Armando Jimenez de Leon
Expediente 378/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Armando Jimenez de Leon
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de abril de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Notificación Surte efectos Inicia y concluye término Días inhábiles [Artículo 19 de la Ley de Amparo] Notificación por lista: 22 de marzo de 2023. Día siguiente hábil 23 de marzo de 2023. 23 de marzo del 2023 24 al 30 de marzo de 2023 25 y 26 de marzo de 2023 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS NO NO NO NO ALEJANDRO PADILLA PLASCENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.25.3e 22/04/23 10:17:03 2 Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda promovida por el quejoso Armando Jiménez de León, contra los actos reclamados al Centro de Justicia para Mujeres (CJM) de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales . ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales ALEJANDRO PADILLA PLASCENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.25.3e 22/04/23 10:17:03 3 ??????A???????? Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto del mismo año, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211 , inciso d) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 42, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; 2 8.1.2. Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. 4. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Nota: Esta regla aplica a cualquier serie documental. 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; ALEJANDRO PADILLA PLASCENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.25.3e 22/04/23 10:17:03 4 Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." ALEJANDRO PADILLA PLASCENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.25.3e 22/04/23 10:17:03 5 ??????A???????? Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 215 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Alejandro Padilla Plascencia, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de marzo de dos mil veintitrés. CONTESTA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de cuenta firmado por el quejoso Armando Jiménez de León, con el cual da contestación a la prevención efectuada en acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés; y, en atención a su contenido y a la demanda de amparo que dio origen al presente juicio se acuerda lo siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 2 El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial v.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 215188, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: V.2o. J/75, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 68, Agosto de 1993, página 77, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 3 En ese orden de ideas, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y, b) Que sea manifiesto e indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En ese tenor, en términos del artículo 74, fracción I, y 76 de la Ley de la materia, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: 1. El escrito de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, con registro de atención 292-089-0519- 2023, girado dentro del expediente FMASC/COSTA/1360/2023-02, por la Fiscalía de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 2. La orden verbal de desalojo de su domicilio ubicado en calle Primavera, colonia San Antonio, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 4 lote diecisiete, manzana dos, en Cantón La Joya, en esta ciudad, sin un sustento jurídico, mismo que le fue comunicado por la Licenciada Sonia Elizabeth Fuentes Madrid, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Familia; derivado de la querella presentada en su contra por el delito de amenazas y despojo, dentro del expediente con registro de atención 292-089-0519-2023. Actos que reclama de las autoridades responsables consistentes en: _ Centro de Justicia para Mujeres (CJM) de la Fiscalía General del Estado, en esta ciudad; _ Comandancia de Seguridad Pública del Estado, en esta ciudad; _ Comandancia de Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en esta ciudad; y, _ Comandancia de la Policía Judicial del Estado, todos con sede en esta ciudad Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 55/98, cuyos datos de localización son: Registro digital: 195745, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 55/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 5 constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. En ese orden de ideas, la suscrita advierte de manera manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XII el artículo 61 de la ley en la materia, en relación con los diversos artículos 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para evidenciar lo anterior, se estima pertinente reproducir el contenido de los preceptos precitados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 6 titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". Del contenido de los artículos trascritos deriva que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, lo cual constituye uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, que se traduce en que éste debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus derechos humanos. En ese orden de ideas, para que una persona se encuentre legitimada para instar la acción constitucional, deberá justificar que es titular de un derecho o de un interés legítimo, según sea el caso, además que con motivo de ello exista una afectación real y actual. De lo contrario, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 7 Es así, pues existe una estrecha