Armando Javier Jimenez Lopez

Expediente 740/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
740/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • Armando Javier Jimenez Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, doce de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 16 a 24), dictado en el juicio de amparo en que se actúa, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos Hágase del conocimiento a la parte quejosa que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Personalmente Ministerio Público Federal Por lista

  2. Principal

    EN DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE DOCE DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, doce de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 16 a 24), dictado en el juicio de amparo en que se actúa, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos Hágase del conocimiento a la parte quejosa que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Personalmente Ministerio Público Federal Por lista", DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 740/2019, A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Registro Vista la demanda de amparo promovida por **********; por propio derecho; fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 013291/2019 740/2019 25036330 **********. Autorizados, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente Se tienen como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, a las siguientes personas. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio **********. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante , de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Juez Cívico adscrito al Turno Segundo, de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de justicia XOC-02, en la Alcaldía Xochimilco. La orden de retención del vehículo marca ***********, en el depósito vehicular denominado "Corralón Capulines", ubicado en la Alcaldía Xochimilco. 2. Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. La resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ***********, recaída al recurso de inconformidad interpuesto ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, en contra de la resolución de veintisiete de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo **********, por el Juez Cívico adscrito al Turno Segundo, de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de justicia XOC-02, en la Alcaldía Xochimilco, en la que se le consideró como administrativamente responsable de la infracción de tránsito imputada en su contra y se le sanciona con arresto administrativo de diecisiete horas o una multa de trescientas sesenta y seis unidades de medida y actualización de la Ciudad de México, equivalentes a la cantidad de $**********; resolución en la cual dicha Consejería Jurídica determinó la improcedencia del citado medio de defensa. 3. Titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Ciudad de México. La orden de retención del vehículo marca **********, en el depósito vehicular denominado "Corralón Capulines", ubicado en la Alcaldía Xochimilco. 4. Encargado del Depósito de Vehículos Xochimilco. La retención del vehículo marca **********, en el depósito vehicular denominado "Corralón Capulines", ubicado en la Alcaldía Xochimilco. Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que prevé el precepto 17 de la Constitución Federal, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que eventualmente resultarán sobreseídos. Así, respecto de los actos reclamados, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, ya que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad, dado que previo a la instancia constitucional, debió impugnar dicho acto a través del juicio contencioso administrativo, a que alude el artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, es necesario tomar en cuenta lo que dispone el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. El precepto transcrito, regula el principio de definitividad, que se reconoce respecto de actos formal y materialmente administrativos en el artículo 107, fracción IV, constitucional, el cual prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, siendo innecesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. En tal sentido, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que dicho acto deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal con los mismos alcances de la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los señalados en la anterior. d) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. e) Que se aleguen violaciones indirectas a la Constitución. Precisado lo anterior, procede verificar si en el caso se encuentran reunidos los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio. Respecto al requisito marcado con el inciso a), consistente en que los actos reclamados emanen de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, toda vez que las autoridad es del acto reclamado consistente en la resolución de inconformidad fue la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. Por lo que hace al inciso b), es patente que se actualiza la condición relativa a que contra los actos reclamados proceda algún medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, en la medida que la resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente **********, recaída al recurso de inconformidad interpuesto ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, en contra de la resolución de veintisiete de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo **********, por el Juez Cívico adscrito al Turno Segundo, de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de justicia XOC-02, en la Alcaldía Xochimilco, en la que se le consideró como administrativamente responsable de la infracción de tránsito imputada en su contra y se le sanciona con arresto administrativo de diecisiete horas o una multa de trescientas sesenta y seis unidades de medida y actualización de la Ciudad de México, equivalentes a la cantidad de $**********, resolución en la cual dicha Consejería Jurídica determinó la improcedencia del citado medio de defensa, puede impugnarse en términos de los artículos 3 fracción I, 9, fracción XIV y 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que prevé el juicio contencioso administrativo como medio de defensa contra actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México y alcaldías dicten, ordenen, ejecuten, o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales, como puede verse de la transcripción siguiente: "ARTÍCULO 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; (.) ARTÍCULO 9. El Pleno Jurisdiccional estará integrado por el Presidente del Tribunal y por los ocho Magistrados y bastará la presencia de cinco de sus miembros para que se pueda tomar la votación respectiva. (.) XIV. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; (.) ARTÍCULO 31. Las Salas Jurisdiccionales son competentes para conocer: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México; las alcaldías, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales." De la interpretación de los preceptos transcritos, se desprende que las Salas Jurisdiccionales el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, son competentes para conocer de los actos administrativos emitidos por las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México. En otro contexto, en relación con el punto c), consistente en que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, resulta importante destacar que con la expedición de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de uno de septiembre de dos mil diecisiete, en particular del artículo 61, que establece un plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda se turne, para que el magistrado que corresponda conceda o niegue la suspensión solicitada, no prevé mayores requisitos para otorgar la medida suspensiva que los exigidos en la Ley de Amparo, de ahí que si los actos reclamados se emitieron con posterioridad, resulta indudable que no se actualiza tal excepción al principio de definitividad al preverse idéntico plazo para el pronunciamiento en relación con la medida cautelar y, consecuentemente, debió agotarse el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México antes de promoverse el juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 112/A, de la Décima Época, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y DEL ACTO RECLAMADO. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA LEY DE AMPARO PREVÉN, RESPECTIVAMENTE, LOS MISMOS ALCANCES AL CONCEDERLA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD. De la interpretación finalista de los artículos 147 de la Ley de Amparo, así como 100 y 101 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se advierte que ambas legislaciones prevén, respectivamente, los mismos alcances al otorgar la suspensión del acto controvertido, pues mientras el artículo 147 indicado establece que atento a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, el artículo 100 mencionado señala que la suspensión tendrá como efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada; la cual tiene intrínsecamente efectos restitutorios, al prever que se evitará que se ejecute o que se continúe la ejecución ya iniciada, pues precisamente esos efectos implican, acorde con la naturaleza del acto, evitar o detener la ejecución de algún acto a fin de que el quejoso siga disfrutando del derecho que le ha sido violado con el acto impugnado. Además si el artículo 101 referido dispone que el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión el acto impugnado con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se falle en definitiva, y agrega que, cuando los actos impugnados hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, podrán dictarse las medidas cautelares que se estimen pertinentes, con ello se advierte que la facultad para otorgar la medida cautelar con efectos provisionales restitutorios no se limita a los supuestos de que el acto ejecutado afecte a los demandantes impidiendo el acceso a su domicilio particular o el ejercicio de su única actividad, pues la primera parte del dispositivo en comento faculta de forma genérica a la autoridad jurisdiccional a conceder la suspensión con efectos restitutorios, para lo cual, como en el juicio de amparo, habrá de atenderse a la naturaleza jurídica de los actos y sus efectos para determinar cuándo procede conceder la providencia con esos alcances. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, pues ambas legislaciones tienen los mismos alcances al conceder la suspensión de los actos cuestionados. Dicha medida cautelar tiene los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, pues el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que atento a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; y, por su parte, el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que la suspensión tendrá como efecto evitar que se ejecute el acto impugnado o que se continúe con la ejecución ya iniciada. Lo anterior implica que la suspensión en el medio ordinario de defensa constituye una medida cautelar con efectos restitutorios, que incluso tiene por objeto detener la ejecución de algún acto a fin de que la parte interesada siga disfrutando del derecho que estima vulnerado. Además, el artículo 73 de la ley citada prevé que el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se falle en definitiva, y agrega que, cuando los actos impugnados hayan sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, podrán dictarse las medidas cautelares que se estimen pertinentes. Asimismo, el citado artículo establece que en caso que la autoridad se niega a cumplir la suspensión, se le requerirá por una sola ocasión para que lo haga y de no acatar el requerimiento, el Magistrado Instructor comisionará a un Actuario para que restituya al actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. Lo anterior conlleva que la facultad para otorgar la medida cautelar con efectos provisionales restitutorios no se limita a los supuestos de que el acto ejecutado afecte a los demandantes impidiendo el acceso a su domicilio particular o el ejercicio de su única actividad, pues la primera parte del dispositivo en comento faculta de forma genérica a la autoridad jurisdiccional a conceder la suspensión con efectos restitutorios. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia PC.I.A. J/112 A (10a.), con número de registro 2015177, de rubro: SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y DEL ACTO RECLAMADO. