Armando Herrera Pantaleón

Expediente 30/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
30/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Armando Herrera Pantaleón

Actuaciones

  1. Principal

    "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte, que mediante proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por ****, el cual se le notificó el dieciocho de enero del año en curso; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; ... se declara que dicho auto ha causado estado. ...., una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a la destrucción de este expediente. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo...."

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida ***, contra actos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 30/2021. Desechamiento. Respecto al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la petición formulada el seis de enero de dos mil veintiuno, se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6°, del mismo cuerpo de legal, que disponen: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)". De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, es decir, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que legitima a una persona para promover el juicio de amparo En el caso, no existe una afectación en la esfera jurídica del aquí quejoso, que lo legitime para instar el juicio de amparo, ya que la afectación al derecho de petición se actualiza cuando la autoridad responsable ha omitido dar respuesta a la petición que se le formula, dentro del plazo razonable que la ley le concede para tal efecto. Ahora, de conformidad con los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, cuando no existe plazo señalado por la ley para dar respuesta a una petición, la autoridad responsable dispone de diez días para ello. De ahí que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo se estima que no existe afectación al derecho de petición del aquí quejoso, puesto que de la fecha en que se formuló la petición y la de la presentación de la demanda de amparo, solo mediaron cinco días hábiles; ello, en virtud de que el solicitante de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el escrito de petición fue presentado en la oficialía de partes de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca, el seis de enero del año en curso, y la demanda de garantías reclamando la omisión para dar contestación al escrito mencionado, la presentó el trece de enero del año en curso, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, lo que, es de considerarse que al no incurrir la responsable en la omisión de dar respuesta al escrito aludido, puesto que actualmente transcurre el plazo de diez días que la ley concede para ello, y ante lo cual, no existe una afectación a la esfera jurídica del justiciable que lo legitime a promover juicio de garantías en contra de la omisión planteada. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de garantías por lo que hace a la omisión precisada. Domicilio Se tiene como domicilio el que indica y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere, por no contar con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho. En su atención y a efecto de agilizar la tramitación del juicio en el que se actúa y tomando en cuenta la situación que actualmente vive el país con motivo de la pandemia derivada del virus SARSCoV2 (COVID-19); aunado a que el espíritu de los Acuerdos Generales 8/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país, y toda vez que el recurrente proporciona el correo electrónico: edu_cz79@gmail.com se ordena notificarle éste y los subsecuentes proveídos que lo ameriten por dicho medio. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez, que la este juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autorización de empleado Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de las autoridades responsables. Se precisa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, les hace entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se le impondrá multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $8,688.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) . Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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