Armando Jacuinde Arroyo
Expediente 1057/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 41 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Armando Jacuinde Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Morelia, Michoacán, a tres de mayo de dos mil veintitrés. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, sí como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, más no así el original del incidente de suspensión el cual es susceptible de DEPURACIÓN, dado que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, 18 fracción I, inciso a), y 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Por otra parte, remítasele al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, el tomo de pruebas que adjuntó a su informe de ley, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveido emitido el diez de abril de dos mil veintitrés el cual señala "... Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el acta de ratificacion de tres de abril del año en curso, mediante la cual el quejoso - - ratifica en todas y cada una de sus partes el contenido y firma del ocurso presentado en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el veintiocho de marzo pasado en el que se desistió de la demanda de amparo en consecuencia se tiene al citado accionante por desistido del libelo constitucional y en terminos del articulo 63 fraccion I de la Ley de Amparo se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente asunto Hagase lo anterior del conocimiento de las partes y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado para los efectos legales conducentes. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 119 / 2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion que resolvió la contradicción de tesis 14/2006-PL que establece DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO Como resultado de lo anterior se deja sin efectos la fecha señalada para la celebracion de la audiencia constitucional dentro del presente juicio fijada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES Notifiquese personalmente..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 27 fraccion I inciso B de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, a diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el acta de ratificación de tres de abril del año en curso, mediante la cual el quejoso -, ratifica en todas y cada una de sus partes, el contenido y firma del ocurso presentado en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el veintiocho de marzo pasado, en el que se desistió de la demanda de amparo; en consecuencia, se tiene al citado accionante, por desistido del libelo constitucional y en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente asunto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, para los efectos legales conducentes. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 14/2006-PL, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO." Como resultado de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio, fijada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta al parecer signado por el quejoso -, a través del cual se desiste de la demanda de amparo; previo a proveer lo conducente, de conformidad con el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto mismo de la notificación, que por conducto del Actuario de la adscripción le practique de este proveído, o bien, dentro del término de tres días, comparezca debidamente identificada a este órgano juridiccional a ratificar el contenido y firma del escrito de mérito, en el entendido de que la identificación que porte, no deberá ser expedida por partidos políticos ni por particulares, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido se seguirá con el trámite del presente juicio de amparo. Ahora, en relación a que se le haga la devolución del billete de depósito que exhibió a fin de que surtiera efectos la suspensión decretada, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición, dado que es necesario que transcurra el término que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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