Armando Humberto Meave Peña Silva
Expediente 1070/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Armando Humberto Meave Peña Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido; por lo que, se ordena glosar los mismos en tomo por separado. Hágase constar lo anterior, tanto en su caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Coordinador de Unidades de Investigación del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de la carpeta de investigación 12030310300692040717, que constituye un tomo de pruebas; devuélvase a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1070/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Transportes Blindados Tameme, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Armando Humberto Meave Peña Silva, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades (en su denominación correcta) y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Coordinador de Unidades de Investigación del Distrito Judicial de Tabares. 2. Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad de Investigación número Tres del Distrito Judicial de Tabares. Con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "Reclamo la omisión de los derechos a una justicia pronta y expedita tal y como lo marca el artículo 20 apartado A) fracción I, apartado C) fracción IV, de nuestra Carta Magna, artículo 6 fracción XXVI, de la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, debido que, la encargada de la unidad de investigación número 3 del Ministerio Público del Sector Costa Azul la Licenciada FLOR DE AZALIA AVALOS GALLARDO, donde se lleva a cabo el procedimiento de la Carpeta de Investigación número 12030310300692250617 (sic), el cual cuenta con todos los elementos necesarios para conducir al debido proceso al C. SANTOS CRUZ VÁZQUEZ, misma carpeta que no ha sido turnada ante un Juez de Control, aun sabiendo que los gastos por daños materiales y lesiones que obran en la misma han rebasado el millón de pesos." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. La sociedad quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 18, 20, apartados A), fracción I y C), fracción IV Constitucionales. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previo desahogo de la prevención contenida en acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, por auto de dieciocho de diciembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 1070/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse anticipadamente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión suscitada dentro de una carpeta de investigación reprochada a una autoridad ministerial que radica en la jurisdicción de este órgano federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda, en relación con las constancias de autos, se obtiene que la parte quejosa comparece a este órgano jurisdiccional a reclamar la omisión de realizar las actuaciones y diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación número 12030310300692040717. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público del Fuero Común Coordinador de Unidades de Investigación del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad, negó la existencia de la omisión que se le reclama, lo que debe aceptarse en sus términos, en razón de que a dicha autoridad no corresponde la integración de la carpeta de investigación aludida sino a la Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad de Investigación número Tres del Distrito Judicial de Tabares, ante quien se presentó la denuncia correspondiente, como se verá en el siguiente considerando; de ahí que no es factible reputarle la omisión reclamada. En tal virtud, al no acreditarse la omisión reclamada, lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio a su respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad de Investigación número Tres del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la omisión reclamada, empero al tratarse de una omisión le corresponde a ella acreditar que había judicializado la carpeta de investigación de referencia; Sin embargo, la negativa señalada queda desvirtuada en razón de que con la copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación número 12030310300692040717 que remitió (tomo I de prueba), se advierte que efectivamente la carpeta no ha sido judicializada, dicha documental pública tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Además, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. Ahora, como se expuso con antelación y quedó acreditado con el informe justificado la omisión que la sociedad quejosa reclama tiene su origen en la integración de una carpeta de investigación que no ha sido judicializada; así, se obtiene que se reprocha la actitud de no ejercicio de la acción penal que ha asumido la Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad de Investigación número Tres del Distrito Judicial de Tabares, y si bien dicho actuar no es una determinación per se, la conducta de la autoridad tiene los mismos efectos que una resolución de no ejercicio. Para dar mayor claridad a lo anterior, es menester tener presente lo establecido en los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;". De dichos preceptos se obtiene que la víctima u ofendido tiene la oportunidad de impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, o no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Ello es así, ya que la implementación del nuevo sistema de justicia penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. De ahí que al tratarse el acto en estudio una omisión por parte del agente del ministerio público responsable de la integración de una indagatoria, el mismo es impugnable a través del medio de defensa innominado, previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El precepto legal transcrito establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Control. Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos fundamentales y legales citados, se desprende que conforme al proceso penal acusatorio vigente en el Estado de Guerrero bajo el cual se rige el acto reclamado, las omisiones del Ministerio Público pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre y cuando previamente sean controvertidas dentro del proceso de origen ante la autoridad judicial correspondiente, esto es, combatir esas determinaciones ante el Juez de Control, impugnación que podrá tener efecto de modificar, revocar o nulificar esa situación, y si bien en el presente asunto se reclama una omisión de judicializar la carpeta de investigación; debe precisarse que el actuar del ministerio público se traduce en un no ejercicio de la acción penal, de ahí que el acto que se reclama es susceptible de ser impugnado en términos del numeral 258 aludido. Apoya lo expuesto la tesis XVIII. 1o.P.A.2 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo de 2017, tomo III, página 2141, de rubro y textos siguientes: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." (Lo subrayado es propio). Cabe precisar que dicha tesis fue objeto de la contradicción número 233/2017, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante comunicado oficial 057/2018 (pendiente de publicarse), en la cual sostuvo que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad y que dichas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación y que en ese sentido, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto. Así, se establece que la víctima u ofendido debe impugnar ante la autoridad judicial, cuando el Ministerio Público sea omiso o negligente en cumplir con sus funciones, al ser equiparables estas afectaciones a las determinaciones que afecten o impidan lograr la pretensión de la víctima u ofendido, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, ya que de una interpretación sistemática de las normas transcritas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. En ese sentido, considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de Control resolverá lo conducente, por lo que dicho medio garantiza a la víctima su derecho a que se le administre justicia. En tales circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia en comento, con base en la cual y con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo de normas, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis invocada a pie de página en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Agréguese lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tienen por rendidos los informes justificados del Ministerio Público Unidad de Investigación 3 así como del Ministerio Público Coordinador de Investigación, ambos del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Respecto de las constancias remitidas por la segunda autoridad antes citada, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copias certificadas de la carpeta de investigación 12030310300692040717, de la que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo I, de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte de la Secretaria de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en auto de dieciocho de diciembre pasado, se reservó a proveer respecto de la notificación del inicio del presente juicio del tercero interesado Transportes Blindados Tameme, Sociedad Anónima de Capital Variable hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables, lo cual ya aconteció; por tanto, se provee sobre el particular, sin que haya lugar a tenerle por reconocido dicho carácter, al no ubicarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora bien, al advertirse del estado procesal que guardan los autos, que la audiencia constitucional en este juicio está programada para las once horas con diez minutos del dieciocho de dos mil dieciocho y tomando en consideración, que los referidos informes, no serán conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para ello, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo.
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