vinculación del interés jurídico con la legitimación, pues ese medio de control constitucional puede promoverlo la persona que se vea afectada por la norma o el acto, siempre y cuando exista una afectación real y actual a un derecho o interés, la cual debe ser personal y directa. La legitimación y el interés jurídico convergen en un punto similar para su materialización, esto es, el quejoso que sea afectado en su esfera jurídica y si se trata de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En lo que aquí interesa, el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad; o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica, los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, y en la página ciento veintitrés, Séptima Época, Volumen 97-102, Primera Parte, del Semanario Judicial de le Federación, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 8 el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tales elementos son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En materia de amparo el agravio se identifica con la afectación de un interés jurídico o legítimo; así, tendrá el carácter de parte agraviada quien al acudir al juicio de amparo cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 9 demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, la procedencia del juicio requiere además de la demostración de un acto de autoridad posiblemente violatorio de algún derecho, que produzca una afectación real, actual, personal y directa, así como que el peticionario sea titular de ese derecho que según se pudiera ver afectado por aquél. Esto implica, que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. De esa forma, es viable señalar que para estar legitimado para instar la acción de amparo se requiere ser titular de un derecho o interés legítimo que cause una afectación real y actual; además, para que resulte procedente debe ser demostrado el interés jurídico o legítimo. De lo que se sigue que finalmente la legitimación y el interés jurídico deberán analizarse conjuntamente para generar la procedibilidad de dicho juicio, pues sólo cuando coinciden se estará en aptitud de entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto estimado violatorio de derechos fundamentales. ? Análisis del acto reclamado consistente en el escrito de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, con registro de atención 292-089-0519-2023, girado dentro del expediente FMASC/COSTA/1360/2023- 02, por la Fiscalía de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 10 Conforme a lo expuesto, se advierte que el escrito con registro de atención 292-089-0519-2023, girado dentro del expediente FMASC/COSTA/1360/2023-02, por la Fiscalía de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de la fracción I del artículo 5o., de la Ley de Amparo. Para afirmar lo anterior se debe tener presente el contenido de los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10, último párrafo, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal1, de los que se advierte el principio rector de 1 Artículo 4. Principios de los Mecanismos Alternativos. [.] I. Voluntariedad: La participación de los Intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; [.]. Artículo 7. Derechos de los Intervinientes. Los Intervinientes en los Mecanismos Alternativos tendrán los derechos siguientes: [.] IV. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un Mecanismo Alternativo; [.]. Artículo 10. Derivación. [.] Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, el Juez derivará el asunto al Órgano respectivo si el imputado y la víctima u ofendido están de acuerdo en solicitar el inicio del Mecanismo Alternativo previsto en esta Ley y se cumplan los requisitos de oportunidad y procedencia. Artículo 31. Salvaguarda de derechos. Cuando no se alcance Acuerdo, los Intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan, o bien, cuando se alcance parcialmente, respecto del conflicto que no fue posible resolver. Del mismo modo, cuando el Acuerdo verse sobre la solución parcial de la controversia, se dejarán a salvo los derechos de los Intervinientes respecto de lo no resuelto en el Acuerdo. Artículo 32. Conclusión anticipada de los Mecanismos Alternativos. El Mecanismo Alternativo se tendrá por concluido de manera anticipada en los casos siguientes: I. Por voluntad de alguno de los Intervinientes; II. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una ocasión de alguno de los Intervinientes; III. Cuando el Facilitador constate que los Intervinientes mantienen posiciones irreductibles que impiden continuar con el mecanismo y se aprecie que no se arribará a un resultado que solucione la controversia; IV. Si alguno de los Intervinientes incurre reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso, agresivo o con intención notoriamente dilatoria del mecanismo alternativo; V. Por incumplimiento del Acuerdo entre los Intervinientes, y VI. En los demás casos en que proceda dar por concluido el Mecanismo Alternativo de conformidad con la Ley. