar donde el acto se trate de ejecutar. Así, las cosas es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materializarán dichos actos y, toda vez que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, únicamente señala como autoridades responsables ejecutoras al Director General de la Policía Ministerial y al Comandante General de la Policía Ministerial, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y, pese a que este Juzgado de Distrito lo previno para que manifestara si era su deseo señalar alguna autoridad ejecutora con residencia en la Ciudad de México, respecto a los actos privativos de libertad reclamados (aprehensión y/o detención), sin que hubiera hecho manifestación alguna; por tanto, resulta competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa el Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. En este orden de ideas, se itera que el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional es el Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, habida cuenta que dentro de esa jurisdicción, se ejecutará el acto reclamado. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, el presente juicio de amparo, para que a su vez lo remita al Juez de Distrito en turno, que le corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si acepta la competencia declinada; fórmese el cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    MESA IV.- Agréguese la razón actuarial levantada por la fedataria adscrita a este juzgado, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar personalmente al quejoso el proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación y las subsecuentes que sean personales, por lista de acuerdos, hasta en tanto señale diverso domicilio para tal efecto.

  4. Principal

    MESA IV.SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA IV.- Vista la demanda de amparo promovida por ARMANDO JIMÉNEZ JIJÓN, contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 1029/2018-IV-A. PREVENCIÓN El artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. Con base en la porción normativa que precede, el Juez de Distrito al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir: Irregularidades, como el omitir acreditar la personalidad con que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera. Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la Ley de la Materia, como el señalamiento preciso de la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. En la especie, se actualiza el segundo de los supuestos señalados, como enseguida se demuestra. La fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación (.)" Del precepto transcrito, se conoce que el impetrante tiene la insoslayable obligación de cumplir con los requisitos que establece la Ley de Amparo, entre ellos, la designación de la autoridad responsable, precisar en su libelo constitucional el acto concreto que le atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables; así como narrar bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama como actos, una orden de detención y/o aprehensión y su ejecución. Asimismo, en el inciso b) de su capítulo de actos reclamados, agrega: ".también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más adelante."; empero, no se advierte primero, que peticiones y procedimiento se refiere, pues no hace mención alguna de ello. Incluso, en los restantes apartados, únicamente hace referencia al mandamiento privativo de libertad y su ejecución. De la misma forma, como autoridades responsables señala diversas autoridades ordenadoras judiciales y administrativas, en Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla, Toluca, Almoloya de Juárez y Metepec; asimismo, como ejecutoras diversas autoridades administrativas con sede en Naucalpan de Juárez, todos pertenecientes al Estado de México, sin que se advierta alguna autoridad ejecutora con residencia en esta Ciudad. Aspecto este último, que es de vital trascendencia para determinar si este órgano de control constitucional es competente para conocer de la demanda de amparo, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. De igual manera, en el apartado de hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se aprecia que el quejoso manifiesta: ".me he enterado que existe en mi contra una ilegal orden de detención."; empero, de la lectura integral de su demanda, no se advierte la fecha en que tuvo conocimiento de los actos privativos de libertad, orden de aprehensión y/o detención que reclama. En consecuencia, conforme al mencionado artículo 108, fracciones III y IV, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, de rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA", procede prevenir al quejoso, para que dentro del plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad y por escrito, cumpla con lo siguiente: Precise o aclare si realmente desea señalar como acto reclamado, la omisión de acordar alguna petición o peticiones al Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Sexual y de Género, de Naucalpan de Juárez, Estado de México; de ser así, deberá precisar a qué petición o peticiones se refiere. Manifieste si desea señalar a alguna autoridad ejecutora con residencia en esta Ciudad, respecto de los actos privativos de libertad (aprehensión y/o detención). Precise la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de los actos restrictivos de libertad. Cuestiones que son importantes conocer para atender aspectos sobre procedencia y competencia del presente juicio de amparo. El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que en caso de no cumplir con el punto señalado en el romano I, no se tendrá como acto reclamado; y de no cumplir con los puntos II y III, se acordará lo que en derecho corresponda, atendiendo a la competencia de este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), publicada en la página 383, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la que se interpreta un precepto correlativo en cuanto a la hipótesis de ejecución contenidos en la nueva legislación de amparo, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Así como, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1079, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la citada ley, a las personas que menciona, en virtud que no acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, pues no cuentan con su cédula registrada tal como se advierte de la certificación secretarial. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de dieciséis de mayo de dos mil uno, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3o, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaría supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso.

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