Armando Isidro Rubio Licona
Expediente 1351/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Armando Isidro Rubio Licona
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que se encuentran señaladas las diez horas de esta propia fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio y toda vez que mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, notificado al día siguiente, se dio vista a la parte quejosa con el oficio remitido por el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en suplencia por ausencia temporal del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión-CRE), en representación de las autoridades señaladas como responsables de la citada Comisión, por virtud del cual rinde su informe justificado, sin que hubiera transcurrido los ocho días a la celebración de la audiencia constitucional señalada para la fecha en que se actúa, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, resulta procedente diferir la misma y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el informe justificado rendido por el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en suplencia por ausencia temporal del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión-CRE), en representación de las autoridades señaladas como responsables de la citada Comisión. Con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental de la responsable, las constancias que anexa a su oficio de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. En el entendido que con fundamento en el artículo 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; se digitalizan todas las actuaciones que integran el anexo de referencia. De igual manera, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de la materia a las personas que hace mención. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el informe justificado rendido por la Directora de lo Contencioso adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía en representación de la Titular de la Secretaría de Energía. Con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de la materia a las personas que hace mención. Finalmente, en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a su vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito signado por el quejoso ***, por el cual solicita se conceda la suspensión provisional y definitiva, en esencia, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de continuar actuando en el procedimiento de origen, pues a su decir, ello afecta los derechos humanos de su menor hijo -aquí quejoso-. En atención a su contenido, dígase que no ha lugar a acordad de conformidad su petición, ello, pues contrario a lo esgrimido por el quejoso, de concederse la suspensión para dicho efecto, se contravendría al interés social, así como a las disposiciones del orden público, ya que el procedimiento judicial no debe paralizarse. Pues el interés general radica en que no se entorpezca la tramitación de cualquier procedimiento judicial, y de hacerlo se contravendría lo dispuesto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, así como el diverso 138, ya que al sostener lo contrario, impediría la función encomendada a los jueces, lo que obstaculizaría el citado procedimiento, así como la pronta y expedita impartición de justicia, lo que, encuentra sustento en observancia al derecho de celeridad procesal previsto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia registro digital: 917879, Instancia: Pleno, Quinta Época, Materia(s): Común, Tesis: 345, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 292, Tipo: Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo." Ahora, respecto de lo argüido por la parte quejosa en relación con que en otro procedimiento se están debatiendo las mismas cuestiones que en el juicio de origen que nos ocupa, no podría ser considerado para lograr la paralización de dicho juicio de origen, pues no es parte de los actos que se reclaman en el presente juicio de amparo, lo que impide a este órgano jurisdiccional estudiar la procedencia de la suspensión tomando en consideración un acto diverso al aquí reclamado. Por otro lado, en referencia al dicho del impetrante del amparo, sobre que la autoridad responsable no es competente para llevar a cabo el procedimiento de origen reclamado, dígase que dicha cuestión constituye, en su caso, el estudio de fondo en el juicio de amparo principal, por lo tanto, no es procedente realizar el estudio de la concesión o no de una suspensión, ya que como se dijo, lo mencionado por el quejoso será observado al momento de dictar sentencia en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Por último, se considera importante indicar que en la suspensión definitiva dictada el catorce de julio de dos mil veintitrés, en el presente cuaderno incidental se advierte lo siguiente: ".Ahora bien, debe precisarse que en el presente asunto se encuentran controvertidos los derechos del menor de identidad reservada e iniciales S.P.H., por ende, éste asunto se resolverá atendiendo al interés superior de dicho menor, ya que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, así como 3, 4 ,6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, todos los tribunales se encuentran obligados a resolver tomando como interés primordial el de los menores involucrados en un juicio Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), con registro 159897, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO." (.) ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Establecido lo anterior, respecto a lo ordenado por la superioridad, solicitada por la quejosa, en virtud de que el procedimiento judicial es de orden público y no debe paralizarse, ya que el interés general radica en que no se entorpezca la tramitación de cualquier procedimiento judicial, y de hacerlo se contravendría lo dispuesto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo; por lo que, se deberá continuar con el procedimiento, pero tendrá que abstenerse de emitir el acuerdo de guarda y custodia respectivo hasta que se resuelva el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión y el mismo causa ejecutoria. Por cuanto hace a el acto reclamado, consistente en la orden de sustraer al menor Santiago Pedrín Hernández, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado para el efecto de que el menor S.P.H., permanezca con su padre con motivo de la guarda y custodia provisional que le fue concedida al quejoso en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, y no sea entregado a su progenitor. (.) Se afirma de ese modo, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se desprende que el menor actualmente vive en el domicilio con el padre, con motivo de la guarda y custodia que le fue concedida en el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés dictado en el expediente 253/2023, del índice de la Jueza Cuarto Familiar del distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, además de que el menor por propia voluntad aceptó irse a vivir su progenitor. Por lo antes expuesto, es que este órgano jurisdiccional estima que con la ejecución del acto reclamado provocaría más cambios perjudiciales al entorno del menor S.P.H., afectando su salud psicológica pues -como se dijoéste vive con su padre aquí quejoso, lo que implicaría un desajuste y descontrol en sus hábitos diarios, tanto educativos como de diversas actividades recreativas, sociales y familiares. Lo anterior así se determina, pues de negarse representaría mayor afectación para los intereses del menor generando mayores riesgos para su bienestar y desarrollo, considerando que la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcione al menor los satisfactores, los cuidados y la asistencia necesarios para lograr su crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo; máxime que en la especie, como se dijo, debe privilegiarse el interés superior de los menores por encima del derecho de los padres a la convivencia con su hijo. Por ello, es que este órgano jurisdiccional reitera que el cambiarlo de su entorno actual, podría afectarle en su formación física, mental, emocional, social y moralmente en el ambiente familiar en el que se desenvuelve. De lo anterior, se advierte que se concedió la suspensión definitiva para los efectos de que la autoridad responsable se abstenga de emitir el acuerdo de guarda y custodia respectivo, así como que el menor S.P.H., permanezca con su padre con motivo de la guarda y custodia provisional que le fue concedida al quejoso en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, y no sea entregado a su progenitor, lo que se considera salvaguarda los derechos fundamentales del menor aquí quejoso, y tal como se mencionó en dicha resolución interlocutoria el estudio de la misma se realizó con atendiendo al interés superior de dicho menor, ya que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, así como 3, 4 ,6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, todos los tribunales se encuentran obligados a resolver tomando como interés primordial el de los menores involucrados en un juicio. Sin embargo, no se puede dejar de lado el hecho de que la suspensión no puede contravenir aspectos de orden público e interés social, como en el caso lo sería suspender el procedimiento de origen, sin que los actos realizados dentro del mismo sean considerados como actos de molestia, pues las notificaciones o incluso las citaciones dentro de este, son obligaciones de las partes que integran los procedimientos judiciales, que tienen como objeto la prosecución del mismo, para la pronta y expedita impartición de justicia. Notifíquese.
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