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 11 voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo; asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. De igual forma, se aprecia que cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, ese mecanismo alternativo de solución, y dejarse a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. Así, del contenido del escrito reclamado, girado dentro del expediente FMASC/COSTA/1360/2023-02, por la Fiscalía de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, puede apreciarse que se realiza una invitación al quejoso Armando Jiménez de León, para el día seis de marzo de dos mil veintitrés a las catorce horas, con el objetivo de que se desahogara una sesión en la que a través del dialogo, de manera pacífica y voluntaria, bajo los principios de confidencialidad, información, flexibilidad, equidad y honestidad, se lograra la solución del conflicto suscitado con Ubaldina Morales Bravo, con la celebración de un acuerdo reparatorio; lo cual no aconteció ante la incomparecencia de su contraparte. En esas condiciones, el citatorio emitido para comparecer a la etapa conciliatoria, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, pues constituyó solamente una invitación para JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 12 presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente. Lo anterior, aun cuando Ubaldina Morales Bravo, no se presentara a la cita programada, toda vez que su incomparecencia solo puede tener como consecuencia que se dé por concluido ese mecanismo alternativo de solución, y dejar a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales correspondientes. Actualizándose, por ende, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo; sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.2o.P.C. J/1 (10a.) Materia Común, Penal, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, de rubro y texto: MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de la fracción I del artículo 5o., de la Ley de Amparo. En ese sentido, de los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10, último párrafo, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se advierte el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo; asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En consecuencia, cuando alguno de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 13 los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, ese mecanismo alternativo de solución, y dejarse a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. En esas condiciones, el citatorio emitido dentro del proceso de justicia restaurativa, para comparecer a la etapa conciliatoria, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente; actualizándose por ende, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la ley primeramente citada. ? Análisis de la orden verbal de desalojo de su domicilio ubicado en calle Primavera, colonia San Antonio, lote diecisiete, manzana dos, en Cantón La Joya, en esta ciudad, sin un sustento jurídico, mismo que le fue comunicado por la Licenciada Sonia Elizabeth Fuentes Madrid, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Familia; derivado de la querella presentada en su contra por el delito de amenazas y despojo, dentro del expediente con registro de atención 292-089-0519-2023. Ahora bien, en relación al acto reclamado que en este apartado se analizará, debe establecerse que la parte quejosa en su escrito de aclaración refirió: "(.) Al presentarme EL DIA 7 DE MARZO DEL AÑO 2023, en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Familia 01, de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, Fiscalía de Mecanismo Alternativos con domicilio en las oficinas ubicadas en el Centro de Justicia para Mujeres, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 14 carretera Tapachula - Arriaga K.m. 13, Colonia Álvaro Obregón, Municipio de Tapachula, Chiapas, C.P. 30820, fui enterado en forma verbal por la Lic. Elizabeth Fuentes Madrid, Fiscal del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Familia, según el expediente que obra en el Registro de Atención 0292-089-0519-2023 de esa fiscalía, de que la señora UBALDINA MORALES BRAVO me demandó por el Delito de AMENAZAS Y DESPOJO en virtud de que según alega la demandante, que el predio que adquirí con tantos sacrificios y con los ahorros de toda mi vida desde el año 2011, manifiesta ser la poseedora, exhibiendo un documento del cual es de dudosa procedencia, por lo que me veo afectado y amenazado de perder mi único patrimonio. (.)" Así, puede afirmarse que la orden de desalojo que reclama, fue emitida por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Familia, quien constituye un órgano investigador que, en caso de ser competente, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo reparatorio con los mecanismos alternativos de solución de controversias, le correspondería tramitar la querella interpuesta por Ubaldina Morales Bravo, relativa al expediente con registro de atención 0292-089-0519- 2023. Por tanto, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, se advierte que nos encontramos en el comienzo de la etapa de investigación inicial, incluso previo a la radicación de una carpeta de investigación, lo que se traduce en que la parte quejosa no se ve afectado en sus derechos subjetivos con la orden de desalojo de su domicilio ubicado en calle 2 Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 15 Primavera, colonia San Antonio, lote diecisiete, manzana dos, en Cantón La Joya, en esta ciudad, pues es un acto emitido previo al comienzo de la etapa de investigación inicial, en la que la autoridad ministerial hace valer su deber constitucional al investigar, eventualmente, hechos probablemente constitutivos de delito. Lo anterior, debido a que el motivo de improcedencia invocado en el presente acuerdo, también se actualiza ante la falta de interés jurídico para pedir el amparo frente a los eventos o actuaciones derivadas de una carpeta de investigación que no ocasionan un daño o perjuicio a los derechos sustantivos del quejoso que lo posibiliten jurídicamente a solicitar la protección constitucional; en virtud de que hasta este momento el acto no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, al