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA LEY DE AMPARO PREVÉN, RESPECTIVAMENTE, LOS MISMOS ALCANCES AL CONCEDERLA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD. La medida cautelar contemplada en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. No es un obstáculo que en el artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, a diferencia de la Ley de Amparo que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Al respecto resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), con número de registro 160630, de rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL." La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé un plazo equivalente al de la Ley de Amparo, toda vez que el artículo 61 establece que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada. Situación que se homologa a lo previsto para el juicio de amparo, pues conforme al artículo 112 de la ley de la materia, el Juez de Distrito cuenta con un plazo de veinticuatro horas para que, de ser el caso, se admita la demanda de amparo y, de haber sido solicitada, se provea sobre la suspensión. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), con número de registro 2008807, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." El requisito señalado en el inciso d) consistente en que el acto reclamado no carezca de fundamentación también se cumple, pues el acto reclamado se fundamenta, entre otros, en los artículos 21 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI, artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 234 fracción VIII del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México numerales 1, 3 fracción IV, 7 fracción VI, 13 fracción VIII, 117 fracción III, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Por lo que hace al requisito señalado en el inciso e), debe decirse que cuando se aduzcan violaciones directas e indirectas a la Constitución debe promoverse el juicio de nulidad, pues de otra forma imperaría el arbitrio del quejoso, quien podría hacer nugatorio el principio referido. La excepción obedece a que el agraviado solamente podrá atacar adecuadamente la resolución respectiva ante el Juez de Distrito, pues no resultaría igualmente eficaz plantear transgresiones directas al pacto federal en los recursos ordinarios, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. Así, en el caso, si bien el promovente alega violaciones directas al pacto federal, también aduce que se trasgreden los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución, porque no existe una insuficiente fundamentación y motivación, por lo que tampoco se actualiza esta excepción al principio en estudio. Por tanto, los referidos actos, deben ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, toda vez que dicho órgano jurisdiccional puede conocer de actuaciones que estén indebidamente fundadas y motivadas como lo refiere la promovente aunque ésta refleje en todos los casos violación a las garantías constitucionales mencionadas. Por otra parte, cabe destacar que existen excepciones al principio de definitividad, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales. En consecuencia, debe determinarse a continuación si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad diversas a las que anteriormente fueron objeto de estudio: 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el juez de distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación; en el caso, el promovente no reclamó ley alguna. 2. En lo que toca a los actos que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan, debe destacarse que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño. Lo anterior es así, porque la calidad de tercero extraño deriva de la falta de emplazamiento al procedimiento del cual emana el acto, lo que en el caso no aconteció pues la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado le fue notificado el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, esto es la resolución recaída al recurso de inconformidad de diecisiete de mayo del presente año, aunado que el propio quejoso interpuso dicho recurso. 3. Cuando los actos importen una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Carta Magna, o que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, en el caso, no se desprende que se actualicen actos tales como ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo señalado. En efecto, de la demanda se desprende que la parte quejosa manifiesta esencialmente que se violan los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica prevista en el los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por carecer de fundamentación y motivación. Por otro lado, la resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro en el recurso de inconformidad **********, por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México y la retención del vehículo marca **********, no constituyen un acto de imposible reparación, por tanto, no implica un excepción al principio de definitividad, pues en ese caso, todos los actos con esa característica serían impugnables a través del juicio de amparo lo que anularía de facto el principio aludido que rige a esta instancia extraordinaria. Además, aun cuando constituyera un acto de imposible reparación, está obligada a agotar el juicio de nulidad, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2015 determinó que la irreparabilidad del acto reclamado, no constituye, por sí, una excepción al principio de definitividad, por lo que deben agotarse los medios ordinarios de defensa que se establecen en la ley del acto reclamado. Resulta aplicable jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Junio de 2018, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, es importante señalar que los actos de imposible reparación como presupuesto de procedencia del juicio de amparo y el principio de definitividad que impone el deber de agotar los medios ordinarios que procedan contra el acto reclamado, son presupuestos distintos y autónomos, de tal forma que la existencia del primero, no puede soslayar el cumplimiento del segundo. De ahí, la naturaleza de los actos reclamados, como actos de imposible reparación, por sí, no constituyen una excepción a la regla de definitividad, que se refiere fundamentalmente, a los alcances de los recursos y no a la naturaleza del acto. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por tanto, de conformidad con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior, porque las causas de improcedencia advertida no es susceptibles de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto reclamado, con los términos de su demanda; lo anterior con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el quejoso promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas citadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista

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