ser susceptible de anularse o contrarrestarse, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal; incluso cabe la posibilidad de que no se continúe con la investigación del hecho señalado como delito, en caso de celebrarse entre las partes un acuerdo reparatorio. En efecto, el artículo 21 constitucional, otorga al Agente del Ministerio Público la facultad para investigar hechos delictuosos y la posible participación de los indiciados en su comisión, con los cuales se integra conforme al sistema de justicia penal vigente, la carpeta de investigación en que se incluirá un registro de diligencias que se practiquen durante esa etapa y que pueden ser de utilidad para fundar la imputación respectiva. Así, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente dispone lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 16 El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial". Del precepto constitucional anteriormente transcrito, es posible deducir que por mandato constitucional se impone al Representante Social el deber de investigar y perseguir los delitos, auxiliándose de la policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. En eso consiste el principio acusatorio en el que descansa el Sistema Penal Mexicano, pues el Ministerio Público está obligado a determinar dentro de la fase de investigación la existencia del hecho delictivo y en los casos que proceda, ejercer la acción penal. Tal obligación la realiza a través de actuaciones que componen una carpeta, donde constan los registros de la investigación de un hecho delictuoso, lo cual constituye el ejercicio de facultades dentro de la etapa administrativa en el procedimiento penal acusatorio. Es oportuno destacar que anteriormente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que por regla general la investigación de un delito a través de la integración de una averiguación previa (en el anterior sistema de justicia penal) no es susceptible de control constitucional, considerando que consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables y dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado de la indagatoria; de ahí que, el trámite relativo generalmente no propicia afectación alguna reclamable en los medios de control constitucional. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 17 Los anteriores argumentos sustentan la tesis P. LXIII/2004, visible en la página mil ciento trece, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil cuatro, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control". Por tanto, la orden de desalojo de su domicilio ubicado en calle Primavera, colonia San Antonio, lote diecisiete, manzana dos, en Cantón La Joya, en esta ciudad, no afecta los derechos subjetivos de la parte quejosa, pues se insiste, nos encontramos ante una fase inicial de investigación y la misma no ha constituido una afectación material a su derecho de posesión, esto es, no se ha realizado gestión tendente a desalojarlo de su propiedad. Además, de la lectura de la demanda y su aclaración no se advierte si se realizó apercibimiento alguno contra el quejoso, en caso de no efectuar lo conminado por el agente del ministerio público investigador correspondiente [por ejemplo, el uso de la fuerza pública o una sanción administrativa] a efecto de lograr el desalojo del quejoso, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 18 pues como el mismo lo afirma, únicamente se le hizo del conocimiento que debía desocupar su domicilio. Aunado a lo anterior, la orden reclamada puede ser susceptible de anularse o contrarrestarse, por una parte, en caso de que se abra una carpeta de investigación, no se sabe cuál será el resultado, podría determinarse el no ejercicio de la acción penal y, por otra, que derivado de los mecanismos alternativos de solución de controversias, de los que a la fecha se tiene conocimiento que continua la tramitación del expediente FMASC/COSTA/1360/2023-02, se llegue a un acuerdo entre las partes. Máxime, que en el supuesto de que la orden fue emitida dentro del expediente FMASC/COSTA/1360/2023- 02, se reitera que los medios alternativos de solución de controversias son voluntarios, de propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo, ni ser objeto de presiones, intimidación o coacción en relación a lograr el desalojo de su domicilio. En esas condiciones, se estima que la orden de la Agente del Ministerio Público Investigador correspondiente, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con Residencia En Saltillo, Coahuila, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, agosto 2016, tomo IV, visible en la página 2592, Registro digital: 2012423, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 19 INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 20 Por todo lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 61, fracción XII, artículo 5, fracción I, y 6, de la propia normativa, 107 fracción I de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo respecto de los actos reclamados antes destacados. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 180663, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, Tipo: Jurisprudencia, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 21 la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C3, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". 3 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 22 También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. Notifíquese personalmente. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 23 Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/JVA ***
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